Durante muchos años un espectro amplio de personalidades y organizaciones sociales y políticas ha reclamado la auditoría de la deuda pública de la Argentina, asumida ilegalmente en tiempos de la dictadura genocida entre 1976 y 1983. En rigor, el reclamo originario en tiempos de la dictadura era por el no pago de la deuda, el […]
Durante muchos años un espectro amplio de personalidades y organizaciones sociales y políticas ha reclamado la auditoría de la deuda pública de la Argentina, asumida ilegalmente en tiempos de la dictadura genocida entre 1976 y 1983.
En rigor, el reclamo originario en tiempos de la dictadura era por el no pago de la deuda, el que se fue complementado con acciones judiciales de investigación, entre las que se destaca el incansable trabajo de Alejandro Olmos en la denuncia por la deuda hasta 1983. Olmos falleció el 24 de abril del 2000 y no alcanzó a conocer el fallo de julio del 2000 suscripto por el Juez Ballesteros y donde se denuncian 477 casos de fraude, sus mecanismos y sus responsables, algunos de los cuales ocuparon cargos de gobierno y representación pública a pesar de la sentencia.
Insistentemente se argumentó, desde varios ámbitos, que la deuda no podía ser investigada porque había sido legalizada en sucesivas reestructuraciones realizadas en todos los turnos constitucionales desde 1983 hasta el presente. De ese modo, la única opción remitía a la cancelación de los pagos y ante la imposibilidad, la reestructuración de la deuda, proceso reiterado en cada turno presidencial.
El resultado de las renegociaciones ha sido el acrecentamiento del endeudamiento como condicionante esencial de la política local.
Si la dictadura legó unos 45.000 millones de dólares, la deuda escaló a 141.000 millones hacia la crisis del 2001 y la cesación de pagos parcial fue por 100.000 millones de dólares.
En la actualidad, luego de pagos importantísimos, por 200.000 millones de dólares según informaciones del Ministerio de Economía, el stock de deuda pública del Estado Nacional se acerca a los 250.000 millones de dólares.
Es verdad que la relación deuda externa con el PIB ha disminuido desde el canje del 2005, más allá de la discusión sobre la base estadística de ponderación de las mediciones oficiales.
La vuelta a los mercados de créditos en el último tiempo, vía swap acordados con China; desembolsos desde Francia y los organismos internacionales, o las recientes emisiones de bonos, dan cuenta de la recurrencia al endeudamiento para cancelar pasivos externos y demandas locales de gasto público.
Comisión bicameral
Pese a los argumentos contra la investigación de la deuda, con la aprobación de la Ley 26.984, de «Pago Soberano», sancionada en septiembre del 2014, se incluyó en el artículo 12 la constitución de una Comisión Bicameral de Investigación de la deuda desde 1976 a 2014.
Dice el «ARTICULO 12. – Créase, en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación, la Comisión Bicameral Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda Exterior de la Nación, que estará compuesta por ocho (8) Senadores y ocho (8) Diputados, designados por los Presidentes de las respectivas Cámaras a propuesta de los bloques parlamentarios respetando la proporción de las representaciones políticas, y que se regirá por el reglamento de funcionamiento interno que a tal efecto dicte.
La Comisión Bicameral Permanente creada por la presente ley tendrá por finalidad investigar y determinar el origen, la evolución y el estado actual de la deuda exterior de la República Argentina desde el 24 de marzo de 1976 hasta la fecha, incluidas sus renegociaciones, refinanciaciones, canjes, megacanje, blindajes, los respectivos pagos de comisiones, default y reestructuraciones, emitiendo opinión fundada respecto del efecto de los montos, tasas y plazos pactados en cada caso, y sobre las irregularidades que pudiera detectar.
Asimismo, la Comisión tendrá las siguientes funciones:
1. El seguimiento de la gestión y los pagos que se realicen.
2. La investigación de la licitud o ilicitud de la adquisición hostil operada por los fondos buitres con la finalidad de obstaculizar el cobro del resto de los tenedores de deuda, así como la acción que desarrolle en nuestro país el grupo de tareas contratado por aquellos (American Task Force Argentina-ATFA), dedicado a desprestigiar a la República Argentina, su Poder Ejecutivo, el Honorable Congreso de la Nación y su Poder Judicial.
3. La presentación de un informe final respecto de los temas comprendidos en el presente artículo, para ser considerado por ambas Cámaras, dentro del plazo de ciento ochenta (180) días a partir de su constitución.
La Comisión Bicameral Permanente creada por la presente ley podrá solicitar información, documentación o datos a organismos nacionales, provinciales o municipales, centralizados, descentralizados o autárquicos, como así también a entidades financieras nacionales e internacionales, privadas o públicas; y a cualquier otro organismo que fuere necesario para el cumplimiento de sus cometidos.
Los miembros de la presente Comisión Bicameral Permanente así como el personal permanente o eventual asignado a la misma, deberán guardar la más estricta confidencialidad respecto a la información a la que tuvieran acceso en virtud del párrafo anterior. En caso de divulgación o de uso indebido de la información a la que tuvieren acceso en ocasión o ejercicio de sus funciones, serán considerados incursos en falta grave a sus deberes y les será aplicable el régimen sancionatorio vigente, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder por aplicación del Código Penal.» En: http://www.infoleg.gob.ar/
infolegInternet/anexos/230000- 234999/234982/norma.htm (consultado el 1 de mayo de 2015)
La disposición del artículo 12 fue saludada por reivindicar la demanda histórica por la investigación de la deuda. Tras variadas presiones sociales y políticas para su constitución, esta semana se convocó formalmente en el Parlamento a la bicameral con amplia mayoría del oficialismo.
Vale mencionar que desde comienzos de abril se inició el trabajo de la auditoría de la deuda de Grecia, decidida por el Parlamento griego (http://cadtm.org/Grecia-
A diferencia del caso argentino, en Grecia se incluye la participación de estudiosos sobre el tema, los que provienen del movimiento popular, especialmente del Comité de Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, que coordina el belga Eric Toussaint.
Tanto en Grecia como en Argentina importa la situación derivada del endeudamiento.
En el país europeo preocupa especialmente la deuda reciente, acrecentada luego de la crisis capitalista explicitada entre 2007 y 2009, Los gobiernos griegos contribuyeron al salvataje de la banca, asumiendo préstamos que hipotecaron al pueblo de ese país (http://cadtm.org/Los-
Para el caso argentino el problema se extiende a la práctica de profundización de la dependencia sostenida desde la dictadura, mediante la deuda pública y la estatización de la privada; la apertura de la economía; la legislación y la política financiera de extranjerización; y la promoción de las inversiones externas; todo para insertar subordinadamente al país en la lógica liberalizadora de las transnacionales.
Es un proceso que con matices se continuó en tiempos constitucionales, con extensión del mecanismo de la deuda.
La investigación de la deuda supondría la suspensión de los pagos, algo impensable ante la profesión de fe para cancelar deuda a toda costa.
Un problema que tendrá la bicameral en Argentina se deriva del escaso tiempo asignado para la investigación. Es que además, los 180 días coinciden con el fin del turno presidencial en ejercicio.
Conferencia Internacional contra el cáncer de la deuda
En el mismo día que se reunía la bicameral se realizó una Audiencia Pública convocada por la «Asamblea por la suspensión e investigación de la deuda y la defensa del patrimonio nacional y los bienes comunes», quienes exigieron abrir la bicameral a la participación popular.
Participantes de la minoría en la bicameral proponen ser vehículo de expresión de la participación popular en la bicameral (http://cadtm.org/Lozano-
La «Asamblea» está convocando a una Conferencia Internacional sobre la deuda para el 3,4 y 5 de junio en Buenos Aires.
Es una convocatoria que también suena en Grecia y en ámbitos de articulación mundial como la ONU para discutir sobre las reestructuraciones soberanas y también del movimiento popular que demandan recuperar la discusión y la iniciativa política en campañas populares por la nueva arquitectura financiera y el nuevo orden mundial.
La Conferencia Internacional en Buenos Aires es un momento de una campaña que requiere la voluntad de millones de activos militantes contra el cáncer de la deuda.
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