La inflación está en el centro del debate económico, social y político en la Argentina. Es una realidad de la cotidianeidad, no solo por el aumento de los precios a los veraneantes, o las ofertas que aparecen en zonas turísticas, sino por el costo de vida crecientemente verificado en cualquier caja donde se cancelan compras […]
La inflación está en el centro del debate económico, social y político en la Argentina.
Es una realidad de la cotidianeidad, no solo por el aumento de los precios a los veraneantes, o las ofertas que aparecen en zonas turísticas, sino por el costo de vida crecientemente verificado en cualquier caja donde se cancelan compras o consumos de bienes y servicios.
La suba de precios oscila entre el 10,8% que registra el INDEC para el 2012 y la estimación de variadas organizaciones sindicales que discuten actualizaciones para el 2013 sobre la base de una variación de precios del año que pasó, que fluctúa entre 20 y 30%. Nadie tiene registros exactos, y el único en condición de resolver el asunto, mal que pese, es el organismo oficial. Tal como reclaman los trabajadores del INDEC, se impone su normalización inmediata.
El fenómeno inflacionario ya no se discute, el problema es la esencia
Los precios suben y los ingresos populares no alcanzan. Es una situación que genera insatisfacción y habilita conflictos en la disputa por la apropiación de la renta y la riqueza socialmente creada.
Confirma el diagnóstico de la inflación los dichos de la Presidente cuando alude a una campaña contra los empresarios que suben los precios y convoca a «hacerles el vacío para que reaccionen». Ello supone pensar que los fijadores de precios pueden reaccionar reduciendo los precios.
El mensaje presidencial está dirigido a los consumidores para que se auto defiendan en el mercado, para que no compren, o cambien de proveedor, aunque resulta complejo mutar de proveedor de servicios esenciales cuyas tarifas se vienen adecuando en el último tiempo: electricidad, transporte y otros. Es inimaginable, vía abstención del consumo, la reducción de los peajes, de los boletos de transporte, de las tasas de interés, de los alquileres, de la electricidad u otras tarifas de servicios públicos, o de los alimentos de consumo cotidiano; ni hablar de los medicamentos y otros muchos gastos cotidianos, entre ellos las acrecidas tasas municipales o los impuestos provinciales.
¿Cómo hacer el vacío ante tamaña diversidad? ¿Alcanza con el accionar selectivo de los consumidores? Es algo que ya se probó sin éxito en el historial de la inflación local. El tema es más complejo. ¿Quién fija los precios, en la Argentina y en el mundo? La respuesta está en la combinación del «Mercado» y el «Estado», adicionando que el mercado actúa nacional, regional y mundialmente. En todos los casos es una cuestión de poder, sea en el mercado o en el estado, de poder fijar precios, de potestad para imponer precios, de ocupar posiciones que permiten vender bienes y servicios a esos precios elevados.
Es cierto que los precios se modifican por circunstancias globales que inciden en los importes en que se comercian las materias primas y los alimentos, tanto como en las variaciones del tipo de cambio, que es también un precio, el de las divisas contra una moneda nacional.
Argentina no define las correcciones cambiarias entre el dólar, el euro, el yen, el yuan, o el real, más allá de la existencia o no de una guerra monetaria, como algunos precisan en la coyuntura. No solo no decide, sino que sufre las devaluaciones (dólar, p.e.) o las apreciaciones (real, p.e.), las que se establecen con relativa soberanía, según sea el poder y la capacidad de dominación de cada país.
Nuestro país no define, sino parcial y limitadamente el precio de la soja, del trigo, el maíz, o el girasol; mucho menos el precio del oro y otros minerales que se extraen y exportan crecientemente.
Es el capitalismo y su forma de manifestación contemporánea el que establece cierta norma de precios globales, gravosa en la cuenta de los países importadores de alimentos, entre ellos Haití y otras naciones empobrecidas. En el fondo está la teoría del valor, siendo su esencia el trabajo socialmente necesario.
Pero no todos los países manifiestan del mismo modo las variaciones globales de precios, ya que existen los Estados nacionales y sus «políticas económicas» para mediar e intervenir en el mercado de compra venta, local, regional, o del mundo. Insistamos, el «Estado» con su política económica, no los consumidores con la abstención de compra. Los Estados y sus políticas pueden ser más ó menos eficientes en cumplir determinados objetivos.
Respecto de la política económica y la intervención estatal, ese fue y es el sentido de las retenciones a las exportaciones de comodities, que tampoco aplican todos los Estados nacionales. Es que no solo se trata de imposiciones a las exportaciones, sino también del uso de esa recaudación, algo escasamente discutido en el conflicto del 2008 y más acá. Buena parte de los recursos públicos se esterilizan en las cancelaciones regulares de la deuda pública, principalmente de los gravosos intereses de una deuda impagable y en crecimiento, pese al desendeudamiento.
Lo que está en discusión es la política económica, en este caso con foco en la lucha antiinflacionaria. Claro que la política económica se asocia o subordina al tipo de sociedad que se pretende, favorable o no al régimen del capital. En este sentido resulta imposible la autonomía «en» o «del» capitalismo. ¿Es posible ir contra el capitalismo? Ese es el debate en la región e incluso en el mundo, y en rigor, muy pocos formulan ese objetivo, más instalado en el movimiento popular que en instancias gubernamentales, salvo excepciones como Cuba, Venezuela, Bolivia, y pare de contar.
La primera consideración de importancia entonces, es el reconocimiento del fenómeno, que aparece en el discurso presidencial y no se compadece con los antecedentes recientes y menos con la medición oficial registrada por el INDEC. En el mismo sentido pareció aludir el Secretario de Comercio al anticipar un tipo de cambio cercano a $6 para fines del 2013, lo que significa una previsión de ajuste de precios (tipo de cambio) del 20% para el presente año, lejano de los valores previstos en el Presupuesto votado en el Congreso, e incluso del plan monetario y cambiario del BCRA. Varios voceros del gobierno salieron a desmentir al Secretario, entre ellos nada menos que el Vice Presidente.
¿Qué hacer con la inflación?
La inflación es un hecho en la Argentina, es preocupante y resulta necesario se asuman medidas antiinflacionarias de política económica, ya que afectan a la calidad de vida de la población de menores ingresos, y muy especialmente de trabajadores activos y pasivos.
Entre esas medidas está la «participación popular» más allá de la convocatoria al boicot o al vacío de consumo, tal como hiciera Néstor Kirchner en 2006 contra la Shell, o ahora Cristina Fernández. Una participación asociada a la producción y su control directo por los trabajadores y consumidores.
Una vieja discusión de la Economía Política pasa por la primacía de la producción o el consumo. Los seguidores de los clásicos y sus críticos se concentraron en la primacía de la producción, mientras que los neoclásicos en sus diferentes variantes privilegian la soberanía del consumidor.
Existe necesidad de restablecer las prioridades discutiendo quién produce, con quién se produce y para qué y quiénes se produce en la Argentina, y en cualquier parte. Intentemos responder cada uno de los interrogantes y descubriremos la trama del poder económico en el país, y con ellos los responsables del establecimiento de los precios, y por lo tanto en donde enfocar el control y la lucha contra el encarecimiento de la vida.
Solo a modo de ejemplo puede pensarse en los principales rubros económicos que explican el crecimiento económico de la Argentina, el sector agropecuario; minero; sidero-metalúrgico y automotriz en la industria; la construcción y la banca. Lo principal es la dominación monopólica, mayoritariamente extranjera, con destino al mercado mundial (por ende requieren salarios bajos), o sectores de alta capacidad de consumo (no definen la compra según sea la variación de precios), con lo que el país produce para el mercado mundial (soja, oro, otros comodities, autos, etc.) y sectores locales de altos ingresos (construcción, automotores, turismo, servicios de hotelería y gastronomía, etc.), contratando con salarios bajos que aseguran competitividad mundial.
Allí está el meollo de la cuestión. Sin afectar esas relaciones de dominación resulta difícil dominar la inflación. Esta expresa la lucha por la apropiación de la renta, del producto social del trabajo. La lucha antiinflacionaria supone la afectación del poder económico. Es cierto que en muchos países capitalistas no existe el fenómeno inflacionario. En rigor, en algunos países el problema se manifiesta con elevación de precios, mientras en otros, el fenómeno se manifiesta con desempleo creciente, o con miseria extendida.
Por todo ello, el fenómeno se presenta en la Argentina por la inflación, y la esencia es el capitalismo y la resistencia del poder hegemónico a perder la fuente de la ganancia, la acumulación y la dominación.
El problema de la inflación está en el conjunto de la economía local y su inserción subordinada en el sistema mundial. Por ello, el «qué hacer» remite a modificar el modelo productivo, que más que satisfacer la «demanda mundial» de soja, de oro, o de automotores, de tierra, o de inmuebles, requiere atender las necesidades locales y regionales, de alimentos, de energía, de nueva producción, lo que supone activar el concepto de soberanía ampliada a la región latinoamericana. Es algo que está presente en la cumbre popular en funcionamiento paralelo a la reunión de la CELAC en Chile.
La mayoría de los gobiernos latinoamericanos y caribeños buscan mejorar sus relaciones internacionales en el marco de la subordinación al capitalismo mundial de sus respectivas economías, mientras las organizaciones populares reunidas en Santiago de Chile continúan la búsqueda por otro mundo posible, ese que privilegie la satisfacción de las necesidades populares insatisfechas por un orden capitalista que agiganta las ganancias de unos pocos contra la extensión del desempleo, el hambre y la marginación.
En el seno del movimiento popular latinoamericano existe la polémica sobre el posicionamiento a asumir ante los gobiernos, que asumen orientaciones socialistas, neo-desarrollistas, e incluso neoliberales conviviendo en experiencias integradoras novedosas (Unasur, Celac). En muchas ocasiones se absolutiza el respaldo o la crítica a los gobiernos, especialmente aquellos críticos al orden neoliberal. La soberanía popular es la que gesta los gobiernos y por eso no se trata de defender o de criticar en general, sino de abrir paso a la crítica por un nuevo orden social, económico y político.
Datos recientes de la ONU destacan para el 2012, luego de cinco años de crisis el desigual impacto de la crisis mundial, expresado en la gran concentración de riquezas en muy pocas fortunas personales y una tendencia creciente al desempleo, la disminución de los salarios, las jubilaciones y los ingresos populares. Es la misma conclusión del estudio que realizó Forbes en la Argentina. Con crecimiento o con desaceleración, con convertibilidad o si ella, lo constante es la dominación monopolista y transnacional del capital más concentrado, responsable principal de la inflación.
El asunto es el poder
Las preocupaciones por la crisis también se concentran en Suiza, en Davos, sede de un nuevo cónclave del Foro Económico Mundial (FEM), que concentra buena parte del debate del poder económico mundial, sin respuestas novedosas para superar la crisis capitalista, salvo las consabidas políticas de austeridad en materia de gasto social, de readecuación regresiva de las relaciones socio económicas y de intervención estatal para el salvataje de empresas y empresarios a costa de la calidad de vida de la mayoría de la población.
Las medidas y opiniones del poder son conocidas, lo difícil pasa por lograr acuerdos con suficiente densidad social para hacer realidad la agenda alternativa.
Es una cuestión de poder, y la inflación es también una cuestión de poder, de poder subir o reducir los precios. Es una batalla, y ya se dijo que en ese combate lideran los patrones y las mediaciones legales, políticas, incluido el propio Estado. Como batalla que es, expresa una correlación de fuerzas.
El poder actúa en el FEM, o en las reuniones de la CELAC, y claro que también en el mercado local. El movimiento popular construye sus redes, acciones e iniciativas para construir su propio poder e intervenir, también en el ámbito local y mundial. En definitiva, la lucha contra la inflación se resuelve dialécticamente en el orden local y global, constituyéndose en eje central la construcción de sujeto popular para enfrentar esencialmente el problema y construir el otro mundo posible, sin explotación, algo no imposible y que hoy se proponen algunos pueblos en Nuestra América.
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