El presidente argentino, Néstor Kirchner, abrió el debate para la nueva ley de educación y presentó el documento base para la discusión. Luego de trece años de ser sancionada la Ley Federal de Educación que el gobierno de Carlos Menem puso en marcha durante los ’90 y que significó el deterioro del sistema educativo argentino, […]
El presidente argentino, Néstor Kirchner, abrió el debate para la nueva ley de educación y presentó el documento base para la discusión.
Luego de trece años de ser sancionada la Ley Federal de Educación que el gobierno de Carlos Menem puso en marcha durante los ’90 y que significó el deterioro del sistema educativo argentino, el presidente Néstor Kirchner, abrió oficialmente, desde la Casa Rosada, el debate nacional por una nueva ley de educación.
«Por el lugar que ocupamos somos los que más tenemos que escuchar», manifestó el presidente argentino, frente a la mayor parte de su gabinete y convocando así a los gobernadores argentinos a iniciar este debate que tendrá como resultado un nuevo proyecto de Ley para fin de año y que dejará de lado la actual norma que implicó diez años de escolaridad obligatoria, modificó la estructura del sistema educativo tradicional de siete años de primaria y cinco de secundaria, y motivó centenares de críticas.
Tal como Kirchner lo anunciará durante el acto de inicio del ciclo lectivo en Potrero de Garay, un pueblo cordobés ubicado a 80 kilómetros de la capital provincial, este año Argentina tendrá una nueva Ley de Educación, y por ello presentó ayer, en la Casa Rosada, junto a su ministro de Educación, Daniel Filmus, el documento que servirá de base para la elaboración de la norma que prevén enviar al Congreso nacional en octubre próximo.
El debate que abrió formalmente el gobierno alcanza varios temas, busca revertir el brutal deterioro que sufre la educación argentina y principalmente alcanzar una estructura educativa unificada (no recentralizada) que deje a un lado los actuales 55 subsistemas que conviven en el país y que equivalen a una gravísima desigualdad de posibilidades y recursos con que cuentan alumnos y docentes, según las jurisdicciones que se traten.
Actualmente, por ejemplo, un docente de educación básica en Tierra del Fuego, con jornada simple y diez años de antigüedad recibe 1.800 pesos por mes (470 dólares), mientras que su par en Formosa percibe, por igual tarea, la tercera parte.
Otra de las metas es lograr que, como mínimo, el 30 por ciento de los alumnos de educación básica asistan a escuelas de jornada extendida o completa, con prioridad de los sectores y las zonas geográficas más desfavorecidas. Hoy sólo el 5 por ciento de los alumnos de todo el país accede a más horas de clases, por día.
El debate principal tal vez se de a partir de los traumáticos cambios que afectaron el tercer ciclo de la EGB (de séptimo grado al ex segundo año de la enseñanza media), que se aplicó de muy distintas maneras en todo el país. Desde el documento base, el gobierno propone «secundarizar» el tercer ciclo de la EGB; es decir, abandonar el esquema que en los años ’90 aplicó la provincia de Buenos Aires (que representa casi el 50 por ciento del sistema educativo nacional) e implicó primarizar los últimos tres años de la Educación General Básica, generando una verdadera tragedia educativa. Hoy este ciclo escolar reúne a más de dos millones de alumnos y 200 mil docentes.
La estructura del sistema educativo será probablemente el asunto más debatido. La propuesta oficial plantea además, la obligatoriedad de toda la educación secundaria (hoy esta exigencia sólo se cumple en la ciudad de Buenos Aires) y la universalidad de la educación inicial (3 y 4 años).
Desde el gobierno también proponen incorporar en la ley las últimas normas sancionadas y que en la práctica se constituyeron en reformas parciales, como la ley que garantiza los 180 días de clases, la de financiamiento educativo, la de extensión del incentivo docente y la de recuperación de las escuelas técnicas.
Pero además de estos y otros puntos, la nueva ley deberá principalmente garantizar del derecho social a la educación, relegado durante años.
En cuanto al sector de la enseñanza privada se estima que procurará mantener amplios márgenes de libertad de enseñanza que le garantiza la actual legislación.
«No podemos pasar siglos discutiendo la ley, el cambio es urgente», manifestó Kirchner, durante el acto. Ahora las consultas se extenderán a sectores políticos, sociales, empresarios e instituciones religiosas, antes de enviar al Congreso el nuevo proyecto. Según la agenda que planteó el gobierno, el primer paso será una ronda de consultas en los establecimientos educativos y con especialistas, para luego abrir a un debate general, encuestas de opinión y jornadas en las escuelas. En julio se preve sistematizar la información y en agosto elaborar la primera redacción del proyecto de ley. Durante septiembre una nueva fase de consultas a instituciones y especialistas y en octubre redactar el proyecto final para elevarlo al Congreso de la Nación.
Sancionada en abril de 1993 con el voto mayoritario del justicialismo, la ley federal de educación fue el eje de la controvertida reforma educativa, que al igual que en otros países latinoamericanos significó un aumento en la matricula, pero no en la calidad. Por eso, el documento oficial deja en claro que «sólo una educación de excelente calidad para toda la población permitirá alcanzar los objetivos de justicia social, crecimiento económico y ciudadanía democrática, que guían una estrategia de desarrollo sustentable. Estos tres objetivos son indisociables».