El gobierno Kirchner parece haber iniciado un ‘repliegue’, en dirección a las posiciones que el poder económico y comunicacional suele designar como ‘prudentes’. El Panorama Político de Clarín del domingo 1° de Agosto festejaba que el presidente hubiera dejado de apoyarse en el favor popular ‘ahora esquivo’ según el comentarista, para buscar entendimientos en otros […]
El gobierno Kirchner parece haber iniciado un ‘repliegue’, en dirección a las posiciones que el poder económico y comunicacional suele designar como ‘prudentes’. El Panorama Político de Clarín del domingo 1° de Agosto festejaba que el presidente hubiera dejado de apoyarse en el favor popular ‘ahora esquivo’ según el comentarista, para buscar entendimientos en otros terrenos.
Lo primero a aclarar que ese apoyo en el ‘favor popular’ nunca superó con seriedad el estadio de un elenco de gobierno feliz por las cifras altísimas de aprobación que el oráculo de las encuestas le devolvía cada vez que se efectuaban. No hubo en cambio una actitud movilizadora, una búsqueda de alianzas en organizaciones populares. La mayoría de los heterogéneos intentos que se dieron en denominar ‘transversalidad’ tuveron más de acercamiento con intendentes con altos índices de popularidad, o de cooptación de figuras sin peso político propio pero con buena imagen en ciertos sectores sociales, que pudieran oxigenar las oscuras aguas del justicialismo.
En las últimas semanas, se ha vuelto ostensible que los entendimientos se procuran cada vez más dentro del sistema de poder tradicional, sin excluir a algunos de sus componentes más cuestionables y desprestigiados. Así el explícito aval del gobierno a la reunificación de la CGT (con sus flamantes dirigentes participando en todo acto oficial que se celebre), el silenciamiento del frente de conflicto con Eduardo Duhalde y sus fieles, el aún más reciente puente de plata hacia Raúl Alfonsín y demás dirigentes de la Unión Cívica Radical. El sindicalismo burocratizado, el bipartidismo, hasta el ‘pejotismo’ sin principios que tanto denostó el propio primer magistrado, parecen volver por sus fueros, como aliados reales o potenciales del gobierno. Hoy se habla de que el presidente asumiría en breve la presidencia del Partido Justicialista, la misma organización que acompañó a Menem en su década de gobierno.
El día 24 de marzo con la reocupación simbólica de la Esma y el descenso del retrato de Videla del Colegio Militar, el elenco gubernamental pareció subir a la cumbre de su audacia en el campo político. Sobre el telón de fondo de una política económica y social que no produjo rupturas de fondo con el itinerario trazado en la década de los 90′, Kirchner desafiaba no sólo la interpretación oficial de la última dictadura, sino hasta los presupuestos de la entonces llamada ‘transición a la democracia’ al incluir hasta al Nunca más en el sendero inmodificado de la impunidad. La reacción desde la derecha fue vigorosa: Blumberg y sus manifestaciones, la acentuación de las campañas de descalificación contra las organizaciones ‘piqueteras’, enfilando cada vez más contra la falta de acciones represivas por parte del gobierno. Cuando el gobierno, como parte de una política que no dejaba de estar orientada hacia la cooptación y en definitiva la neutralización, estuvo ampliamente representado en una reunión de piqueteros (el lanzamiento de la Asamblea Nacional de Organizaciones Populares), se redoblaron las críticas. Pero fueron las manifestaciones piqueteras frente a grandes empresas, empezando por Repsol-YPF, la ‘toma’ de una comisaría de la Boca, y sobre todo del montaje de violencia espectacularizada del 16 de Julio frente a la Legislatura, las que marcaron el cenit de la campaña que, partiendo de los piqueteros, apunta contra toda movilización popular, y a partir de la ‘pasividad’ de las autoridades frente a hechos magnificados, se lanza resueltamente contra la política gubernamental en la materia. La respuesta del gobierno terminó materializándose en la colocación de vallas para impedir ‘desbordes’ en las manifestaciones, un atrincheramiento material que lo separa de la movilización social, y destila un significado simbólico: apenas detrás de esas vallas se oculta el poder real dispuesto a dirigir cada vez en mayor medida las acciones gubernamentales.
La derecha quiere la ‘normalización’ plena del ámbito político, la vuelta a los cauces de ‘administración de lo dado’, de respeto absoluto a las relaciones de poder existentes. No tiene un cuestionamiento frontal al rumbo general del gobierno, pero no confía en que el diálogo con las organizaciones populares más radicalizadas, y las tentativas de cooptación de los sectores más ‘moderados’ sea una buena política de cara a sus intereses. Dudan seriamente de la capacidad de control efectivo de parte del gobierno, de su aptitud para poner límites cuando, finalmente, no le quede otro camino que colocarlos.
Amplios sectores del gran capital se han beneficiado con la devaluación, la protección frente a las importaciones, aspiran a usufructuar los negocios emanados de programas de obras públicas y vivienda. Y se congratulan de que el gobierno no haya atacado ningún cambio sustantivo ni en el sistema tributario ni en la política de ingresos. El tipo de cambio favorable a las exportaciones, unido al alto precio de commodities, hacen el resto. Los ‘desfavorecidos’ en el reparto esta vez, como compañías privatizadas y bancos, tampoco la pasan nada mal, mas allá de ciertos frenos a tarifas y compensaciones. Pero lo que enardece a importantes sectores de poder, y sobre todo a sus ‘intelectuales orgánicos’ de la prensa, la Iglesia y los medios académicos más conservadores, es la presencia de la organización popular movilizada, en la calle. No los preocupa el automovilista detenido por el corte de calles ni el comerciante que no vende por las manifestaciones, como alegan a la hora de buscar consenso más allá de sus círculos. Es la reaparición en los últimos años de la movilización popular autónoma, no mediada por la devoción al poder de los ‘punteros’ partidarios ni por un sindicalismo burocratizado siempre dispuesto a la negociación concesiva, la que les quita el sueño, y no están dispuestos a permitir su desarrollo. Quieren asfixiarla cuánto antes, y no confían en estrategias que pretenden lograr el mismo objetivo, como las del gobierno, pero a las que encuentran excesivamente lentas y permisivas. La ‘plaza vacía’ fue, para ellos, uno de los logros más importantes del período menemista, y no se resignan a que primero poco a poco, y después como torrente a partir de diciembre de 2001, se haya vuelto a llenar. Quieren volver a la plena vigencia de la ‘política-espectáculo’, centrada en elecciones restringidas a la disputa entre las elites de poder preconstituidas.
Al buscar entre los viejos actores de la política, en aquéllos comprendidos por el ‘que se vayan todos’ incumplido, el elenco gubernamental da muestras de estarse sometiendo a la ‘pedagogía’ que emana del poder, buscando que la dirigencia haga propio los límites infranqueables que le interesa imponer. Ocurrió con Alfonsín en los primeros años de su mandato. El poder económico no cejó hasta ‘educar’ al gobierno en el respeto a sus límites. Y reiteró la ‘terapia’ hacia el final, con la hiperinflación de 1989. La enseñanza fue fructífera, durante una década y media ningún gobierno pretendió hacer otra cosa que mostrarse lo más solícito y eficiente posible a la hora de obedecer los dictados del gran capital. Hacer una política realmente diferente, buscar con seriedad la reversión de los deletéreos resultados de un cuarto de siglo de ofensiva patronal y ajuste fiscal permanentes, requiere estar dispuesto a la confrontación con sectores de poder, y ello no puede ni siquiera intentarse sin un respaldo popular masivo y activo. No el de la ‘opinión pública’ que coloque ‘bueno’ o ‘muy bueno’ en el casillero correspondiente del cuestionario, sino el dispuesto a ganar la calle y correr riesgos, el que logra aunar lo organizado y lo ‘espontáneo’. Ese muy difícilmente será el sendero auspiciado por quiénes le temen más a las iras del pueblo que a los ataques del gran capital, a quiénes pretenden hacer cambios sin alterar el ‘orden’, y con el menor ‘costo político’ posible. Más bien toman la dirección contraria, y así lanzan opiniones sobre los desocupados movilizados que pecan cada vez más de un enfoque despectivo, que tiende a echar a los pobres la culpa de sus padecimientos, y los conmina a ‘trabajar’ en lugar de hacer oír sus reclamos.
El gobierno parece elegir mostrarse ‘comprensivo’ y ‘prudente’ a la hora de mostrarle al poder real que no constituye un desafío importante a sus posiciones. La sociedad constituye una totalidad, y esa deferencia hacia el poder no puede representar sino mayores pérdidas y retrocesos para las mayorías populares, los trabajadores, los desocupados. Son las organizaciones populares y el conjunto de los explotados y oprimidos los que tienen la palabra, los que deberán ampliar el espectro de alianzas y plantear una disputa ideológica y práctica de mediano plazo con los detentadores del poder. Se necesita para ello imaginación, habilidad, ‘realismo’ ponderado y no ramplón, capacidad para percibir estancamientos y retrocesos, y no sólo avances. Esos ‘bienes’ todavía escasean, habrá que ver el modo de obtenerlos.