En el curso del presente año y con pocos meses de diferencia, habrá una nueva elección presidencial (la tercera desde 2003) y se conmemorarán diez años de la rebelión popular que puso fin a la presidencia de Fernando de la Rúa. Acontecimientos tan distintos están sin embargo relacionados. Aquella irrupción popular «destituyente» conmovió hasta las […]
En el curso del presente año y con pocos meses de diferencia, habrá una nueva elección presidencial (la tercera desde 2003) y se conmemorarán diez años de la rebelión popular que puso fin a la presidencia de Fernando de la Rúa. Acontecimientos tan distintos están sin embargo relacionados. Aquella irrupción popular «destituyente» conmovió hasta las raíces del régimen y tuvo como respuesta, tras algunas semanas de total incertidumbre, el transitorio mandato de Eduardo Duhalde y, algunos meses después, la salida electoral que puso a Néstor Kirchner en la Casa Rosada, iniciando una gestión que se prolonga en la de Cristina Fernández de Kirchner.
El levantamiento no revolucionó la estructura socioeconómica del país, pero transformó sustancialmente el panorama y las reglas del juego político, los equilibrios internos del establishment y el comportamiento de las clases subalternas.
Al asumir, Néstor Kirchner anunció un «proyecto nacional y popular» que, según dicen hoy algunos «progresistas» y gran parte de los dirigentes sindicales, viene haciendo realidad las aspiraciones de los trabajadores. La oposición patronal, en el otro extremo, denuncia que el populismo y la permisividad gubernamental alientan una escalada sindical contra la rentabilidad empresaria y la propiedad privada. Más allá de la retórica de unos y otros, importa examinar el conflicto social en sus rupturas y continuidades. ¿Qué cosas han cambiado desde el punto de vista del trabajo? ¿Cuál es el protagonismo de los asalariados? ¿Qué pasa en/con los sindicatos?
Me aproximaré a estas cuestiones escogiendo tres núcleos problemáticos: lo ocurrido en el momento de la rebelión popular y lo más álgido de la crisis; el panorama que resulta de los sucesivos gobiernos kirchneristas (y el revitalizado rol de los jerarcas sindicales); y la crisis del «modelo sindical argentino» como el contexto de tradiciones en disputa. Son sintéticas anotaciones referidas a una lucha de incierto desenlace. Proponen una interpretación, que es indisociable de un compromiso práctico y una apuesta política. Esto es deliberado: considero que el análisis contemplativo resulta, especialmente en éste terreno, inadecuado: «Quien no pueda tomar partido, debe callar» (Benjamin, 1987: 45).
I. Diciembre de 2001 – junio de 2002… El «Movimiento Obrero Organizado» faltó a la cita
La rebelión popular de diciembre de 2001, como generalmente ocurre con este tipo de acontecimientos, no obedeció la convocatoria de tal o cual dirigente. Fue detonada por una aguda crisis económico-social y desatinadas medidas gubernamentales. Contra la insultante miseria que empujaba a saqueos multiplicados en las imágenes televisivas, contra «el corralito», contra el estado de sitio dictado por la soberbia del poder, inesperadamente, una multitud salió a «cacerolear», ganó las calles de varias ciudades y en Buenos Aires se auto-convocó a Plaza de Mayo para instalar, en el más simbólico espacio público, aquella exigencia que fue una pesadilla para los de arriba: «Que se vayan todos». El frontal repudio a toda una clase política inoperante y corrompida y la súbita irrupción de masas con vocación protagónica puso en evidencia que no se estaba ante una crisis económica más, sino en el torbellino de una profunda crisis orgánica en la cual los mecanismos que expresan y realizan la hegemonía de la clase dominante estaban radicalmente cuestionados.
Lo espontáneo suele incluir una larga y trabajosa preparación. En este caso, a lo largo de todo el año 2001 se habían sucedido, potenciándose mutuamente, ominosas expresiones de la crisis económica y protestas sociales cada vez más extendidas. A los reclamos de las organizaciones «piqueteras» que venían gestándose desde los noventa, se sumó una escalada de huelgas, especialmente de trabajadores públicos nacionales y provinciales. La tensión creció a punto tal que la Huelga General Nacional convocada por las direcciones sindicales el 13 de diciembre fue convertida por los activistas de base en un «paro activo» con acciones de lucha callejera y los acontecimientos se hicieron vertiginosos… Pero cuando decenas de miles pugnaban por ocupar la Plaza de Mayo y era preciso poner el cuerpo a la criminal represión policial, la Confederación General del Trabajo (CGT), el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA) y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) sacaron a sus militantes de la calle y los mandaron a la casa. La firmeza o inteligencia política con que las cúpulas sindicales habían acompañado la lucha popular es muy discutible, pero lo que no admite discusión es que, en el momento decisivo de la rebelión, cuando la represión tronchó una treintena de vidas, el «Movimiento Obrero Organizado» faltó a la cita.
Durante los tumultuosos meses que siguieron, la CGT, el MTA e incluso la CTA aplicaron aquel consejo que Perón había dado al vandorismo tras el golpe militar de Onganía: desensillar hasta que aclare. Las organizaciones piqueteras y el movimiento asambleario nacido en las jornadas de diciembre, a despecho de contradicciones y debilidades, lucharon por sus reivindicaciones y trataron de plantear alguna salida popular. Las burocracias sindicales, en cambio, activamente o por omisión, acompañaron las disputas palaciegas que pusieron y sacaron presidentes de la Casa Rosada hasta imponer a Eduardo Duhalde. Con el argumento de respetar «el marco de las instituciones y la Constitución», se impuso a un presidente que nadie había votado. Lo que importaba era desmovilizar a la gente y arreglar las cosas por arriba.
La parálisis de la dirigencia sindical cuando el régimen se hundía en el descrédito y la clase dominante en una total confusión, ilustra la impotencia y decadencia política a que había llegado la conducción del movimiento obrero. Pero lo que termina de descalificarla es que aceptaron mansamente el brutal «ajuste» antiobrero con que Duhalde salió de la «convertibilidad» vía devaluación, lo que «significó la redistribución del ingreso desde el conjunto del pueblo trabajador hacia los grandes capitales: en la presente década, los asalariados se apropian cerca del 38 % de los ingresos totales. La contracara: tasas de ganancia para el gran capital superiores 50 % a los noventa» (Féliz/López, 2010: 133).
Insisto y subrayo: la CGT -conducida entonces por Daher-, el MTA liderado por Moyano y en menor grado la CTA, ayudaron a mantener en la pasividad al movimiento obrero organizado en el momento mismo en que Duhalde buscaba aterrorizar y disciplinar a la población. Sabemos que solo lo consiguió parcialmente, porque la reacción popular tras la «Masacre del Puente Pueyrredón» del 26 de junio llenó nuevamente de manifestantes la Plaza de Mayo, cortó masivamente calles y puentes y acorraló a Duhalde obligándolo a anticipar el fin de su gestión y convocar a elecciones. Pero también en aquellas jornadas de junio y julio de 2002 los burócratas y aparatos sindicales estuvieron ausentes.
Concluyendo: las cúpulas sindicales «se borraron» en momentos decisivos de la lucha de clases. Minimizaron el posible aporte del movimiento obrero organizado a la rebelión popular y, al hacerlo, no solo debilitaron la movilización en general, sino que en particular facilitaron el brutal agravamiento de la explotación a los trabajadores mismos. Privilegiaron resguardar sus intereses «corporativos» o más precisamente de «cuerpo social» crecientemente autonomizado de la clase y los interesas generales del sistema y el Estado al que procuran integrarse. Rechazo la postura de quienes minimizan la responsabilidad de Moyano y compañía con la afirmación cínica y arbitraria de que «los trabajadores argentinos tienen los dirigentes que quieren y se merecen». No se me escapa que el colaboracionismo de la conducción burocrática puede y debe ser discutido, también, en el cuadro más vasto de la crisis general del sindicalismo y, si se quiere, de la clase obrera misma. Pero esa será, en todo caso, otra discusión.
II. Moyano, los trabajadores y el kirchnerismo: entre el agradecimiento y la lucha
Hugo Moyano no se cansa de repetir que nadie hizo tanto como Néstor Kirchner por los trabajadores y que, en agradecimiento por todo lo conseguido, la CGT de la cual es secretario general, rinde homenaje al desaparecido presidente, respalda a Cristina Fernández de Kirchner y apuesta a la continuidad del «proyecto». Significativamente, el dirigente camionero asumió el cargo que Kirchner dejó vacante en la conducción del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires.
Cualquier interpretación crítica de este posicionamiento debe comenzar por recordar que hasta hace muy poco Moyano no era kirchnerista. En las elecciones presidenciales de 2003, el líder del MTA enfrentó a Néstor Kirchner y al Frente para la Victoria apoyando públicamente la candidatura de Adolfo Rodríguez Saá, y puso a hombres de su confianza[1] en las boletas del político puntano. Durante los primeros tiempos del gobierno de Kirchner, las relaciones se mantuvieron relativamente tensas, al menos hasta que Moyano logró desplazar a sus competidores y afirmarse en la cúpula de la CGT con el visto bueno oficial. En la misma jugada, el nuevo «hombre fuerte» de la CGT logró que el gobierno «olvidara» el semi compromiso de reconocer a la CTA y que la plana mayor del kirchnerismo pasara a reivindicar la «legitimidad», la «prudencia» y la «capacidad» de los dirigentes sindicales (en general) y de Moyano (en particular).
La reivindicación que de la burocracia hizo Kirchner tiene importancia simbólica y política, porque la restituyó en el destacado sitial que, dentro del peronismo, hacía tiempo había perdido. Tiene también una dimensión institucional: la ratificación del «modelo sindical» con el blindaje del Estado. Y por último, pero no en importancia, está el costado material: el perfil de «sindicalismo empresarial» adoptado por la burocracia recibió un formidable impulso cuando se aseguró ya no solo el discrecional manejo de los fondos sindicales y de las Obras Sociales con millonarios subsidios, sino también la posibilidad de meter mano en los fondos del ANSES y del PAMI, obtener partidas extraordinarias, contactos y «facilidades» para que los aparatos sindicales y sus popes acumularan recursos y «diversificaran» las fuentes de financiamiento, con sesgos mafiosos.[2] Quid pro quo: la burocracia devolvió los favores al gobierno, negociando «con responsabilidad y moderación» ante las patronales y convirtiéndose en su principal pilar: contra la oposición burguesa en el momento en que hizo falta, pero también y sobre todo como factor orgánico de contención de la clase, haciendo aceptar los «techos salariales» impuestos por el gobierno y bloqueando la confluencia de las reivindicaciones y luchas de los asalariados.
Puede decir Moyano que le fue muy bien con los Kirchner. Pero a los trabajadores no les fue tan bien. Es indudable que la situación de los asalariados tuvo un vuelco positivo a partir de 2004: mayor nivel de empleo, recuperación salarial, restablecimiento de paritarias y convenios colectivos e incluso cambios en la legislación y jurisprudencia laboral que morigeran la contrarreforma conservadora de las últimas décadas. La mejora relativa no se derivó mecánicamente de la acelerada recuperación de la economía nacional después del colapso sufrido, pues la gran burguesía de nuestro país, acostumbrada como está a amasar rápidas y extraordinarias ganancias sobre la base de la superexplotación del trabajo (y de los bienes comunes), nunca regala nada. Si algo cedieron, fue porque los trabajadores, pasado lo peor del 2003 y aprovechando un contexto todavía marcado por cortes de calles, manifestaciones y otras acciones directas, comenzaron a plantear sus reclamos con petitorios, asambleas, suspensión de actividades e incluso paros. Fueron acciones y luchas parciales e inconexas, pero muy extendidas. Mastodontes sindicales que hacía décadas no salían a la calle (por ejemplo, la Unión Obrera Metalúrgica) debieron sacudirse la modorra y combinar la negociación «por arriba» con alguna huelga y manifestaciones sectoriales, en una gimnasia que, aun siendo controlada, posibilita alguna expresión de base. No puede ignorarse, por otra parte, la influencia de los conflictos «duros» («huelgas salvajes» según los medios) que más o menos cíclicamente desbordaron el control burocrático, logrando a veces conquistas significativas y, en todos los casos, ejemplificando una potencialidad de lucha que las patronales, el gobierno y los burócratas temen y combaten, pero no pueden erradicar.
El balance del período es complejo y contradictorio. Un problema es que la dinámica de las mejoras en el nivel de empleo y los salarios parece haberse estancado desde el 2008.[3] Pero lo esencial es que la misma mejoría que un sector de la clase sintió, estuvo acompañada por el incremento invisibilizado de la precarización, el trabajo en negro (que alcanza a casi un 40 % de la fuerza laboral), los tercerizados y el trabajo esclavo, que no está circunscrito como pretenden hacerlo creer el Ministerio de Trabajo y la AFIP a unas pocas actividades rurales. Las diferencias se han incrementado: los trabajadores «no registrados» cobran, en promedio, la mitad de lo que perciben los que están en blanco. Hay categorías (petroleros, mineros, aceiteros, camioneros…) que conquistan salarios comparativamente muy altos, pero los ingresos de una gran franja de la clase se estancan o retroceden. Un 20 % de los salarios son recortados «por arriba» pues debe tributar impuesto a las ganancias (!) y en la otra punta se encuentran los nuevos «pobres por ingreso»-quienes trabajan en blanco por un salario que no cubre el valor de la canasta familiar-. Y la inflación golpea duramente a los sectores más desprotegidos. Esta fragmentación objetiva, consentida y alentada por el actual modelo sindical, tiene consecuencias subjetivas: la conciencia e identidad de clase siguen desarticuladas, la solidaridad y la defensa de intereses comunes es desacreditada y reemplazada promoviendo mezquinas prebendas corporativas. Expresión extrema de esto es la asociación de los burócratas de la Unión Ferroviaria en la superexplotación de los ferroviarios tercerizados, que llegó al deliberado asesinato de Mariano Ferreyra por parte de la patota de Pedraza. Y, como si eso fuera poco, las ignominiosas «medidas de fuerza» dispuestas tanto por la UF como por La Fraternidad contra el ingreso a planta de los precarizados. En definitiva, junto con la bonanza económica y los altos índices de crecimiento, han crecido la desigualdad y la miseria social. Un puñado de empresas transnacionales y amigas del gobierno está ganado como nunca, mientras gran parte de la población sigue en la indigencia o la pobreza, el problema habitacional en las grandes ciudades ha devenido explosivo y las carencias en materia de salud y educación son terribles. Que Moyano diga lo que quiera. Yo pienso que no es momento de agradecimientos, sino de lucha.
III. El «modelo sindical» en crisis. Tradiciones en disputa
La CGT y su actual Secretario General se muestran ostensiblemente como un factor de poder que, encolumnado hoy tras Cristina Kirchner, disputa espacios en el Partido Justicialista, en las futuras boletas del Frente para la Victoria, e incluso adelanta que algún futuro presidente debería provenir del movimiento sindical. Tienen recursos. Han exhibido una capacidad de movilización y encuadramiento que ningún partido tiene. Presionan y negocian con las organizaciones empresarias como hacía tiempo no se veía. Prometen por un lado combatir a «la zurda loca» y por el otro reclaman «participación en las ganancias» provocando reacciones paranoicas en la gran burguesía.
¿La Patria Sindical recargada? No lo creo. El poder concentrado de Moyano no basta para convertir a la CGT en lo que dice ser: una gran organización de masas, con el reconocimiento y adhesión de la totalidad de los trabajadores. Ni mucho menos. La cúpula de la CGT lo sabe y precisamente por ello insiste en que el Estado le conceda el monopolio de la representatividad de la clase trabajadora, argumentando que ese es «el modelo sindical argentino». Veamos esto más de cerca.
La CGT exige lo que se denomina «unicidad sindical»: el Estado debe reconocer una central nacional, un sindicato por industria o rama de actividad y una representación del personal en cada lugar de trabajo. El monopolio de la representatividad sindical está acompañado por la centralización de la negociación colectiva y la concentración de la autoridad y los recursos en la cúpula nacional de cada sindicato: es la dictadura de los cuerpos orgánicos. Pero estas prescripciones se chocan con la realidad y hacen agua por todos los costados. La misma CGT parece atada con alambres, bajo una conducción unipersonal impuesta en base al poderío (y procedimientos que rondan con lo mafioso) del sindicato de camioneros. Es una CGT en la que no funciona el Congreso, no se reúne el Comité Central Confederal y el mismo Consejo Directivo evita cualquier deliberación: todo se cocina por arriba y en secreto. Más allá de la común defensa de sus privilegios y chanchullos de casta, los campeones de la unicidad están divididos. Los sindicatos manejados por los llamados «Gordos» se mantienen con un pie adentro y otro afuera, esperando una oportunidad para desplazar a Moyano. Otros, siguiendo al Gastronómico Barrionuevo y al ahora doblemente famoso «Momo» Venegas (aliados políticos de Duhalde) hicieron rancho aparte constituyendo la «CGT Azul y Blanca». Todos ellos dependen del favor del Estado.
Asimismo, a despecho de los pretextos dilatorios del Gobierno y el Ministerio de Trabajo, desde 1992 existe otra entidad sindical nacional, la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA). Más allá de sus méritos y falencias, es indiscutible que se trata de una organización con existencia real, con afiliados en todo el país y reconocida como una organización hermana por la mayor parte de las centrales obreras de nuestra América. Desde hace años, la Organización Internacional del Trabajo exige el inmediato otorgamiento de la personería gremial a la CTA.
Pero la principal expresión de la crisis del modelo sindical no son las divisiones de la CGT ni la competencia de otra entidad. La crisis consiste en que más de la mitad de los trabajadores no tiene filiación sindical y, lo que tal vez sea peor, en que en la abrumadora mayoría de los lugares de trabajo no existen delegados ni forma alguna de organización gremial. Se llegó a esta situación por múltiples factores: los efectos a largo plazo del terrorismo de Estado que se ensañó con el activismo obrero, las derrotas sufridas cuando la ofensiva neoliberal y los subsiguientes cambios en la organización del trabajo, las persecuciones y prácticas antisindicales de las patronales, el impacto subjetivo de la fragmentación conducente al individualismo y la pérdida de confianza en la acción colectiva. Pero la burocracia carga también con su propia e inmensa responsabilidad en todo esto: porque algunos fueron colaboracionistas e incluso delatores de la dictadura militar sin que al resto de los «compañeros» dirigentes se le moviera un pelo, porque se adaptaron al neoliberalismo asumiendo el perfil del «sindicalismo empresarial» y convirtiéndose ellos mismos en empresarios, porque se ponen de acuerdo con las patronales para detectar y hacer despedir a los compañeros insumisos, porque la estrechez corporativa de cada sindicato promueve activamente la división e incluso el enfrentamiento entre los trabajadores. Por todo esto, la realidad es que hoy la gran mayoría de los trabajadores siente un profundo rechazo ante estos dirigentes millonarios y el aparato con rasgos mafiosos en que se apoyan. Son considerados, con sobrados motivos, un cuerpo extraño, motorizado por sus propios intereses y potencialmente peligroso.
No será sencillo sacarse de encima la loza burocrática peronista y recuperar la otra tradición de nuestro movimiento obrero, la que justificaba hablar de «la anomalía argentina» aludiendo al grado de combatividad y politización que desafiaba desde abajo, desde los cuerpos de delegados, las comisiones internas, las agrupaciones combativas y clasistas, tanto a las dictaduras militares como a la dictadura de los cuerpos orgánicos. Todo lo que pueda contribuir o facilitar ese titánico empeño será bienvenido. Se sabe que existiendo muchos pedidos de inscripción gremial que el Ministerio de Trabajo cajonea, crecen las demandas judiciales: para lograr la inscripción y reconocimiento de nuevas organizaciones, para revertir o condenar casos de discriminación antisindical, para frenar los burdos mecanismos antidemocráticos a los que recurren los jerarcas sindicales para bloquear cualquier atisbo de oposición. Algún fallo dispuso el reconocimientos de delegados que habían sido electos pese a no ser afiliados al sindicato con personería; otro dictaminó que los fueros gremiales también protegían al directivo de un sindicato sin personería… Son brechas legales y jurídicas que en determinados casos pueden ayudar a organizarse. Pero no cabe alentar falsas esperanzas: los únicos cambios efectivos y duraderos son los que se construyen desde abajo y se sostienen con la lucha. La unicidad es mala, pero sobran ejemplos de que la «libertad sindical» puede no ser mejor. Se requieren cambios de fondo y no parches. Una batalla de conjunto: por libertad sindical, por democracia obrera, por el clasismo, esto es, organizarse para enfrentar el poder del capital dentro de las empresas y fuera de ellas, impulsando la autoactividad de los trabajadores (en toda su diversidad: de género, etaria, de registración, etcétera). Mucho de esto late en las experiencias de lucha y organización que rompen la loza burocrática protagonizando lo que ha dado en llamarse sindicalismo de base. Conforman una corriente muy heterogénea, incipiente y minoritaria, pero con raíces profundas. La toma de fábricas y el intento de mantener en funcionamiento a las empresas recuperadas por los trabajadores ya es parte del repertorio de la lucha de clases, pesa en ello la emblemática victoria lograda por los trabajadores ceramistas de la ex Zanón. En varias ocasiones las huelgas docentes (en Santa Cruz, en Neuquén…) fueron ejemplares, por sus métodos asamblearios, combatividad en la calle e independencia del gobierno. Los reclamos de libertad y democracia obrera han estado presentes en conflictos de notable envergadura y repercusión. En la multinacional Kraft, una larga lucha articuló las demandas mínimas con la defensa de los delegados por sector y una comisión interna antiburocrática. Se destaca la gesta de los trabajadores de los subterráneos de la Capital Federal, que desde abajo han organizado e impuesto el nuevo sindicato del subte, quebrando el triple veto de la Unión Tranviarios de Argentina (UTA), la CGT y el Ministerio de Trabajo de la Nación. Silenciadas en general por la prensa, en numerosas luchas han surgido organizaciones ad hoc o autoconvocadas a través de las cuales las bases desbordan en determinados momentos el boicot de los aparatos sindicales. Todo esto constituye una plétora de experiencias y luchas diversas, que plantea el desafío de reconocer esa diversidad para, con ella y desde ella, construir una común voluntad emancipatoria.
Para asumir este desafío debemos también atrevernos a oponer, a la tradición que esgrime y cultiva la burocracia, la memoria de las luchas y de los combatientes que la historia oficial enterró, pero nosotros podemos y debemos rescatar o redimir. Repasando la historia a contrapelo, podremos saltar sobre un abismo de sangre y olvido para reencontrarnos con los vencidos de ayer que, a pesar de la derrota, o precisamente porque fueron derrotados, siguen denunciando a los traidores, advirtiéndonos sobre el peligro que nos acecha, recordándonos en definitiva que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Aquellas constelaciones o relámpagos subversivos de la resistencia peronista, del Cordobazo, de las coordinadoras interfabriles, y mucho más cerca aún, de Darío Santillán en la estación que bautizó con su gesto solidario y con su sangre, nos orientan, nos iluminan, nos dan fuerza: «La relación entre el hoy y el ayer no es unilateral: en un proceso eminentemente dialéctico, el presente aclara el pasado y el pasado iluminado se convierte en una fuerza en el presente» (Lowy, 2005: 71).
Nuestro combate es aquí y ahora, por el pasado y por el futuro.
Aldo Casas es Antropólogo, Universidad de Buenos Aires. Miembro del consejo de redacción de la revista Herramienta y de la Asociación Antonio Gramsci de la Argentina. Colaborador de revistas extranjeras como Carré rouge, A’lèncontre, Margem Esquerdo y Venezuela Socialista. Integrante del Frente Popular Darío Santillán. Entre sus trabajos publicados se encuentra la preparación de la 2ª edición de Un siglo de luchas. Historia del movimiento obrero argentino, Buenos Aires, Antídoto, 1988; Después del estalinismo. Los Estados burocráticos y la revolución socialista, Buenos Aires, Antídoto, 1995; «Drogadicción», salud y política, en Cuadernos de Herramienta 2, Buenos Aires, 2002. Compiló y revisó la traducción del francés de Marx intempestivo. Grandezas y miserias de una aventura crítica, de Daniel Bensaïd, Ediciones Herramienta , 2003. En los diferentes números de Herramienta, se pueden encontrar varios de sus trabajos. Correo electrónico: [email protected]
Bibliografía
Benjamin, Walter, Dirección única. Alfaguara: Madrid, 1987.
Féliz, Mariano / López, Emiliano: «Políticas sociales y laborales en la Argentina». En: Féliz, Mariano et al. (eds.), Pensamiento crítico, organización y cambio social: de la crítica de la economía política a la economía política de los trabajadores y las trabajadoras. CECSO, Editorial El Colectivo: Buenos Aires, 2010.
Löwy, Michael, Walter Benjamin, Aviso de Incendio, Fondo de Cultura Económica: Buenos Aires, 2005.
Notas
[1] Entre otros, Hector Recalde y Julio Piumato.
[2] Lo de sindicalismo empresarial tiene múltiples connotaciones: en lugar de organizar la lucha, «ofrecer servicios al afiliado»; gerenciar el sindicato y la obra social con criterios de rentabilidad, hacer inversiones, al límite devenir accionistas de empresas capitalistas, etcétera. En el caso argentino, ha significado también la acelerada conversión personal de los burócratas y sus familiares en empresarios multimillonarios.
[3] Se advierten tanto una disminución en el ritmo de creación de nuevos empleos como el incremento de la inflación, a punto tal que en los dos últimos años los salarios de los empleados públicos y los trabajadores no registrados han perdido poder adquisitivo. Artículo del economista Gustavo Ludmer en Página 12, 7/2/2011.
Revista Herramienta Nº 46
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