Se dieron a conocer los resultados del relevamiento realizado por el espacio de resistencia al código de faltas [1]. El objetivo de la investigación fue analizar cómo se aplica el Código de Faltas de la provincia de Córdoba y en especial las figuras de Merodeo (Art 98), Negativa u Omisión de identificarse (Art. 79) y […]
Se dieron a conocer los resultados del relevamiento realizado por el espacio de resistencia al código de faltas [1]. El objetivo de la investigación fue analizar cómo se aplica el Código de Faltas de la provincia de Córdoba y en especial las figuras de Merodeo (Art 98), Negativa u Omisión de identificarse (Art. 79) y Posesión Injustificada de llaves alteradas o ganzúas (Art.97), en jóvenes varones de 18-25 años, desde la perspectiva de los jóvenes detenidos. Para ello se realizaron encuestas, entre los meses de febrero y julio de este año, a los jóvenes residentes en nueve barrios [2] de diferentes niveles de ingresos en la ciudad de Córdoba.
Los resultados muestran que el 67,1% de los jóvenes encuestados en barrios de bajos ingresos fue detenido por aplicación del CDF. Mientras que sólo el 22,5% y 29,2% de los jóvenes encuestados en barrios de altos y medios ingresos respectivamente fue detenido por CDF.
El 75% de casos donde la cantidad de detenciones realizadas a la misma persona, en un periodo máximo que como máximo es de siete años (18 a 25 años), se corresponde a jóvenes pertenecientes a los barrios de bajos ingresos. Esto supone una práctica sistemática que se direcciona a este sector de la sociedad. Mientras que el máximo de las detenciones en barrios de altos ingresos asciende a 10 en los barrios de bajos ingresos el máximo llega a 30 detenciones.
Del total de encuestados detenidos por aplicación del CDF el 70,5%, lo fue por aplicación de las figuras de merodeo, negativa u omisión de identificarse o posesión injustificada de llaves alteradas o de ganzúas. En consecuencia las tres normas analizadas son herramientas «legalmente formales» que habilitan a las agencias ejecutivas del Estado a proceder de manera discriminatoria (ver informe completo: http://es.scribd.com/doc/
El 68,1% de los detenidos por aplicación de las tres figuras pertenecen a barrios de nivel de ingresos bajos, mientras que sólo el 19,4% se corresponde al nivel de ingresos medio y un 12, 5 % a barrios de nivel de ingresos altos. Dentro del total de encuestados un 3,4% del total de detenidos por aplicación del CDF no conoce la infracción por la que fue detenido.
La pregunta que realiza la policía al momento de la detención es el barrio de pertenencia del joven (34,6%), también indagan sobre la ocupación, los antecedentes penales y hasta sobre la ocupación de los padres de los jóvenes. En el 11, 7% de los casos la policía no pregunto nada y procedió a privar de libertad por aplicación de alguna de las tres contravenciones mencionadas.
En cuanto a cómo la estigmatización va modificando la autopercepción de los jóvenes detenidos por alguna de las tres figuras el 77,7 % de los detenidos por algunas de las figuras señalaron como relevante algún aspecto de la vestimenta en la detención. en 33,3% el atributo se refiere al uso de gorra o capucha.
Otro dato relevantes es que en el 12% de los casos el joven al momento de la detención estaba inmóvil en un espacio físico esperando el colectivo, sentado en la vereda de su casa o en un espacio público. En el resto de los casos se encontraban realizando alguna actividad legal y valorada socialmente como ir al colegio, al médico, al trabajo. La cotidianeidad con que estos jóvenes son detenidos afecta los vínculos que surgen a partir de estas actividades. Se podría afirmar que la posibilidad de ser detenido por CDF desalienta determinados cursos de acción que son socialmente valiosos.
La discriminación excede el momento de la detención. El nivel de ingreso del barrio al que pertenece el joven es determinante en cuanto a la accesibilidad a las garantías constitucionales durante la detención. Los maltratos son más frecuentes para los jóvenes de barrios de bajos ingresos. La duración de la detención es mayor en el caso de jóvenes de estos barrios llegando a 180 días mientras que el máximo expresado por jóvenes de barrios de altos ingresos es de 2 días. Lo mismo ocurre con la incomunicación y el acceso a la asistencia legal técnica.
El camino que queda por recorrer es darle un uso estratégico a esta información. Pensar nuevas formas de enfrentar la problemática de la represión selectiva a la que se ven expuestos los jóvenes cordobeses es un esfuerzo que la realidad nos demanda.
Notas:
[1] Hacia fines del 2009 y durante todo el 2010 se conformó un espacio común entre estudiantes de distintas carreras de la Universidad Nacional y la Universidad Católica. Este espacio se concentró alrededor de un problema que sentimos cada vez más arraigado en la cotidianeidad cordobesa: El Código de Faltas y la constante represión policial que suscita. Equipo Responsable de Investigación: Virgina Bolatti (UCC), Romina Frontalini Rekers (UNC), Sergio Job (UNC), Ramiro Moyano (UNC), Santiago Truccone Borgogno (UNC). Equipo de Investigación: Ercilia Adén, Jorgelina Soledad Amas, Marcos Broglio, Araní Cáceres, Antonella Cialabrini, Daniela Claveles, Sol de la Mer, Andrés De María, Víctor Santiago Gamboa, Noelia Feldman, Nicolás Pesá, María José Mendiburu, Yesica Santos, Romina Vázquez.
[2] Cerro Las Rosas, Maipú, Suárez, Urca, Parque Vélez Sarsfield, Villa Libertador, General Paz, Los Naranjos, Renacimiento.
Ramiro Moyano es estudiante de derecho en la UNC y miembro del equipo responsable del proyecto de cooperación internacional «Promoción de DDHH en materia de Código de Faltas»
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