Los procesos de participación popular en torno a la resolución de conflictos por desmontes, fumigaciones, contaminación de ríos o pérdida de glaciares por el avance del modelo extractivo y el complejo vínculo de esa ciudadanía activa con el Poder Judicial han quedado fuera de debate en la llamada «democratización de la Justicia» que propuso el […]
Los procesos de participación popular en torno a la resolución de conflictos por desmontes, fumigaciones, contaminación de ríos o pérdida de glaciares por el avance del modelo extractivo y el complejo vínculo de esa ciudadanía activa con el Poder Judicial han quedado fuera de debate en la llamada «democratización de la Justicia» que propuso el Gobierno. Cecilia Carrizo, magister en Administración Pública de la Universidad Nacional de Córdoba, y Mauricio Berger, doctor en Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires) analizan este «debate pobre» y el «horizonte crítico» de la cuestiones ambientales, en función del accionar estatal. Los compiladores del recomendable libro Justicia Ambiental y Creatividad Democrática (2012) entienden que esta reforma «refuerza la estructura partidocrática que ha dado sobradas muestras de su desinterés por los bienes comunes».
-¿Cómo han caracterizado el debate sobre el Poder Judicial que propuso el Gobierno?
Carrizo (C): El debate fue muy corto, no se dio la posibilidad que realmente se necesita viendo cuál es la situación de acceso a la justicia en el país, de los resultados del Poder Judicial. Se podrían revisar cuestiones de estructura y procedimientos, muchas situaciones que hay que repensar. Fue lamentable que sólo el CELS participara, porque es sólo una organización, pero no es la más reconocida por ejemplo en el tema ambiental.
Berger (B): Se viene discutiendo hace mucho la necesidad de que el Poder Judicial se especialice en las resoluciones de cuestiones ambientales o en la creación de tribunales ambientales. Esta necesidad se refleja en casos concretos: por ejemplo, desde las primeras denuncias por fumigaciones ilegales en Ituzaingó Anexo hasta la resolución del juicio pasaron diez años. Pasa la vida de las personas, que han enfermado o han muerto, y esto no ha tenido lugar en el debate.
-Al anunciar que enviaría el paquete de reformas para el Poder Judicial al Congreso, la Presidenta reclamó «una justicia democrática, no corporativa ni dependiente de los factores económicos». ¿Cómo ha actuado el Ejecutivo en los reclamos de justicia ante la violación de derechos por parte de grandes empresas mineras, petroleras o sectores del agronegocio?
C: Uno ve al Ejecutivo trabajando conjuntamente con las empresas vinculadas a la explotación de los recursos naturales dentro de las coordenadas del nuevo capitalismo transnacionalizado. Con ese modelo no hay un avance en lo que significa una institucionalidad reguladora. Desde ahí partimos. Cuando el Estado es responsable de ciertas violaciones de derechos por ser socio formal o informal de las empresas es muy grave que no haya una posibilidad de control real. Si el poder político que surge de las urnas, decide una política desarrollista de desposesión de recursos y derechos de las comunidades criollas y aborígenes, no hay nadie que lo pare. Todas las medidas que se toman, por ejemplo esta reforma y la propuesta de cambio en el Código Civil, tienden a disminuir las responsabilidades de los funcionarios públicos. Desde la parte ambiental, el horizonte es crítico. La complicidad va a ser cada vez más legalizada.
B: Cuando el Ejecutivo tiene políticas tan proactivas hacia las multinacionales de los agronegocios, de la minería, los grandes emprendimientos energéticos, vemos que el Poder Judicial puede sentar precedentes, y abrir nuevos horizontes en materia de derecho ambiental. Fallos como el de Ituzaingó Anexo en torno al tema de las fumigaciones o el del Tribunal Superior de Justicia de Río Negro que frenó el desembarco de una provincia China para plantar soja en un extenso territorio patagónico son buenos ejemplos que quedaron fuera de debate.
-En torno a la reforma que impulsa la elección directa del cuerpo del Consejo de la Magistratura, el oficialismo argumentó: «Los sectores populares quieren un cambio sin retroceso para consolidar la década ganada» (senador Marcelo Fuentes). ¿Qué lectura hacen de este planteo?
C: Hay una diferencia entre lo que es el poder popular en función de lo político partidario, y lo que es el poder popular en defensa de los bienes comunes. Este último no ha tenido el apoyo de ningún Ejecutivo ni Legislativo ni Judicial en el país. Estamos con procesos de mayor criminalización, represión legal y paramilitar de las protestas de ese poder popular. Lo que se hace para que ese poder popular construya una defensa de esos derechos es crear instancias de control ciudadano, amplificadoras de la participación ciudadana, y no es lo que aquí se propone. Con esta reforma judicial lo que se hace es lo contrario, se refuerza la estructura partidocrática que ha dado sobradas muestras de que no le interesa nada que tenga que ver con los bienes comunes. En vez de cambiar un concepto elitista, restringido de democracia que es el partidario, se sigue reforzando la vía electoral-presidencialista.
B: Para nosotros la democratización tiene que ver con respetar y garantizar el cumplimiento de derechos vigentes. Llegar a la judicialización de la cuestión ambiental es justamente que se agotaron todas las instancias de intermediar con los Ejecutivos, de dialogar con las áreas de Ambiente o Salud, por ejemplo, o de trabajar con los legislativos, que están más preocupados por el lobby empresario. Es decir, la participación popular pasa por otro lado.
-En el marco de estas reformas, se ha hablado insistentemente de los frenos del Grupo Clarín a la Ley de Medios, cautelar mediante. Poco o nada se ha dicho del freno a la Ley de Glaciares, ¿cómo han tomado ese silencio?
C: El silencio de la Ley de Glaciares o de la Ley de Bosques son silencios intencionales debido a que esa no es la agenda del Gobierno. En ese sentido me parece que fue muy pobre el debate, porque podría haber sido una discusión muy rica, por el momento histórico. Nunca vi en mis años de trabajo un interés tan fuerte de la ciudadanía activa, de asambleas, de vecinos organizados, por las leyes, por usar mecanismos institucionales, por entender el funcionamiento de la justicia. Me sorprende que la academia ligada al gobierno nacional haya hecho una defensa de este proceso, donde el lenguaje judicial sigue secuestrado por los sectores de poder. Las discusiones de la ciudadanía, su lenguaje, no se han llevado a la discusión de la ley, y eso creo que atrasa muchos años.
Publicado en Marcha.org.ar
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