El pasado viernes la Confederación General del Trabajo convocó a una multitudinaria concentración. Con Hugo Moyano como único orador, se recordó un nuevo aniversario del día internacional de los trabajadores. Pero, aunque se los mencionó, los mártires de Chicago no eran el verdadero leit motiv de la movilización. Tampoco lo fue, pese a la referencia, […]
El pasado viernes la Confederación General del Trabajo convocó a una multitudinaria concentración. Con Hugo Moyano como único orador, se recordó un nuevo aniversario del día internacional de los trabajadores.
Pero, aunque se los mencionó, los mártires de Chicago no eran el verdadero leit motiv de la movilización. Tampoco lo fue, pese a la referencia, el recuerdo de aquel épico Cabildo Abierto del Justicialismo en que Eva Perón renunciara a ser candidata para la vicepresidencia de la Nación, allá por agosto de 1951.
No, el momento de la intervención política de los sindicatos tuvo un significado directamente ligado a la coyuntura política local. En un contexto en que el proyecto nacional iniciado -o, si se prefiere, profundizado- en mayo de 2003, corre el serio riesgo de una clausura conservadora, el sindicalismo argentino, fiel a su historia, superó momentáneamente sus divisiones para expresar su voluntad de permanecer como un factor de poder en la nueva Argentina posterior a la debacle neoliberal.
El discurso de Moyano, en ese sentido, no pudo ser más concreto y pragmático: centrado en la tesis de que el 28 de junio no se dirime, meramente, una elección legislativa -algo ratificado por operadores de la talla de Mariano Grondona, y por opositores como Elisa Carrió-, el dirigente de Camioneros enumeró los logros del movimiento obrero en este lustro.
La derogación de la reforma laboral de De La Rúa, la restauración de los convenios colectivos y las paritarias, la convocatoria al Consejo del Salario, la decidida intervención del Estado en materia laboral, la ley de movilidad jubilatoria, la nacionalización de los fondos privados de pensión, etc., fueron algunos hitos de la narrativa seguida por el orador designado. Para ratificar la unidad del movimiento obrero en esta crítica encrucijada, diversos referentes del mismo se expresaron en el mismo sentido.
¿Por qué salir a respaldar a un gobierno sitiado? A primera vista, el pragmatismo habitual de la cúpula gremial sugería prudencia y neutralidad. Sin embargo, los dirigentes gremiales tienen en claro que, tanto en la eventualidad de una victoria del antiperonismo -hegemonizado por conspicuos representantes del establishment, incluyendo a la Sociedad Rural y a la Unión Industrial Argentina-, como en el caso de un avance del peronismo disidente -donde predominan los gobernadores, históricos adversarios del movimiento obrero-, el retroceso del sindicalismo argentino, que ha recuperado algo de su antigua preeminencia en estos años, en tanto actor político, sería mayúsculo. Ambos proyectos representan diversas variantes de la misma restauración neoconservadora, y por ende, suponen idéntica amenaza para el sindicalismo argentino.
Con todo, la postura del movimiento obrero trascendió largamente los tonos meramente defensivos, para proponerse nuevamente como la columna vertebral del proyecto político en curso. Esto, traducido al criollo, supone el reclamo histórico de una bancada sindical, restauración del añejo privilegio del sindicalismo peronista al interior del ala política, privilegio que distingue y emparenta al populismo argentino con los laborismos de raigambre anglosajona.
¿Puede el sindicalismo argentino volver a afirmar un predominio como socio político principal del proyecto en curso? Es difícil establecerlo a priori. Si bien la reorganización del PJ conducida por Néstor Kirchner apuntó inicialmente a equilibrar el peso de intendentes y gobernadores con la integración de los gremios a la estructura del justicialismo nacional, una mera restauración de los viejos equilibrios parece poco probable.
En primer lugar, pesa aquí el impacto de las reformas neoliberales sobre la composición de la clase obrera y su perfil estructural, notablemente más heterogéneo que hace tres décadas.
Este aspecto cuenta con el agravante de una notable caída en los niveles de agremiación, en parte como fruto de la represión, en parte como resultado del cambio en la correlación de fuerzas a manos de los empleadores, pero también -y esto no puede soslayarse- como producto de una creciente crisis de representación que afecta, en el plano social, a todo sujeto susceptible de cumplir funciones de mediación entre sociedad civil y Estado.
Finalmente, debe mencionarse la ruptura del mal llamado «monopolio gremial» del peronismo, con el surgimiento de una central paralela, la CTA, embarcada en diferentes proyectos y alianzas políticas de tinte progresista.
No es, entonces, la vieja clase obrera la que ofrece su antes invalorabe apoyo a un gobierno en dificultades. Poco importa esos en las filas oficiales: al fin y al cabo, es preferible contar con algún apoyo que con ninguno. Asimismo, en la medida en que pocos actores sociales han logrado estructurarse a la vez como actores políticos -cabe mencionar aquí, como novedad, a la «patria chacarera»-, el escenario de fragmentación resultante refuerza la importancia de las fuerzas sociales remanentes.
Desde el punto de vista del gobierno, no sería mala idea tomar la mano tendida por los sindicatos. En primer lugar, el colapso del ala política ante la eventualidad de una derrota los ha privado de cuadros. En segundo término, como enseña la historia reciente de nuestro país, los gremios están preparados para asumir una «doble representación» -a la vez sindical y política-, sin por ello erosionar su legitimidad -incluso es esperable que un proceso de este tipo la refuerce-. Asimismo, no parece haber actor más fiable en quien confiar el futuro del proyecto económico: los representantes de los trabajadores tendrían, por características inherentes, un muy escaso interés en consensuar reformas que pudiesen afectar sus bases sociales de apoyo.
Por estas y otras consideraciones, apoyamos la voluntad de la cúpula de la CGT de integrar electoralmente, con mayor protagonismo, la alianza política que sustenta al proyecto en curso.