Ayer lunes, 19 de noviembre, comenzó en Cruz del Eje el juicio oral y público contra 11 campesinas y campesinos del «Movimiento Campesino de Córdoba», acusados por «usurpación» al defender las tierras que habitan desde hace mas de 150 años. Los acusó un empresario que nunca pudo demostrar títulos de posesión de los mismos. En el […]
Ayer lunes, 19 de noviembre, comenzó en Cruz del Eje el juicio oral y público contra 11 campesinas y campesinos del «Movimiento Campesino de Córdoba», acusados por «usurpación» al defender las tierras que habitan desde hace mas de 150 años. Los acusó un empresario que nunca pudo demostrar títulos de posesión de los mismos. En el territorio viven varias familias de la comunidad de Cañada Larga, el cual está ubicado en el departamento Cruz del Eje (uno de los departamentos más pobres del interior profundo de la provincia). El campo es de una superficie de 1.039 hectáreas, lugar donde han nacido, trabajado, sufrido y soñado 3 generaciones de varias familias, e incluso fue defendido contra el intento del Sr. Masseo de alambrarlo y hacerlo suyo.
Cómo se desató el conflicto
En el Paraje Cañada Larga, durante varios días, las familias de la comunidad agrupadas en torno a APENOC, resistieron la invasión de este empresario, que derivó en la imputación de 10 campesinos por la fiscalia de la ciudad de Cruz del Eje. En un principio fueron imputadas dos campesinas, acusadas de haber roto el nuevo alambrado que irrumpía en las tierras de estas cuatro familias. Seguidamente, el 10 de febrero de 2005 la Fiscalia de instrucción imputó a 8 campesinos más, por mantener la legítima defensa de sus derechos a las tierras que les corresponden hace muchísimos años.
El campo en conflicto fue rematado a fines de los 90, y el empresario que lo compró ha intentado desde esa aquella época tomar posesión. La Justicia Civil de Cruz del Eje, en el año 2002, sentenció en contra del mismo, rechazando la acción posesoria por él presentada, ya que determinó que el empresario no pudo probar su posesión, atento que «el titulo válido no da sino un derecho a la posesión y no la posesión misma» deacuerdo con el Art. 2468 del código civil.
Esto es debido a que la posesión siempre estuvo en manos de estas familias que viven allí desde hace más de 150 años.
No confrome con lo actuado, el empresario inició un juicio de reinvidicación en contra de una de las familias de la comunidad, el mismo aún sin resolución. Durante dicho proceso, por medio de engaños por parte de la abogada que entendía en la causa, le hicieron firmar un acuerdo privado, bajo presión, al campesino Eusebio Loyola quien no sabe leer ni escribir.
Las argucias legales y las complicidades de las fuerzas policiales son moneda corriente en tierras campesinas
Como por ejemplo las sufridas por dos integrantes de APENOC, Alberto Calderón y Rubén Olmos, campesinos del paraje El Cachiyuyo. El 15 de diciembre de 2004 formularon una denuncia penal ante la comisaría de Serrezuela, Departamento Cruz del Eje, en contra del empresario Anselmo Farias. La denuncia fue por amenazas con arma de fuego y privación de la libertad. Fueron dos denuncias ya que la situación de uno y otro (Olmos y Calderón) fueron diferentes. Calderón ante un descuido del empresario y su empleado, escapó corriendo mientras que Olmos permaneció retenido a punta de escopeta y en el medio de fuertes amenazas.
Mientras que estas denuncias no fueron remitidas a las fiscalía de turno, los campesinos han sido amedrentados por la policía. Con una orden de allanamiento, secuestraron sus vehículos particulares, con la excusa de extraer huellas que concuerden con los desconocidos que rompieron una puerta de alambre que impedía el paso en un camino vecinal puesta por un empresario. Dos meses después, el 8 de febrero, fueron imputados penalmente los campesinos Soledad Criado, Alberto Calderón y Rubén Olmos.
«No entendemos entonces por qué impunemente se ingresa a los campos de las familias y por qué las denuncias de usurpación que realizadas por ellas no han sido tenidas en cuenta. En cambio ante la defensa que ejercen los campesinos, tanto los fiscales como la policía de armas largas, salen de la feria judicial y nuevamente insinúan que los que defienden su derecho a la tierra son delincuentes», expresó un integrante del MCC.
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