«Estamos mejor que en 2015», afirmó Mauricio Macri en la inauguración de las sesiones legislativas y «lo que estamos logrando es enorme». Macri llegó a la sede del Poder Legislativo frente a una Plaza del Congreso vacía pero fuertemente vallada por las fuerzas de seguridad federales, de la Ciudad de Buenos Aires y el Ejército. […]
«Estamos mejor que en 2015», afirmó Mauricio Macri en la inauguración de las sesiones legislativas y «lo que estamos logrando es enorme». Macri llegó a la sede del Poder Legislativo frente a una Plaza del Congreso vacía pero fuertemente vallada por las fuerzas de seguridad federales, de la Ciudad de Buenos Aires y el Ejército.
«Cuando empezábamos a crecer y asomar la cabeza como país, tuvimos tres shocks imprevistos», insistió en las excusas el Presidente para analizar la crisis económica profundizada en 2018 y se animó a destacar que la crisis ocurre «por primavera vez sin default, sin cepos artificiales» y consideró que el plan de ajuste económico para terminar con el déficit fiscal será un gesto de «justicia social». (sic)
También defendió su política energética encarecida en más de 1.500 % desde 2015. «Después de un proceso cultural estamos entendiendo que la energía vale», añadió.
Además, ratificó su «reconocimiento de Juan Guaidó» como presidente autonominado bajo las órdenes de Trump, Pence, Bolton, Pompeo y Marco Rubio y remarcó que «Argentina recuperó el rol positivo que tenía en la región», a través del PRO-imperialista Grupo de Lima.
En el marco de una ciudad sitiada por un inmenso operativo de seguridad realizaron sus discursos de apertura de sesiones Horacio Rodríguez Larreta en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y Mauricio Macri en el Congreso de la Nación. Mientras, por las calles se movilizaron masivamente organizaciones gremiales y sociales en rechazo al salvaje ajuste del gobierno de Cambiemos.
Ante la Legislatura porteña se sintió fuerte el reclamo de enfermeras y enfermeros que reclaman ser reconocidos como profesionales.
Horas después de que el presidente Mauricio Macri brindara su discurso anual ante el Congreso este viernes, una multitud de ciudadanos se reunió en la Plaza de Mayo .
Hasta allí llegaron organizaciones políticas, sociales, sindicales, y sectores autoconvocados, que centraron sus reclamos contra el aumento de las tarifas en los servicios públicos, el severo ajuste en las áreas de salud y educación, y el aumento del desempleo y la pobreza.
La convocatoria realizada a través de las redes sociales con la etiqueta #1MRuidazoNacional replicó en varias de las grandes ciudades del país.
Los ruidazos que se realizan todos los días viernes contra la política económica del Gobierno se iniciaron diez semanas atrás y han ido creciendo en convocatoria y organización.
También en Rosario una multitud de ciudadanos se reunieron el jueves frente al Monumento a la Bandera para decirle «basta a los tarifazos y a los despidos que provocan las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri».
En el documento presentado por las organizaciones participantes se afirma que «la consecuencia lógica del ajuste (sumado a los tarifazos, la apertura de importaciones y la timba financiera de Lebac y Leliq que ha redundado en ganancias extraordinarias para el sistema financiero y los Bancos) ha sido la reducción sistemática del poder adquisitivo de trabajadores formales e informales; la reducción de jubilaciones y pensiones; el aumento de la desocupación y la pobreza».
«Hoy, 27 de febrero, en el Monumento a la Bandera queremos decir bien fuerte en el mismo lugar y el mismo día que Belgrano jurara la bandera, en la misma ciudad que hace 50 años hiciera el Rosariazo, queremos jurar que todos juntos vamos a derrotar el ajuste, los despidos y el tarifazo», concluye el comunicado.
Los tarifazos no paran
A pesar de las muestras masivas de rechazo popular, las boletas de luz aumentarán un 55% durante 2018, en cuatro cuotas. En febrero, subió un 26%. A partir del 1º de marzo, subirá un 14%. Luego quedan dos aumentos de 4%, en mayo y agosto.
Por el lado de los combustibles, se actualizarán dos impuestos: al dióxido de carbono (IDC) y al combustible líquido (ICL), dos montos fijos que ajustan por inflación. El ICL se ajusta trimestralmente. Este impuesto tendrá un impacto del 2,8%, según anunció YPF, que suele marcar el rumbo a las demás petroleras. Sin embargo, por las variaciones del dólar en el último mes y la inflación, el sector estima una suba para el mes entre el 3 y el 5%.
Por el lado de los celulares, Movistar ajustará un 18%. Personal ya aumentó en enero (17%) y Claro lo hará en abril (15%).
El 15 se completará la última cuota (al menos, hasta el momento) de los aumentos en el transporte público. El boleto mínimo de colectivo pasará de $ 16,50 a $ 18; un alza del 9%. Así, se completará la suba anual del 39%. En el caso de los trenes, las subas serán de entre 8 y 10%, completando una suba anual de entre 39 y 42%.
Las suspensiones y despidos tampoco
La automotriz multinacional PSA Peugeot ha suspendido a los 2.000 trabajadores de su planta de El Palomar. El cesanteo será implementado hasta el 30 de abril y, durante ese lapso, los operarios percibirán un 75 % de su salario. Los directivos de la firma manifestaron que la decisión se debe a una caída de las ventas y a la acumulación de stock.
En la planta de El Palomar se producen los modelos de Peugeot y de Citroen. En marzo del 2017, el presidente Mauricio Macri participó de la reinauguración del predio y manifestó que «en 2019, los mismos autos que salgan en Francia van a salir de El Palomar, y van a decir hecho en Argentina». Dos años después, la fábrica paraliza la producción por la caída en las ventas.
Otra de las promesas incumplidas de Macri y de Cambiemos fue el convenio firmado con el SMATA, en el que anunció que se fabricarían un millón de autos por año. Sin embargo, la realidad es otra: por la caída en las ventas, también cerró la fábrica Metalpar, la mayor carrocera de colectivos de la Argentina, dejando a 600 trabajadores en la calle.
En medio de una economía recesiva, las suspensiones en Peugeot no son las únicas dentro de la industria automotriz. El directorio de la planta de Honda, en Campana, también mantiene suspendido a todo su personal y paralizada la producción de autos y motos.
La autopartista Yazaki Argentina suspendió a todo el personal operario de su planta, por un lapso de siete días repartidos hasta junio.
La medida afectará a más de 700 operarios de línea, casi el 95% del personal total empleado por la firma. Solo quedará trabajando en la planta el personal administrativo, de maestranza y de seguridad privada.
Los 13 despedidos de la multinacional Pilkington, que se dedica a la fabricación de vidrios seguros para automóviles, además de cristales para celulares y tablets, están acampando frente a la fábrica, ubicada en la avenida Vélez Sarsfield 5831, en la localidad bonaerense de Munro, mientras en paralelo piden la mediación de la Secretaría de Trabajo de la Nación.
Los trabajadores de la planta se declararon en estado de alerta y movilización porque las cesantías podrían extenderse a más empleados en los próximos días, por lo que hay otros 57 empleos en riesgo.
Los empleados de Pilkington se manifestaron el martes en la esquina de Corrientes y Callao antes de ir a la sede de la cartera laboral, y fueron desalojados por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Los directivos de la firma multinacional Finning Cat, dedicada a la venta y el alquiler de maquinarias pesadas, presentaron un proceso preventivo de crisis y despidieron a 4 operarios. Los trabajadores niegan que exista una crisis en la compañía y denuncian persecución sindical. En medio del proceso preventivo de crisis, y luego de paralizar la planta por 13 días, e l martes participaron, junto a los trabajadores de Pilkington, del corte en las avenidas Callao y Corrientes.
El viernes la multinacional Cofco firmó un acuerdo con el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera (SOEIA) de Capital y GBA en el conflicto iniciado por el cierre de la planta de la ex Nidera en Valentín Alsina el 4 de enero, que generó 195 despidos.
En el mismo se contemplan dos modalidades para la continuidad de los puestos de trabajo: una parte de los trabajadores será relocalizada en las otras tres plantas de Cofco en el país -en Junín, Puerto San Martín y Timbúes- mientras que otros reingresarán a la planta de Valentín Alsina por un plazo inicial de cinco meses.
El problema de fondo sin embargo persiste: Cofco insiste que no volverá a producir aceite refinado en el establecimiento y el sindicato responde que seguirá luchando por la reapertura productiva plena.
Un grupo de empleados de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) presentó un pedido de informe al Ejecutivo ante la Legislatura neuquina para saber qué pasará con sus fuentes de trabajo y cuál será el destino de la empresa.
El proyecto solicita al Ejecutivo Provincial que brinde a la Legislatura información detallada sobre las gestiones realizadas por la provincia ante el Poder Ejecutivo Nacional tendientes a la reactivación de la planta y sobre el «plan ideado para dar solución a la problemática de las más de 400 familias trabajadoras de PIAP».
El pedido tuvo el acompañamiento de varios diputados y diputadas de distintos bloques, quienes reconocen el interés de saber qué pasará con esa empresa provincial que dejó de producir el 27 de mayo de 2017.
Continúa la toma de la sede de PedidosYa luego de 72 horas de conflicto a causa de 430 despidos.
A diferencia de las demás plataformas de delivery como Rappi o Glovo, en un comienzo, la uruguaya PedidosYa no empleaba personal a través de la figura del monotributo. Sin embargo, hace un tiempo la empresa intenta ponerse a tono con la competencia y busca implementar la misma forma de contratación, lo cual implica un retroceso en las ya de por sí malas condiciones laborales.
«A partir de diciembre empezaron a tomar a gente con monotributo (mismo sistema que en Glovo y Rappi) y así comenzaron los despidos masivos en diciembre, enero y ahora. Antes éramos 2.000 empleados en blanco y ahora solo quedamos 400.
Los trabajadores de la Editorial Atlántida se encuentran en una situación crítica, tras la decisión de la empresa de concretar 21 despidos durante el mes de febrero. Además, la editorial presentó un Procedimiento Preventivo de Crisis que anticipa la posibilidad de eliminar 120 fuentes laborales más. En este marco, los trabajadoras y trabajadoras se encuentran sosteniendo un plan de lucha y emitieron un comunicado en el cual detallaron: «Las y los delegados de Editorial Atlántida junto a miembros de la Comisión directiva del SiPreBA mantuvimos una reunión con Dante Sica (ministro de Producción y Trabajo de la Nación), Lucas Fernández Aparicio (secretario de Trabajo), y Gabriela Marcello (directora de Relaciones Laborales), en la que manifestamos nuestra preocupación por los despidos masivos efectuados por el plan de ajuste brutal que explicitaron cuando presentaron el PPC (Procedimiento Preventivo de Crisis).»
Además, añadieron: «Ratificamos nuestro rechazo a los métodos empleados por la empresa, de inventar causas a compañeros para despedirlos, de actuar con la política de los hechos consumados y de desechar el diálogo. Defenderemos nuestro derecho al trabajo y a condiciones dignas de empleo».
Volvieron los despidos al Hospital Posadas. En la nueva tanda los apuntados son los monotributistas, unos 16 en total de las áreas salud mental, endocrinología, emergencias y coronaria. Lo más perverso de este caso es que en un sector las autoridades plantearon que sean los propios trabajadores los que decidan quiénes se van y quiénes se quedan.
También notificaron el cese del vínculo laboral a 17 trabajadores en edad jubilatoria, que dejaron de percibir su salario de un día para el otro, y que el equipo de kinesiología debía reducirse en un 50%.
Entre los trabajadores circula el rumor de que los despidos podrían llegar a 100 en los próximos días.
El 10% de las acciones, que Sancor tiene en Alimentos Refrigerados SA (Arsa), quedará en manos de su socio el grupo Valentín y dejará en la calle a 51 operarios del sistema de logística.
Los puestos en riesgo fueron encuadrados bajo la figura de «jornada libre», es decir, una suspensión por la que perciben el 75% del sueldo y no tienen obra social.
Sin embargo el 1º de marzo, cuando se convalide la entrega de acciones, quedarán despedidos de manera oficial.
Las plantas lácteas de Chivilcoy (Buenos Aires) y Morteros (Córdoba) ya son propiedad del grupo agroindustrial Adecoagro, cuya firma de las escrituras de traspaso de SanCor Cooperativas Unidas Limitadas por US$ 45 millones, se concretó el pasado 11 de febrero en Sunchales, sede de la cooperativa láctea.
Sin embargo la transferencia no terminó con los problemas de sus trabajadores. En las últimas horas 28 empleados aproximadamente (algunos con arreglo previo) de la planta de Chivilcoy recibieron una carta documento anunciándoles un pase a disposición por 28 días y una reducción de sueldos al 75%.
Además, Adecoagro les deja abierta la posibilidad de un traslado a las plantas de Santa Fe y Córdoba, contemplando la flamante firma la retención de 170 de los 198 trabajadores actuales.
El gremio ATILRA les informó a los empleados que «la empresa AdecoAgro compra SanCor con 170 empleados, de los cuales ingresarán en el mediano plazo 120, en forma escalonada, 50 quedarán en situación de jornada libre o sueldo reducido del 50%. Dentro de ese lapso se verá si alguno de planta permanente se va y se puede ingresar alguno, o a medida que se vaya incrementando el trabajo se irá incorporando», expresó uno de los trabajadores, recordando que el sindicato se había comprometido a no aceptar el traslado de ningún empleado a otra planta (excepto que el mismo lo solicitara) como así mismo tampoco se aceptarían telegramas de despidos.
Aproximadamente 800 vecinos se manifestaron en la localidad de Benito Juárez contra el cierre de la multinacional textil VF-Amesud. Los manifestantes representan entre el 5 y el 10% de la población local.
Una frase del jefe comunal del Chivilcoy, Guillermo Britos, desató la furia de los trabajadores de la fábrica de calzado «Paquetá». «Ya le hemos conseguido trabajo a varios ex empleados de Paquetá, a otros le hemos ofrecido y no aceptaron porque están disfrutando de la indemnización«, había señalado el jefe comunal haciendo alusión a la situación crítica de los 700 despedidos de la fábrica que cerró en diciembre del año pasado por la crisis económica que afecta a la industria textil.
Choferes de la empresa San Vicente, que involucra a 10 líneas de colectivos que unen a la zona sur del Conurbano con la ciudad de Buenos Aires denuncian despidos, patoteadas y pésimas condiciones laborales. Tras realizar una medida de fuerza por el despido arbitrario de un chofer, el miércoles se movilizaron hacia la Secretaria de Trabajo de Burzaco.
Trabajadores de la empresa de correo OCA, representados por el Sindicato de Camioneros, mantuvieron una reunión en los Tribunales de Lomas de Zamora con el juez Pablo Esteban Tejada, quien actúa en el concurso de acreedores en el que se encuentra la compañía, para asegurar «la continuidad de los puestos laborales y el cobro de los salarios».
Los empleados de la empresa se manifestaron frente al Juzgado Federal Número 2 de Lomas de Zamora y fueron recibidos por el magistrado.
OCA brinda empleo a algo más de 7.000 trabajadores de forma directa y casi 10.000 empleos si se consignan los eventuales e indirectos.
Según datos oficiales de la secretaría de Trabajo de la Nación, durante el año pasado se perdieron en Mendoza unos 3.000 empleos en el sector privado registrado, lo que representa un 2,2%.
Estos datos se constatan día a día en las largas colas de gente buscando trabajo, como se vio esta semana en una churrería de Guaymallén, donde se presentaron más de 300 personas para ocupar 10 puestos de trabajo.
Por su parte, el gobernador Cornejo ha anunciado que al final de su gestión habrá casi 9.500 trabajadores y trabajadoras estatales menos que cuando asumió en 2015. Hasta la fecha, aproximadamente, fueron 8.800 los trabajadores que se jubilaron, renunciaron o fueron despedidos sin ser reemplazados por otros empleados.
En cuanto a los contratos de locación, se redujeron un 28%, y para el próximo año, se espera que queden sin efecto unos 400 contratos más.
Entre quienes sufren la desocupación, nuevamente son las mujeres las más afectadas, particularmente las jóvenes. Si la desocupación alcanza al 6,4 % de la población, son las trabajadoras quienes se llevan la peor parte: un 8,7%, frente al 4,4 % de varones desocupados, según los datos del Indec para el último trimestre del 2018.
Sin embargo, el dato más llamativo es el altísimo nivel de desocupación entre las mujeres jóvenes. Según el informe, el 18,2 % de las mujeres menores de 29 años se encuentra sin trabajo. Es decir que la desocupación entre las mujeres jóvenes casi triplica al índice general de la provincia.
En diciembre se contabilizaron en el conjunto de la economía 191.300 empleos menos que un año antes, según datos del Sistema Integrado de Previsión Argentino (SIPA). La mayor parte de las posiciones afectadas por el desplome del mercado interno, la inversión privada y el ajuste del gasto público provienen de los asalariados del sector privado, donde se destruyeron 130.800 puestos. Así marcaron el mayor retroceso laboral desde 2002. Tres sectores explicaron ese desempeño: la industria, el comercio y la construcción. Los datos negativos alcanzan a 22 de las 24 provincias.
Represión
El jueves a la mañana, la policía de la Ciudad reprimió a los trabajadores de la multinacional Coca Cola que se manifestaban en contra de los despidos realizados por la empresa.
La planta Alcorta de la Coca Cola FEMSA es la embotelladora de gaseosas más grande de la Argentina. El 20 de febrero, sus directivos presentaron un proceso preventivo de crisis ante la Secretaria de Trabajo. Despidieron a 32 trabajadores pagándoles la mitad de las indemnizaciones.
Los palos y gases también alcanzaron a trabajadores de prensa que estaban cubriendo la actividad.
Un trabajador de prensa de Canal 9 fue agredido y denunció que la represión se desató sin motivo alguno. Lo mismo sucedió con trabajadores de prensa de La Izquierda Diario.
La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) realizó una manifestación este miércoles un «verdurazo» en la Plaza de Mayo para reclamar mejoras para los pequeños productores del tercer cinturón del Conurbano bonaerense. La actividad fue programada a dos semanas de la represión policial en Constitución a los productores.
Cinco mil pequeños productores participaron de una protesta pacífica junto a organizaciones, para reclamar ante el Gobierno. Asimismo, la UTT donó 20.000 kilos de hortalizas frescas «para combatir el hambre». «La única manera de combatirlo es con trabajo, no con represión policial», afirmaron.
«Desde la UTT elegimos la berenjena, la lechuga, la comida. El Gobierno eligió la represión policial. A los palos, los gases y las balas le decimos NUNCA MÁS, es una demostración pacífica del incansable trabajo de las familias agrícolas, que producen alimentos para el pueblo y son invisibilizadas por las políticas del Gobierno», sostuvo Nahuel Levaggi, Secretario Nacional de la UTT.
Para esto la UTT exige:
-Una LEY DE ACCESO a la tierra, lo que explica como un PROCREAR RURAL (sin avances en la Cámara de Diputados de la Nación)
-Compras públicas del Estado a las familias de la agricultura familiar
-Políticas de igualdad de género que alcancen a la mujer rural
-El restablecimiento del Monotributo Social Agropecuario, derogado en agosto de 2018
-Apoyo económico y técnico para la transición hacia la agroecología
Los trabajadores y trabajadoras de la cooperativa gráfica Madygraf que fueron reprimidos el pasado miércoles 20 en su Cuadernazo en Congreso acompañaron los reclamos de los trabajadores productores de la Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT) con la entrega de los cuadernos producidos para las escuelas públicas.
La Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Télam convocó a realizar un acto el jueves para repudiar la política de censura, congelamiento de salarios y persecución penal que mantiene el gobierno nacional contra los trabajadores de la agencia oficial. El acto, que fue acompañado de un cese de tareas, se realizó en la sede de Bolívar 531.
El Directorio de Télam promovió denuncias penales contra 25 trabajadores ante la justicia porteña, política que acompaña con una línea interna de sanciones disciplinarias y persecución a los trabajadores en conflicto, con especial saña a aquellos que fueron reincorporados por la Justicia. Ahora, el gobierno denunció por «violación de domicilio» a los trabajadores que ingresaron normalmente a la agencia durante el paro de 119 días a pesar de que contaban con un fallo judicial que había dejado sin efecto los despidos.
En ese contexto, el gobierno pretende imponer un aumento salarial cero para los trabajadores de Télam. Ni siquiera a tono con los pobres ofrecimientos del 15 % formalizados en Radio Nacional y la TV Pública.
Bajaron la persiana
Un total de 4.500 kioscos cerraron en Córdoba entre 2016 y 2018, según precisó Adrián Palacios, presidente de la Cámara Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA).
Días atrás, la entidad publicó el informe nacional por el que se conoció que 28.000 kioscos, almacenes o polirrubros cerraron sus puertas durante esos tres años.
La principal causa, según explicó el directivo, es la fuerte caída del consumo y los altos costos de alquileres y tarifas de servicios.
«Las ventas han caído entre 30% y 50% en nuestros comercios, traccionadas principalmente por la baja de las primeras marcas -de alrededor de 45%-; si bien las segundas y las terceras marcas están creciendo con productos muy buenos, no alcanza para mantener la rentabilidad», explicó Palacios.
En enero, cerraron 180 locales en el micro y macro centro de la ciudad de Córdoba y aceleraron un proceso que ya preocupaba el año pasado. La cifra la confirmó Cristian Pastore, director de la Cámara de Comercio de Córdoba. También afirmó que en todo el 2018 «bajaron la persiana definitivamente» 205 tiendas en esa misma zona.
Esta tendencia no sólo se ve en el centro de Córdoba, sino también en el centro de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. Según un relevamiento de la ONG Salvemos Buenos Aires, en enero se cerraron más de 2.500 locales en esas zonas.
En la industria de la construcción cerraron 243 empresas en los últimos doce meses, según el reporte mensual del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC).
Mientras, las ventas en supermercados cayeron 3% en 2018; en los shoppings también bajaron -2,4%-, y otros sectores se sumaron a la caída.
Según el INDEC, en los autoservicios mayoristas las ventas por cantidades mostraron una caída interanual del 3,2%.
En diciembre último las ventas en supermercados descendieron 8,7%, en lo que fue la sexta baja consecutiva en comparación con igual mes del 2017.
En los shoppings las ventas por cantidades también se contrajeron por sexto mes consecutivo un 13,3% durante diciembre último, en la comparación interanual.
En los autoservicios mayoristas las ventas en diciembre pasado, respecto de igual mes del 2017, también se contrajeron, un 12,4%, y alcanzaron su sexto mes consecutivo de baja.
Salarios
Frente al Indice de Precios al Consumidor (IPC) del año pasado, que según el INDEC fue del 47,6%, los salarios del sector privado registrado aumentaron 30,4%, los del público 30,3% y los de la economía informal 29,7%.
El salto de la inflación de enero, del 2,9% a nivel nacional, puso de relieve que este año también puede caer el poder adquisitivo de la población. Salarios, jubilaciones y pensiones, y asignaciones familiares podrían volver a perder la carrera ante la suba de los precios, luego de un 2018 en el que los precios le sacaron una distancia a los ingresos de al menos el 11% en el caso de los salarios y del 13% en las jubilaciones.
El informe semanal publicado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) reveló que, desde la reglamentación de la reforma previsional de diciembre de 2017, cada jubilado/a habrá perdido $ 9.720 en relación a la inflación, incluso contemplando la actualización del 11,8% prevista para marzo.
En este sentido, el documento de la UDAV advierte que «el cambio en los parámetros de ajuste jubilatorio no repercute solamente sobre los haberes, también impacta en los ingresos de demás programas de transferencia como la AUH, asignaciones familiares y ciertas pensiones no contributivas».
Un informe del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma arrojó que hubo un «marcado retroceso en el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que en el 2018 se ubicó en los menores niveles en términos reales desde el año 2004. Como consecuencia de este proceso el SMVM ha perdido toda capacidad de impulsar, o al menos sostener, los ingresos de los trabajadores y trabajadoras, y se aleja cada vez más de los salarios efectivamente percibidos», sostiene el informe, que además asegura que «las perspectivas para el año 2019 están lejos de ser alentadoras».
Una forma alternativa de observar el deterioro en términos reales del SMVM es a través de la comparación con el costo de la canasta básica que el INDEC toma como referencia para la determinación de la línea de pobreza. En tal sentido, en enero de 2017 el SMVM representaba el 60,5% del costo de una canasta básica para un hogar compuesto por cuatro personas (dos adultos y dos niños); un año más tarde esta relación había caído al 56%; y en enero de 2019 se ubicará en torno al 43%. En otras palabras, en la actualidad el costo de la canasta que establece la línea de pobreza es superior al doble del SMVM. Por ende, no basta con que dos adultos trabajen a jornada completa, percibiendo el SMVM, para que un grupo familiar de cuatro personas posea ingresos que le permitan superar la línea de pobreza.
La importancia del SMVM en los últimos años ya no es solamente indirecta, a través de los efectos que puede proyectar sobre las negociaciones paritarias o sobre los salarios de la economía informal. En particular, la variación del SMVM tiene actualmente efectos directos sobre el Salario Mínimo Docente, que en ningún caso puede ser inferior a dicho monto más un 20%, y al Salario Social Complementario, equivalente al 50% del SMVM. Por lo tanto, su deterioro en términos reales tiene un impacto inmediato en la misma proporción sobre los trabajadores y las trabajadoras de la educación que perciben el Salario Mínimo Docente, y sobre los trabajadores y las trabajadoras de la Economía Popular que acceden al Salario Social Complementario.
Mientras tanto, el gobierno nacional resolvió adelantar para marzo el aumento del SMVM estipulado para junio, que lleva el haber más bajo del escalafón a $ 12.500. Lo hizo a través de la resolución 1/2019 del Ministerio de Producción publicada este jueves en el Boletín Oficial.
Paritarias
El gremio de los judiciales bonaerenses convocó a un paro para el miércoles próximo para reclamar que el Gobierno provincial convoque a paritarias.
La medida de fuerza se realizará en conjunto con el resto de los gremios estatales de la provincia, que aun no comenzaron las negociaciones salariales.
En la provincia de Buenos Aires los maestros rechazaron una nueva oferta de aumento salarial que presentó el gobierno de María Eugenia Vidal.
La propuesta presentada por el gobierno, en la reunión paritaria realizada en la sede del Ministerio de Economía en La Plata, consistió en un aumento de los salarios 2019 en base al índice de inflación y agregar un 5% adicional en diciembre. El problema es que en 2018 los docentes perdieron algo más de 15% frente al índice inflacionario.
En Santa Fe el sindicato de docentes públicos rechazó la propuesta salarial ofrecida en paritarias por el gobierno provincial, e inmediatamente decretó tres días de huelga para la próxima semana, por lo que el miércoles «no comenzarán las clases como estaba previsto», informaron fuentes gremiales.
El gobierno santafesino ofreció a los maestros un incremento salarial del 18 % en dos tramos del 9 %, a pagarse en marzo y agosto, y la aplicación de una cláusula gatillo a liquidarse en cualquier mes, de acuerdo a los índices de inflación.
En tanto en Córdoba, los docentes públicos rechazaron la oferta salarial del Gobierno de la provincia y, a partir de esa decisión adoptada en una asamblea, advirtieron que no comenzarán las clases programadas para el miércoles 6 de marzo.
La Asamblea provincial de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) rechazó por mayoría el incremento que ofreció el Gobierno local, para la franja entre febrero de 2019 y enero de 2020, que consistía en un 5 % para febrero, y la aplicación de una cláusula gatillo mensual hasta junio, mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Por su parte, los gremios de docentes porteños se reunieron el viernes con funcionarios del Ministerio de Educación de la Ciudad en una mesa salarial que determinará si el ciclo lectivo comienza o no el próximo 6 de marzo, aunque ya Ademys anticipó que llevará adelante un paro por 72 horas entre el miércoles y el viernes de la semana que viene.
Los docentes reclaman que se recompongan la pérdida del salario del año pasado. «Reclamamos que nos devuelvan el 15% perdido el año pasado y que este año haya cláusula gatillo. Ahora hay una cláusula de revisión semestral y una proyección de 23% para el año. No voy a discutir futuro. Voy a discutir los 15 puntos que se perdieron en 2018», señaló el secretario General de UTE y Gremial de CTERA, Eduardo López.
En Jujuy, el ministerio de Trabajo ordenó una conciliación obligatoria a los gremios docentes antes que se inicien las medidas de fuerza resueltas por las maestras de Adep para el próximo 6 y 7 de marzo adhiriendo a la convocatoria de CTERA.
Esta medida se hace extensiva al gremio de los profesores de CEDEMS que aún no han definido medidas de fuerza, mientras se preparaban para reanudar su asamblea el sábado. El resto de los gremios (UDA, AMET, ASDEA) con menor número de afiliados también fueron notificados.
El ministerio intenta frenar el paro de los docentes, cuando durante la semana se mostró inflexible y ratificó la imposición de un aumento miserable del 10%, cuando el salario bruto para una maestra con 10 años de antigüedad de 16.000 pesos de bolsillo apenas cubre el 60 % de la canasta familiar en la provincia.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) anunció un paro de 72 horas, para los días 6, 7 y 8 de marzo, en el marco de la lucha paritaria docente, luego del congreso de la Confederación.
En paralelo con el congreso de CTERA, el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, se reunió con los otros sindicatos nacionales (UDA, CEA y AMET) y les comunicó un adelanto de la cuota de junio y elevó el salario inicial docente a 15.000 pesos, es decir, un 20 %. La inflación esperada para este año ronda el 28,5%, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central.
Cabe recordar que el año pasado los docentes perdieron casi 16 puntos porcentuales de salario con respecto a la inflación: 32% de aumento contra 47,6% de IPC-INDEC.
A días del comienzo de clases, solo en seis provincias se llegó a un acuerdo paritario: Mendoza, Misiones, Tucumán, Santiago del Estero, Neuquén y Chubut. En la otra punta, ni siquiera se sentaron a negociar en Chaco, Formosa y San Luis, que suelen decretar aumentos.
Por su parte, los docentes universitarios nucleados en Conadu y Conadu Histórica también irán al paro la próxima semana.
El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, se reunió con representantes de los gremios para ratificar el acuerdo pautado a fines del año pasado en torno a la paritaria salarial. El convenio aplica un incremento de hasta el 46 % en los sueldos municipales.
Pese a los esfuerzos del Gobierno de ajustar las paritarias en una pauta del 23%, en línea con la suba de precios anual que estimó en el Presupuesto 2019, el nivel de la inflación en el primer bimestre del año, que acumulará más de un 6% sumado a un contexto de incertidumbre complica severamente los planes oficiales.
Los gremios del sector privado que encararán las discusiones salariales en los próximos meses, ya le hicieron saber a la Casa Rosada que irán a las negociaciones con el reclamo de un piso del 35% e incorporar en los convenios una cláusula gatillo que habilite hasta la revisión mensual de los incrementos consensuados.
Sobre esa lógica se inscriben los planes tanto del sindicato de Comercio, como de la Asociación Bancaria y de varios gremios del transporte. Tras haber actualizado su acuerdo de 2018 para culminar con una suba anual del 45%, el gremio que comanda Armando Cavalieri apuesta a introducir en el nuevo convenio una cláusula que habilite la revisión en forma automática y sin necesidad de aguardar al segundo semestre del año.
Los bancarios, a su vez, ya fijaron para el primer bimestre del año un incremento de 7% y anticiparon que discutirán desde marzo la nueva paritaria sectorial con el desafío de incluir en el acuerdo una cláusula de actualización automática del aumento según la evolución de los precios.
Fuentes: La Izquierda Diario, marcha.org.ar, Red Eco Alternativo, APU, Resumen Latinoamericano, Clarín, Tiempo Argentino, Anred, Canal Abierto, Cronista Comercial, La Noticia Urbana.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.