Ingreso Ciudadano Universal en México

En la Universidad Autónoma de la Ciudad de México se está celebrando el primer seminario internacional, con la asistencia de ponentes de diversas partes del mundo, sobre lo que ha sido denominado por el grupo promotor en nuestro país «ingreso ciudadano universal». Esta es una propuesta que se viene trabajando desde hace ya varios lustros y esperemos que México se pueda incorporar a ella.

En otras latitudes se le conoce como «renta básica» y a nivel internacional se ha constituido la Basic Income Earth Network (BIEN), que defiende esta medida.

Se trata quizás del mayor esfuerzo que se está elaborando a nivel mundial para lograr que todos los habitantes del mundo, por el mero hecho de serlo, reciban un ingreso monetario que sea suficiente para satisfacer sus necesidades mínimas.

Esta es una propuesta audaz, pero realizable si los gobiernos la entienden y los congresos de los países la apoyan. En varios países ya hay comisiones establecidas por los congresos nacionales abocadas a estudiarla y, seguramente algún día, a ponerla en práctica. Incluso en Alaska ya está funcionando.

En países como el nuestro, una propuesta de esta naturaleza es quizá una a la que con mayor razón debería apostarse, tomando en cuenta la magnitud de la pobreza y la terrible desigualdad que todavía persisten, a pesar de las décadas de aplicación de programas destinados al combate de la pobreza.

La propuesta en términos generales, ya que tendrá que adecuarse a las características de cada país, consiste en que todos los habitantes de un país, incluso los extranjeros residentes, tienen el derecho a percibir una cantidad mensual otorgada por el Estado, por el solo hecho de estar en este mundo. Todos los miembros de cada familia deberán recibirla, con la única diferencia de que los menores de 18 años recibirán la mitad del monto que reciban los adultos.

Otra cuestión fundamental, y quizá de las más importantes por la que se distingue de muchas otras propuestas, es que no establece condicionamiento alguno ni contraprestación de cualquier tipo para recibirla; se trata de una obligación del Estado para con sus ciudadanos. Con esta medida, de paso, se evitaría la tremenda burocracia que hoy se dedica a vigilar y controlar la siniestra focalización que el Banco Mundial impuso a los programas dedicados al combate a la pobreza, y que lo único que ha provocado en las comunidades más pobres es la generación de envidias y conflictos, amén de la corrupción existente entre vigilantes y vigilados.

Es claro que una propuesta de esta naturaleza necesitará de recursos, los cuales deberán provenir fundamentalmente de dos fuentes. La primera de ellas, y probablemente como una de las medidas más importantes que se pueden introducir para reducir la desigualdad, es en el ámbito impositivo, donde deberán pagar más impuestos los que más ganan, sin que ocurra que quien más gana muchas veces paga sumas ridículas de impuestos, como ha demostrado recientemente la Auditoría Superior de la Federación que sucede hoy en nuestro país.

La segunda de ellas radica en la eliminación de todos los programas sociales focalizados que existen en los ámbitos urbanos y rurales, dirigidos a apoyar a los jóvenes, los niños, las mujeres, los miembros de la tercera edad, a los campesinos, etcétera.

La suma de todos los recursos que hoy se destinan a estos programas ya representa una cantidad importante del Presupuesto federal e incluso de los presupuestos locales, pues hay muchos estados, incluyendo principalmente al Distrito Federal, que también destinan cuantiosos recursos a estos menesteres y, por lo que se sabe, quieren destinarles cada vez más, lo cual debe apoyarse por todos.

Con la propuesta del «ingreso universal ciudadano» seguramente 5% de la población perdería ingresos, 20% los mantendría y el 75% restante los ganaría.

No hay una medida hasta ahora aplicada que pueda igualarse a ésta y que combata de raíz la desigualdad creciente, ya que 5% de los que perderían serían los más ricos de este país, por lo que no notarían dicha pérdida, aunque por supuesto gritarían. Pero serían más, muchos más, los gritos de los que están de acuerdo con ella.

Cuando se logre lo anterior, entonces sí se podrá hablar de ingreso per cápita. No como ahora, que es una burla total, como ha quedado claramente demostrado cuando el gobierno menciona que para el año 2030 se aspira a llegar a 30 mil dólares per cápita, en lugar de los 8 mil dólares a los que asciende en la actualidad. Uno se pregunta ¿de qué ingreso per cápita están hablando? Los datos reales demuestran que 50 millones de mexicanos perciben ingresos de dos dólares al día, o sea, 730 dólares anuales. Esto significa que a cada uno de estos mexicanos hoy alguien les está quitando 7 mil 270 dólares que, según las estadísticas, les corresponden.

Debemos poner en su justo término el uso de algunas de las cifras que supuestamente sirven para comparar a los países pues, en el caso concreto del ingreso per cápita, nada de lo que se publica tiene que ver con la realidad. De poco ha servido para muchos países, incluyendo el nuestro, que haya crecimiento económico si éste no se distribuye de mejor manera. Hasta ahora el famoso «pastel» crece y crece, pero los que se quedan con los pedazos más grandes son los mismos: aquellos que se dedican fundamentalmente a la especulación financiera y los dueños de los monopolios, encubiertos o no. El único interés que tienen estos grupos es el dinero. Y recordemos que ha sido demostrado que en este tema son insaciables.

Por eso, para reducir la pobreza y la desigualdad en nuestros países, la propuesta del «ingreso universal ciudadano» debe ser implantada. Esperemos que se vaya conociendo y que cada día haya más adherentes.

Y esperemos que en México, los diputados y senadores también la conozcan, la comprendan y apoyen, y se puedan iniciar los estudios necesarios para lograr llevarla adelante, en beneficio de la inmensa mayoría de la población.

Enrique del Val Blanco es un analista político y economista mexicano, secretario general de la Universidad Nacional Autónoma de México.