Según los informes preliminares, el incendio ocurrido alrededor de las 22.30 del domingo 13 de noviembre habría sido intencional, originándose luego de una discusión que mantuvieron la empleada de la residencia y su pareja, quienes fueron detenidos en la madrugada del lunes. Asimismo se pudo constatar que la mujer en cuestión abandonó el local no […]
Según los informes preliminares, el incendio ocurrido alrededor de las 22.30 del domingo 13 de noviembre habría sido intencional, originándose luego de una discusión que mantuvieron la empleada de la residencia y su pareja, quienes fueron detenidos en la madrugada del lunes. Asimismo se pudo constatar que la mujer en cuestión abandonó el local no bien comenzó a incinerarse, dejando la propiedad totalmente cerrada.
Vecinos y transeúntes fueron quienes rescataron a las ocho personas que sobrevivieron, debiendo violentar las ventanas ya que la salida de emergencia se hallaba trabada por haberse construido en esa dependencia otra habitación para alojar ancianos.
Desde hace mucho tiempo, los geriátricos forman parte de los negocios adyacentes al sistema de salud. El establecimiento siniestrado, no es una excepción a esta lamentable realidad: contaba con una autorización «precaria» por parte del Ministerio de Salud de la Provincia, violando las propias normas que establece dicha Administración según el Decreto 3280/90.
La Nación , en su edición del día siguiente al hecho, consigna que «…m ás de 20 ancianos murieron y otra veintena debió ser hospitalizada con principio de asfixia y quemaduras diversas en los últimos tres años por incendios en diferentes geriátricos en Mar del Plata, Córdoba, Morón y Pergamino…»
Es usual que estos geriátricos no cuenten con personal especializado en gerontología, que este sea insuficiente como para brindar una atención de calidad a los ancianos que albergan y que además, carezcan de una infraestructura acorde a las necesidades de sus pacientes: rampas, pasamanos, matafuegos, pisos antideslizantes, entre otros requerimientos. No obstante, es común que cuenten con habilitaciones «precarias», como lo es la de este caso en particular.
El trágico suceso puso en evidencia que además de la desidia del ente regulador provincial, la inacción de la secretaría de la Tercera Edad del Municipio y la falta de control de éste sobre estas instalaciones, el sistema de seguridad ciudadana (Policía, Bomberos, Patrulla Urbana y Emergencias Médicas) no cuenta con un diagrama planificado y articulado para enfrentar eventos de estas características: el intendente y otros funcionarios llegaron antes que los patrulleros y los bomberos demoraron más de veinte minutos en arribar.
Hace poco menos de dos meses, Pergamino fue noticia en los medios nacionales por la detención de tres ancianos acusados de pedofilia: la pareja de uno de ellos es la propietaria del establecimiento siniestrado.
Mientras los fondos de la Anses son destinados al pago de la deuda externa o a socorrer a las multinacionales, nuestros viejos padecen las peores enfermedades de la tercera edad: el olvido, la postergación, las jubilaciones miserables y la ausencia de planes genuinos de atención médica.
Lo sucedido en el geriátrico pergaminense no es un hecho aislado, es otro episodio que se suma a la larga lista de incendios ocurridos en estos establecimientos y que pone de manifiesto claramente que la estructura sanitaria es un bien social y que como tal, no puede estar en manos de personas o sociedades que tienen como único fin el lucro: la salud debe ser pública, gratuita y estar bajo control de sus propios trabajadores y de la comunidad que se beneficia de ella.
Blog del autor: www.norbertoglavinovich.
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