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Reprime la PFP protesta en el centro histórico; comercios y bancos siguen cerrados

La APPO decide no asistir a la SG y se reagrupa en Santo Domingo

Fuentes: La Jornada

Envalentonado, Ulises Ruiz advierte que no se va y dice que interpondrá una controversia ante la Suprema Corte en contra de los puntos de acuerdo aprobados por las dos cámaras del Congreso

La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) se reagrupó esta tarde en Santo Domingo -donde sobrevoló un helicóptero- y acordó que no asistirá a la Secretaría de Gobernación debido a que la Policía Federal Preventiva (PFP) »ha establecido un estado de excepción y se han suspendido las garantías constitucionales».

Esta tarde, los policías reprimieron con gases lacrimógenos y agua a presión lanzada desde las tanquetas una protesta en el centro histórico, continuaron los cateos en domicilios de Pueblo Nuevo y detuvieron vehículos en la carretera México-Cuacnopalan para revisarlos; su presencia no sólo no ha devuelto la normalidad a esta capital, sino agravó la crisis: casi todos los comercios del centro y calles aledañas están cerrados; los bancos también permanecieron sin dar servicio, por lo que este día no hubo operaciones ni disposición de efectivo en cajeros automáticos.

Cuatro condiciones

»Para tener un diálogo verdadero necesitamos que Gobernación demuestre que en verdad tiene voluntad de hacerlo» y, para ello, la APPO exigió cuatro condiciones: el retiro inmediato »del ejército de ocupación», la salida del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, la libertad de sus »presos políticos» y garantías para la comisión negociadora.

Trascendió inclusive que integrantes de la dirección provisional de la Asamblea Popular, encabezados por Flavio Sosa, se reunieron con Ardelio Vargas Fosado, funcionario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) -uno de los coordinadores del operativo-, para solicitar el retiro de las fuerzas federales, la suspensión de los »ataques» y de los cateos en domicilios particulares, así como la liberación de los presos.

A su vez, ya instalado en la Casa de Gobierno en Santa María Coyotepec -recuperada a balazos por policías y presuntos priístas el viernes-, el gobernador Ulises Ruiz Ortiz confirmó que impugnará los puntos de acuerdo de las dos cámaras del Congreso que le exigieron solicitar renuncia, porque definitivamente no se separará del cargo, y aseguró que la PFP aún no concluye sus operaciones, por lo que en las próximas horas »se recuperarán puntos ocupados».

Aun así, la Federal Preventiva todavía no toma el control completo de la ciudad y sólo se mantiene apostada en el zócalo y en sus principales accesos, donde esta tarde confluyeron tres marchas que salieron del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), de las instalaciones del Canal 9 de televisión y de la colonia La Experimental, donde se encuentra la procuraduría. La caminata, organizada por maestros y colonos de Brenamiel y Pueblo Nuevo, que confluyó en Valerio Trujano y 20 de Noviembre, fue repelida por los policías federales después de que en esa esquina fueron prendidas llantas usadas y el humo afectó a los integrantes del retén.

Del otro lado del zócalo, en los portales, las dirigencias de la sección 22 y de la APPO concluyeron con un mitin la marcha que salió del IEEPO. El vocero de la asamblea, Florentino López Martínez, se encaramó en el cofre de una tanqueta y desde ahí arengó a las miles de personas que llegaron hasta el límite policiaco. »Esta lucha no termina con la intervención policiaca. Queremos decirles que hemos derrotado la política de El Yunque y del fascismo. Si bien ellos hoy ocupan el zócalo, las carreteras están tomadas por nuestro pueblo. Nuestra lucha por lograr un gobierno democrático no es renunciable», expresó.

Ahí, la secretaria de organización de la sección 22, Alma Delia Santiago, encaró a los policías y les soltó: »Nos vamos porque no estamos dispuestos a morir por un canalla asesino». También, el vocero del magisterio oaxaqueño, Daniel Rosas, dijo en entrevista a unos pasos de las tanquetas y los policías armados con lanzagranadas, rifles de asalto y toletes, que la incursión de la PFP pone en riesgo los acuerdos con la Secretaría de Gobernación, así como el eventual inicio del ciclo escolar 2006-2007, para el que -aclaró- todavía no existe fecha.

Un helicóptero de la Federal Preventiva sobrevoló el área y maestros, ciudadanos y simpatizantes de la APPO gritaron: «¡Asesinos, asesinos!»

Una parte de la marcha se dividió, caminó sobre Morelos y se estacionó en la esquina de Alcalá, a cuatro calles de Santo Domingo. Ahí, hombres y mujeres repudiaron la presencia policiaca que les cerraba el paso.

»Policía golpeando y el sancho aprovechando»

Las consignas subieron de tono: »¡Alumno que saca cero, seguro granadero!» y, más aún, les reprocharon su falta de presencia en otras entidades afectadas por el narcotráfico. Ya en un tono más despectivo se burlaron: »Policía golpeando y el sancho aprovechando!»

La tercera marcha, que partió de La Experimental, avanzó por Bustamante, pero antes de llegar a las inmediaciones del zócalo dio un rodeo para arribar directamente a Santo Domingo. Ahí, el vocero de la APPO, Florentino López informó que se reagruparían. No obstante, Flavio Sosa dio a conocer que el movimiento ciudadano se instalaría en ese sitio a partir de este martes, pues aun cuando se tomó la decisión de permanecer desde esta noche, no sólo no había condiciones logísticas, sino buscaron evitar una agresión armada de los «sicarios».

La entrada de la Policía Federal Preventiva dio pie a que agentes ministeriales se pasearan por calles céntricas en motocicleta y a que entre la gente que se acercó al zócalo se confundieran no sólo las brigadas de seguridad de la APPO, sino también golpeadores. Como no había ocurrido en los cinco meses y medio del movimiento, grupos de porros realizaron destrozos en comercios de la Plaza del Valle.

Cerca de las 10 de la noche, policías federales preventivos y miembros de la Agencia Federal de Investigación (AFI) retiraron la barricada que vecinos habían restablecido en la calle Símbolos Patrios, derribada el domingo.

Por la tarde, en un comunicado, Ulises Ruiz anunció que interpondrá una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de los puntos de acuerdo aprobados durante la mañana por las dos cámaras del Congreso de la Unión, porque, alegó, el Poder Legislativo no tiene facultad para «emitir este tipo de llamados, que violentan la soberanía del estado».

La posición de los legisladores, señaló el boletín, »en nada abona a la resolución del conflicto, sobre todo cuando hay una mesa de negociaciones en la Secretaría de Gobernación». Más aún: aseguró que la resolución de las dos cámaras «tiene tintes partidistas», porque los legisladores que lo votaron «no tienen conocimiento de lo sucedido en Oaxaca (y) responde más a lo que buscan los partidos políticos».

Aun así ofreció a la APPO buscar acuerdos para dar fin al conflicto político y social. «Tengo la mano abierta, reconozco el grado de crispación de algunos grupos ante las medidas que ha tenido que asumir el gobierno del estado, pero todo es superable; lo importante es el fortalecimiento del estado de derecho», sostuvo.

Por la noche, en conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, insistió en que permanecerá en el cargo, sobre todo porque la Cámara de Senadores declaró que no ha lugar a declarar la desaparición de poderes. Y en esa resolución, dijo, «ni la APPO ni el gobierno fuimos responsables. Demos, en cambio, paso a la mesa de Gobernación, donde hay un avance que no ha sido infructuoso».

-¿Definitivamente no renuncia?

-No.

En tanto, contrariamente a la posición de la Conferencia del Episcopado Mexicano, más de 50 sacerdotes de la arquidiócesis de Oaxaca y de las diócesis de Puerto Escondido y Tehuantepec, así como de la prelatura de Huautla de Jiménez, solicitaron en una carta al presidente Vicente Fox el cese de la represión.

«No hay justificación ética o moral, menos aún legitimación religiosa posible ante el horror que hemos vivido. Frente a una orden humana de matar está la ley de Dios, que dice no matarás», señalaron.

Los religiosos advirtieron que las instituciones del gobierno federal propician «las condiciones para movimientos sociales de mayor magnitud, no sólo en el estado, sino en otros lugares del país».

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