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La Argentina de Macri en crisis: barranca abajo

Fuentes: Rebelión

El gobierno argentino de Mauricio Macri y las principales corporaciones económicas asentadas en el país, a diferencia de los procesos constitucionales que se caracterizan por tener planes políticos, actúa en función de un plan de negocios -favorable a esos grupos- y opera públicamente en base a un guión de comunicación y expresión simbólica, con el […]

El gobierno argentino de Mauricio Macri y las principales corporaciones económicas asentadas en el país, a diferencia de los procesos constitucionales que se caracterizan por tener planes políticos, actúa en función de un plan de negocios -favorable a esos grupos- y opera públicamente en base a un guión de comunicación y expresión simbólica, con el que relata situaciones inexistentes, sin anclajes concretos en la coyuntura.

En medio de su primera crisis político-económica profunda y multideterminada, sus principales funcionarios la niegan, a pesar de que los más despiertos o los menos implicados en enriquecimientos irregulares o atesoramiento de sus fortunas en guaridas fiscales ya

escuchan los primeros crujidos de una alianza construida en función de un enemigo a derrotar y no de una propuesta de gobierno y avizoran las -para ellos preocupantes- primeras imágenes de un futuro con posibilidades de retorno del «monstruo populista» que les horroriza.

¿Halley o Titanic?

No importa si se utiliza la definición de crisis del diccionario de la Real Academia o se recurre al concepto griego de krísis; en cualquier caso se está frente a un «cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación», a «algo que se rompe», aunque el macrismo lo niegue o intente taparlo con un discurso que, por primera vez en dos años, le resulta insuficiente y comienza a enervar a distintos grupos de ciudadanos. Los estudios cualitativos de opinión, bien analizados, avizoran que mentiras como el crecimiento de puestos de trabajo, anuncios de inflación muy por debajo de lo que sufren vecinas y vecinos de a pie, falsas «compras por internet» que vacían a cada vez más comercios, empiezan a hartar a los propios votantes del PRO, en un fenómeno semejante a la fatiga provocada por las «cadenas nacionales» de Cristina Kirchner.

Concurren distintos factores al diseño de la actual coyuntura, la más negativa para el gobierno que instaló sus reales y sus empresas en la Casa Rosada el 10 de diciembre de 2015. A lo incontrolable de las variables económicas se sumaron problemas de índole política.

El coctel que apareció con furia en los últimas dos semanas incluye la incapacidad gubernamental para controlar la inflación por más que se la maquille, corrida bancaria todavía en curso, puja entre distintos sectores económicos, diferencias en el gabinete, denuncias reiteradas y en sede judicial contra muchos funcionarios de alto nivel, diferencias dentro de la alianza gobernante, aumento de la protesta socio-gremial, crecimiento del malhumor social, acercamiento entre distintos sectores opositores e indicios de que el tiempo de responsabilizar al gobierno anterior por las penurias actuales empezó a perder peso en el pensamiento colectivo.

· Incapacidad para controlar la inflación, un elemento que, para Macri y sus cuadros, es una variable determinante en sí misma y no un síntoma de la correlación de fuerzas entre sectores en pugna. Por lo demás, algo sencillo de controlar ya que, según lo expresó días antes de llegar a la Rosada, «es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi gobierno la inflación no va a ser un tema». Dos años después la inflación sumó un 76% y se calcula un fin de año con otro 25%, guarismos que lo condenan a la enfrentarse con su propia «incapacidad para gobernar».

· Corrida bancaria, aún en curso y desarrollada por los especuladores alentados desde la cima del poder, que convirtieron dólares en Letras del Tesoro (Lebac), retomaron su capital con los jugosos intereses que ofrece el Banco Central y desataron una ola de compras a precio vil que hizo escalar la moneda estadounidense por encima de los $21 pesos el viernes 27 de abril, orillar los 22 el lunes 2 de mayo y superar los $23 el jueves 3, para cerrar a 21,52 al día siguiente, con un alza del 13,4% en solo 96 horas. Desde marzo el Banco Central perdió u$s 7.700 millones de sus reservas, además de hacer escalar cinco veces su tasa de referencia en otros tantos días hábiles, hasta remontarla al 40% anual, lo que en el mercado de créditos para pequeñas y medianas producciones, comercios y familias de menores recursos llevará los intereses hasta 100% y más a doce meses.

A diferencia de las corridas lanzadas contra las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner, la actual no tiene carácter «destituyente», ya que ni apuntan a la caída del gobierno de la alianza Cambiemos ni a correr los ejes estratégicos de sus políticas, sino al aumento dela rentabilidad de los diferentes sectores representados en el Ejecutivo nacional, vía precios, recortes y profundización del ajuste. Constituye una corrida contra el Banco Central que se puede llevar puesto a medio gabinete y, como siempre, a la economía real, en la que mal vive o sobrevive más del 50% de los argentinos.

– UNA DE PIRATAS. Un dato grave fue que el primero en huir de la bicicleta de letras ofrecida por el gobierno haya sido el JP Morgan (u$s 678 millones en solo dos días), primer banco de Estados Unidos y líder mundial en inversiones bancarias, servicios financieros e inversiones privadas, además de alma mater de miembros del gabinete nacional, empezando por alguien poco conocido como Vladimir Werning, director ejecutivo para América latina de ese gigante financiero hasta un día antes de sumarse a la administración Macri como jefe de asesores del entonces ministro de Hacienda y Finanzas, también pupilo de los Morgan, Alfonso Prat Gay.

El economista es el verdadero artífice de las políticas económicas desarrolladas a partir del 28 de diciembre de 2017, cuando Marcos Peña Braun -guionado por él- anunció que la meta de inflación subiría al 15% en 2018, lo que permitiría bajar la tasa de interés al Central. El descalabro estaba en marcha.

Funcionarios como el ministro de Hacienda, Luis Caputo o su secretario de Finanzas, Santiago Bausili, quien percibió un bono del Deutsche Bank en 2016 y 2017 mientras se desempeñaba como funcionario público, también abrevaron en las mismas aguas del Morgan.

Esa banca, casi «naturalmente», terminó constituyéndose en el principal colocador de bonos de deuda Argentina entre los cuatro coordinadores globales de la operación, con 4.000 de los u$s 16.500 millones destinados al pago a los fondos buitre. También prestó a Macri parte de los u$s 5.000 millones iniciales de la banca internacional destinada a «reforzar reservas» a poco de que asumiese la Presidencia del país.

Los ministros Nicolás Dujovne y Luis Caputo son dos de los funcionarios con mayor cantidad de recursos desviados a las guaridas fiscales,denunciados por incompatibilidades y evasiones; sin embargo y con cara de póker, desde los noticieros televisivos de la mañana del 4 de mayo le hablaron a los mercados, aprovecharon para trasladar responsabilidades desde «la pesada herencia» a «la oposición» y confirmaron la meta inflacionaria de 15% anual, guarismo que será superado antes de cumplir la mitad de ese período.

Minutos después, el JP Morgan los desmintió sin consideración hacia el pasado compartido y evaluó que, como consecuencia de la salida de capitales producida en la última semana, se avizora un «peso más débil y una inflación más alta», con $24 para el billete estadounidense, que se trasladará a precios y una inflación de 22%.

· Puja de sectores, entre dedicados a la siembra/acumulación/exportación de productos primarios, a las industrias extractivas o a las finanzas y los vinculados a la producción industrial, más ligados a un mercado interno, destruido por importación indiscriminada, inflación, tarifazos y pérdida del poder adquisitivo de sus potenciales «clientes», los trabajadores formales e informales.

Estas diferencias tienen el agravante del interés de cada sector sobre el valor del peso, con unos que pretenden que haya una evolución devaluatoria gradual, con control del Banco Central y otros que pretenden un ascensor que lo libere hasta los $30 antes de fin de año, como ya le planteó a los asesores más directos de Macri el funcionario de la última dictadura y de la Alianza del estallido de 2001, Domingo F Cavallo.

La baja interanual de la venta de soja, por ejemplo, presentada por el gobierno y sus medios como resultante de los factores «climáticos», en realidad tiene más relación con la retención de la cosecha en silobolsaspor parte de los productores agropecuarios, sobre todo a la espera de las subas del dólar. El cálculo teórico del valor del billete verde, en función de la correlación entre emisión, reserva y deuda externa, trepa hasta los siderales $38. Desde ese guarismo, los sectores relacionados con el producto, aspiran a una trepada que, aunque no llegue a esas nubes, sea muy superior a la reciente.

· Diferencias en el gabinete, con visualización de las mismas a través de la filtración hacia los medios por parte de los distintos referentes, hecho que llevó a Marcos Peña Braun a preparar «una campaña para eliminar el off the record» por considerar que los periodistas «lo usan para hacernos decir cualquier cosa».

Esas diferencias nacen en los intereses de las corporaciones a las que representan -desde la Shell hasta la gran banca internacional, pasando por La Anónima S.A. y los complejos agroexportadores- y cobran fuerza los roces y malestares que generan la exposición pública de las denuncias contra las principales figuras del elenco presidencial, en particular entre quienes en los paraísos offshore y pretenden salvar sus apariencias más tecnocráticas y menos gerenciales.

· Discrepancias intra alianza gobernante, que ya involucran a funcionarios orgánicos del radicalismo, que van más allá de las posturas de divergencia de oportunidad -con inmediata «corrección» y eximición de responsabilidades presidenciales- que caracterizan a la diputada nacional Elisa Carrió.

El titular de la UCR Y gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, le pidió a Macri, de modo directo, que releve al ministro Aranguren, no solo por el volumen de los aumentos de tarifa dispuestos desde el inicio del mandato de Cambiemos sino, además, por considerar que su política energética «fracasó».

Más grave aún, por primera vez se registraron reclamos de recambios en el gabinete, que incluyen la remoción de Marcos Peña.

· Denuncias reiteradas y en sede judicial contra los funcionarios más importantes, sobre todo del área económica, desde el propio Macri hasta el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, atravesando figuras como las de sus colegas de Finanzas, Luis Caputo, o de Hacienda, Nicolás Dujovne, entre decenas de altos jerarcas del Estado con causas abiertas en sede judicial (Panamá Papers, Paradise Papers, incompatibilidades con sus funciones, beneficios para Shell, Odebrecht, IECSA, Correo Argentino… y un largo etcétera).

Esa «grieta» interna se agrava a partir de que el discurso de quienes reclaman inversiones para la Argentina, son los que tienen sus fondos depositados fuera del país, eludiendo impuestos nacionales, debilitando las reservas y, muchas veces, a partir de recursos obtenidos a través de hechos delictivos como evasión, contrabando, sobreprecios y fuga ilegal de divisas.

Los hechos se potencian cuando se realizan los cálculos de los grupos beneficiarios de, por ejemplo, los aumentos de tarifas y aparecen Nicky Caputo (Central Puerto) -hermano del ministro de Finanzas- y el amigo presidencial y socio del inglés Joe, Marcelo Mindlin, accionista visible de Pampa Energía, que ganaron en conjunto $9.076 millones en 2017, a razón de un millón de pesos por hora diarios a los largo de 365 días.

COLOR DE HORMIGA

En pocas semanas, cuando el frío recrudezca y las facturas de gas y electricidad que se usan para dar calor a los hogares y oficinas y para sectores de la producción fabril y se multipliquen la cantidad de usuarios sin capacidad de pago, la tensión llegará a su punto de máxima tensión.

Los resortes sociales que dispare la suma de falta de alimentos e imposibilidad de calefaccionar hogares y hasta de producir, sobre todo de pequeñas y medianas empresas, son imprevisibles. Sin embargo, el grado de organización social y gremial y la experiencia en movilización popular, espontánea o planificada, permiten vislumbrar una coyuntura aún más compleja para la que el gobierno no se prepara, ni con políticas de contención ni redistributivas, nacionales y productivas, sino con la compra de equipamiento militar para las fuerzas de «seguridad» que comanda Patricia Bullrich.

Con tarifas con alzas de 1000%, paritarias aplastadas en el 15% y nuevos recortes presupuestarios regresivos, los hechos que produce el conjunto diverso de sectores opositores complican más el panorama para el gobierno:

· Aumento de la protesta socio gremial, con el primer trimestre del año convertido en el más conflictivo desde 2009, a partir de 40% más de cortes de calles y rutas con relación a 2017. La disminución de 11 puntos del poder de compra de la Asignación Universal por Hijo (AUH) desde la asunción de Macri y la reducción del apoyo presupuestario a los proyectos de la economía social, popular y solidaria se sumaron a la caída del poder adquisitivo de los salarios, la pérdida de trabajo formal y el peso específico de los servicios que saltó del 6% de la composición global del ingreso en los sectores empobrecidos al término del mandato de Cristina Fernández de Kirchner al actual 24%. Datos previos al nuevo ajuste con quita presupuestaria de $30.000 millones que iban a destinarse a la obra pública, y a los aumentos de tarifas del segundo semestre.

En el mismo período, el monotributismo creció del 8 al 55% de la población «empleada» y es presentado por el gobierno como descenso de la desocupación, cuando en realidad constituye pérdida de derechos, inestabilidad, menos salario y disminución del trabajo «calificado» del 28 al 14%.

Estos hechos, causados por la política económica y laboral oficial, además de impulsar la protesta callejera, producen una movilización gremial interna -en muchos casos poco visible- que empuja un recambio generacional en las conducciones gremiales, mayor peso de las expresiones de izquierda yaumento delaimportancia de las regionales de la CGT, un cóctel con posibilidad de imponer condiciones a las conducciones dialoguistas con la Casa Rosada, tolerantes de políticas de reformas laborales y previsionales regresivas y perjudiciales para trabajadores y jubilados que se impulsan desde allí.

· Mal humor social, que también se refleja en las mediciones que realizan propios y extraños, con distintas excusas pero siempre mirando el devenir de las voluntades relacionadas con los comicios presidenciales del año próximo.

El gobierno atraviesa su peor momento también en este plano, con una imagen presidencial negativa cada vez más pronunciada hasta llegar de 10 o 15 puntos por debajo de la positiva -según la consultora a la que se acuda-, a partir de una caída de 10 puntos en tres meses, lo que llevó a los «timbreros» del PRO a enfrentar respuestas airadas de vecinos antes agradados por la llegada de «chicas y chicos» del gobierno, al punto de poner esa técnica de falso acercamiento popular al borde del «ring raje» partidario.

Estos hechos incluso se expresan en el fastidio expresado en el interior bonaerense y abarcan hasta a los distritos de las figuras más sólidas del PRO, como Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, a partir de mediciones realizadas incluso antes de las recientes inundaciones del conurbano, semejantes a aquellas de la que se valió la gobernadora bonaerense, calzada en botitas recién estrenadas, para atacar a su antecesor y por entonces precandidato presidencial, Daniel Scioli.

La potencia de las circunstancias permeó incluso la protección mediática de la gozan Macri y los suyos y las principales plumas del Grupo Clarín, al igual que los analistas de mayor peso de La Nación, llevan varias semanas filtrando las realidades que preocupan a Peña Braun.

Así como los indicadores económicos, sanitarios y sociales se desbarrancan mensualmente; el gobierno soporta un trimestre de valoraciones negativas sobre su gestión, más del 59% se expresa en contra de sus acciones; el 60% de los consultados afirman que sus recursos «no les alcanzan» y que está peor que hace 2 años y un 40% asegura que «va a estar peor». Las expectativas de 6 de cada 10 interpelados son negativas sobre la economía.

Los comunicadores que abrevan en los estudios del oficialismo y sus servicios de inteligencia ya reconocen que «aproximadamente 48% -casi la mitad de los encuestados-, cree que el Gobierno ha perdido la oportunidad para resolver los problemas que tiene entre manos», porque «ya fracasó», contra el 30% que lo decía durante la previa a las elecciones del año pasado; del mismo modo quienes creen que, «con tiempo», el Gobierno podrá resolver los problemas, bajó de 45% al 35%.

La revista Forbes, un referente mundial para los decisores internacionales, expresó lo mismo con la frase «Es hora de irse de Argentina y salir corriendo», mucho más dura que la edulcorada expresión publicada por los medios nacionales con el relativo «Puede que sea momento de salir de la Argentina».

El peor de los datos para Macri, Durán Barba, Peña Braun y su Unidad de Opinión Pública -creada para darle «seguimiento» a la misma y «conocer las demandas de la población»- es que, tras dos años y cinco meses, por primera vez las encuestas indican que el Presidente perdería por entre 7 y 10 puntos cualquier ballotage posible en 2019 .

· Acercamiento entre distintos sectores opositores, en principio de carácter parlamentario, que abarca al «panperonismo» e incluye hasta a expresiones de izquierda. Los acuerdos legislativos son empujados por el espanto que provoca la gravedad de la situación -una coyuntura que se apoya en un endeudamiento solo posible por la bajísima relación entre deuda externa y PBI heredada de los gobiernos kirchneristas-, con descontrol cambiario, déficit fiscal acelerado y desbalance comercial, destrucción de la producción nacional, aumento de la indigencia y la pobreza en los cordones poblacionales de las principales ciudades del país y tarifazos imposibles de afrontar, como el 1490% de la electricidad, el 1297% del gas, los 996 de agua corriente o los 677% para los peajes, en los últimos dos años.

Observatorio de Políticas Públicas; UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA. Marzo 2018

Esos guarismos obligan a los argentinos a destinar un promedio del 19% del salario mínimo ($ 9.500), que sube al 21% de los ingresos de sectores vulnerables y no guardan proporción con el nivel salarial de la mayoría de la población, al punto que el propio gobierno, condimentó el sainete del pago de las facturas en cuotas cargadas de intereses, con una falsa propuesta de disminución o eliminación de impuestos o tasas provinciales o municipales que, en realidad, no se estaban recaudando.

Los usuarios también contrastan los perjuicios que les causa esa catarata de cifras con los números de las ganancias de las empresas distribuidoras, como la transferencia en dos años de $ 21.000 millones dese los consumidores hacia las compañías de gas.

Opositores de distinto pelaje, en consonancia con las expresiones callejeras de protesta, decidieron votar en conjunto contra las propuestas del oficialismo, impusieron sus criterios consensuados y consiguieron dictamen para tratar en el recinto el freno a las medidas abusivas, con buenas perspectivas de imponerse en el pleno, lo que pondrá a Mauricio Macri entre la espada del veto más impopular de toda su carrera de obstructor de decisiones parlamentarias y la pared de su propio plan de negocios, que ya obtuvo sus dividendos y al que los mandantes le pusieron fecha de salida, como hizo el JP Morgan. 

Nada ni nadie dice que esas decisiones acercan el momento de un acuerdo multipartidario y multisectorial capaz de poner fin a la rapiña, el dislate, la destrucción de la producción, delos más pequeños bienestares y hasta del pan de cada día de argentinas y argentinos. Sin embargo, es un primer paso en la puesta de límites a los gobernantes.

«Me gustaba más como nos robaba el gobierno anterior»

Durante largos meses la administración Macri gozó de las expectativas de «cambio» despertadas en un porcentaje importante de la población, del blindaje mediático que soportaba la versión oficial del supuesto daño causado por «la pesada herencia» kirchnerista y del desfile judicial de distintos funcionarios del gobierno anterior acusados de una corrupción de la que nunca se supo quiénes fueron sus corruptores o, directamente, con la que no tuvieron que ver.

Así surgió el uso de Cristina Kirchner como el espantapájaros del pasado que ahuyentaba a los pajarracos del presente.

El tiempo pasa. Cambiemos está más cerca de irse que del comienzo de su mandato, la situación es ostensiblemente peor que la del pasado reciente, impericias en la gestión y corrupciones peores que las denunciadas por parte de sus funcionarios, hicieron que gritos como el del jefe del bloque de diputados del FpV, Agustín Rossi, recordándoles que «¡Tienen un gobierno que está más sucio que los baños de Retiro!» y un presidente «contrabandista», ya no suenen en el desierto.

Si se cumplen las predicciones de los propios grupos financieros que comandan a los funcionarios que toman las decisiones que arrastran a los argentinos hacia peores días, más pobreza e indigencia masiva, el malestar social puede empezar a convertirse en los cambios electorales de mañana.

Carlos A. Villalba. Periodista y psicólogo. Investigador argentino asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.