Nuevos actos de represión social contra sectores populares en General San Martín, provincia de Jujuy. Grupos de necesitados tomaron tierras del Ingenio Ledesma, empresa de los Blaquier, terratenientes cómplices de la dictadura militar que controlan gran parte del territorio de la región. Según los pobladores, estaban negociando con el intendente y la empresa, la expropiación de […]
Nuevos actos de represión social contra sectores populares en General San Martín, provincia de Jujuy. Grupos de necesitados tomaron tierras del Ingenio Ledesma, empresa de los Blaquier, terratenientes cómplices de la dictadura militar que controlan gran parte del territorio de la región.
Según los pobladores, estaban negociando con el intendente y la empresa, la expropiación de algunas hectáreas de tierra para poder construir sus viviendas, ya que en la región no hay tierras fiscales. El juez, sin esperar el resultado de las negociaciones, o por falta de información dio la orden de desalojo por efectivos policiales y la caballería. Las consecuencias fueron cuatro muertos, varios heridos y detenidos.
La reacción de los pobladores de enfrentar a la policía con palos y piedras frente a la represión fue inmediata y según versiones, algunos de los ocupantes estaban armados. Hasta el momento la situación es confusa, nos han llegado noticias que hasta familias de los policías intervienen en la toma de tierras.
La grave situación de reprimir las protestas sociales se repite en varios lugares del país: contra la Comunidad Qom en la provincia de Formosa, ordenada por el gobierno provincial, provocando dos víctimas fatales y la quema de viviendas y detención de mujeres y niños. A estos hechos se suma la violencia en el Parque Indo-americano, en Buenos Aires, en las provincias de Río Negro y Catamarca.
Los gobiernos provinciales se han transformados en feudos, continúan profundizando el neoliberalismo que lleva al aumento de la pobreza y marginalidad de grandes sectores sociales.
La concentración de la tierra, la expulsión de sus territorios a los pueblos originarios y campesinos, la falta de políticas claras y coherentes para poner límite a la expansión de los latifundios y a la destrucción de los bosques y la biodiversidad, están produciendo daños irreparables: los monocultivos y agro tóxicos, la destrucción de bienes y recursos natural, la gran minería.
El país está frente a la violencia social y estructural que ejercen los gobiernos provinciales y la ausencia del gobierno nacional que no quiere intervenir porque se trata de sus aliados políticos. Podríamos decir que son los aliados del terror y que no benefician en nada al gobierno, a la provincia y al país. Es necesaria la ética política que actualmente es casi inexistente.
No olvidemos que el país está en campaña electoral hasta el mes de octubre y lo que se evidencia es el aumento de tensiones, conflictos sociales, incrementados por intereses políticos que actúan como aves de rapiña junto a medios de comunicación masiva. Como en la «perinola», todo vale y la palabra esta vaciada de contenido.
Es necesario reflexionar y discutir políticas y proyectos en bien del pueblo, poner límites a la concentración de la riqueza, una redistribución más justa y equitativa, soluciones a los graves problemas de vivienda, salud, educación, proyectos de desarrollo integral para superar la pobreza, el hambre y promover el fortalecimiento de los valores de la democracia y el derecho del pueblo.
Es urgente «desarmar las conciencias armadas», a través del diálogo y llamar a la reflexión de la población, y de los candidatos que se postulan para gobernar el país en todos sus niveles.
La violencia no resuelve los problemas sociales y estructurales del país y en particular de los sectores más pobres. La muerte de los pobladores de Ledesma, en General San Martín, la represión, la muerte de los hermanos indígenas, los niños víctimas del hambre y enfermedades evitables en nuestro país, son una ofensa para la vida de nuestro pueblo y la humanidad.
Hay que trabajar solidariamente junto a nuestro pueblo para lograr el derecho e igualdad para todos y todas, no para algunos. El juez que dio la orden de reprimir no puede ser quien intervenga en los hechos de violencia en General San Martín, en Ledesma, debe ser apartado de la causa.
El ministro de gobierno interino, recientemente nombrado, no puede afirmar que las muertes no fueron efectuadas por la policía, Debe realizarse la correspondiente investigación y peritaje de balística para determinar las responsabilidades.
El problema es estructural, no se resuelve con paliativos y olvidos intencionados, que el tiempo tratará de disolver en el olvido de las muertes y la violencia contra los pobladores, en General San Martín, como en otras partes del país.
La grave situación que se vive es por falta de voluntad política de los gobernantes. El pueblo debe mantener viva la memoria y el reclamo de verdad y justicia frente a la violencia social y estructural y buscar caminos de convivencia y respeto de los derechos de las personas y del pueblo.
– Adolfo Pérez Esquivel es Premio Nobel de la Paz 1980.
Fuente original: http://alainet.org/active/48453