Las organizaciones campesinas se pusieron en alerta luego de la primera semana de gobierno de Javier Milei. La formalización de los nombramientos ministeriales y el anuncio de las primeras medidas económicas confirmaron que se tratará de un gobierno de ajuste con íntima relación con los sectores concentrados del agronegocio: tal como lo demuestra el gabinete encabezado por el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella.
Mientras, en solo una semana, el Ejecutivo revirtió la decisión de subir las retenciones de algunas economías regionales, por reclamo de la Mesa de Enlace; el sector de la agricultura familiar, campesina e indígena continúa sin un canal de diálogo y se encuentra relegada a una política asistencialista, dentro del organigrama del Ministerio de Capital Humano, donde aún no hay designación para saber quién continuará al frente del Inafci.
En territorio, las medidas económicas ya registran impactos que “afectan la provisión de alimentos frescos”, denuncian las organizaciones nucleadas en Rama Agraria de la UTEP a partir de, por ejemplo, el traslado de la megadevaluación a los insumos y semillas para la producción frutihortícola y ganadería. Precisan esas subas ya en más de un 100 % y esperan que también se traslade a los alquileres de la tierra. La mayor parte de los miles de familias del sector que producen para abastecer el 60 % de los alimentos frescos que consume el mercado local, no son dueñas de la tierra.
La primera prueba de la necesidad de políticas urgentes que acompañen la producción familiar y campesina, con gran arraigo en el abastecimiento hortícola y frutícola,se notará por las consecuencias que sufrieron en los cordones hortícolas del Conurbano bonaerense, Mar del Plata y Bahía Blanca por las tormentas del pasado diciembre. Los productores vieron destruidos sus invernaderos por el temporal, el segundo en cuatro meses, luego de sufrir otro en agosto, cuando se consiguió respaldo de los gobiernos nacional y bonaerense.
“Exigimos asistencia directa para todo el sector”, reclamó la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) al gobierno nacional y provincial; y luego marcó un reclamo directo al presidente Milei tras su aparición en Bahía Blanca: “Lo que el pueblo necesita además de palabras de aliento es que el Estado asista de manera directa con los recursos que sean necesarios para resolver la situación”, reclamaron.
Desde UTT marcaron además cómo el enfoque de las políticas anunciadas por el Gobierno nacional va en contra del sector de pequeños productores: “Nuestros esfuerzos no son suficientes sin el apoyo del Estado. En medio de un mercado que fomenta las desigualdades, encareciendo los costos de producción, el alquiler de la tierra e incluso la concentración en manos de pooles de siembra agroexportadores, que obtienen ganancias extraordinarias a través de la especulación financiera, las estructuras monopólicas y la ayuda estatal”.
En la previa del temporal, el Movimiento Nacional Campesino Indígena-Somos Tierra (MNCI-ST) denunció que el paquete de medidas económicas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, “pone en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria, así como el derecho a la vida digna del pueblo argentino” y reivindicó la necesidad de un Estado presente que cumpla con los compromisos alcanzados en la declaración de Derechos Campesinos de Naciones Unidas.
“El gobierno nacional debe establecer con urgencia un paquete de medidas de emergencia para la agricultura familiar, campesina indígena, así como para las cooperativas de pequeños y medianos productores”, sostuvo la Mesa Nacional del MNCI-ST en un comunicado y enumeró una serie de medidas contempladas en el Programa Agrario para el Alimento de la Mesa Agroalimentaria Argentina: “Políticas segmentadas y diferenciadas que eliminen los impuestos para el sector, garanticen la producción y el trabajo. Fondos rotatorios que permitan sostener el capital de trabajo, medidas de acceso al mercado con precios de referencia acordes al litro de gasoil, que permitan sobrevivir a la inflación descontrolada”.
El Ministerio de Economía anunció la semana pasada una suba del 15 % a las retenciones a la exportación de las economías regionales, que habían sido eliminadas por el gobierno anterior, pero este lunes dio marcha atrás con la decisión. El secretario de Bioeconomía anunció un incremento al 33 % para las exportaciones de derivados de soja —harina y aceites— para retrotraer a cero las retenciones en los casos del sector olivícola, arrocero, cueros bovinos, lácteo, frutícola (excluido limón), hortícola, porotos, papa, ajo, garbanzo, arveja, lenteja, miel, azúcar, yerba mate, té, equinos y lana.
Estas medidas tienen un impacto menor en la agricultura campesina y familiar, que produce mayormente para el mercado interno, y fueron tomadas sin diálogo con este sector, cuyos reclamos históricos siguen sin ser escuchados. “Solicitamos con urgencia una reunión con las autoridades que tienen competencia tanto en el Inafci como con el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella. Está en juego la desaparición del sector y, como consecuencia, el plato de comida de cada argentino y argentina”, sentenciaron desde la UTEP-Agraria.
En este marco, la Federación de Trabajadores Aceiteros también se pronunció contra las medidas económicas del gobierno de Milei y denunció que “las empresas de la actividad agroexportadora son el sector económico más beneficiado por la devaluación y las medidas de comercio exterior. Ningún ajuste cae contra las empresas que se han beneficiado todos estos años. Al mismo tiempo, estas políticas destruirán la industria nacional”.
“En este proceso cientos de miles de pequeños y medianos productores van a desaparecer”.
“A tan solo cuatro días de la toma del poder del nuevo gobierno está lejos de aparecer un plan de desarrollo para nuestra patria. La brutal devaluación de la moneda se realiza manteniendo el cepo, de manera que solo los sectores que concentran la exportación pueden refugiarse en el dólar. Es una dolarización solo para los ricos mientras a los trabajadores y trabajadoras se les diluyen los salarios sin refugio posible”, denunció el MNCI-ST y aseguró que “los campesinos, pequeños y medianos productores ya no pueden sostener sus sistemas productivos”.
La organización campesina, que integra la Mesa Agroalimentaria Argentina, describió que “la dolarización de los costos e insumos combinado con la pesificación de los ingresos en el marco de una inflación descontrolada hace inviable la producción de alimentos sanos para el mercado interno” y advirtió que “en este proceso cientos de miles de pequeños y medianos productores van a desaparecer” por la profundización de la concentración en el sistema agroalimentario, que otorgará más poder a las corporaciones, que “remarcan precios de alimentos extorsionando al pueblo y vulnerando el derecho a la alimentación”.
La devaluación anunciada por Caputo otorgó de un día a otro 200 pesos más por dólar a las Cámaras que controlan el negocio de la exportación de commodities, entre ellas, las estadounidenses Bunge, ADM y Cargill —por donde pasó la nueva titular de la AFIP, Florencia Misrahi—, la británica Viterra y la china Cofco.
Fronteras adentro, “la dolarización de la agricultura de la mano de la devaluación incrementa notablemente los alquileres de la tierra, donde una casta terrateniente y parasitaria aumenta sus ganancias sin trabajar ni arriesgar”, denunció el MNCI, mientras que la anunciada eliminación de subsidios a la energía y el agua encarecerá la producción de los pequeños productores y la paralización de la obra pública las obras de infraestructura necesarias en las poblaciones rurales.
“Estas medidas ponen no solo en riesgo a las familias campesinas: también peligra la provisión de alimentos frescos a las ciudades en el mediano plazo”, coincidió la UTEP-Agraria en su comunicado y volvió a poner sobre la mesa las políticas urgentes que el sector campesino indígena no consiguió durante el gobierno de Unión por la Patria, a pesar de que organizaciones como el Movimiento Evita estuvieron en lugares de decisión.
“Políticas de acceso a la tierra, obras públicas, espacios de comercialización, políticas para nuestros pueblos originarios y para las juventudes campesinas, más derechos para las mujeres, fomento a la transición y el desarrollo de la agroecología”, enumeró la UTEP-Agraria como los ejes de las demandas campesinas junto a “la aplicación efectiva, con asignación de presupuesto y recursos, de la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar”.
Desde el MNCI-ST calificaron como una “defraudación” el gobierno de Alberto Fernández en el marco de un contexto geopolítico internacional de crisis convergentes económica, alimentaria, climática y de disputa de la hegemonía; y analizaron “la aparición de expresiones de ultraderecha y fascismos populistas que prometen soluciones mágicas de la mano de la violencia y la discriminación” como las bases de la victoria electoral de Milei.
En tanto, desde la mirada de los trabajadores del influyente y poderoso Complejo Industrial Oleaginoso, la Federación de Aceiteros se pronunciaron en contra del plan de ajuste anunciado por el gobierno de Milei y denunciaron: “Ya nadie tiene dudas sobre quiénes serán los más perjudicados con las medidas anunciadas: los trabajadores, que vemos cómo licuan nuestros salarios y jubilaciones, mientras dejan que suban los precios de los alimentos”.
La Federación rechazó el discurso de campaña de “la casta”, sobre quienes Milei prometió que caería el impacto del ajuste económico, y señaló sobre las ideas que sostienen las políticas de la ultraderecha: “Son nostálgicos del siglo XIX, cuando reinaba la unilateralidad patronal y la libertad del mercado, y no existían los sindicatos ni la negociación colectiva de salarios”. La Federación rechazó la intención de revertir la quita del pago de Impuesto a las Ganancias: “Lo dijimos mil veces, el salario no es ganancia, y las y los aceiteros no estamos dispuestos a que nos vuelvan a robar nuestro esfuerzo. Si los trabajadores aceiteros volvemos a pagar el impuesto al salario, deberá ser el sector empresario quien se haga cargo de aquello que los trabajadores y trabajadoras tengamos que pagar”.
“En medio de la crisis económica y social que con las medidas que está tomando el gobierno van a incrementarse, las organizaciones del campo que alimenta redoblaremos la lucha y los esfuerzos para seguir construyendo un futuro con soberanía alimentaria, con acceso a la tierra y agroecología. Para nosotras y nosotros el alimento es un derecho y no una mercancía”, sentenciaron desde la UTT.
La respuesta del gobierno: eliminó el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar
El gobierno decidió avanzar con la eliminación del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar (CNAF), tal lo comunicó el vocero presidencial Manuel Adorni, en conferencia de prensa.
“Luego de una revisión de datos que, a esta altura no tengo ni que aclararlo, absolutamente calamitosos y profundamente desoladores. Tenían un total de 964 empleados. Se va a transformar en una Dirección en la que queden apenas 64 empleados”, explicó el vocero y bromeó: “Se van a reducir 900 puestos de no trabajo”.
De esta forma, 900 familias quedarán sin sustento. “Esto va a significar un ahorro de 9.000 millones de pesos. Para que tomen dimensión de la fiesta que había en el gasto público, además de los 964 empleados, tenía 160 delegaciones, 2 sedes, 1 de cada 3 empleados eran delegados, tenían 204 vehículos y el 85% del presupuesto se dedicaba a pagar sueldos. Casi una empresa de empleo público”, aseguró.
Además -continuó el vocero-, “se transferían fondos discrecionales, donde actuaban cooperativas, organizaciones sociales y municipios. La ineficiencia de este organismo es tal que todavía no hemos recibido ni de productores ni de trabajadores del campo ni un solo reclamo”.
En el Decreto 729/2022, se destaca que entre los principales objetivos del INAFCI está el “diseño, propuesta, coordinación, elaboración y ejecución de políticas, planes y programas que atiendan las necesidades y fomenten el desarrollo y fortalecimiento de los diversos sectores agroproductivos vinculados a la agricultura familiar, campesina e indígena y de la pesca artesanal, impulsando su formalización, modernización, tecnificación, complementación y diversificación de la economía relacionada con el sector productivo, tanto en la producción primaria como en la transformación asociada”.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) desarrolló una nueva Jornada Nacional de Protesta en rechazo a las decenas de miles de despidos que están siendo notificados esta semana en el sector público y al 8% de aumento ofrecido en la paritaria del lunes para la Administración Pública Nacional.
En la Capital Federal el sindicato se movilizó el martes 26 a las 12:00 al Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Av. Paseo Colón 982), organismo cuyo cierre fue anunciado la semana pasada por el Gobierno.
Un caso testigo: Santiago del Estero
Santiago del Estero tiene una superficie de 136.351 kilómetros cuadrados, que equivalen a 13.635.100 hectáreas. Es una de las más afectadas del país por la expansión del agronegocio, lo que se evidencia en los altos índices de deforestación y en la afectación de las poblaciones del lugar por los desalojos y el uso de agrotóxicos. Como los alimentos agroecológicos y los árboles nativos, en el monte santiagueño crecen experiencias organizativas que permiten defender la vida ante el avance del agronegocio.
Según datos del ministerio de Economía, a nivel nacional, la provincia tiene un importante peso en la cadena caprina, donde ocupa la primera posición nacional, con el 23,1 % del valor agregado bruto (cálculo del valor del producto menos los costos de producción) en el país en ese sector. También ocupa la tercera posición en el valor agregado bruto de legumbres, con un aporte del 9,9 % y es la cuarta provincia en valor agregado bruto de maíz, con el 6,5 %.
La investigadora Virginia Toledo, en su artículo “Conflictos por el agua y el uso de agroquímicos en Salta y Santiago del Estero: un análisis desde la ecología política”, asegura: “Las tierras se encuentran degradadas, son insuficientes en extensión y las poblaciones han quedado arrinconadas entre grandes extensiones cultivadas. El monte, una de las principales fuentes de recursos cotidianos para la recolección, caza, producción artesanal y provisión de leña, se encuentra cada vez más degradado”.
Santiago del Estero es una muestra de cómo el modelo sojero avanza con violencia sobre cuerpos y territorios, en un escenario de escasez de agua y de imposición de cultivos que naturalmente no son aptos para esos suelos. Pero también es un ejemplo de cómo la recuperación de saberes ancestrales puede generar otras lógicas de organización y de producción agroecológica.
El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE)
“El Movimiento Campesino de Santiago del Estero está constituido formalmente desde el 4 de agosto de 1990, a raíz de la problemática de tierras para las comunidades campesinas e indígenas que de forma ancestral vivían en ellas. El corrimiento de la sojización ha afectado con mucha fuerza las formas de vida campesina. Este sistema de sojización requiere y ha requerido enormes cantidades de masa boscosa y ha afectado no solamente a la agricultura familiar, campesina e indígena, sino a todos los seres que coexisten en esa zona que es muy frágil: el semiárido del Chaco americano”. Así relata Deolinda Carrizo los orígenes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase Vía Campesina) —una de las vertientes de la organización nacida en 1990.
La incorporación de tecnologías como la soja transgénica y el aumento del precio de los commodities en el mercado internacional generó en Argentina un proceso de expansión de la frontera agropecuaria más allá de la zona pampeana. Este avance se basó en la desposesión de campos comuneros campesinos e indígenas, con diversas formas de violencia.
En el Censo Nacional Agropecuario (CNA) esos espacios, que conservan formas de posesión ancestrales de la tierra, son contabilizados como “explotaciones agropecuarias sin límites definidos”. En ellos, las familias cuidan sus animales de manera comunitaria y comparten los frutos del bosque y el agua. Esos usos colectivos hicieron que no fueran necesarios los “límites definidos”. Es decir: los alambrados.
Según un estudio de Rubén de Dios, Raúl Paz y Carlos Rossi, entre el CNA 2002 y el CNA 2018 se perdieron 5.600 explotaciones agropecuarias sin límites definidos (pasaron de 10.119 a 4.519). La cantidad de explotaciones agropecuarias con límites definidos se mantuvo estable, en torno a las 11.000 explotaciones.
Si bien la cantidad de explotaciones cercadas se mantuvo, este tipo de propiedades aumentó significativamente la superficie total ocupada en la provincia. Los campos con límites definidos pasaron de ocupar 5.393.633 hectáreas en 2002 a 7.286.179 en 2018. Este aumento, de un 35 % de la superficie, se registró mayormente en las explotaciones de más de 2.500 hectáreas y coloca a Santiago del Estero como la provincia de mayor expansión relativa de la frontera agropecuaria en el noroeste argentino.
En general, las explotaciones agropecuarias (EAPs) totales en Santiago del Estero se redujeron a la mitad entre 1969 y 2018 (de 30.416 EAP a 15.531 EAP), lo que también muestra un fuerte proceso de concentración de la propiedad.
Los números evidencian el despojo: hay cada vez menos de esos campos comuneros porque hay un avasallamiento de las formas de vida que ancestralmente perviven en el monte. Sergio Raffaelli es el párroco de la iglesia La Merced, en el departamento Jiménez (al oeste de Santiago del Estero) y remite a sus propias memorias para contar cómo la soja modificó el paisaje que conoció en sus primeras visitas misioneras, en el año 1992.
“He visto con mis propios ojos la transformación de la zona, de los montes vírgenes donde las comunidades campesinas vivían tranquilas, tenían su modo de vida en armonía con la naturaleza, criando animales, haciendo carbón, postes o vendiendo leña, hasta esta realidad de hoy donde las comunidades quedaron rodeadas por mares de soja”, relata.
Y grafica: “En la monotonía de la soja no hay pájaros que canten, no hay animales dando vueltas, no hay sombra, no hay nada. Lo único que hay es avaricia, dinero y todo para afuera. Los empresarios que tienen campos acá no gastan ni en comprarse una coca cola en el kiosquito del pueblo. Cuando levantan la cosecha salen las caravanas de camiones, por caminos internos para evadir los controles interprovinciales, haciendo pedazos los caminos que usa la gente todos los días”.
La superficie cultivada total aumentó un 602 % en treinta años. Pasó de 401.537 hectáreas en el CNA de 1988, a 1.089.624 en el CNA 2002, a 1.298.021 en el CNA 2008 y finalmente a 2.818.796 en el CNA 2018. En 1988 la soja, el maíz, el trigo, el algodón, el girasol, el sorgo granífero y los porotos ocupaban 232.698 hectáreas, que pasaron a ser 1.674.745 en 2018. Es decir, un aumento del 619,7 % en cantidad de tierra destinada a esos cultivos.
La contracara de esta situación es el decrecimiento de la superficie dedicada a las hortalizas. Según el CNA 1988, en esa época se cultivaban 22.815 hectáreas de alimentos, en el CNA 2002 se registraron 15.370, en el CNA 2008 pasó a 9.043 y en el CNA 2018 apenas 6.690 hectáreas.
La modificación de un esquema de producción familiar a otro industrial para las exportaciones también influyó en el clima. Así lo relata Victoria Escobar, productora de 25 años perteneciente a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT): “Nuestras abuelas tenían un calendario de lluvias y de heladas, y eso año a año no variaba tanto. Pero ahora hay un desequilibrio tremendo. Hay heladas en octubre, calores en junio. Hay lluvias en octubre, cuando la temporada de lluvias debería ser de febrero a abril. Son muchas variaciones que, año tras año, dificultan aún más la planificación de la producción”.
Escobar vive en la localidad de San Pedro (departamento Capital), en la zona hortícola santiagueña, cercana a la capital provincial. Allí elabora productos con valor agregado como dulces y arropes de chañar o de tuna, o derivados de la algarroba. “Cuando vas por la ruta se ve un paisaje marrón, salitroso. Antes te sentabas en cualquier lado y tenías una sombra para pasar la siesta, ahora tenés que andar kilómetros para encontrar un árbol y pararte bajo su sombra”, comenta.
Y recuerda las especies de plantas y animales que dejaron de verse en los campos: el quebracho blanco y colorado, el cacuy, el crespín, el zorzal y el oso hormiguero.
El modelo se impone con armas y topadoras
En Santiago del Estero existen 7.108.203 hectáreas de monte nativo, cuyas especies autóctonas son el quebracho colorado, el quebracho blanco, el algarrobo y el vinal. Este bosque conforma la zona que sufrió el mayor desmonte en el país: el Parque Chaqueño, donde se observó el 87 % de la pérdida de bosque nativo a nivel nacional entre 2007 y 2018. Las provincias más afectadas fueron Santiago del Estero (28 %), Salta (21 %), Chaco (14 %) y Formosa (13 %).
Según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, entre 2012 y 2018, la pérdida de bosque nativo en Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero fue de un millón de hectáreas, de las cuales un 28 % corresponden a la modificación de uso de la tierra con fines agropecuarios. En el contexto sudamericano el Parque Chaqueño es el segundo foco de deforestación después del Amazonas.
Los departamentos de Alberdi, Copo, Juan F. Ibarra, Pellegrini y Moreno (norte y este provincial) fueron los más afectados en Santiago del Estero. En el contexto ambiental de la provincia, la deforestación disminuye la capacidad productiva de los suelos por salinización y aumenta la incertidumbre sobre la ocurrencia de inundaciones luego de las lluvias.
Es precisamente en esos departamentos que, luego de las topadoras, crecieron la agricultura y la ganadería extensiva. “Nos han metido en la cabeza que la soja iba a ser la salvación para el país, que iba a dar trabajo a todo el mundo. Pero la realidad es que las familias que vivían en el campo ahora viven en un lotecito de 20 metros por 20. Perdieron sus tierras, no tienen trabajo y viven de la ayuda del Estado. Los únicos que se beneficiaron fueron los grandes empresarios. Y las familias que quedaron en el monte y que siguen produciendo animales tuvieron que disminuir la cantidad de vacas, de cabras y de chanchos porque se los envenenan. Los encargados tienen órdenes de matar los animales de las familias campesinas”, relata Raffaelli.
Los efectos sociosanitarios de esta expansión son múltiples. Virginia Toledo enumera: “Contaminación del agua, enfermedades, violencia”. Y explicita: “Cuando hablamos de apropiación de las tierras, hablamos de armas, de violencia y de muerte”.
Las familias que viven desde hace generaciones en las zonas donde se expandió la frontera agropecuaria no cuentan con papeles que certifiquen su posesión veinteañal (de más de dos décadas) y su consiguiente derecho de propiedad. Esta precaria situación genera conflictos armados entre los grandes empresarios y las familias.
La situación afecta a la mayoría de los 23 departamentos de la provincia. No es el caso de la zona de riego (departamentos Capital, Banda, Robles, Silípica y Río Hondo), donde hubo un proceso de colonización impulsado por el Estado en los 70, y se otorgó a los colonos títulos de propiedad por 20 hectáreas; y de otros casos (departamentos Moreno y Rivadavia) donde los dueños cuentan con papeles que comprueban que compraron las tierras.
Deolinda Carrizo señala: “En Santiago del Estero predominan los conflictos por la tenencia de la tierra y un sistema judicial acorde a la lógica del colonialismo y de los patrones que han querido y pretenden seguir imponiendo su lógica, desconociendo los derechos a la tierra y al territorio de las familias que viven en la ruralidad”.
La integrante del Mocase Vía Campesina comenta que muchos empresarios en los últimos años han recurrido al mecanismo de contratar personas con situaciones problemáticas, de entregar armas y llevarlos a donde pretenden amedrentar a las familias, robando animales y amenazando con armas de fuego.
Historias emblemáticas de la violencia contra los campesinos son las de Sandra Ely Juárez (2010), Cristian Ferreyra (2011) y Miguel Galván (2011), asesinados por defender el territorio del avance del agronegocio. Ferreyra y Galván integraban el Mocase-VC. En ningún caso hubo condena para los empresarios ni los funcionarios que, por acción u omisión, permitieron sus muertes.
En septiembre pasado, familias campesinas del departamento Figueroa (en el este santiagueño) se vieron envueltas en un tiroteo debido al accionar de las empresas y sus intermediarios.
El Pueblo Tonokoté de Santiago del Estero comenzó en 2009 los trámites para el reconocimiento de su propiedad ancestral de los territorios. “Soy nacida y criada en este territorio. Nuestra comunidad es del Pueblo Tonokoté, cuyo nombre ancestral es Yaku Muchuna, que se identifica con la zona de escasez del agua. El Yaku Muchuna es la lengua ancestral de nuestro pueblo y la llevamos a la práctica para que no se pierda”, se presenta Angélica Serrano, camache (líder) de la comunidad tonokoté de San Felipe (departamento Figueroa).
Explica: “Mis abuelos son nacidos y criados en este lugar. Ellos me transmitieron la lengua, la cultura y la identidad. Quiero morir en mi comunidad produciendo y transmitiendo nuestras luchas cotidianas, haciendo tomar conciencia a otros hermanos y hermanas que la tierra donde vivimos es para cuidarla, para resguardarla y para producir en ella”.
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) reconoció a este pueblo unas 10.000 hectáreas. Pero en 2016 la firma Netti ―vinculada al poder político santiagueño― quiso apropiarse de 5.000. “Con un proceso de defensa permanente y organizados como comunidad, logramos sacar las topadoras. Hoy sabemos que está latente la presencia de grandes empresarios en nuestras tierras y por eso seguimos resguardando el territorio”, afirma.
Serrano apunta a las responsabilidades políticas: “Estas empresas vienen avaladas por el Gobierno, que no se sienta a pensar si en esos lugares habrá un asentamiento de pueblos originarios. El año pasado hicimos una marcha por un hermano preso por un conflicto de tierras y el gobierno de Santiago del Estero nos mandó a reprimir. Esa es la respuesta que tenemos: apoyar a las grandes empresas y ser ajeno a los problemas de las organizaciones”.
En 2005 el entonces (y actual) gobernador, Gerardo Zamora, propuso una instancia de diálogo: la Mesa Provincial de Tierras, para abordar los conflictos territoriales. Esta Mesa impulsó la creación de una Mesa Tripartita integrada por representantes del gobierno nacional, por la Jefatura de Gabinete de la provincia y por la propia Mesa Provincial de Tierras. En este ámbito se abrió un registro para las familias poseedoras y un Comité de Emergencia para abordar las problemáticas asociadas a la disputa por la tierra.
Toledo comenta: “La Mesa Provincial de Tierras no se volvió a reunir después de la pandemia. En relación a las fumigaciones, la respuesta dominante viene siendo el discurso de las buenas prácticas agrícolas. Y en cuanto a los conflictos de tierra, la respuesta más recurrente tiene que ver con la presencia policial”.
Luego de treinta años de deforestar para la soja, ahora la disputa es por los llamados bonos verdes. Las empresas presentan proyectos al Gobierno para reforestar y pretenden generar nuevos desalojos para plantar árboles que, denuncian las comunidades, ni siquiera son autóctonos. “Uno los conoce, son los productores que han hecho bolsa el monte y ahora el Estado les da plata para que cuiden el monte. Yo pienso: ¿no es más fácil darle la plata a las comunidades campesinas que cuidan el monte gratis toda la vida?”, se pregunta Raffaelli. Y reflexiona: “Cuando uno mira el mapa de Santiago del Estero ve que donde hay monte es donde hay comunidades originarias o campesinas que toda su vida cuidaron el monte porque entienden que ahí está su vida”.
Soja, maíz, algodón y leña
Santiago del Estero y Chaco son las provincias extra pampeanas con mayor superficie cultivada con cereales y oleaginosas. Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Hacienda, en Santiago, el maíz, el trigo y la soja representan el 83,3 % de la superficie cultivada de la provincia (1,8 millones de hectáreas ubicadas predominantemente en el este provincial). El mayor destino de estos cultivos es la exportación. La producción de cereales se compone, fundamentalmente, por el cultivo de maíz (74,1 % en 2018) y de trigo (22,6 %). La producción de oleaginosas, por su parte, se explica por el cultivo de soja (98 % en 2018). El poroto de soja es procesado fuera de la provincia o exportado como grano.
Los principales destinos del maíz son Vietnam (18,5 %), Argelia (14,1 %) y Egipto (11,2 %). El trigo se destina mayormente a Brasil (52,5 %) y, en menor medida, a Argelia (9,9 %) e Indonesia (6,9 %). El 90,3 % de los porotos de soja se destinan a China. La mayor parte de los productores no son oriundos de Santiago del Estero.
El cultivo del algodón es tradicional en la provincia y se realiza tanto bajo riego como en las zonas secas (de secano). La cadena textil-algodonera comprende el cultivo de algodón, el desmotado para la obtención de la fibra de algodón y la elaboración de textiles y confecciones. Además de la primaria, la etapa más desarrollada de la cadena es la de desmotado, que es el primer eslabón industrial.
En el período 2006-2018, la producción promedio de algodón fue de 222.000 toneladas. En 2018 la producción alcanzó a 395.000 toneladas, lo que implicó una participación de 49 % en el total nacional. Ese año, en la provincia se destinaron 130.080 hectáreas a este cultivo. Geográficamente, se distinguen dos zonas algodoneras: al este, la zona de secano donde se encuentran los grandes productores; y las áreas de regadío del centro y oeste provincial.
La producción es comercializada como algodón (bruto), fibra o semilla. La semilla se destina a la elaboración de aceites o para la siembra. Los residuos se utilizan para la producción de papel y la fibra para la industria textil (mercado interno y externo). La elaboración de hilados, tejidos y confecciones se encuentra presente en las cercanías de la capital provincial.
La mayor parte de la producción de algodón se destina al mercado interno. En el período 2006-2018, las exportaciones explicaron sólo el 8 % del total del algodón producido en la provincia. Pese a esto, en 2018 (último dato disponible) Santiago del Estero aportó el 48 % del algodón exportado por el país. La fibra de algodón fue el principal rubro de exportación. Los principales destinos fueron Indonesia, Paquistán, Vietnam, Turquía y Tailandia.
La producción de carbón es la principal actividad forestal en la provincia, siendo la segunda productora, después de Chaco, con el 25,7 % del total nacional de carbón. La mayor parte de producción se destina a centros urbanos de otras provincias.
En tanto, afirma Escobar, la zona hortícola de la provincia está integrada por los departamentos Banda, Capital, Río Hondo y Silípica (en el centro-oeste). Allí se produce sandía, melón, zapallo, cebolla, zanahoria, hortalizas de hoja y remolacha. En esa región destaca también la producción de alfalfa en establecimientos pequeños (hasta cinco hectáreas) y medianos (hasta 25).
Vacas y cabras
La producción de vacas se hace bajo sistemas de secano, en los que las actividades de cría y recría se realizan mayormente sobre pastizales naturales con monte, aunque también hay pasturas implantadas. Esta actividad se concentra en la zona este por las condiciones climáticas, principalmente en los departamentos Moreno y Alberdi, con una concentración del 30 % del stock de la provincia. La faena se realiza en mayor medida en los departamentos de Robles y Banda, cerca de la capital.
Santiago del Estero cuenta con un stock bovino de 1,6 millones de cabezas, cifra que representa el tres % del total nacional y el 44 % del NOA. Al igual que ocurre con los cultivos, los datos oficiales observan un crecimiento de esta actividad en los últimos años: entre marzo de 2015 y 2019 el rodeo creció un 18 %, superando la media nacional de crecimiento de ese período (5 %).
La actividad ganadera vacuna se caracteriza por una fuerte presencia de pequeños productores, según el Ministerio de Hacienda. El 72 % de los establecimientos tiene menos de 100 cabezas, y en conjunto concentran solo el 11 % del stock.
En cuanto a la actividad caprina, Santiago del Estero representa el 12 % del stock nacional de cabras, posicionándose en el cuarto lugar (luego de Mendoza, Neuquén y Chaco) y en el primero a nivel regional en lo que respecta a cantidad de animales. Sin embargo, entre 2015 y 2019 el stock descendió un 7 %. La provincia posee 3.960 establecimientos (último dato a marzo de 2017), de los cuales el 46 % posee majadas que no superan las 100 cabezas.
La cría para consumo de carne, realizada de forma extensiva, se lleva a cabo en la zona de secano (en el este). Los departamentos que concentran el mayor porcentaje de stock ganadero son Moreno y Alberdi, que conjuntamente representan el 30 % del stock, seguidos de Aguirre y Rivadavia (6 % cada uno). En el departamento Ojo de Agua, al sur provincial, se encuentra el único frigorífico autorizado para faena de cabras. Esta producción se orienta fundamentalmente al mercado interno. Por otro lado, en la zona de riego del río Dulce (que cruza la provincia de norte a sur) se ubica una de las cuencas lecheras caprina más importantes del país.
Sin agua
La cobertura de red pública provincial de agua corriente es del 75,2 %, incluso con departamentos que tienen porcentajes menores (Jiménez 63,4 %; Rivadavia 43,07 % y Juan Ibarra 52,8 %). El dato, proporcionado por el trabajo de investigación de Toledo, muestra que una buena parte de la población requiere bombas para extraer agua de las napas, almacenar agua de lluvia con aljibes y cisternas o acarrear desde alguna vertiente cercana. La situación se vuelve peligrosa para la salud, consigna la autora, si se tiene en cuenta la contaminación del agua por las sustancias utilizadas en la agricultura industrial, que afecta los suelos y las napas de agua.
Karen Díaz es productora avícola de la UTT y vive en Cardón Esquina (departamento Figueroa). Además de dedicarse a la cría de pollos, junto a otras compañeras, elabora dulces, mermeladas, escabeches y productos de cosmética natural con hierbas y plantas medicinales de la zona. Figueroa está ubicado en el este provincial, en la zona seca. En 2011, el actual gobernador Gerardo Zamora inauguró allí el Dique Figueroa, para tratar el problema del acceso al agua. Sin embargo, hoy está prácticamente seco.
“Cuando vamos a Recursos Hídricos no tenemos respuesta. Nos dicen que el agua es desviada hacia otras provincias para el riego de las grandes empresas que producen arroz. El dique está seco prácticamente todo el año. Nosotros recolectamos agua de lluvia en aljibes y cisternas, y con eso tiramos la mayoría de los meses del año, y también buscamos agua en una de las vertientes. Pero ese agua no sirve para beber porque allí beben los animales y algunos, por las altas temperaturas, caen y mueren ahí y ese agua no tiene corriente. Ahí donde mueren los animales queda el agua que traemos a la casa”, relata Díaz.
Escobar contextualiza: “El acceso al agua siempre fue un problema en Santiago”. Y cuestiona que, en un contexto de escasez, hay “prácticamente una privatización”. Ejemplifica: “En la zona de riego, los agricultores pagan una cuota mensual a la Comisión de Riego en función de las hectáreas que tienen declaradas. Para los turnos, tiene prioridad un productor de 500 a 1.000 hectáreas y queda para lo último un productor de cinco hectáreas”.
La productora de San Pedro resume: “El agua es un bien común escaso al que, hasta el día de hoy, no todos los santiagueños podemos acceder. Ni siquiera hablamos de la producción: no podemos acceder para el uso cotidiano, para cocinar y para beber”.
El gobierno santiagueño anunció en febrero del año pasado una reunión con la empresa israelí Mekorot, de cara a un acuerdo para la administración del agua en la provincia. “La noticia nos llegó por los costados, no hay información clara de nada en los diarios”, advierte Escobar. Y con estas palabras afirma lo que también señala Toledo: “Los problemas ambientales ameritan una participación social, derecho a la información y que las comunidades puedan participar en la toma de decisiones, pero no la hay”.
Agrotóxicos
La Ley 6.312, sancionada en 1996, rige el uso de plaguicidas en Santiago del Estero. La norma prohíbe la aplicación aérea a una distancia inferior a 3.000 metros de las zonas urbanas y suburbanas, mientras que la aplicación terrestre queda prohibida dentro del radio de los 500 metros. Pero el decreto reglamentario avala el otorgamiento de excepciones, salvo cuando en las inmediaciones existan centros educativos, de salud, recreativos o habitacionales. Asimismo, en los municipios de Selva (departamento Rivadavia, en el sur) y Bandera Bajada (Figueroa) se avanzó en ordenanzas propias para limitar las aplicaciones.
Selva se ubica en el límite con Santa Fe y, por ser zona fronteriza, se vio ampliamente perjudicada por la expansión de los límites territoriales del agronegocio. Allí vive, desde hace 43 años, Ana María Santiago, que es apicultora y fue una de las impulsoras de la ordenanza que estableció 500 metros de resguardo para las fumigaciones. Sin embargo, hoy siguen fumigando a 20 metros de su casa.
“Acá hay mucha gente con problemas respiratorios, que perdió chiquitos, hay malformaciones, cáncer de cabeza. Hay vecinos que no pueden sembrar porque las tierras ya no son productivas o gente que no puede tener hijos. Y nosotros vemos que las abejas se siguen muriendo. Pero se oculta todo”, denuncia. Y explica que la ordenanza no se cumple y que nadie quiere asumir el cargo de secretario de Ambiente del municipio porque se sabe “la presión que ejercen los agricultores”.
A los desalojos se suma el envenenamiento de la población y el achicamiento de las producciones locales. “Los cambios empezaron con la soja”, subraya Santiago. Y recuerda: “Antes teníamos la floración del senecio, que es la flor amarilla, en agosto-septiembre. Y la abeja empezaba a levantar el polen. Había nabos, entonces cosechábamos polen de nabos. Pero desde que está la soja se terminó con esos yuyos, que para los demás es inservible, pero para la vegetación y para las abejas es importante. De cien kilos que se cosechaba de miel en la zona por mes, ahora si se cosechan 10 o 15 kilos es mucho. Y el que se dedica a la apicultura lo siente”.
El cura Raffaelli coincide. “A pesar de que hay una ley de agrotóxicos en la provincia, nadie la cumple y nadie controla. Hasta hace cinco años el problema fundamental era defender los territorios. Hoy es el tema de las fumigaciones”, lamenta. Mientras tanto, las comunidades se organizaron y hoy tienen protocolos para denunciar las fumigaciones por las redes sociales y ante el Poder Judicial.
Carrizo denuncia además que quienes fumigan “no brindan la información a las comunidades cuando se la solicitan y no entregan las recetas agronómicas”. Trae al presente nombres emblemáticos de mujeres campesinas e indígenas que murieron por la exposición a los agrotóxicos: Valeria Araya, del Pueblo Guaycurú, y Alicia Cisneros, del Pueblo Sanavirón. Araya, quien falleció en 2021, fue una de las voces del Mocase en la resistencia que el movimiento campesino opuso ante los intentos de desalojo de Orlando Canido, dueño de la empresa de bebidas Manaos, en 4.000 hectáreas ubicadas en cercanías de Quimilí (departamento Moreno).
A la memoria, Carrizo le suma la necesidad de la lucha. Añade: “Hay que seguir difundiendo y concientizando sobre las consecuencias de los agrotóxicos para la salud, el ambiente y las generaciones futuras. Y seguir promoviendo la producción agroecológica, el bioinsumo y otras formas que no sean agresivas para nuestra casa común”.
La organización campesina
Santiago del Estero expresa un modelo productivo que los territorios rurales pagan con la expulsión y el saqueo. En este marco, la provincia produjo también una importante movilización campesina e indígena, con diversas organizaciones que la expresan. Hay varios procesos organizativos, como el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (en sus distintas vertientes), la Unión de Trabajadores de la Tierra y las Mesas de Tierra que se autoconvocan en distintos puntos de la provincia.
Raffaeli también celebra que haya “cada vez más” prácticas agroecológicas. Según el Censo Nacional Agropecuario, en toda la provincia hay 146 establecimientos de producción orgánica, 31 que practican la agroecología y ocho que hacen cultivos biodinámicos. El párroco remite a la experiencia de la zona de Jiménez: “Hace como diez años surgió la idea de seguir defendiéndonos y cuidando que no nos maltraten, pero también comenzamos a visibilizar la vida campesina, indígena y afrodescendiente”, rememora.
La clave es producir para defender. Así lo entiende Díaz: “Nuestra forma de proteger el monte es organizarnos por bases en las comunidades y reivindicar los saberes ancestrales para que no se pierdan y no se pierda la producción. La organización le cambió la vida a muchos compañeros que antes hacían trabajo golondrina y hoy se quedan en sus casas a producir”.
Cristina Sánchez vive en Cachico (departamento Jiménez) y hace dos años comenzó, junto a su familia, la fabricación de panificados y café de algarroba que lleva el nombre “Delicias Cashiqueñas”. “Es un emprendimiento que surgió de la familia a través de la iniciativa que nos daba el padre Sergio Raffaelli como una forma de tomar conciencia del valor de las cosas”, cuenta la entrevistada. Y agrega: “Primero compramos la harina de algarroba para probar. Lo veíamos imposible porque no es fácil unirla, es un producto muy especial”. Tiempo después de ese intento, la pequeña empresa familiar fabrica y comercializa alfajores, budines y tortas de algarroba que comercializa, por ejemplo, en las ferias quincenales de las Termas de Río Hondo.
La harina y el café de algarroba se obtiene a partir de la molienda de las vainas que desprende el algarrobo, especie típica del monte santiagueño. “En este tiempo aprendimos que la algarroba es algo sano, que tiene muchas proteínas y vitaminas y a la vez trabajar con algarroba es una forma de cuidar nuestros árboles, nuestros montes”, dice Sánchez. Agrega: “Aquí vivimos rodeados de fincas donde cultivan soja, maíz, poroto y trigo. Y fumigan con mosquitos y avionetas”.
Las vainas aparecen en diciembre y la recolección puede extenderse hasta enero. En la última cosecha, dice Sánchez, levantaron 1.500 kilos de vainas. Las chauchas se muelen completas, no se separan las semillas de las fibras. El resultado que se obtiene se utiliza para hacer los panificados y el café, sin el agregado de ningún conservante.
Para la entrevistada, la experiencia productiva es una muestra concreta de las bondades del bosque nativo: “El monte es nuestra fuente de trabajo, es donde nacimos y donde tenemos libertad. Antes teníamos una vida sana, con nuestros animales libres y hoy los animales mueren cuando fumigan y hay personas con problemas de salud. Uniéndonos como comunidades, más allá de cuidar nuestro pedacito de tierra, también estamos cuidando la casa común”.
Fuentes: Tiempo Argentino, Indymedia Trabajadoras/es, Resumen Latinoamericano, Agencia Tierra Viva
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