A una semana de las elecciones legislativas, el coloquio empresarial más importante de la Argentina transcurrido en Mar del Plata del que participaron presidentes, CEOs y gerentes de empresas de primera línea, pero también funcionarios políticos y burócratas sindicales, fue el reflejo del momento político que vive el país: las patronales se juegan a dar […]
A una semana de las elecciones legislativas, el coloquio empresarial más importante de la Argentina transcurrido en Mar del Plata del que participaron presidentes, CEOs y gerentes de empresas de primera línea, pero también funcionarios políticos y burócratas sindicales, fue el reflejo del momento político que vive el país: las patronales se juegan a dar nuevos y fuertes pasos contra las conquistas de los trabajadores.
El presidente Macri cerró el evento dedicándoles a los gremialistas algunas frases de Perón para recordarles su rol fundamental en la contención y la «cultura del trabajo» e incitarlos a no defender las conquistas obreras «en contra de la productividad».
Pero las frases de Mauricio Macri compitieron en aplausos del público presente con la de Paolo Rocca dirigida especialmente hacia el sindicalista Antonio Caló. El grupo Techint, apuntó directamente a exigir la reforma laboral, invocando: «no podemos tener la planta parada por 10 personas alrededor de un fogón. Y usted sabe Caló que lo sufrimos los dos», le dijo al ex Secretario general de la CGT kirchnerista, quien asintió desde la primera fila en el panel denominado «El Juego de las Superficies». Caló sostuvo: «Estamos acompañando al Gobierno, quién lo duda».
Así, Paolo Rocca, se sumó a los pedidos de avanzar en una reforma laboral que «adecue» las relaciones entre trabajadores y empresarios al actual esquema de producción mundial y advirtiendo que debe acompañarse con una transformación del sistema educativo.
«Hay que darle a las empresas la posibilidad de crecer, pero también de reducirse cuando es necesario porque si no estamos con una rigidez que perjudica», señaló el CEO de Techint.
En el almuerzo realizado el día jueves entre empresarios y sindicalistas quedó cerrado que la «reforma laboral» será sector por sector, «de manera gradual», no una reforma general «a la brasileña».
El viernes fue el propio Macri el que insistió en esa línea. «Si no nos abrimos, comparamos, miramos, no tenemos que recorrer nosotros el camino de prueba y error. Lo hemos logrado en automotriz, energía, lo estamos logrando en la carne, leche, foresto-industria. Ir sector por sector», afirmaba el presidente.
Aunque la noticia sobre el recrudecimiento de la inflación para el mes de septiembre (1,9%) -en lo que va del año ese indicador creció 17,6% y las previsiones del gobierno y del Banco Central para todo el año quedaron desbordadas al cierre del tercer trimestre-, aguó parcialmente los festejos, fue elevado el optimismo que mostró el empresariado sobre el curso de la economía. Motivos no le faltaron:
+ La fuga de capitales acumula 25.000 millones de dólares desde diciembre de 2015 hasta agosto de 2017. Esto significa que casi la mitad de los dólares que recibió el Banco Central por la deuda externa pública emitida desde que asumió Macri, se fueron por la otra ventanilla en su mayoría de la mano de los grandes empresarios.
+ La eliminación y reducción de retenciones a las exportaciones al campo significó $ 70.000 millones durante el primer año de gobierno de Cambiemos, y un monto similar en este 2017. Esto significa que el Tesoro dejó de recaudar por año el equivalente a casi 3 veces el gasto presupuestado en Educación por el gobierno nacional para 2018 ($ 24.000 millones).
+ En tercer lugar, gracias a la ley de blanqueo que derogó el «impuesto a los dividendos» en su artículo 75, los empresarios más ricos del país como el propio Techint, Clarín, La Anónima y Macro entre otros, obtuvieron una deducción de $ 1.265 millones este año.
+ El salario real promedio del conjunto de los trabajadores registrados es 5,9 % inferior al vigente en diciembre de 2015.
Mientras Cristiano Rattazzi de Fiat, el ex banquero Guillermo «Willy» Stanley (padre de Carolina, la ministra de Desarrollo Social), el naviero Horacio Martínez y el postal Oscar Andreani se sentaron a una mesa durante más de una hora con Juan Carlos Schmid, Julio Piumato y Andrés Rodríguez para hablar de convenios colectivos y de la necesidad de «modernizarlos», trabajadores y trabajadoras de diversos gremios movilizaron el jueves al Ministerio de Trabajo de la Nación bajo la consigna «No a la reforma laboral. Abajo el pacto Macri-CGT».
Para Alejandro Crespo, Secretario General del SUTNA (neumáticos), uno de los convocantes, la respuesta a la «tregua» entre la CGT y el gobierno está en «los gremios que nos consideramos en defensa de los trabajadores y, consecuentes a lo que decimos, estamos empezando a generar acciones. Así como le tocó a otras generaciones vivir momentos de grandes presiones para hacer retroceder al movimiento obrero, en estos momentos, frente a lo que intenta hacer este gobierno, con complicidad de los partidos de oposición patronal, hay que salir a ganar los cuerpos de delegados, las seccionales, los sindicatos nacionales, incluso las centrales sindicales, para poner a la cabeza a quienes realmente van a defendernos de este ataque, que son los propios trabajadores», finalizó.
La lucha contra las mafias
La supuesta «lucha contra las mafias» del macrismo tiene un objetivo electoral y otro estratégico. Mientras juntan votos, también utilizan ejemplos como el del «Pata» Medina para avanzar contra los sindicatos y dejar una amenaza para no pocos jefes sindicales enriquecidos. Eso, junto con el mayor control de los fondos millonarios de las obras sociales, actuará como otro «incentivo» más para que la burocracia sindical se subordine, otra vez, a los planes del Gobierno.
Un buen ejemplo lo dieron empresarios y el Gobierno de Vidal aprovechando el escándalo del «Pata» Medina para retrotraer beneficios de los trabajadores.
Los ministros Marcelo Villegas (Trabajo) y Roberto Gigante (Infraestructura) del gobierno de María Eugenia Vidal y el intendente de La Plata, Julio Garro, de Cambiemos, mantuvieron un encuentro con empresarios de la construcción de cara a relanzar la obra pública en la capital provincial. De la reunión participó también el flamante interventor de la Uocra La Plata, Carlos Vergara. Allí acordaron un plazo de 30 días para generar nuevas reglas para la construcción en La Plata, Berisso y Ensenada. Entre los puntos que consensuaron se destaca que los empresarios ya no van a tener que acudir a trabajadores de la construcción enrolados en la Uocra. Eso será, a partir de ahora, optativo. Además desaparece la obligación que tenían hasta el momento de contratar el catering para los trabajadores, un beneficio que había sido conseguido hace años. En tanto, habrá un premio al final de obra que funcionará como incentivo para mejorar el rendimiento de los trabajadores. Por último, también se dejó de lado la obligación de contratar mujeres para tareas de limpieza.
Casi en simultáneo, el Gobierno de María Eugenia Vidal anunció su «propuesta» salarial para los estatales de la provincia en 2018: un irrisorio 10 % que buscará marcar la pauta para las paritarias del año que viene.
El titular de SUTEBA, Roberto Baradel, fue uno de los primeros en hacer público su rechazo. «Los docentes volvemos a pedir paritarias libres, sin piso ni techo», sostuvo. Y agregó: «No vamos a aceptar una pauta salarial a la baja».
El secretario general de ATE Provincia, Oscar De Isasi, también rechazó esa cifra. «El 10% no resiste el menor análisis», dijo y acusó al gobierno de «lanzar globos de ensayo por los medios, sin terminar de hacerse cargo ni mirar de frente a los trabajadores».
El dirigente exigió que el Ejecutivo convoque en tiempo y forma también a los estatales de la ley 10.430; los médicos y los judiciales. Hasta ahora, Vidal sólo dijo que el 1º de noviembre llamarán a los docentes para comenzar a negociar, aunque no dijo nada del resto de los trabajadores estatales.
«A la mesa paritaria vamos a ir con los mismos criterios que los años anteriores, exigiendo un aumento que contenga la recuperación de los años perdidos, un salario mínimo por encima de la línea de pobreza y que el aumento equipare a la proyección inflacionaria. Además, vamos a insistir «con el pase a planta permanente de 19.000 trabajadores y el descongelamiento de vacantes».
Mientras tanto, otro escándalo envuelve a la dirigencia sindical. Se presentaron ante la justicia una importante cantidad de denuncias de afiliados al Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo que comanda Julio Benjamín González Insfrán. Todas apuntan a situaciones de trabajo fraudulento que perjudicaron a los trabajadores de la actividad. A través de la conformación de la Cooperativa de Trabajo del Centro de Patrones Fluviales Ltda., el gremio se encargaba de distribuir trabajos «ocasionales» o «temporarios» entre los afiliados que estaban en la bolsa de trabajo del gremio y a partir de ahí se evadían aportes. En un primer momento, incluso, se pagaba en negro con cheques o en efectivo, pero sin ningún tipo de recibo legal.
La Cooperativa, que además tiene como autoridades a los mismos dirigentes del gremio que lidera González Insfrán (un hombre que en el último tiempo comenzó a acercarse a Cambiemos), hacía las veces de firma tercerizada a través de la cual las empresas contrataban pilotajes. Sobre esos trabajos se evadían los aportes patronales, por lo que los afiliados al momento de jubilarse encontraban grandes inconsistencias entre sus ingresos y su realidad ante la ANSES. Eso fue lo que disparó la mayoría de las presentaciones que en estos momentos prosperan por distintos juzgados. El dato adicional es que la maniobra incluía un ítem ineludible: el 10% del total de lo facturado en cada pilotaje estaba destinado al gremio. Se cree que fueron unos mil pilotajes anuales, por lo que los ingresos al gremio de González Insfrán en todos estos años (está activa desde 2009) fueron multimillonarios y con escaso poder de control.
También la Corte Suprema abona el terreno de la reforma laboral
Una vez más la Corte Suprema miró para otro lado y no resolvió una cuestión de fondo en materia de legislación laboral. Con la firma de los jueces Ricardo Luis Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz, y la disidencia de Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, el tribunal decidió que no le correspondía -al menos por el momento- pronunciarse sobre la validez constitucional del artículo 17 de la ley 26.773 (más conocida como Ley de ART) que dispone que los reclamos de indemnización de daños provocados por accidentes de trabajo planteados con fundamento en el Código Civil deban ser resueltos por jueces civiles y no por jueces laborales.
De todas maneras, no es la primera vez que la cabeza del Poder Judicial amaga pero no resuelve este tipo de cuestiones, o incluso tergiversa sus propios fallos con el objetivo de envalentonar la avanzada gubernamental y patronal por la reforma laboral. Por ejemplo, cuando el portal de noticias del máximo tribunal aseguraba que los jueces no podían aumentar la indemnización establecida por la Ley de Riesgos del Trabajo. Lo mismo había ocurrido días antes, cuando por medio de la CIJ (la agencia de Noticias del Poder Judicial) se anoticiaba que en caso de perder un juicio laboral, los trabajadores debían pagar las costas y honorarios generados. Algo que no era noticia, porque siempre fue así.
Otro fallo con la firma de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz sentenció que los jueces laborales no pueden incrementar el importe de la indemnización por accidente de trabajo.
El ajuste en subsidios y tarifas
La reducción de 31.000 millones de pesos en subsidios pautada para 2018, será una reducción directamente proporcional en el ingreso disponible de las familias.
El gobierno efectuará una erogación de $203.350 millones en términos de subsidios, un 13,2% menos que lo presupuestado en 2017. Como porcentaje del PIB, el gasto en subsidios pasará del 2,3% actual al 1,6% para el año que viene. La reducción se explica principalmente por un menor monto destinado a mantener las tarifas energéticas, con una reducción de 21,1 %.
Al respecto, el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET), dependiente de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), reveló en un informe que el 10% de los trabajadores registrados que menos ganan sufrió la inflación de manera más intensa: un 29,1% interanual (septiembre 2016-septiembre 2017), que son 5 puntos porcentuales por encima del 24,2% que marcó el Indec-GBA. En tanto, el asalariado mejor remunerado sufrió una inflación del 23,5 %. Si se mira hacia diciembre de 2015, el diagnóstico se agrava. «Desde que Macri es presidente, la inflación en el primer decil -ese 10% de los trabajadores que menos ganan- ha sido del 85 %. Frente al decil 10, que comprende salarios superiores a los 45.000 pesos, la inflación ha sido del 65 %. O sea, hay 20 puntos porcentuales de diferencia», subrayó Nicolás Trotta, rector de la UMET. A la hora de esgrimir los motivos por los cuales los deciles inferiores han sido más afectados que los superiores, Trotta explicó: «El tremendo aumento de tarifas de los servicios públicos domiciliarios fue clave. Se ha transformado en un componente central de la canasta familiar de los trabajadores de menores ingresos. Sigue siendo, a pesar del aumento, un gasto no tan trascendente en aquellos hogares de mayores ingresos. Frente a eso, podemos observar ese reiterado comportamiento de la inflación, afectando a los que menos ganan. Ni hablar de aquellos trabajadores que no están protegidos por los convenios colectivos, cuyos salarios han perdido mucho más de cara a la realidad inflacionaria del país».
Desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri las boletas de gas y electricidad escalaron 1000 y 600 % respectivamente como consecuencia de los sucesivos tarifazos mientras que la mejora promedio de los salarios a lo largo de los últimos 22 meses no superó el 60 %. Los tarifazos no solo impactan sobre la capacidad de compra de los asalariados sino que la nueva política energética basada en la desregulación también representa un factor de riesgo para el desarrollo de las pequeñas y medianas industrias. Con ese diagnóstico y a la vera de una nueva rueda de aumentos en los principales servicios públicos, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) lanzó el Observatorio de Tarifas (OTA).
Los investigadores del OTA anticiparon que los nuevos aumentos previstos por el Gobierno para los próximos dos años continuarán superando en magnitud a la evolución de los ingresos de los trabajadores. Antes de finalizar el año volverán a subir las tarifas del gas y la electricidad. Desde el Observatorio advierten que las subas alcanzarían un 100 % hacia finales del año próximo en ambos servicios sobre los valores actuales. «La falta de razonabilidad y gradualidad en los tarifazos confirma la ausencia de sensibilidad y compromiso social de un Gobierno que inaugura una nueva categoría, la pobreza energética; como ya ocurre en otros rincones del mundo», señaló el rector de la UMET. Los investigadores del OTA estimaron que los cambios en la política tarifaria representaron, en el caso del gas, una transferencia de ingresos de 2.000 millones de dólares anuales desde los usuarios hacia las petroleras. «No solo no existía una crisis energética en el gas, sino que el subsidio a las petroleras no generó mayor producción a nivel nacional», expresa uno de los documentos iniciales del Observatorio coordinado por el periodista de Página 12, Martín Granovsky.
Desde el OTA señalaron que las subas en la tarifa del gas continuarán escalando hasta que el precio del gas en el ingreso al sistema de transporte alcance los 6,8 dólares por BTU en 2019. «Este valor es homicida para la industria y para inversiones futuras y surge de una visión unilateral y arbitraria del Ministerio de Energía y Minería en base a considerar un mercado interno que no existe pues es el Estado el que fija el precio del gas por resolución». El texto distribuido cuestiona el abandono del objetivo del autoabastecimiento energético. La meta establecida a partir de la recuperación del control de YPF fue reemplazada por la «seguridad energética» que, según indica el documento del OTA, «se parece más a la seguridad energética de Shell». Por su parte, el titular de la Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía y referente de la Corriente Federal, Carlos Minucci, consideró que «los aumentos de tarifas son una transferencia de riqueza abismal a los Joseph Lewis, Marcelo Midlin y Calcaterra que son, en realidad, Macri». El documento no solo advierte sobre los aumentos futuros sino que cuestiona la reorientación de la política: «Los representantes de las empresas energéticas ocupan cargos de poder dentro de la estructura del Ministerio de Energía. Han tomado resoluciones para favorecer las transferencias de renta a sus ex empleadores», sostienen.
El Gobierno tiene previsto en los próximos meses al menos seis aumentos entre gas y electricidad (dos cada uno), transporte y naftas, aunque con porcentajes menos significativos que los del año pasado. Es por eso que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo el martes que llamar «tarifazos» a las próximas subas en los servicios es una «percepción subjetiva».
Con escaso costo político después de las elecciones legislativas del 22 de octubre, la primera suba será en las naftas y el gasoil. Las empresas con YPF, Shell y Axion a la cabeza se alistan para incrementar entre un 6% y un 11% los precios en las estaciones de servicio, de acuerdo con la evolución del tipo del cambio y del crudo Brent en Londres. El ajuste se produciría en las siguientes horas a los comicios, aunque podría postergarse hasta el 1° de noviembre.
El aumento tarifario también será importante en el transporte, «de entre un 50% (el mínimo se iría de 6 a $ 9) a 80 % ($ 11) en colectivos, al menos en el área metropolitana de Buenos Aires», según consignó Clarín el mes pasado. El Presupuesto que envió el Gobierno contempla una fuerte reducción de fondos para el área de Transporte donde habrá $ 93.871 millones, 1,7% menos en términos nominales y una caída real cercana al 19%.
Conflictos
Por amplia mayoría, la asamblea del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL-CTA) decidió suspender las medidas de fuerza desde las 5:00 de este sábado, cuando finalice el paro de 48 horas que iniciaron el jueves.
La tregua es hasta el miércoles, para volver a negociar con la empresa. Ese día habrá una nueva asamblea en la que los dirigentes informarán si hubo avances. El ánimo con que la dirigencia sindical llega a la asamblea no es el mejor. Después de 18 días continuados de paro, habían levantado la medida de fuerza para retomar las negociaciones, pero volvieron a la huelga este martes por 48 horas luego que la empresa hiciera «la peor oferta». Después de una nueva reunión, la situación no parece haber mejorado: «Ledesma tiene una actitud cerrada -describió Vargas, Secretario general del SOEAIL. Llegó a la negociación con 50 pesos de mejora en la tira final, pero no hemos hablado de los básicos, de las condiciones trabajo, de que hace un año vienen pagando mal. Tenemos muchas cosas por hablar». La reunión paritaria entre los cinco gremios aeronáuticos y la empresa Aerolíneas Argentinas-Austral en el Ministerio de Trabajo fue «un rotundo fracaso» y pasó a cuarto intermedio hasta el próximo martes, luego de que la compañía ofreciera un aumento salarial anual no remunerativo del 20 % en contraposición al 26 % exigido por los sindicatos. Por otra parte las organizaciones sindicales negaron que el viernes hayan paralizado las tareas y sostuvieron que lo ocurrido en las terminales aéreas tampoco obedeció a «la realización de asambleas» sino que «se trató de simples reuniones informativas de trabajadores», a la vez que denunciaron que la empresa decidió de forma unilateral hasta las 10:00 del sábado cancelar la totalidad de los vuelos, generando «un absoluto caos». Hubo 115 vuelos cancelados en todo el país, situación que afectó a 12.000 pasajeros.
La empresa de micros Andesmar despidió a choferes mientras prestaban servicios. Ante esta situación, los conductores decretaron un paro sorpresivo y no permiten que salgan los colectivos. Afirman que en el marco de un reclamo por el pago de haberes, la empresa decidió despedir a 200 trabajadores en todo el país.
Los trabajadores de la Líneas 112/165 y 243 que unen las localidades de Lanús con Saavedra y Monte Grande con Plaza Once, anunciaron que retomaron el servicio desde el día sábado a las 00 hs luego de nueve días de abstención de tareas.
La medida, que paralizó el servicio, fue dispuesta mediante asamblea debido al deterioro de las unidades y por falta de pago de haberes del mes de septiembre. Tras una larga espera y luego de manifestarse al Ministerio de Trabajo, exigiendo el restablecimiento del servicio, y habiendo realizado la denuncia correspondiente, cobraron el salario y llegaron los insumos.
Comunicaron a la comunidad que la paralización del servicio, que perjudicó a más de 50.000 usuarios fue exclusiva responsabilidad de los actuales gerenciadores de la empresa. Como también del Ministerio de Transporte, quien es el responsable de no haber depositado los subsidios para que las líneas puedan funcionar y del Juzgado de Lomas de Zamora por no actuar con la celeridad adecuada para garantizar el servicio público de pasajeros.
El personal de todos los canales abiertos y productoras de televisión del país ratificaron el plan de lucha ante la negativa de las cámaras empresarias ATA y Capit a ofrecer respuestas a los reclamos salariales.
Los trabajadores de la actividad encuadrado en el Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (Satsaid) decidieron una jornada de protesta y una huelga nacional de 24 horas para el próximo miércoles 18 en todos los canales abiertos y productoras televisivas, profundizando el plan de acción iniciado el lunes 9 en rechazo de «la intransigencia patronal» a ofrecer un salario acorde con la inflación acumulada en los últimos doce meses, expresó en un comunicado el secretario de Prensa, Alejandro Ruiz.
Ruiz indicó también que los empresarios mantienen «una posición intransigente y proponen una mejora de solo el 20 %, en contraposición a las exigencias gremiales del 29 %, según la inflación acumulada».
El dirigente sindical reseñó que el gremio acordó en su momento una recomposición de los haberes del 25 % para la rama de circuitos cerrados, y añadió que el sector recuperó inversiones publicitarias que superaron las obtenidas en 2016 y también revitalizó «la pauta pública estatal», concluyó el documento.
El mediodía del 12 de octubre, los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) realizaron un corte de la Av. Gral Paz al 5.400 en repudio a las autoridades del organismo que prohibieron una charla sobre el ajuste en Ciencia y Técnica que tenía un panel integrado por el Ing. Enrique Martínez (ex presidente del INTI), Paula Varela (investigadora del CONICET) y Lucía Maffey (investigadora del CONICET e integrante de JÓVENES CIENTÍFICOS PRECARIZADOS -JCP-) por considerarlo «una actividad política». Además, votaron un paro de 24 horas para esta semana.
El pasado miércoles, en la puerta de la Subsecretaria de Género y Diversidad Sexual, con la iniciativa de las trabajadoras de la línea telefónica 144, conjuntamente con la Secretaría de Derechos Humanos, se llevó a cabo una jornada político-cultural para visualizar en las calles la situación de precarización y violencia laboral en la que se encuentran llevando adelante una política pública, de atención a mujeres en situación de violencia.
Según denuncian las propias trabajadoras, en la línea el 92% se encuentra precarizado, habiendo cuatro formas de contratación por realizar la misma tarea, con la existencia de contratos por monotributo, planta transitoria, planta permanente y contratos tercerizados a través de una empresa, que es Provincia Net. Esta última también se encarga de otorgar los suministros y el equipamiento necesario, y se encuentra un grupo de trabajadoras que atienden la línea que en los papeles figuran como empleadas de comercio y cobran salarios por debajo de la línea de pobreza.
Las trabajadoras seguirán exigiendo estatización de la línea, salarios dignos y estabilidad laboral.
Los farmacéuticos realizaron un abrazo a Tribunales, en protesta contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia de retomar la denuncia de Farmacity contra la provincia de Buenos Aires, que le negó el ingreso a la firma.
La presidenta de Colegio de Farmacéuticos, Isabel Reynoso, destacó que «el abrazo fue un pedido a la Justicia nacional para que respeten el federalismo y las leyes de cada distrito. Y fue un pedido a Mario Quintana (presidente de la firma hasta que se convirtió en vicejefe de Gabinete nacional) para que entienda que las leyes se discuten en la Legislatura y no en la Justicia».
Finalmente, advirtió: «Si la Corte no falla a favor nuestro, llevaremos el caso al exterior, a explicar en los demás países que en la Argentina la salud se trata como una mercancía y que la política hacia los medicamentos está dirigida por los que sólo buscan el lucro».
Despidos en Neuquén
De acuerdo a un informe de Lorena Vincenty para Diario Río Negro en lo que va de 2017 se registran al menos catorce conflictos laborales en Neuquén.
La última protesta comenzó con el pedido de diez trabajadores de la estación de servicio ubicada en Perticone y Saturnino Torres que tomaron las instalaciones del predio en reclamo por sueldos adeudados y por la falta de garantía de su continuidad laboral.
En los últimos días 22 trabajadores de Inter Geo SRL, una empresa que realiza el control geológico en yacimientos, denunciaron también que corre riesgo su situación laboral ya que no hay información acerca de continuidad luego del 12 de octubre.
La palabra despidos, suena fuerte en los primeros 10 meses del año. Comenzó en enero cuando se dieron a conocer 50 despidos en Schlumberger y al otro día, Halliburton despedía 15 más. El mismo mes, 80 trabajadores de la empresa SP Argentina estaban en las puertas de la empresa para reclamar que habían recibido telegramas de despido, pero no indemnizaciones.
La firma de servicios petroleros OPS en los últimos doce meses despidió 1.308 operarios. La empresa Texey también desvinculó a un centenar de empleados cuando terminó un contrato con YPF, aunque unos meses más tarde pudieron firmar sus ingresos con las empresas Gabino Correa y TSB.
En febrero, el cierre de Textil Neuquén dejó a 36 obreras en la calle. Las mujeres tomaron la fábrica y después de casi seis meses se acordó el 100% de las indemnizaciones y un convenio con otra empresa para trabajar como cooperativa, pero por el momento no se concretó lo pactado.
En abril, 17 empleados de la planta Embotelladora Neuquén ubicada en Santo Tomás se quedaron sin trabajo, después de reclamar tres meses por sus sueldos. Por otra parte, la empresa EET encargada del tratamiento final de los desechos de hidrocarburos, en enero de 2016 sufrió un incendio, fue clausurada y en mayo de este año, al menos siete de los empleados fueron despedidos «con justa causa», después de reclamar por meses.
En junio, 80 empleados de la empresa Jugos del Sur de Centenario tomaron la planta. Aseguraban que el dueño les propuso un «retiro voluntario» porque no tenían plata para que cobren el salario. En el mismo mes, la cristalería de Plaza Huincul informó que ante el incremento en el valor del gas debieron reducir a siete empleados su plantel.
También cerró sus puertas la minera Minarmco de Cutral Có que envió el 31 de julio el telegrama de despido a 19 trabajadores. Otro caso fue el de la maderera MAM (Maderas al Mundo) que el 3 de julio de sus 94 empleados despidió a la mitad y suspendió al resto. Desde entonces la empresa no reabrió nunca sus puertas.
Al informe agregamos a las trabajadoras municipales despedidas de Neuquén, que se encuentran luchando por su reincorporación desde hace cuatro meses e iniciaron la semana pasada un encadenamiento y permanencia en la municipalidad. Denuncian el accionar del gobierno de «Pechi» Quiroga, que las despidió por negarse a realizar la campaña electoral de su partido.
En los últimos 12 meses se perdieron 3.298 empleos formales en la provincia.
Plan Nuclear
La empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) informó que no continuará con los contratos de 65 trabajadores tercerizados de la empresa Sadia, que realizaban tareas de mantenimiento en la central.
Entre contratos rescindidos y compromisos no renovados ya son más de 1.000 los puestos de trabajo perdidos en ATUCHA I y II en lo que va del año. Además habría otro grupo de trabajadores de maestranza que serían despedidos de la empresa en las próximas horas.
La paralización de las obras del «Plan Nuclear» desde el 2013 ha sido el argumento principal de la empresa para la reducción de personal y de servicios adicionales.
Por otra parte, los trabajadores estables continúan denunciando que la interrupción de las obras para la construcción de la cuarta y quinta central es una amenaza constante.
A propósito del plan nuclear que Macri acordó con China, La Izquierda Diario entrevistó al Secretario General de la CTA rionegrina, Rodolfo Aguiar, quien señaló: «Nosotros debemos rechazar la posible instalación de una central nuclear en la provincia de Río Negro, en la Patagonia, fundamentalmente porque no necesitamos los argentinos una central nuclear china, que estamos comprando a paquete cerrado o bien llave en mano, porque se trata de proyectos que no responden a nuestros intereses. No hay una sola empresa en nuestro país que necesite 1.000 MW de energía como produciría esta central nuclear. Es más, incrementarían nuestro endeudamiento externo en más de 7.000 millones de dólares. Pero además dejaría truncos los proyectos que en materia de energía son de origen nacional, porque esta compra llave en mano tendrá escasa o nula participación de nuestros científicos y técnicos locales». «Por otro lado, tenemos que decir que lo que nos esconden el Gobierno nacional de Macri y el Gobierno provincial de Weretilneck es que el verdadero interés que tiene el Estado chino y el empresariado chino es poder enclavar estratégicamente en la Patagonia esta central nuclear, para luego poder exportar y vender energía al resto de los países latinoamericanos y del Caribe», subrayó Aguiar. «Esta tecnología llave en mano no es como en otras oportunidades, como con los proyectos canadienses que se desarrollaron en donde los técnicos y científicos argentinos participaron, porque tenían una tecnología todavía desconocida en el país y en el continente. Por supuesto que genera también riesgos graves para nuestro medioambiente en general», remató Aguiar.
Criminalización de la protesta social
El sábado pasado, a las 7 de la mañana, fuerzas del CEOP irrumpieron en el inmueble donde se encontraba detenida Milagro Sala, y a la fuerza la trasladaron al penal de mujeres de Alto Comedero. La orden la dispuso el juez Pablo Pullen Llermanos. «Esto es un secuestro. Tras la resolución de la Cámara de Apelaciones que dispuso la revocatoria de la detención domiciliaria, Pullen Llermanos perdió jurisdicción sobre el expediente vinculado a la medida cautelar dispuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)», expresaron los abogados de la diputada del Parlasur. El juez, además, en un acto absolutamente ilegal, dispuso en la resolución diferir la notificación a los abogados de Milagro.
El traslado se realizó cuando fuerzas del Cuerpo Especial de Operaciones Policiales, acompañados por autos sin patente, irrumpieron en el domicilio de la dirigente social y por la fuerza, en pijama y descalza dispusieron el traslado al Penal.
El 30 de octubre comenzará el juicio oral a los delegados de Editorial Perfil bajo la acusación de violar la libertad de prensa por haber realizado un paro de actividades contra despidos producidos un día de elección de delegados.
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) reclaman la absolución e invitan a acompañar a los periodistas procesados durante el juicio a realizarse el 30/10 y el 1/11 desde las 8:30 en Av. de los Inmigrantes 1950, sede del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 12 de la CABA.
La Cámara de Apelaciones de General Roca (Río Negro) hizo lugar parcialmente a la apelación presentada por los abogados de las trabajadoras y compañeros procesados de la Universidad del Comahue. La imputación más grave que pesaba sobre ellos fue desestimada (coacción agravada), así como también se excluyó a una de las trabajadoras de las imputaciones, y se rebajó el monto de los embargos. En la causa, las autoridades universitarias sostienen una versión maliciosa, negando la relación laboral entre las trabajadoras y la Universidad.
Cine para las recuperadas
Se presentará un nuevo documental que registrará la labor diaria de los trabajadores de Madygraf (ex Donelley) en diversos sectores de producción, sus conflictos, historias de lucha y victorias.
El 13 de agosto de 2014, cuando los 400 operarios de la multinacional Donelley se presentaron a trabajar, se encontraron con las puertas cerradas, un cartel que anunciaba el quiebre de la gigantesca imprenta y un 0800 donde llamar para ver cómo seguía la historia.
A mediados del mes de marzo un grupo de cineastas platenses pudo registrar la última producción de C.I.T.A. (Cooperativa Industrial Textil Argentina), una cooperativa ubicada en la ciudad de La Plata. Al llegar el mes de mayo llegó la parálisis de la fábrica. Los trabajadores idearon hacer un video mostrando parte del último proceso, donde cuentan en primera persona los problemas que los llevaron a dejar de producir y una solución para reactivar la fábrica acudiendo a la sociedad argentina a que difunda el mensaje.
Fuentes: www.infogremiales.com.ar, www.agenciacta.org, Anred, Resumen Latinoamericano, Tiempo Argentino, Clarín, Red Eco Alternativo, La Izquierda Diario, APU, www.diariobae.com, La Nación, Página 12, El Cronista, Diario Río Negro.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.