Daniel Cecchini en «Despidos sin azúcar» señalaba que: La «gran marcha azucarera», con un recorrido de 300 kilómetros uniendo ingenios de Salta y Jujuy, intentó hacer visible una realidad: en los últimos dos meses fueron despedidos el 10 % de los trabajadores formales del sector en esas provincias. Hasta el momento hubo 700 despedidos en […]
Daniel Cecchini en «Despidos sin azúcar» señalaba que: La «gran marcha azucarera», con un recorrido de 300 kilómetros uniendo ingenios de Salta y Jujuy, intentó hacer visible una realidad: en los últimos dos meses fueron despedidos el 10 % de los trabajadores formales del sector en esas provincias. Hasta el momento hubo 700 despedidos en el Ingenio San Isidro, 325 en La Esperanza, 300 en Las Toscas, 181 en El Tabacal y 30 en Ledesma. Un total de 1.536 trabajadores sobre los 16.000 que sumaba esa industria en diciembre de 2015. Pero las consecuencias van mucho más allá, si se evalúa el impacto social de las cesantías, que alcanza además a zafreros y cañeros independientes e, inevitablemente, al consumo en toda la región.
Las empresas propietarias de los ingenios actuaron de manera coordinada, con un punto de partida: los despidos comenzaron casi al mismo tiempo en que el gobierno de Mauricio Macri redoblaba la presión para poner en marcha la reforma laboral.
Pero la ofensiva viene desde mucho antes, más precisamente desde el desembarco de Cambiemos en la Casa Rosada. «En estos últimos años hemos tenido muchos golpes en la actividad sindical azucarera. Ya sea a través de multas o del armado de causas judiciales a los trabajadores y dirigentes. Estos golpes se fueron incrementando con estrategias específicas de avance contra nuestros derechos», dice Rafael Vargas, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL).
Los primeros despidos fueron en el Ingenio La Esperanza. «Fue un plan del gobierno, que armó una verdadera parodia. Afirmaron que vendrían empresarios a poner en funcionamiento el ingenio», relata Vargas. Hubo protestas y la respuesta fue una fuerte represión que terminó con varios trabajadores y dirigentes detrás de las rejas. La intervención de la CTA Autónoma, que consiguió una resolución de la Organización Internacional del Trabajo, logró la liberación de los detenidos, pero la ofensiva no se detuvo.
Las empresas justifican los despidos en una supuesta crisis del sector y aseguran que en la actualidad, por los salarios que pagan y la cantidad de trabajadores que tienen, la actividad se hace inviable. Del otro lado de la vereda, los representantes de los trabajadores aseguran que lo que buscan los empresarios es flexibilizar tareas y pagar salarios por debajo de los que pagan los ingenios tucumanos.
Sin embargo, en Salta y Jujuy, los costos son menores que en Tucumán, donde las unidades de producción son de mayor escala y están más integradas. Además, la actividad está fuertemente protegida. Los ingenios se benefician con líneas de crédito especiales, compras estatales a precios regulados y la financiación de las exportaciones. Pero también con un tratamiento excepcional en el Mercosur, que los protege de la competencia brasileña mediante aranceles móviles.
Los ocho ingenios azucareros que hay en Salta y Jujuy tienen en sus manos el 36 % de la producción azucarera del país y son propietarios del 95 % de la caña que procesan. En Tucumán, donde la cadena productiva es más heterogénea, existían durante la década del 90 unos 14.000 productores de caña. El número se redujo a unos 5.300 en 2002. Ese año, el Censo Nacional Agropecuario señalaba que el 90 % de las explotaciones tenía menos de 50 hectáreas y el 64 % ocupaba superficies que no superaban las 10. Hoy, los grandes productores concentran el 20 % de la tierra y los ingenios el 50 %. Ambos actores incrementaron la superficie plantada en unas 50.000 hectáreas.
En Jujuy
Un trabajo realizado por el profesor Benito Aramayo para la Diplomatura de Economía Social de la Universidad Nacional de Jujuy muestra a las claras el altísimo grado de concentración de la economía jujeña, donde el 82% de la facturación de la industria manufacturera se reparte entre sólo seis grandes empresas: Ledesma S.A. (de la Familia Blaquier), Minera el Aguilar S.A. (perteneciente a Glencore S.A., de capitales suizos), Minetti S.A. (propiedad de Holcin S.A., también de capitales suizos), Ingenio Río Grande S.A. (Grupo Carcagno-Jorge), Cooperativa Tabacalera de Jujuy (controlada por los grandes tabacaleros asociados a China) y Aceros Zapla S.A. (grupo Taselli). Según el Censo Industrial realizado en el año 2014 facturaron 4.549,4 millones de pesos. Dos de esas empresas son ingenios. Como contrapartida, según el mismo censo, las 801 pequeñas y medianas empresas que representan el 99% del total de la industria manufacturera jujeña facturaron 1.009 millones de pesos, un 18% del total.
El grado de concentración se repite de manera casi calcada con la propiedad de la tierra, donde cinco grandes terratenientes se dividen el 45% del total de las tierras con valuación fiscal para el pago del impuesto inmobiliario rural: Ingenio Ledesma S.A. (157.556 hectáreas), Ingenio La Esperanza S.A. (64.219), Minetti S.A. (30.000), Ingenio Río Grande S.A. (26.563) y Forestal del Norte S.A. (24.700). Es decir, de los cinco mayores dueños de la tierra, tres son ingenios.
Por si esto fuera poco, no sólo del azúcar viven los ingenios. Desde 2009, con la sanción del Régimen de Promoción de la Producción de Bioetanol, que otorga beneficios para la producción de biocombustibles, muchos ingenios construyeron refinerías y diversificaron su producción. «El negocio les permite obtener beneficios millonarios que se suman a los conseguidos con la producción de azúcar. Sobre esta base, la Argentina se constituyó en uno de los principales exportadores de biodiesel a nivel mundial. Entre 2009 y 2015, los volúmenes de bioetanol acumularon un crecimiento del 81 % anual para alcanzar los 815.000 metros cúbicos. El mercado está en manos de una docena de empresas. Casi todas vinculadas a los ingenios». Un panorama que, al contrario de lo que sostienen los empresarios, no justifica un solo despido.
La incorporación de tecnología es uno de los elementos que puede explicar la disminución de mano de obra que se proponen los dueños de los ingenios. «Como en otros sectores agropecuarios, el azucarero registró durante las dos últimas décadas cambios radicales en el manejo del campo. La mecanización reemplazó a la cosecha manual y a la quema de cañaverales. Por ejemplo, en Tucumán, el 70 % de la producción se hace con cosechadoras integrales. En Salta y Jujuy esa proporción es aún mayor. Cada cosechadora reemplaza a 150 trabajadores. Tres décadas atrás, un zafrero recolectaba una tonelada y media de caña por día. Con los sistemas semi-mecánicos se recolectan entre 4 y 5 toneladas diarias. La productividad asciende a 600 toneladas por día con las cosechadoras integrales».
Es una explicación posible, pero insuficiente. El objetivo último es una flexibilización laboral extrema que baje aún más los costos y arrase con los derechos de los trabajadores.
Detrás de la venta del Ingenio La Esperanza, vaciamiento y amigos del poder
La adquisición de la empresa, cuyo principal acreedor es el gobierno provincial, se cerró luego de que Gerardo Morales cumpliera con la desvinculación de 285 trabajadores. El grupo colombiano Omega Energy será el nuevo dueño a través de una sociedad que tiene como director al gerente de Recursos Humanos de Radio Nacional.
Se trata de Facundo Fernández de Oliveira, quien en calidad de principal funcionario de Recursos Humanos en Radio Nacional despidió sin justificación a 18 trabajadores. El funcionario además cuenta con un extenso historial en el sector privado, con puestos jerárquicos en multinacionales como Clorox, Carrefour y Louis Dreyfus Commodities, y la empresa ULTERRA DRILLING TECHNOLOGIES S.R.L., propiedad de Pedro Eugenio Aramburu (hijo).
En diciembre de 2017 Gerardo Morales anunciaba con bombos y platillos la venta del Ingenio La Esperanza por la suma de 85 millones de dólares. El gobernador presentaba la transacción como un logro en materia de ajuste fiscal -falsamente argumentaba que la empresa gestionada por el Estado provincial daba pérdidas- y un resguardo de las fuentes laborales.
Sin embargo, como en tantos otros casos, el acuerdo escondía «cláusulas» extraoficiales que iban en sentido contrario a lo anunciado. En particular, el nuevo grupo inversor ponía como condición principal el «saneamiento» de la empresa . Es decir, exigía la desvinculación de entre 400 y 500 trabajadores para, una vez adquirida, operar con tan solo 600.
Fue entonces que el Gobierno de Jujuy asumió como propia la campaña para subsidiar el vaciamiento del Ingenio La Esperanza . En su momento el gremio lo atribuyó a presiones, pero el hecho fue que en los días siguientes 285 trabajadores aceptaron su desvinculación de la empresa, ya sea a través de retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas o la recontratación por parte del Estado.
«Fue un arreglo de Gerardo Morales y los nuevos dueños para que la provincia asuma los costos del desguace» , aseguraba el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio La Esperanza (SOEA), Sergio Juárez.
El 20 de diciembre, en el marco de una huelga de los trabajadores del Ingenio, el Ejecutivo provincial reprimió y desató una cacería que terminó con la aprehensión de los principales dirigentes gremiales. Según denunció el sindicato, funcionarios provinciales aprovecharon aquellos días para avanzar sobre los retiros y pases al sector público.
No obstante, a las pocas semanas Omega Energy dio marcha atrás, entre otras razones porque el grupo colombiano no poseía una sociedad legalmente constituida en el país.
Fue entonces que el presidente de Omega Energy, Omar Leal Quiroz, conformó la sociedad «Agroindustria La Esperanza S.A» (Alesa) con sede en CABA el 29 de enero de 2018, en la que figura como uno de los dos socios de esta empresa. Allí surge el nombre de Facundo Fernández de Oliveira, a quien los trabajadores de Radio Nacional califican como «despedidor serial», como integrante del directorio.
Cabe destacar que la sede de la sociedad Alesa se encuentra en Suipacha 1111, Piso 18, donde funciona el estudio de abogados «Pérez Alati, Grondona (h), Benites, Arntsen & Martínez de Hoz(h)», mencionado en el libro Argenpapers de los periodistas Santiago O´Donnell y Tomás Lukin. Las empresas de Quiroz tienen múltiples domicilios, en Miami, Bogotá, Panamá e Islas Vírgenes, entre otros.
Una resistencia creciente
El caso emblemático es el del ingenio azucarero más antiguo de la Argentina, el salteño San Isidro, en manos desde 2011 del grupo económico peruano Gloria. Sus dueños decidieron cerrarlo, lo que afecta la fuente de trabajo de 700 personas. La compañía justificó la medida en «poderosas razones de orden económico, financiero y laboral han terminado por impedir la continuidad de las operaciones». Del otro lado, Mariano Cuenca, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del ingenio asegura que no hay motivos para echar gente. Muchos menos para el cierre, que ya intentó la firma el año pasado: «La empresa no está en crisis. En los últimos años vienen batiendo récord en producción. Este año recaudaron más de 990 millones de pesos y los gastos no se acercan ni al 10 % de ese total». Para Cuenca, en realidad la medida es una cortina de humo y lo que busca la empresa es en realidad reducir el personal y presionar de cara a las próximas paritarias.
En este contexto, la gran marcha azucarera dejó en claro que los trabajadores del sector no se van a dejar avasallar sin resistir, con el apoyo de otros gremios y actores comunitarios. «Venimos teniendo acciones de manera conjunta con los gremios estatales y otros privados porque necesitamos mostrar la unidad. Para los azucareros es la única oportunidad que tenemos de enfrentar al gobierno y al empresariado que hoy se siente empoderado por las políticas neoliberales», señala Vargas.
Los trabajadores azucareros salteños se concentraron el martes 3 de abril y marcharon hacia la Legislatura para impulsar la expropiación del Ingenio San Isidro a manos del gobierno local y exigir la reincorporación de los despedidos en San Martín del Tabacal y en el resto de la región.
Mariano Cuenca, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar Ingenio San Isidro, afirmó que la industria azucarera es «una de las que más empleo genera en Salta», y señaló que «la no reactivación de esa empresa provocará la pérdida de 730 puestos de trabajo directos y de unos 1.900 indirectos».
El dirigente reseñó que «la ausencia de soluciones positivas y urgentes significará la destrucción de las economías de la ciudad de General Güemes y de la localidad de Campo Santo, cuya población depende de la actividad azucarera y sus conexas».
Fundado en 1760, el Ingenio San Isidro fue la génesis de la industria azucarera nacional, por lo que expropiación que reclama el gremio (Soeasi) tiene sustento legal en la ley 21.459, cuyo texto sostiene que «la utilidad pública que debe servir de fundamento legal a la expropiación comprende los casos en que se procure la satisfacción del bien común».
Los dirigentes azucareros ratificaron que mantendrán el reclamo de expropiación y que exigirán que se realice de forma urgente, ya que de «no haber zafra este año será muy difícil que en el futuro puedan garantizarse las fuentes de trabajo» locales.
Ingenio Tabacal (Seaboard Corporation): Moreno y Méndez fueron liberados con la lucha
Los obreros Jorge Moreno y Martín Méndez del Ingenio El Tabacal fueron liberados luego de un mes de estar detenidos por órdenes de un poder judicial y político adicto a la empresa Seaboard Corporation.
La fiscal Sofía Fuentes Mayorga y el juez Francisco Oyarzu, el gobernador Juan Manuel Urtubey y el intendente de Orán Marcelo Lara Gros los tuvieron un mes y dos días presos por reclamar la reincorporación a sus puestos de trabajo y tareas en el ingenio y refinería.
Empresa, Justicia y Gobierno se aliaron para intentar con estas detenciones derrotar a los trabajadores azucareros y mostrar a los despedidos, que son 181 en este ingenio, y en particular a Moreno y Méndez, lo que les espera a quienes se organicen y reclamen sus derechos.
Pero esta alianza no pudo mantener la prisión a los obreros porque las mujeres se organizaron y difundieron esta injusticia con carteles, entrevistas en radios, diarios y canales de televisión, por las redes sociales, movilizándose con los trabajadores y la comunidad, y presentando con sus abogados Hernán Mascietti y David Leiva pedidos de libertad en el poder judicial.
La fiscal Sofía Fuentes Mayorga quería la prisión preventiva de Méndez y Moreno, argumentando el peligro de fuga y entorpecimiento de la causa, basando sus decisiones en una doctrina jurídica reaccionaria que plantea que se es «culpable hasta que se demuestre lo contrario».
Gisela y Romina Rodríguez, las compañeras de vida de Moreno y Méndez, junto a sus abogados, a los obreros del Tabacal y a sectores de la comunidad del pueblo obrero de Yrigoyen, insistieron en su exigencia de «libertad a los presos por luchar». Y así, lograron arrancar de las garras de la policía y el poder judicial salteño a sus maridos.
Un ejemplo de que la lucha gana, contra todo escepticismo y desmoralización irradiado desde los partidos patronales como el PJ y las burocracias sindicales a las bases obreras. La libertad de los presos por luchar debe servir de impulso para fortalecer la pelea por la reincorporación de los 181 despedidos y por la absolución de Méndez y Moreno.
Los trabajadores del Ingenio San Juan reclaman deuda salarial y denuncian fraude empresarial
Los trabajadores del Ingenio San Juan decidieron en marzo tomar parcialmente las instalaciones de la fábrica para exigir una respuesta inmediata ante la falta de pagos correspondientes a la zafra 2017.
La deuda que mantiene el arrendatario Lucas Terán con los trabajadores del ingenio supera los 11 millones de pesos. En algunos casos hay trabajadores que tienen hasta seis meses pendientes por cobrar, incluido el aumento salarial del 2017 nunca reconocido por la patronal, y la liquidación de aguinaldo y vacaciones.
Para la empresa Tecnocontrol la zafra 2017 fue récord en venta de azúcar y alcoholes. Vendió hasta lo que por ley debe ser resguardado para el pago de los salarios, la «estiba obrera», que representa nada menos que un aproximado de 200.000 bolsas de azúcar.
Según el testimonio de los trabajadores, en sus últimas apariciones Lucas Terán se limitó a decir que «no tiene plata para los pagos» y que «está a la espera de que el gobierno le autorice un préstamo».
Crónica de un fraude anunciado
Recordemos que la empresa Tecnocontrol SA se hizo cargo del ingenio en 2016, con la ayuda del gobierno provincial y en una negociación de la que participó Darío Monteros, intendente de la Banda del Río Salí, quien comprometió al municipio a cubrir una deuda de 9 millones de pesos a cambio de quedarse con un importante predio del ingenio, sobre el que posteriormente se especuló en plena campaña electoral con la construcción del estadio único de Tucumán.
La decisión de la jueza Dalla Fontana de convalidar el arrendamiento por tres años a Tecnocontrol SA llamó la atención ya que se trata de una pequeña empresa dedicada a la venta de repuestos e instalaciones industriales con 7 empleados registrados y sin ninguna experiencia en el negocio azucarero, aunque sí en la licitación de obras públicas, como la del Monumento al Bicentenario.
Entre los trabajadores se corría el rumor de que se trataba de una pantalla, el testaferro de algún otro empresario o funcionario del gobierno con intereses directos en el Ingenio San Juan. Un año y medio después la historia de los arrendatarios que llegan al ingenio para su administración fraudulenta con apoyo del gobierno provincial, se vuelve a repetir.
Lucas Terán deja un ingenio con deudas con la AFIP, EDET, SAT, que rondarían los 133 millones de pesos. Al día de hoy tiene todos los servicios cortados, la situación del ingenio es alarmante. Las tareas de mantenimiento están interrumpidas por lo que peligra el inicio de la molienda.
Para los trabajadores a la deuda salarial se suma la incertidumbre sobre la continuidad de sus puestos de trabajo. Con esto la lucha de los trabajadores del Ingenio San Juan se suma a la de los trabajadores de los principales ingenios de Salta y Jujuy contra los despidos.
En un marcado contraste, los sindicatos FOTIA y FEIA se negaron a aportar al fondo de lucha que trajo a Tucumán una delegación de trabajadores despedidos del Ingenio La Esperanza el pasado 20 de enero.
El titular de la FOTIA y Secretario de Trabajo de la provincia, Roberto Palina, ha confirmado el interés de Juan Carlos Crovella , un empresario que en 2016 quiso hacerse cargo del ingenio dejando afuera a la totalidad de los contratados y anticipando jubilaciones, en el arrendamiento del ingenio y las tratativas en curso con el vice gobernador Osvaldo Jaldo.
Este empresario ya tuvo problemas con los trabajadores del Molino San Patricio, en Entre Ríos, por la sistemática demora en el pago de los salarios y por maniobras fraudulentas como el sistemático cierre y cambio de razón social del molino para licuar deudas.
Crovella no es un desconocido para Roberto Palina, que en 2005 lo denunciaba por incumplimiento en los aportes previsionales y de la obra social de los 280 obreros del Ingenio Aguilares.
Los trabajadores hace tiempo que vienen denunciando a los sindicatos del ingenio que pertenecen a la FOTIA y FEIA como los responsables directos de las pérdidas sistemáticas de conquistas del convenio, del vaciamiento del ingenio, y de la situación crítica en la que se encuentran.
Una vez más están en lucha defendiendo sus puestos de trabajo contra las patronales vaciadoras que se enriquecen, mientras la burocracia sindical negocia junto al gobierno cómo seguir garantizando sus ganancias.
Fuentes: Revista Zoom, Redacción Canal Abierto, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano.
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