Entre las muchas variables que permiten mensurar el nivel de estabilidad institucional, aún dentro de la precaria arquitectura político-representativa burguesa, una de las fundamentales es la independencia entre los tres poderes del Estado y entre éstos y los intereses privados. Podría objetarse que con mayor o menor independencia, la función del Estado es esencialmente la […]
Entre las muchas variables que permiten mensurar el nivel de estabilidad institucional, aún dentro de la precaria arquitectura político-representativa burguesa, una de las fundamentales es la independencia entre los tres poderes del Estado y entre éstos y los intereses privados. Podría objetarse que con mayor o menor independencia, la función del Estado es esencialmente la de garantizar tales intereses y no se alteraría cualitativamente su naturaleza si esos poderes están inficionados por el amiguismo, el nepotismo, el lobbysmo político u otras inclinaciones afectivizadas o corporativas, extrañas -y hasta contrarias- a la racionalización en sentido weberiano, al que aludiré seguidamente. Sin embargo antes prefiero subrayar que no comparto esa posible conclusión por su indiferencia a los matices, su maniqueísmo de brocha gorda. Las imbricaciones amiguistas del poder con los intereses empresariales son, todas ellas, inclinaciones contrarias a la competencia o la libre concurrencia capitalista y en consecuencia a la eficiencia. Son a la vez actos de corrupción que de probarse pueden terminar en juzgados penales, sobre todo si alguna independencia del poder judicial aún pervive. Constituye, en mi sintética opinión, una causa fundamental en el plano político-cultural de la dificultad de emergencia de burguesías nacionales en los países periféricos, tanto como lo son factores materiales tales como la fertilidad del suelo, el latifundio, la privatización de los recursos naturales y la extranjerización imperial de la producción en general o su oligopolización. No lo excluiría en ningún caso, por ejemplo, como problema relevante dentro de una agenda investigativa de las características particulares de cada formación social sudamericana y de sus posibilidades -y limitaciones- de integración y cooperación.
Max Weber en su antología de ensayos «La ética protestante y el espíritu del capitalismo», sitúa a la adquisición del dinero como el valor supremo, transformándose de este modo en un fin en sí mismo, a diferencia de un simple medio. Define entonces a la «racionalidad» (económica) como la manera más adecuada de obtener la máxima magnitud de riqueza, que el autor atribuye a la ética protestante particularmente calvinista, que no se daba entre los católicos, aunque esta serie de trabajos no constituyan un estudio detallado de estas religiones. En cualquier caso, dos son para Weber las características sobresalientes de la racionalidad burguesa ínsita en tal ética: la austeridad (es decir, el mínimo usufructo personal de la riqueza acumulada) y el ascetismo.
Tampoco compartiré las posturas que oponen en este aspecto a Marx y a Weber de forma irreconciliable. Si bien un determinismo cultural como puede ser una ideología religiosa sería inaceptable para Marx, en la sección séptima de su obra «El Capital» se empeñó en señalar que por oposición a la concepción aristocrática de «comerse» todos los réditos (rentas en ciertas traducciones, término que prefiero reservar para cuando se ejerce un monopolio, particularmente de la naturaleza), la ideología burguesa se caracteriza por invertirla para el reclutamiento de nuevos obreros productivos. Su posición también es contraria a la confusión entre producción y atesoramiento, ya que esto último es riqueza acumulada sustraída al consumo, la circulación y la producción, simultáneamente. Aunque influido por el historicismo idealista del sociólogo Sombart, Weber debe mucho a la teoría de la acumulación de Marx, independientemente de su rechazo a la reductibilidad materialista y su intención de incorporar a su análisis una suerte de interrelación entre la economía y la cultura. En este punto, ambos coinciden en que la reinversión de ganancias es en esencia lo que caracteriza al deber cívico burgués.
El reciente proceso de expropiación de las acciones de Repsol por parte del Estado argentino, sobre el que tuve ocasión de opinar el domingo anterior, permitió ejemplificar ciertas aristas de este problema. Además de la propia privatización (que data de dos décadas atrás) resulta sumamente sorprendente el ingreso a la compañía del grupo Petersen comandado por la familia Eskenazi, aparentemente por recomendación y auspicio del ex Presidente Kirchner. Por dos razones específicamente endógenas. La primera es que carecía de experiencia y conocimientos en el negocio petrolero. La segunda y más importante, es que además carecía de los recursos dinerarios para acceder al paquete accionario que pretendía. La solución a estas carencias se resolvió con una ingeniería financiera de créditos varios por más de 3.500 millones de dólares, a ir cancelando con los dividendos de las propias acciones adquiridas, cuya mayor proporción fue aportada por la compañía vendedora, es decir, la propia Repsol. En otras palabras, fue comprada sin un solo peso. No será el único ejemplo histórico en el que la clase política argentina (y el peronismo en particular) exhuma el mito de la burguesía nacional como locomotora del crecimiento y el desarrollo y, al comprobar su inexistencia fáctica, pretende inventarla con algunos amigos. No casualmente fue en Argentina donde se acuñó el término «capitalismo de amigos».
¿Qué interés material, es decir racional en el sentido que lo subrayamos, podría tener una compañía para vender parte de sus acciones sin recibir la totalidad de su valor, financiando ella misma lo entregado con las utilidades, que de igual modo tendría y encima a perpetuidad? No se me ocurre otro que la propia cercanía de su nuevo socio con el poder gubernamental a través de la amistad y el interés manifiesto de la participación de ese grupo para capitalizarlos por otros medios escasamente competititvos. ¿Fue engañada la familia Eskenazi por alguna de las partes? Lo desconozco, aunque sería irrelevante este dato subjetivo. La estrategia funcionó mientras Repsol pudo liderar la empresa y desarrollar una depredación de tipo virreinal de los recursos, distribuyendo utilidades en detrimento de la inversión y en consecuencia de la producción y las reservas. Algo que los gobiernos kirchneristas consintieron no sólo con la renta petrolera sino también con la renta minera y parcialmente con la renta agraria, de forma tal que hasta allí no encontraríamos incoherencias. Y, engañado o no, el grupo Petersen nunca tuvo otra alternativa que acompañar el camino hegemónico de Repsol de maximización rapaz de los beneficios, ya que de lo contrario, no podía cancelar sus compromisos. Por un lado, la empresa española exhibió todas las características que Weber le atribuye a la cultura católica: el interés rentístico, las pretensiones monopólicas, el dispendio de sus propios recursos, y, por último, la hospitalidad para con socios amigos del poder político. Un dato no menor en esta sospecha de su interés por la aproximación al poder político es el hecho divulgado recientemente de que YPF-Repsol contrató como asesor al ex Jefe de Gabinete del gobierno de Néstor Kirchner y de la primerísima etapa de su esposa, Alberto Fernández, con la función de hacer «seguimiento parlamentario» a cambio de un sueldo equivalente al parlamentario, cosa que fue ocultada por el propio beneficiario, inclusive cuando opinó públicamente en contra de la expropiación. El resultado es, de un lado, que el grupo Petersen quedó endeudado en unos 2.800 millones de dólares aunque mantiene un paquete accionario, y el gobierno ya adelantó que en los próximos años el reparto de dividendos será mínimo para priorizar la inversión. Sin un flujo de ingresos por réditos que garantice el pago de esos papeles, lo más probable es que terminen en manos del pool de bancos acreedores, de Repsol, o vaya uno a saber de qué grupo inversor y a qué costo. Del otro lado, el impacto de una épica nacionalizadora con fuertes reminiscencias para el peronismo (y un amigo menos).
Por otra parte, es válido interrogarse si la expropiación del cuasi monopolio rentístico de Repsol inaugura modificaciones en la filosofía política del propio gobierno. Por el momento, la razón para el cambio y consecuente abandono de la familia Eskenazi parece ser tan pragmática como haber llegado a un déficit energético descomunal. Una respuesta definitiva se encontrará una vez que se puedan conocer las políticas que adopte ante el resto de la actividad rentística, otras áreas significativas y sensibles de la economía, y también en materia de comunicación. Por de pronto, en lo que respecta a esto último, acaba de producirse la mayor transferencia de medios de los últimos años hacia un empresario afín al gobierno. El empresario petrolero y del juego Cristóbal López compró la señal de TV C5N, segundo canal de noticias de cable, y cinco radios de Grupo Hadad (Radio 10, la AM de mayor audiencia y las FM Vale, Mega, Pop y TKM), por un monto estimado de unos US$ 40 millones, sumándose de este modo al del grupo Szpolski-Garfunkel que cuenta con la señal CN23 y los principales diarios y revistas oficialistas.
No es infrecuente. Cuando se detenta el poder, amigos y lisonjeros sobran, tanto como las mutuas tentaciones para la retribución de favores y preferencias. El peronismo particularmente ha hecho de la «lealtad» un culto contrario a toda racionalidad. Algo mucho más complejo aún que la propia acepción weberiana.
Emilio Cafassi es Profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires, escritor, ex decano. [email protected]
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.