Desde una posición de fortaleza el Gobierno reabrió el diálogo con la CGT. Los grupos más influyentes multiplicaron señales de que no habrá un paro nacional en el corto o mediano plazo. Incluso de parte de los espacios en teoría más radicalizados, como el entorno de Hugo Moyano, surgieron guiños para reencauzar el diálogo con […]
Desde una posición de fortaleza el Gobierno reabrió el diálogo con la CGT. Los grupos más influyentes multiplicaron señales de que no habrá un paro nacional en el corto o mediano plazo. Incluso de parte de los espacios en teoría más radicalizados, como el entorno de Hugo Moyano, surgieron guiños para reencauzar el diálogo con los funcionarios.
Mientras, continúan los despidos
Al cumplirse dos meses del conflicto iniciado por el grupo BM al cerrar la maderera MAM en Neuquén y dejar a 94 familias en la calle, los trabajadores presentaron una ampliación de la denuncia contra el Directorio, por haber efectuado un lock-out patronal ofensivo, administración fraudulenta y desconocimiento de derechos de los trabajadores.
Es por ello que solicitan el avance de la investigación fiscal contra los empresarios Gustavo y Adrián Bergese, que se mantienen en su postura ilegal e intransigente sin decir qué quieren hacer con la fábrica. Es más, ratificaron otros nueve despidos con causa inventada, y se pretendió chantajearlos con que «entreguen» a esos compañeros por conflictivos, acusación que hacen por el sólo hecho de que defienden a los trabajadores. Tanto los delegados de la Comisión Interna como el Sindicato Maderero, rechazaron esta extorsión, convocando a las organizaciones que se vienen solidarizando con el reclamo a seguir acompañando esta pelea, exigiendo que MAM sea reabierta y de esa manera conservar sus fuentes laborales.
Desde el miércoles, un grupo de trabajadores nucleados en ATE mantienen una toma pacífica de la Mina de Río Turbio (Santa Cruz). Reclaman, entre otros puntos, la reincorporación de trabajadores cesanteados y que se deje sin efecto la denuncia de los convenios colectivos de trabajo que realizó la intervención de YCRT, que dirige el ex concejal radical Omar Zeidán.
Continúa tomada la planta 2 de la avícola Cresta Roja, que en 2016 fue emblemática para el Gobierno de Mauricio Macri por el relanzamiento de su producción. La medida se ratificó en una asamblea donde votaron a mano alzada representantes de ambas plantas. Los trabajadores reclaman las indemnizaciones que se comprometió a pagar la actual empresa y la reincorporación de 300 empleados despedidos.
El viernes, en el cuarto día de la toma pacífica de la planta Nº 2, una movilización de trabajadores se concentró en las puertas del juzgado número 18, que trata la quiebra sobre la empresa a cargo de la jueza Pérez Casado. Los trabajadores vienen denunciando los reiterados incumplimientos de la firma Proteinsa , que al asumir la dirección de Cresta Roja debió pagar las indemnizaciones correspondientes a empleados que llevan acumulados hasta 25 años de actividad.
Otro incumplimiento es la reincorporación de unos 300 trabajadores que quedaron desvinculados luego de la quiebra de Rasic , y que tras la asunción de la nueva firma deberían haber vuelto al trabajo.
Operarios de la autopartista cordobesa Plascar mantenían tomada la planta de producción después de que la firma anunciara su cierre definitivo y el despido de 243 trabajadores.
La ocupación se registró después de que la empresa ofreciera sólo el 50 % de la indemnización a cada trabajador, lo que disparó un plan de acción por parte de la Unión Obreros y Empleados Plásticos (Uoyep).
La firma, que fabricaba autopartes para diferentes marcas y tiene entre sus principales clientes a las automotrices Renault y Fiat, anunció su cierre definitivo a partir del próximo 31 de octubre, tras una «crisis de tres años». Habrá un nuevo encuentro el próximo lunes en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba.
Autoridades provinciales junto al titular del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz, Claudio Vidal, viajaron a Buenos Aires para mantener reuniones con autoridades laborales y representantes de San Antonio Internacional, con el fin de revertir los 130 telegramas de despido a personal de la mencionada empresa.
Mientras tanto y en paralelo, los trabajadores ya iniciaron medidas de fuerza en las bases operativas de SINOPEC.
Hace tres semanas, la compañía de capitales chinos había anunciado su intención de no concretar una inversión de unos 300 millones de dólares hasta fin de año.
Luego de enterarse por los medios de un proyecto del Gobierno Nacional de reformar las rutas nacionales y eliminar cabinas de peajes, lo que impactaría de lleno en la actividad dejando unas 2.500 personas en la calle, el Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y afines (SUTPA) se declaró en «estado de alerta y movilización» e inició gestiones con representantes del Ministerio de Transporte de la Nación y Vialidad Nacional.
«Les deseo felices fiestas y nos vemos el año que viene, si es que todavía estamos», fue el particular brindis que realizó un gerente del Correo Argentino con los trabajadores, a fines de 2016. Los rumores de despidos masivos suenan desde hace tiempo. Sin embargo, cobraron mucha más fuerza en la previa de las PASO. Se especulaba con un desguace para después de las elecciones de octubre. Pero el gobierno entendió al resultado de las PASO como un espaldarazo. Así, hay 3.000 telegramas de despidos listos para ser enviados. La mayor parte son para trabajadores que viven el Conurbano y gran parte de ellos están radicados en La Matanza y en Avellaneda.
La excusa es la misma de siempre: los supuestos ñoquis. Desde el gobierno dicen que el kirchnerismo infló demasiado los puestos de trabajo y por eso deben bajar la cantidad de empleados. Cuando el Grupo Macri dejó el Correo, en 2003, había 14.000 empleados y en la actualidad suman 17.000. El gobierno de Cambiemos pretende echar a 4.000 de ellos. Al mismo tiempo, ha trascendido públicamente que si finalmente se ejecuta la quiebra de OCA, unos 4.000 operarios de esa firma pasarían a trabajar en el Correo Argentino.
La sucursal ubicada en el Dot Baires Shopping vivió un fin de semana más que convulsionado. Es que tras un nuevo conflicto por el ajuste de la firma sobre los empleados, permaneció ocupada por un reclamo gremial toda la jornada de sábado y domingo pasados.
La multinacional resolvió 6 nuevos despidos en la sucursal, lo que fue contestado por el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) con la ocupación pacífica de sus instalaciones y la paralización de las actividades para reclamar la reincorporación de los trabajadores afectados.
La reducción de empleos en los hiper y supermercados es estructural. De la mano de las menores ventas y de nuevas formas de comercialización, el empleo en los supermercados se redujo en los últimos dos años un 5,4%, lo que representó una baja de 5.405 puestos de trabajo en el sector.
En abril de 2015 se desempeñaban en este eslabón de la cadena de retail alrededor de 100.100 empleados, y en igual mes de 2017 contabilizaron 94.695, de acuerdo a los datos del INDEC.
El Ministerio de Producción cambió la firma de limpieza y dejó a 90 operarios en la calle.
La empresa Industrias Plásticas Catamarca (IPC), ubicada en el parque industrial El Pantanillo, tiene prácticamente tomada la decisión de abandonar la provincia y despedir a los más de 30 empleados, con los que hoy tiene una deuda de casi dos meses.
Otro conflicto por despidos en Zárate. En esta oportunidad fue en la planta de Papelera del Plata que les impidió el ingreso a 25 trabajadores y les comunicó su despido.
El último lunes de agosto la textil Nueva Gente de Morón cerró sin previo aviso, dejando a 15 familias en la calle. El titular de la firma no aparece y los trabajadores decidieron acampar en la puerta de las instalaciones para visibilizar su reclamo.
La Comisión Gremial Interna de Clarín, denunció una campaña de aprietes y despidos. El 30/8, dos periodistas fueron convocados a una oficina de Capital Humano y allí, por separado, los recibieron dos directivos de la gerencia y un escribano. «Se les dijo que debían firmar el retiro voluntario en ese instante o, de lo contrario, se les mandaría un telegrama de despido».
«Los dos se negaron a firmar bajo presión, sin el debido asesoramiento ni el tiempo suficiente para pensar», agregaron y contaron que tras volver a sus puestos de trabajo, «la empresa mandó guardias de seguridad a sacarlos por la fuerza del edificio».
Por esa situación «Liliana, con 24 años de trabajo en la empresa y a 4 meses de jubilarse, se descompensó en el baño y debió ser llevada por un delegado hasta el servicio médico, donde le dieron una licencia por su estado.».
«Cuando descubrieron que Adrián se encontraba reunido en la oficina gremial, quisieron llevárselo de ahí. Recién con la intervención de la Comisión Interna, Capital Humano dio la orden de finalizar el hostigamiento de los guardias», añadieron. Mientras, Clarín mantiene un plan de retiros voluntarios abierto.
Paritarias
El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático selló un aumento paritario del 27% en dos cuotas, que lo coloca segundo en el ránking de los mejores acuerdos durante el segundo año de Cambiemos.
El gremio ya había superado la media de los pactos salariales en 2016, alcanzando un 37% de incremento, casi empatando con la inflación oficial (o sólo 3 puntos por debajo de las mediciones más confiables), en un año desastroso para los sueldos de los trabajadores.
Alejandro Crespo, trabajador de FATE, es militante del Partido Obrero (PO) y forma parte de lo que se denomina el gremialismo clasista y combativo o la izquierda sindical. Llegó a la dirección del sindicato en marzo de 2016 al ganarle la elección a Pedro Wasiejko, segundo de Hugo Yasky en la CTA de los Trabajadores, quien dirigió el SUTNA durante casi 20 años en una gestión que finalizó con despidos y suspensiones masivas en las tres fábricas de producción de neumáticos.
Aerolíneas Argentinas y Austral, operadoras estatales, le ofrecieron a los trabajadores de la actividad una recomposición salarial del 14,5% para el período 2017-2018, que los gremios descartaron de plano inmediatamente.
La especulación que le transmitieron los funcionarios a los gremios es que la inflación proyectada por el oficialismo para esos 12 meses es del orden del 10 o 12 %. Los dirigentes sostuvieron que es una «locura» pensar que pueden firmar paritarias por el 14 %, luego de que este año fracasaron una vez más las pautas inflacionarias imaginadas por el Gobierno y advirtieron que comenzarán a debatir en asambleas los pasos a seguir de cara a los próximos encuentros.
El Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio San Isidro (SOEASI-CTA) integrante de la Federación Azucarera Regional (FAR-CTA) y cuya patronal es miembro del Centro Azucarero Regional del Norte Argentino (CARNA), firmó el miércoles 30 de agosto, un incremento salarial anual final del 31% que elevará el salario mínimo a $ 21.900 pesos.
Cabe consignar que el 22 de agosto, en asamblea conjunta de los trabajadores azucareros afiliados al Centro de Empleados del Azúcar y al Sindicato de Obreros del Azúcar de Ingenio Río Grande (Jujuy), se aprobó un acuerdo paritario de condiciones de trabajo y aumento salarial también del orden del 31%.
El gremio de Luz y Fuerza nuevamente cerró las paritarias a la baja por el 14% y en cómodas cuotas. Una paritaria, por fuera del aumento de la carestía de vida, retroactivo a julio de 2017 del 6%, una segunda cuota del 4% a partir de octubre, en diciembre llega la tercera del 4% hasta abril del 2018 y… las cuotas siguen. En abril llega la cuarta del 4%, en junio una quinta del 3%, hasta que en octubre del 2018 llega la última de un 3%.
La dirigencia luzyfuercista, para no dejar dudas que no tienen ningún tapujo en defender los intereses de las compañías (y a tono con la reforma laboral que el macrismo anhela impulsar) aceptó, además, un bono por presentismo, que no contempla días por enfermedad o estudio. El bono es de $6.000 cada tres meses, pero si te enfermás un día o más el bono se va degradando, al punto que si faltás tres días o más los trabajadores no lo van a percibir.
El titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, denunció que en la terminal de Retiro «hay empresas de larga distancia que tienen cerrados los portones y no permiten salir a ninguna unidad», si bien son sólo cuatro las compañías que comenzaron un paro por falta de pago de los aumentos salariales. Las empresas afectadas por la medida de fuerza hasta el martes son Flecha Bus, TATA, San José y Vía Bariloche.
Según el dirigente, de no cumplir las empresas con el pago del aumento, el martes continuarán con la medida otras empresas y que esta metodología fue la elegida «para no perjudicar a los pasajeros».
Fernández justificó la medida porque «desde hace cinco meses vinimos discutiendo paritarias y esperando que las empresas paguen el aumento dispuesto por el Ministerio de Trabajo».
La paritaria de los choferes de larga distancia venció el 30 de abril y desde entonces la UTA advirtió sobre posibles paros si no se cumplía con un acuerdo salarial.
El 18 de agosto, el Ministerio de Trabajo frente a la falta de acuerdo entre las partes, determinó la suba de 21 %, en tres tramos (agosto, octubre, y enero de 2018), una medida que se oficializó el 28 de agosto con la publicación de la resolución en el Boletín Oficial.
La Suprema Corte y la Procuración General de la provincia ordenaron el descuento de los días de paro sobre los haberes del mes de agosto de los trabajadores judiciales y la liquidación de una segunda cuota de aumento por decreto que ronda el 6%. La decisión fue tomada luego de que la Asociación Judicial Bonaerense rechazara la última oferta del gobierno provincial que empeoraba las condiciones de la propuesta anterior.
El Gobierno cumplirá la Ley de Emergencia Social
Tras la reunión de los movimientos sociales con los ministros de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y de Trabajo, Jorge Triaca, el dirigente de la CTEP, Juan Grabois, confirmó que el Gobierno nacional «cambió de actitud». Luego de que la semana pasada el Ejecutivo advirtiera que no cumpliría con las inversiones contempladas en la Ley de Emergencia Social, votada por el Congreso Nacional, y la respuesta de los movimientos populares que adelantaron un plan de lucha y movilización que iba a comenzar el jueves pasado con ollas populares en diferentes puntos del país, la alianza gobernante dio marcha atrás y se comprometió a cumplir el cronograma de pagos del monotributo y el aguinaldo social, y promover el debate para sancionar la emergencia alimentaria, ley que se sancionaría antes de las elecciones legislativas.
El proyecto de Emergencia Alimentaria, que las organizaciones populares presentaron con un millón de firmas el 7 de agosto pasado, y que será debatido en comisiones, contempla la compra de alimentos a la productores de la agricultura familiar, elevar la calidad de los alimentos que se entregan a los comedores y el diseño de un programa «con una visión menos clientelar y más de política pública».
Mientras tanto, el acuerdo alcanzado permitirá continuar con la incorporación de trabajadores al régimen de la economía popular, ámbito en el cual ya se desempeñan 150.000 trabajadores, a diferencia del programa Empalme, anunciado por el presidente Mauricio Macri el 1º de mayo, que hasta el momento dio trabajo, bajo relación de dependencia, a sólo 78 personas.
Los dirigentes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie y la CCC también reclamaron en la mesa de negociación la prórroga de la Ley de Emergencia de Territorios Indígenas. «Hay 8 millones de hectáreas en disputa, que podrían destinarse a la agricultura familiar e indígena», advirtió Grabois.
Persecución a representantes gremiales
El Ministerio de Hacienda, en un hecho de gravedad alarmante, inició una persecución contra cuatro delegados de ATE Mecon. Utilizó el mecanismo de los sumarios para imputarles a los compañeros supuestos delitos que el personal policial dice haber sufrido en ocasión de las movilizaciones contra los despidos que Prat Gay ordenó en 2016. Durante la etapa de investigación los delegados y sus abogados no tuvieron acceso al expediente y, por ende, a ejercer su defensa. No obstante, ya existe una resolución del sumario que recomienda la suspensión de los delegados.
La CTA Autónoma se movilizó hacia la sede de la OIT en el país y a Telefónica de Argentina en reclamo de la inmediata reincorporación a esa empresa de Jorge Castro, titular de la Unión de Empleados y Técnicos de las Telecomunicaciones (Uettel).
Castro, un dirigente sindical y trabajador de la tercerizada Chick S.A., prestadora de servicios de la compañía, fue despedido por la multinacional, por lo que la CTA Autónoma marchó hacia la sede del organismo laboral tripartito mundial y, luego, hacia las puertas de la firma española, en Corrientes y Maipú.
El sindicalista es también secretario Gremial de la CTA-A bonaerense y fue cesanteado «sin causa» luego de varios años de conflictos en Chick S.A. con los trabajadores tercerizados.
La empresa decidió pasar a planta permanente a la totalidad del personal de la contratista, a excepción de Castro, quien siempre «se opuso a los despidos» y luchó por «el mejoramiento de las condiciones laborales de los telefónicos», indicó un comunicado.
«En esos siete años se lograron grandes triunfos, como la reincorporación de cientos de trabajadores, aumentos salariales y mejoras de las condiciones de vida y de contratación. La respuesta de la multinacional española fue pasar a planta a todo el personal de Chick S.A. menos a Castro», puntualizó la central obrera.
Los trabajadores tareferos misioneros de Oberá se movilizaron desde Avenida de Mayo hasta la Plaza de los Dos Congresos para denunciar las amenazas de un concejal de Cambiemos, Héctor Fuglistaler, contra dos delegados del Frente Organizado en Lucha que, a su vez, denunciaron que «quieren barrerlos» porque reclaman mejores condiciones de trabajo y un terreno para instalar un comedor.
Desde el Ejecutivo impidieron que los afiliados a ATE pudieran elegir a sus representantes en Casa Rosada. El gremio, ante las amenazas policiales, realizó los comicios en la explanada. El accionar coarta la libertad sindical y el derecho de los trabajadores a elegir a sus legítimos representantes gremiales.
La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) se manifestaron en las inmediaciones del Ministerio de Seguridad Interior y se reunieron con el secretario de esa cartera, Gerardo Milman, el pasado 30 de agosto para reclamar que se investigue «a fondo» el ataque a balazos de un asesino a sueldo contra Julia Rosales, titular de la CCC e integrante de la Mesa Nacional de Desocupados.
Tres balas alcanzaron a la dirigente, una en el codo, otra en el antebrazo y otra le perforó el pecho. Pero eso no terminó allí porque, pocas horas después, la pareja de Rosales, Mario Segovia, se encontró en la puerta de su domicilio con su auto destrozado.
En repudio de los dos «atentados», las organizaciones sociales se movilizaron desde las para llegar hacia la sede del ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, aunque no pudieron hacerlo porque interpusieron un fuerte vallado policial. A pesar de ello, pudieron reunirse con Milman. Según, Freddy Mariñó, dirigente de la CCC, «Milman escuchó nuestro reclamos, se comprometió a hablar con su par de la provincia de Buenos Aires y a investigar el tema desde el ministerio», manifestó.
El jueves 31 de agosto finalmente fue liberado Santiago Saillant del SEOM de Jujuy, tras casi un mes de estar detenido por protestar contra despidos.
Se lo señala por cortes de rutas, amenazas y resistirse a las autoridades», aseguró Carlos «Perro» Santillán, el histórico titular de los empleados municipales de Jujuy. Y agregó que «lo que hizo fue denunciar, desde hace mucho tiempo lo que pasa en el interior de la Provincia con compañeros que ganan 1.800 pesos y son los que hacen el trabajo más penoso y que no tienen ni obra social».
Por otro lado, Santillán, expresó que «el Estado dice combatir el trabajo en negro y, por el otro lado, tenemos casi 2.000 precarizados. Estamos mal y en el gobierno anterior, también nos reprimían y judicializaban por reclamar que los municipales no tengan tanta precarización y trabajo en negro».
Aeronáuticos contra las «low cost»
El poderoso frente gremial que conforman los cinco gremios aeronáuticos protestaron frente a la audiencia por la incorporación de aerolíneas low cost. En la mañana del miércoles se registran demoras y cancelaciones en Ezeiza y Aeroparque. El motivo fueron las asambleas que realizaron los cinco gremios aeronáuticos para analizar la incorporación de aerolíneas low cost al mercado aeronáutico. En Aeroparque se cancelaron todos los vuelos de la mañana como consecuencia de la medida de fuerza.
Los sindicatos APTA, APA, UPSA, APLA y UALA convocaron a una concentración en las terminales aéreas desde las 8:30, en protesta por la convocatoria a la segunda audiencia pública que tratará la autorización de la incorporación de «cientos de rutas aéreas», según informaron en un comunicado. Es el primer paso de un plan de lucha contra, lo que consideran, «una política, que asfixia financieramente a las empresas que ya están operando en el país, mientras les cercena desmesuradamente sus ingresos abriendo nuestro mercado aerocomercial en forma indiscriminada a numerosos nuevos explotadores a los que les otorga cientos de nuevas rutas, la mayoría superpuestas con las operadas por Empresas Nacionales».
Además, las cinco organizaciones advirtieron, en un comunicado conjunto, que la expansión de la actividad aérea «no podrá ser soportada por nuestro colapsado sistema de seguridad operacional de tráfico y control aéreo».
«Esos nuevos empresarios aerocomerciales tampoco quieren, como UBER, cumplir con nuestras leyes laborales: flexibilizan las normativas de seguridad aérea en sus empresas, se niegan a subscribir CCT, insisten en pagar salarios mínimos y en precarizar a sus trabajadores», agregaron y señalaron que «de concretarse, inevitablemente se extenderá por exigencias competitivas al resto de las empresas y a los trabajadores aeronáuticos argentinos».
Marcha contra los asesinatos laborales
El 9 de septiembre de 2016, David Ramallo (trabajador de la Línea 60), Richard Alcaráz (trabajador de la construcción) y Diego Soraire (trabajador del INTA) murieron en sus puestos de trabajo, víctimas de la codicia patronal, la desidia estatal y la burocracia sindical.
No son casos aislados; son parte de los más de 400 muertos por año en «accidentes» laborales, a los que hay que sumar más de 600 incapacitados contando sólo a los trabajadores registrados. Ya que los trabajadores en negro cuentan con peores condiciones laborales, podemos afirmar que las cifras reales son alrededor del doble.
Estas muertes son la consecuencia del recorte presupuestario de las patronales y algunas podrían haberse evitado si las denuncias de los delegados gremiales de base hubieran sido escuchadas, si las patronales hubieran cumplido con su obligación de proveer a cada trabajador condiciones de trabajo seguras, si los grandes sindicatos burocráticos realmente defendieran los intereses de los trabajadores y si el Estado que debiera controlar las condiciones de seguridad no mirara para otro lado.
Desde el espacio BASTA DE ASESINATOS LABORALES exigen justicia para los compañeros, denuncian lo que los grandes medios callan y crean espacios para formar a los delegados y activistas de base a fin de que puedan accionar más efectivamente en defensa de la vida de los trabajadores.
Por todo esto el 8 de septiembre, a un año de la muerte de Diego, David y Richard, convocaron a una movilización por:
* Justicia para David, Diego, Richard y todos los compañeros muertos en sus puestos de trabajo.
* Contra la persecución y criminalización a los activistas sindicales. Reincorporación y desprocesamiento de los trabajadores de la línea 60.
* Que las patronales destinen los fondos para seguridad e higiene y se extremen las medidas para cuidar la vida de los trabajadores.
* Contra el desmantelamiento de la SRT como órgano de control.
* Contra las reformas regresivas a la ley de ART y de los convenios colectivos.
* Contra la reforma laboral a la medida de los intereses patronales.
Declaran inconstitucionales las comisiones médicas de la nueva ley de ART
La norma 27.348 obliga al personal accidentado o con enfermedades profesionales a aguardar el dictamen de la Comisión Médica para asistir a tribunales, pero algunos jueces laborales hicieron lugar a un amparo para que se declarase la ilegalidad del registro de accidentes de trabajo, en el que debían consignarse los datos de los abogados que reclamaban la inconstitucionalidad de esa norma.
El Juzgado del trabajo número 42 consideró que el paso obligatorio por las Comisiones Médicas (instancia administrativa) viola el principio de «acceso a la justicia»; desestimó su competencia previa y habilitó el trámite directo de los tribunales laborales.
Además, el juez Ricardo Hierrezuelo opinó que la Corte Suprema ya se había expedido en cuatro fallos sobre esos temas (Castillo, Venialgo, Marchetti y Obregón) y destacó que no existían motivos para apartarse de ese criterio y que una de las críticas posibles a la ley es que reemplazó la competencia de los tribunales laborales para resolver aspectos de reparación de accidentes de trabajo por «verdaderos tribunales administrativos» (comisiones).
«Eso viola las garantías del debido proceso establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional», afirmó Hierrezuelo.
«Los médicos de las Comisiones no tienen estabilidad absoluta, por lo que su actividad se rige por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y, si se suma a ello que el funcionamiento de esas Comisiones es financiado por las propias aseguradoras, su independencia e imparcialidad podría ser cuestionada», indicó.
El magistrado señaló que los galenos están capacitados para «el diagnóstico y determinación del porcentaje invalidante y para indicar algunas prestaciones no dinerarias», pero «no pueden decidir la naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad, porque el nexo causal entre daño y tareas debe ser realizado a través de una actividad intelectual de indagación, prueba y raciocinio vinculada al saber de la ciencia del derecho».
Los artículos 1º y 2º de la Ley 27.348 prevén una instancia administrativa previa, obligatoria y excluyente y solo se admite la revisión judicial por vía recursiva, puntualizó el juez. Según los abogados laboralistas, el efecto suspensivo de una apelación a la decisión de la Comisión Médica provoca que el empleado deba esperar una resolución judicial para cobrar en lugar de percibir lo determinado por la instancia administrativa.
El gobierno impulsó un proyecto, aprobado luego con amplio consenso en el Congreso (la norma 27.348) a fin de disminuir los reclamos, en tanto la cartera de Trabajo dictó la Resolución 214, que destinó fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) a financiar gastos de las Comisiones Médicas, lo que fue cuestionado por abogados y la CGT.
Para la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) la eliminación de la litigiosidad depende de la supresión de varias causas, como el rechazo sistemático de la mayoría de las enfermedades laborales (solo el 3 %); la negativa de las ART a cubrir las reagravaciones, las altas médicas apresuradas, las «deplorables» prestaciones «en especie», la morosidad del trámite administrativo ante las ART y las Comisiones y la falta de prevención-seguridad.
Estadísticas
La tasa de desocupación en la Ciudad de Buenos Aires se mantuvo estable en el 10,5% en el segundo trimestre de 2017, con respecto a igual período del año anterior, informó la Dirección de Estadísticas y Censos porteña.
Según la Encuesta Trimestral de Ocupación e Ingresos (ETOI) hay 178.205 desempleados entre 1.701.857 de personas económicamente activas. Por su parte, la tasa de trabajadores informales alcanzó el 24,2%, 1,9 puntos porcentuales menos con respecto a igual trimestre del año anterior.
Recordemos que en el primer trimestre de 2017 el desempleo alcanzaba el 9,4% en la Ciudad.
Más de una tercera parte de la capacidad instalada industrial permanecía inactiva al mes de julio pasado. Según la encuesta de Utilización de capacidad instalada que realiza mensualmente el Indec, el 65,1 % de la capacidad productiva del sector manufacturero estaba activa. Sin embargo, el Gobierno celebró tal resultado ya que marca un avance de 3,1 puntos porcentuales con respecto al mismo mes del año pasado (62,0 % fue el índice de utilización en julio de 2016).
Las cifras oficiales exhiben que cuatro de los doce sectores relevados muestran niveles de uso de capacidad instalada por debajo del 60 %, y tres de ellos estrechamente vinculados a la pequeña y mediana empresa, mientras que figuran sólo tres sectores con niveles de utilización superior al 80 %, y todos ligados a rubros altamente concentrados en grandes empresas.
Los rubros con menor uso de capacidad instalada en julio fueron la industria automotriz (45,5 %), metalmecánica (59,2 %), productos químicos (59,1 %) y Ediciones e impresión (59,1 %).
Los bloques en los que se alcanzó el máximo nivel de uso de la capacidad productiva en julio fueron refinación de petróleo (84,4 %), en un nivel similar al de doce meses atrás; productos del tabaco (83,1 %), el sector con más notable recuperación respecto del año pasado (10,3 %); y le sigue papel y cartón (81,6 %), con un repunte de casi cinco puntos porcentuales respecto de julio de 2016.
Otro rubro que exhibe una recuperación importante, ligada a la actividad de las empresas más concentradas, es el de industria metálicas básicas. El nivel de utilización de la capacidad instalada alcanzó al 75,9 % en julio, 7,4 puntos porcentuales más alto que el de doce meses antes. Este comportamiento se relaciona, fundamentalmente, con el crecimiento de la producción del sector siderúrgico, que se ha visto beneficiado por el mayor nivel de actividad de varios segmentos de demanda, entre ellos el crecimiento de la actividad de la construcción, las exportaciones de tubos sin costura, la producción de maquinaria agrícola y de otros rubros vinculados al agro y el aumento en algunos rubros de línea blanca (electrodomésticos).
De los cuatro restantes, sólo el bloque Minerales no metálicos (vidrio y cemento, básicamente) exhibió un nivel de utilización superior al 70 % (72,3 %), con un incremento de casi seis puntos porcentuales respecto de un año atrás. Los restantes quedaron ubicados en torno al 65 %. La industria textil cayó a un nivel de utilización del 65,5 %, con un retroceso de 6,4 puntos respecto del indicador de julio de 2016. El sector de caucho y plástico se recuperó casi siete puntos con respecto a 2016 pero sólo alcanzó al 65 % de utilización, mientras que alimentos y bebidas, con un 63,9 % de uso de su capacidad instalada, apenas repuntó 2,2 puntos en relación a su muy bajo nivel del año anterior.
Un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) afirma que: «En la comparación con julio, el declive en las ventas fue de 8,7 %».
De esta forma, desde la Cámara reconocieron la caída en las ventas aunque la explicaron por un factor «estacional». «Se debe básicamente a factores estacionales ya que se compara contra un mes donde el consumo habitualmente salta de la mano del aguinaldo y las vacaciones», concluyeron desde la CAME.
Los aumentos que se vienen después de las elecciones
El economista Dante Sica calculó en agosto pasado que el incremento del boleto de colectivo debería rondar el 73 %, al pasar de $ 6,50 a $ 11 en la Ciudad, aproximadamente. El ministro Guillermo Dietrich admite que la tarifa merece un retoque, aunque todavía no definió la fecha de la medida. Esta suba iría acompañada con el lanzamiento de un «boleto mutimodal», que serviría para combinar trenes, subte y colectivo, con una tarifa base general. El valor del pasaje de tren subsidiado se mantiene en $ 2 y $ 4, mientras que la tarifa social en los ferrocarriles se paga $ 1,90.
Mientras el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, decide la extensión de la concesión del servicio de subterráneos a Metrovías por seis meses más, desde la compañía se ilusionan con otro tarifazo. A principios de 2016 el Gobierno de la Ciudad dispuso un incremento de $ 4,50 a $ 7,50, para el primer semestre de ese año. En enero de 2017 Larreta tenía en carpeta llevarlo a $ 10, pero dio marcha atrás. La última vez que Sbase estimó la tarifa técnica sin subsidio en $ 15,80.
Tras el acuerdo firmado, los precios de los combustibles subieron 8% en enero, descendieron 0,1% en abril y crecieron otro 7% en julio. La fórmula de revisión trimestral debería volver a aplicarse en octubre. Pero ya trascendió que las petroleras estarían dispuestas a «estirar» una medida tan impopular para evitar malhumor antes de las elecciones.
Una resolución del Ministro de Energía de febrero pasado estableció dos aumentos de la luz al año para los hogares en la Ciudad y el conurbano bonaerense, específicamente para los 4,7 millones de clientes de Edenor y Edesur. El primer tarifazo de 42% ya se aplicó a principios de año, pero aún se sigue pagando en cuotas. El nuevo ajuste de tarifas llegará en noviembre, mientras que quedará otro pendiente para febrero siguiente.
Desde septiembre las distribuidoras de energía del interior de la provincia de Buenos Aires ya facturan la luz con aumentos de alrededor de 58%. El incremento había sido anunciado por el gobierno provincial de María Eugenia Vidal, pero estuvo paralizado por la Justicia. La medida alcanza a los usuarios de las empresas EDEA, EDEN, EDES, Edelap y de las casi 200 cooperativas que suministran el servicio.
A partir del 1º de diciembre está previsto otro incremento en las tarifas de gas para transporte y distribución, que tienen una incidencia del 40% en la factura sin impuestos. Este ajuste será por actualización de la suba de abril, según el índice de precios mayoristas (IPIM, nivel general), a lo que debe sumarse la segunda fase de la llamada revisión tarifaria integral.
Según el cronograma fijado por Aranguren para el precio del gas en PIST, que tiene una incidencia del 60% en la factura sin impuestos, después de las elecciones pasará de U$S 3,77 fijados en abril pasado a U$S 4,19, lo que representa un alza del 11,1% en dólares.
En julio pasado entró en vigencia la nueva tarifa de los taxis porteños, con un incremento de 19,5%. La bajada de bandera hoy se ubica en los $ 27,70 en horario diurno y $ 33,20 durante la noche. Pero la Federación Nacional de Conductores de Taxis que lidera el sindicalista macrista José Ibarra pedirá al Gobierno de Larreta otra suba de 12% para aplicar después de las elecciones.
El Gobierno autorizó el mes pasado un aumento del 5% en las cuotas de las prepagas desde el primero de septiembre último. Este año el incremento de las prepagas superará la inflación oficial prevista: febrero (6%), julio (6%), agosto (5%) y septiembre (5%). Las empresas presionan para conseguir un ajuste similar en octubre, que aún debe ser oficializado. La Secretaría de Comercio todavía no lo autorizó y tiene sus motivos: las prestadoras privadas deben informar aumentos con 30 días de anticipación, por lo que los usuarios los deberían recibir antes de ir a votar, algo que el Gobierno quiere evitar a toda costa. El 5% de octubre podría llegar en noviembre.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) oficializó los nuevos montos de las escalas y cuotas mensuales del Monotributo se aplicarán a partir del 1º de enero de 2018. Con el fin de «evitar duplicidad de actualizaciones para el corriente año», la decisión quedó autorizada a partir de una resolución general del ente recaudador publicada en el Boletín Oficial. Como otras subas, esta estaba prevista para comenzar a regir en septiembre, pero el Gobierno la postergó. A partir de enero, aumentarán las bandas de las categorías, pero también las cuotas que pagan los adherentes.
Personal, la compañía de celulares de Telecom, subirá 4% en promedio los precios para los clientes prepagos a partir del próximo 8 de octubre. Ya había aplicado una suba de 9,5% para sus usuarios prepagos y con abono en junio pasado. Movistar los elevó 12% desde septiembre.
Como es habitual con la aproximación de las vacaciones de verano, los peajes volverán a subir. El último incremento para la Autovía 2 fue de 28% en 2016. La Autopista La Plata-Buenos Aires subió 50%. Hoy, ir a la Costa Atlántica en hora pico cuesta unos $ 150 ($ 20 Dock Sud, $ 40 Hudson, $ 45 Samborombón y $ 45 Maipú).
Las autopistas porteñas se encarecieron 37% en agosto pasado, luego que la jueza Elena Liberatori autorizó a AUSA superar el tope máximo de 28,8% previsto en una resolución anterior. El Acceso Oeste por ahora mantiene en $ 45 el pase de autos particulares en la «hora de congestión» y «hora pico». En el Acceso Norte, la «hora de congestión» cuesta $ 50, la «pico» $ 40 y la «promoción», $ 20.
Fuentes: Página 12, Resumen Latinoamericano, www.infogremiales.com.ar, Ambito Financiero, La Izquierda Diario, Anred, La Capital (Rosario), www.tiempoar.com.ar, La Nación.
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