Un fiscal con decisión y apego a la ley. Dos artículos en Página/12 a modo de denuncia. Indignación extendida en redes sociales y algún que otro rebote mediático. No mucho más. El silencio entre los empresarios del sector fue casi absoluto. La invisibilidad a la que sometió el tema el grueso de la corporación mediática, […]
Un fiscal con decisión y apego a la ley. Dos artículos en Página/12 a modo de denuncia. Indignación extendida en redes sociales y algún que otro rebote mediático. No mucho más. El silencio entre los empresarios del sector fue casi absoluto. La invisibilidad a la que sometió el tema el grueso de la corporación mediática, preocupante. Más aún si se tiene en cuenta la gravedad de los hechos que se investigan y la naturaleza de los delitos que se presumen. Entre ellos, reducción a la servidumbre y trata de personas. La importancia de las empresas en cuestión explica, en parte, que así sea. Pero no la agota. Una trama compleja de intereses más allá de los límites del sector aparece como la otra pata posible.
Es cierto, se sabe hace tiempo que las condiciones de trabajo en el medio rural distan bastante de ser las mejores. Y se sabe, también, que buena parte de los nuevos empleos que genera el sector son de baja calidad. Pero la crudeza de las imágenes que mostró Página/12 en los días pasados y de estas otras que muestra ahora Debate rompe, de alguna manera, con la opacidad sobre el tema y cierta naturalización del fenómeno. Ahí están los peones golondrinas, trabajando durante jornadas extenuantes y viviendo en condiciones inhumanas. Ahí están, impedidos de disponer de su tiempo y sin la posibilidad de ejercer derechos elementales. Imágenes actuales, de estos días, que parecen rémoras inesperadas que muestran el lado menos conocido del moderno campo argentino.
Horacio Verbitsky dio a conocer la primera denuncia el domingo 2. Describió con lujo de detalles cómo había sido el procedimiento del responsable de la Unidad Fiscal de Investigaciones Nº 6 de San Nicolás, Rubén Darío Giagnorio. Y, sobre todo, las irregularidades encontradas en la Estancia El Algarrobo, en el paraje Beladrich, de San Pedro. Allí, según Verbitsky, la empresa multinacional Nidera explota el trabajo esclavo de adultos y niños traídos (130 en total) desde distintas provincias del norte argentino, a los que se les ofrecía, a cambio de su fuerza de trabajo, alojamiento en trailer de chapas y una remuneración no convenida de antemano y que quedaba sujeta a la arbitrariedad de los responsables del predio. De hecho, se está investigando si es cierto lo que trascendió en el lugar: que Nidera les hacía saber que si algún integrante de la cuadrilla de trabajo abandonaba el lugar por alguna causa, serían devueltos a sus lugares de origen sin pago.
El segundo caso lo hizo público el mismo diario, el miércoles 3. La denuncia era ahora contra la firma Southern Seeds Production, de nombre anglosajón pero capitales argentinos. La Estancia, en esta ocasión, era La Luisa, pero el partido bonaerense el mismo. Lo que difería era la cantidad de peones (69), que moraban hacinados, como las fotografías lo ilustran, bajo un precario toldo, en condiciones de insalubridad alarmantes y presumiblemente reducidos a la servidumbre. Dos casos que sirven de muestra y, según intenta comprobarse, estaría dando cuenta de una red aceitada que recluta trabajadores y un sistema, donde operan varias empresas, lindante con lo ilegal (o ya cruzando esa frontera), que opera para varias de las empresas de semillas más importantes del país.
Más que informal
El sistema laboral en el campo argentino estuvo siempre lejos de formar parte de los tipos ideales de relación capitalista. De hecho, la impronta clientelar-paternalista (de sumisión y fidelidad personal, en muchos casos) fue una constante desde la época misma del «granero del mundo». La regulación más avanzada fue la sanción, en 1944, en los albores del primer peronismo, del Estatuto del Peón, una normativa blasfémica para los parámetros acostumbrados, que atenuó las características más retrógradas del sistema. Por ejemplo, establecía por primera vez la obligatoriedad de pactar salarios mínimos, la exótica impostura del descanso dominical y vacaciones pagas, y la pertinencia de mejores condiciones de abrigo, espacio e higiene en los reductos que servían de conchabo.
«Este Estatuto no hará más que sembrar el germen del desorden social al inculcar en la gente de limitada cultura aspiraciones ilimitadas (…) pretende colocar al jornalero sobre el mismo patrón en comodidades y remuneraciones», señaló la Sociedad Rural, por entonces, y terció para dejar sin efecto esa legislación. Pudo lograrlo recién en 1980, cuando la última dictadura militar dejó sin efecto aquella reglamentación y firmó el decreto-ley 24.248, que todavía rige la actividad. Claro, dejando de lado buena parte de las conquistas alcanzadas.
El tipo de agricultura que generó el modelo de agronegocios (con la tríada siembra directa, glifosato y semillas transgénicas), más intensiva en tecnología y capital, trajo un retroceso del trabajo manual en términos cuantitativos. Pero eso no fue acompañado por mejores condiciones de los empleos existentes. Aun con rentabilidad sectorial récord y competitividad creciente. Más bien por el contrario: los bajos costos laborales rurales constituyen una fuente de ingresos extraordinarios del sector. Según datos dados a conocer por la AFIP en las últimas semanas, por ejemplo, el salario promedio en el sector equivale a menos del 54 por ciento del salario promedio del resto de los asalariados. Y se estima que el campo es el sector con más alta informalidad. Entre otras cosas, porque el sector no depende del mercado interno.El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores contabiliza cerca de 1,3 millones de personas ocupadas en el campo. Los últimos datos reflejan que apenas un cuarto de ese total, alrededor de 325 mil, tiene salarios en blanco.
Aquella legislación, todavía vigente, más allá de la efectividad o no que tengan los controles del Estado, genera buena parte de las condiciones de posibilidad que llevan a esta situación. La ley de la dictadura, de hecho, ofrece un nivel de protección mucho menor al resto de las actividades, no contempla la jornada laboral de ocho horas, habilita el pago de salarios en especias, no tiene en cuenta normas sobre jornada nocturna y trabajo insalubre y, si como todo esto fuese poco, señala que los diferendos no pueden devenir en paralización del trabajo (artículo 84). Es decir, prohíbe taxativamente el derecho a huelga, contemplado en la misma Constitución.
Luego de apoyar la sanción de una nueva Ley de Medios y de tener en estudio una ley de Entidades Financieras, el 23 de junio del año último, el gobierno nacional presentó un anteproyecto para debatir en el Congreso para reemplazar aquella ley, otro de los resabios de la dictadura todavía vigente. La iniciativa oficial plantea un tope de ocho horas diarias de trabajo («fin de la jornada de sol a sol», subraya) y de 44 horas semanales, establece que el salario mínimo, vital y móvil regirá como piso para los ingresos mínimos, promueve un régimen jubilatorio especial a partir de los 57 años y, por supuesto, incorpora el derecho a huelga y la negociación colectiva.
El proyecto todavía no tuvo tratamiento efectivo ni los apoyos suficientes. Pero ya acumuló varios rechazos. A las pocas semanas de su presentación, el diario La Nación publicó un duro editorial donde se despotricaba contra el proyecto. «Trabajo rural: otro intento estatizador» fue el título elegido y formó parte de la edición del 24 de julio de 2010. Sábado, para más datos, día en el que el suplemento rural acompaña a la publicación. Pero no fue el único. Sociedad Rural y CRA pusieron el grito en el cielo, casi al unísono. Y hasta la pretendidamente progresista Federación Agraria puso sus reparos. «Es la propia producción la que marca el ritmo de trabajo y no una reforma que, al parecer, en lugar de alegrar a los peones, podría irritarlos aún más», dijo, entonces, Omar Barchetta, secretario gremial de la entidad. Pero la que más sorprendió, sin duda, fue la negativa de Gerónimo «Momo» Venegas, titular de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, UATRE.
Unidad de intereses
Por estos días, el sector agropecuario está de reclamos. No como durante el primer semestre de 2008, por cierto. Ciertas diferencias dentro de la famosa Mesa de Enlace le quitó fuerza y otra mirada en perspectiva del conflicto le arrebató legitimidad social. Pero persiste. El miércoles 5 se presentaron los líderes de las cuatro entidades luego de varios meses de distancia y, en conferencia de prensa, reclamaron la derogación de los cupos de exportación del trigo y reeditaron viejas exigencias respecto de las retenciones. Nada dijeron respecto de las denuncias sobre la informalidad laboral en el sector y las denuncias sobre condiciones de servidumbre en ciertas empresas concentradas. Por lo menos, motu proprio. Ante las preguntas de algunos medios, se vieron en la obligación de dar alguna respuesta, más de compromiso que otra cosa, remitiendo la cuestión a la labor de la Justicia.
Se sabe, las firmas involucradas no son actores menores en el mundo de los agronegocios. Sobre todo, Nidera, la compañía transnacional, líder en el mercado argentino de semillas y uno de los mayores exportadores de aceites, cereales y oleaginosas. Junto a otras empresas del rubro integran la cúpula empresaria del sector y fue un actor clave en la introducción de la semilla transgénica, a mediados de los noventa. De hecho, quedó dentro de la pugna de intereses cruzados y la batalla judicial con Monsanto y el Estado por los derechos de la patente de la famosa soja RR o resistente al glifosato. Durante el conflicto del «campo» la participación de la empresa no tuvo la visibilidad necesaria, pero muchos la cuentan como uno de los actores ocultos que fogonearon el conflicto. Por lo pronto, no recibió la crítica furibunda de las entidades que sí se llevó el Gobierno, por más que la empresa se llevase buena parte de la renta en juego.
Como se dijo, Nidera y, en menor medida, Southern Seeds Production forman parte de una trama compleja de intereses que van más allá del sector. Y que atraviesan, también, los medios de comunicación. De ahí que no sorprenda (por lo menos, entre los avisados) la casi nula presencia del tema en cuestión en diarios, canales de noticias y radios líderes. O que, por el contrario, sólo dieran espacio a los descargos de las empresas, aun cuando éstos tuviesen argumentos por demás débiles. Vínculos directos e indirectos aparecen por detrás, como explicación. Entre los primeros, la sociedad de hecho que las empresas más concentradas del sector tienen con estos medios de comunicación en emprendimientos importantes. Por caso, la feria de Expoagro, la principal en su tipo en el país, organizada por el Grupo Clarín y La Nación, de la que empresas como Nidera es patrocinadora.
A lo que hay que sumar, claro, la publicidad o la compra de espacios mediante sumas de dinero decididamente abultadas, dada la dimensión del negocio. Entre los vínculos más indirectos, está cierta visión compartida del país y la aversión por un gobierno que ha sabido tomarse márgenes de autonomía que estos grupos no estaban acostumbrados a tolerar.
La vista gorda del Momo
Los casos de explotación de trabajadores rurales en condiciones muy parecidas a la esclavitud pusieron, nuevamente, en tela de juicio el rol del sindicato del sector. Y, en especial, de su secretario general, Gerónimo «Momo» Venegas. Las condiciones deplorables en las cuales los peones golondrina desarrollaban su tarea en los campos vinculados con las empresas Nidera y Southern Seeds Production ya están en la justicia. La «vista gorda» de los delegados de la UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores), queda a consideración pública. Aunque, claro, cuenten con «el favor de la omisión» que le prodigaron los medios masivos.
En los dos casos denunciados, los representantes del sindicato llegaron al lugar una vez que el fiscal Rubén Darío Giagnorio había comenzado con la tarea de indagar in situ a las víctimas y a los responsables empresariales de los establecimientos. Y, según cuentan algunos testigos con los que conversó Debate, se presentaron más como instancia conciliadora que como vehículos posibles del reclamo laboral de sus representados ante una irregularidad más que evidente. En la foto que ilustra la nota se puede ver a un delegado de UATRE en conversación con Mario Bentolila, abogado de Southern Seeds Production, luego del segundo de los operativos, preocupados por la situación que se había generado.
Los trabajadores del desflore del maíz son sólo una parte de los muchos peones rurales que trabajan en «negro» y reciben escasa ayuda del sindicato. Los vínculos entre las empresas que los reclutan en «manada» en los poblados más pobres de Santiago del Estero y la UATRE adquirieron mayor visibilidad, pero no la suficiente. Lo mismo sucede con las empresas que hacen usufructo (y abuso) de esa fuerza de trabajo. La mano de hierro con la que Venegas maneja el sindicato desde 1991 explica, en parte, que esto suceda. Pero, también, las características mismas de buena parte del trabajo rural (temporario y manual), lo vetusto que resulta la legislación vigente y los buenos contactos que ha sabido construir el Momo con el núcleo duro del modelo de agronegocios dominante, medios de comunicación incluidos.
El recuerdo de su rol en el llamado «conflicto del campo», durante el primer semestre de 2008, parece la mejor muestra. Al iniciarse el lockout se ofreció como mediador entre las partes, pero al poco tiempo dejó en claro de qué vereda jugaba. Para entonces ya no ocultaba su presencia en los actos más importantes de la Mesa de Enlace ni se privaba de declaraciones altisonantes a favor de las corporaciones agrarias, aun cuando la problemática laboral del sector quedase absolutamente afuera del conflicto.
Un artículo de Héctor Huergo, editor del Suplemento Rural de Clarín y actor fundamental de ese entramado, puso en valor ese esfuerzo. Se llamó «El cocinero de un acuerdo que se firmó hace un año», estaba fechado el 30 de junio de 2009 y analizaba las razones del traspié electoral del kirchnerismo, con obvias referencias a aquel conflicto. En la semblanza, consideraba al Momo como «el gran cocinero en las sombras» y el que había puesto «toda la carne en el asador» para que se conformase aquella alianza social que estaba evitando que «el eje Matanza-Riachuelo» siguiese expoliando al interior «genuinamente productivo».
Aliado fiel de Eduardo Duhalde y ligado siempre al sindicalismo ortodoxo, Venegas tiene en Luis Barrionuevo a un viejo compañero de ruta. Hoy comparten el liderazgo de la CGT Azul y Blanca y son la pata sindical del Peronismo Federal, que sostiene la candidatura presidencial de Duhalde.
«Tenemos que ganarles a los dos enfermos que están conduciendo el país», arremetió Venegas, sin eufemismos, el 24 de setiembre de 2010, durante un acto en Rosario en homenaje a José Ignacio Rucci organizado por los «disidentes».
Marcaba que su encono con los Kirchner, lejos de cesar, se prolongaba en el tiempo. Mientras, claro, profundizaba sus vínculos con los dirigentes del campo. La relación más asidua la tiene con Mario Llambías, titular de Confederaciones Rurales Argentinas, la más antiperonista de las entidades. Pero también es bien recibido en la Sociedad Rural. Basta, si no, con releer las crónicas periodísticas de la inauguración de la última feria de Palermo, aquella del discurso furibundo de Hugo Biolcati contra el gobierno nacional. Al ser mencionado por su anfitrión, Venegas fue uno de los más aclamados por la patronal agraria y sus sectores más rancios.
«Cuando denunciamos el empleo en negro, resulta que el gremio del sector, en vez de respaldarnos, nos manda cartas documento para que nos retractemos», sostuvo Noemí Rial, viceministra de Trabajo, en agosto pasado, luego de unas inspecciones laborales en Chajarí, norte de la provincia de Entre Ríos. «Hace diez años que ya no hay turnos de sol a sol», había declarado Venegas, semanas antes, de manera casi jocosa.
El objetivo de aquella frase era claro: oponerse al Anteproyecto de Reforma del régimen de trabajo agrario que habían presentado, el 23 de junio último, Cristina Fernández de Kirchner y el ministro Carlos Tomada, para reemplazar con un marco jurídico más moderno y acorde con el resto de la legislación laboral, el decreto-ley vigente desde la última dictadura militar. Una línea de conducta, en definitiva.
Fuente original: http://www.revistadebate.com.