Acumulado inflacionario entre 2016/8 = 160% y dos de los tres años fueron recesivos. Dic. 2018 vs. Dic. 2017 según INDEC: alimentos y bebidas no alcohólicas: 51,2%; transporte público, 66,8% y vivienda, electricidad, gas y combustible, 45,7%. Sumados representan casi el 50% de los consumos familiares. De la misma fuente. Salarios 2018: 27,3% promedio, públicos […]
Acumulado inflacionario entre 2016/8 = 160% y dos de los tres años fueron recesivos.
Dic. 2018 vs. Dic. 2017 según INDEC: alimentos y bebidas no alcohólicas: 51,2%; transporte público, 66,8% y vivienda, electricidad, gas y combustible, 45,7%. Sumados representan casi el 50% de los consumos familiares.
De la misma fuente. Salarios 2018: 27,3% promedio, públicos y privados en blanco contra una inflación de 47,6%.
Dirección de Estadísticas de la CABA. Tarifas de electricidad 1.317%. Gas 708% en los últimos tres años. Entre febrero y abril próximos la luz aumentará 50% y 35% el gas.
Dólar: 400%
Por cuarto viernes consecutivo, vecinos de la Ciudad y el Gran Buenos Aires protagonizaron otro «ruidazo» contra los tarifazos del gobierno de Cambiemos, a los que se sumaron esta semana los cortes de luz como incentivo adicional. «Macri a la Cárcel» y «Macri: juicio y castigo ya», decían carteles que portaban en Cabildo y Juramento, en Belgrano. «Así no se puede seguir. Vecinos contra el tarifazo», resumió el sentir popular una mujer en Monroe y Triunvirato, en Villa Urquiza.
«Mauricio Macri la yuta que te parió», coreaban vecinos de Almagro en la esquina de Corrientes y Medrano, donde una señora estampó sobre una cartulina la célebre frase del presidente en campaña: «la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar». En San Juan y Boedo un vecino apeló a una frase en latín para decretar el final de la era macrista: «Acta est fábula (La comedia ha terminado)», decía desde su cartel, rodeado por los más tradicionales de «Basta de Tarifazos» y banderas argentinas.
En el conurbano los bonaerenses se congregaron en plazas y calles céntricas para protestar contra la política económica de Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal. «Basta Macri», reclamaba una gran bandera argentina en la plaza San Martín de Morón. «Ni una pyme menos», decía otra bandera celeste y blanca en el centro de Haedo.
Detrás de una bandera con la consigna «No a los tarifazos» avanzó por el centro de Mar del Plata la edición balnearia de la Marcha de Antorchas que agrupaciones gremiales, sociales, políticas y de consumidores impulsaron a principios de enero en repudio a los aumentos que el Gobierno nacional impuso a los servicios públicos de gas, luz, agua y transporte.
La movilización fue multitudinaria y reunió a las dos CTA (la Autónoma y de los Trabajadores), a los referentes y las seccionales locales de los gremios que integran el Frente Sindical para el Modelo nacional, a la Multisectorial 21F y a agrupaciones de izquierda, además de incontables hombres y mujeres que se acercaron autoconvocados al monumento a San Martín de esa ciudad.
El próximo jueves la cita será en la ciudad de Bariloche, para concluir el 7/2 en Mendoza.
La CTA Autónoma realizó una jornada de lucha contra los tarifazos en la puerta del Ministerio de Energía. Al iniciar la radio abierta, policías de la Federal y de Ciudad militarizaron la zona e intentaron secuestrar vehículos de los manifestantes.
Con un plenario abierto que se realizará el lunes por la tarde en la sede del Sindicato del Neumático (SUTNA), el sindicalismo combativo definirá una acción concreta en un verano en el que el pueblo trabajador en su gran mayoría no se fue de vacaciones y las calles están repletas de quejas, reclamos y bronca. En el caso de los usuarios residenciales, el gasto en tarifas en el Área Metropolitana de Buenos Aries saltó de 3,18% del salario en 2015 a un 15,23% durante el año pasado.
«Los trabajadores en condiciones de mayor precariedad que tienen ingresos equivalentes al salario mínimo vital y móvil, pasaron de gastar el 6,73% de su salario en tarifas en 2015 a un 36,39% en 2018», alertó el informe difundido por el centro Proyecto Económico.
Además, subrayó que depende de los sectores, «los aumentos sobre la tarifa energética tuvieron un impacto considerable en los costos de producción».
«En el caso del textil, un sector muy afectado por la política económica, en las ramas de hilado y tejido el costo de la energía pasó de representar en promedio el 7% sobre el total de la estructura de costos en 2015 al 23% en 2018», puntualizó.
Resaltó que «en la producción de pasta de celulosa y papel, creció del 10% al 25%, y en algunos rubros, como la fabricación de hilado sintético, alcanza el 42% de los costos fijos».
Vivienda
Por efecto de la devaluación casi se duplicó el esfuerzo salarial para comprar una vivienda. Hace un año un departamento usado de 60 m2 en la Ciudad de Buenos Aires costaba 90 salarios. Hoy son necesarios 160. Teniendo en cuenta un salario medio de $ 33.590 mensuales.
La remuneración media en dólares, era de U$S 1.357 mensuales y un año después es de U$S 871. Según la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) el índice de salario nominal medido en dólares se redujo 41.6% interanual.
También los alquileres subieron un 60% más que los salarios entre agosto de 2014 y el mismo mes de 2018. Para un departamento de tres ambientes el valor mensual se estimaba en $ 14.000, una suba acumulada del 418%. En tanto el salario acumula 270% para el mismo período y la inflación el 322%. Los alquileres subieron por encima de la inflación y el salario, mientras los sueldos en blanco quedaron por debajo de las otras dos variables.
Los créditos UVA
Con la suba del dólar, en mayo, se cayeron el 25% de las operaciones que ya estaban pautadas y se paralizó la actividad.
«Hay 3.000 inmobiliarias al borde del cierre, no sólo las 206 que cerraron de enero a mayo. Tenemos gente que la está pasando muy mal. Desde que comenzó junio se frenó todo, ni los teléfonos suenan», afirmó Armando Pepe, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad.
Además el boom crediticio se paró. «Una persona que empezó a tramitar su crédito en diciembre con un dólar a $ 17 hoy ya no llega a comprar. Si la propiedad costaba u$s 150.000 y tenía u$s 50.000, pedía un crédito de $ 1,7 millón para escriturar. El problema es que ahora necesita $ 900.000 más. Si no puede recurrir a los créditos de familiares y amigos, ya no puede comprar», concluyó el empresario inmobiliario.
En 2016 sobre la base de un crédito a 20 años de un millón de pesos, un crédito tradicional a una tasa fija comenzaba pagando una cuota de $ 12.435, pero había que demostrar un ingreso de $ 46.900. Cuando se lanzaron los UVA, por el mismo millón de pesos y con el mismo plazo a 20 años, se pagaba una cuota de $ 7.900 y el ingreso a demostrar era de $ 31.600.
La tasa inicial del UVA era atractiva y muchos vieron en este tipo de créditos, que también extendía el plazo de cuotas a 30 años, la posibilidad de acceder a una vivienda propia. Pero dos años después, inflación mediante, con el crédito a tasa fija la cuota sigue siendo de $ 12.435 y con el préstamo UVA la cuota es ahora de más de $ 13.000 y la deuda se incrementó en un 53 %, ajustado por el aumento del índice UVA.
En mayo, el BCRA titulaba un informe: «Crédito hipotecario: un mercado de capitales más profundo para potenciar el dinamismo del financiamiento bancario». En el cual decía que «con el crédito hipotecario cobrando impulso, una de las formas que tienen los bancos para mantener esta tendencia es la securitización o titulización de carteras, transformando préstamos ya otorgados en fondos líquidos (que pueden ser usados para otorgar nuevos préstamos)».
¿Qué es la securitizacion o titulización de carteras hipotecarias? Básicamente que el Banco crea una empresa filial que pasa a ser un fondo de titulación hipotecaria, este fondo le compra al banco las deudas de los que tomaron los créditos hipotecarios, arma paquetes de bonos y títulos y los vende en el mercado a fondos de inversión o a inversores privados. Literalmente se deshace de las deudas vendiéndolas en el mercado, ganando dinero líquido y eliminando el riesgo de morosidad o incobrables.
Los bancos temen quedarse con hipotecas que tienen un alto riesgo de morosidad, sabiendo que largaron al mercado un crédito que se ajusta por inflación, con una cuota que sube con cada mes que pasa y una deuda que va creciendo a medida que más se paga de cuota. Los bancos no quieren perder y el BCRA les tira la idea de que se deshagan de todo eso antes de que explote.
El problema es que para el trabajador que tomó este tipo de créditos, la única solución que plantea el BCRA es seguir pagando a pesar de que con la inflación la cuota sube, la deuda aumenta y se degrada el salario frente al aumento generalizado, pero ahora su acreedor será otro distinto al de origen en manos de un tercero que especula con nada menos que el futuro de su subsistencia.
El acceso al crédito sigue estando reservado para los trabajadores de mayores ingresos. No solamente a quienes pueden demostrar ingresos de más de $ 40.000 en un país en el cual el desempleo sigue creciendo y una gran parte de los ingresos no supera los $ 14.000, sino a quienes pueden ahorrar el 35 % del valor de compra de propiedades que se venden en dólares y muy pocas son las que se encuentran por debajo de los tres millones de pesos. Esto provocó que haya caído en más de un 40 % el otorgamiento de préstamos hipotecarios. En resumidas cuentas, las líneas de crédito vigentes no hacen nada para solucionar el problema del déficit habitacional.
Los bancos se esfuerzan en no perder, e incluso en obtener liquidez en medio de las crisis que hunde a la clase trabajadora. De aquí se desprende la necesidad de una banca estatal y única que no se encuentre al servicio de la especulación, sino que administrada por sus propios trabajadores y por comités de usuarios, pueda poner las enormes ganancias que generaron los Bancos al servicio de solucionar los problemas reales de su población.
Un crédito de bajo interés a tasa fija para la construcción y adquisición de viviendas familiares y de ocupación permanente, permitiría pagar una cuota inferior a un alquiler para los millones de familias que hoy se encuentran viviendo hacinados y en condiciones precarias de habitación.
Contra la discriminación de género
El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Empleo Público, aprobó el «Protocolo de Actuación e Implementación de la Licencia por Violencia de Género» en la Administración Pública Nacional. La medida se dio a conocer a través del Boletín Oficial el 15 de enero.
El objetivo del protocolo es que se brinde acompañamiento a quien sufra violencia intrafamiliar o doméstica.
Podrán utilizar la licencia los agentes de la Administración Pública Nacional, que se encuentren en relación de dependencia laboral con las jurisdicciones u organismos comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional y que sufran violencia de género.
«Es el triunfo de la pelea que venimos llevando hace años», resaltó Silvia León, Secretaria de Organización de ATE Nacional. «Orgullosamente, podemos decir que nació fruto del trabajo de ATE contra la violencia de género, encabezado por nuestra compañera Gladys Sosa en la Comisión de Igualdad de Oportunidades y de Trato. Ya se había conseguido en distintas provincias y jurisdicciones, y hoy celebramos que se incorpore en esta paritaria».
A través de la resolución 1128/18 también se agrega la licencia por «violencia de género» al régimen de personal del hospital Garrahan, que establece un conjunto de medidas para proteger a las víctimas, garantizando su continuidad laboral.
La licencia, que se incorporará al régimen de personal en el artículo 44º punto 2 inciso q, podrá ser utilizada por todos los trabajadores, mujeres y el colectivo LGTBTTIQ -cualquiera sea su situación de revista y antigüedad- que sufra violencia de género y que por tal motivo tenga que ausentarse. La misma será de 15 días con posibilidad a una prórroga de otros 15 días más por año calendario y se solicitará en el área de Recursos Humanos presentando una denuncia civil o penal, cuestión que fue cuestionada por quienes opinan que debería ser suficiente con la voluntad expresa de la persona damnificada. Para su aplicación, contará con la formación de un equipo interdisciplinario especializado en género que orientará a quienes la padezcan y decidirá la procedencia de la licencia. Este equipo debe ser seleccionado por concurso y ser remunerado.
La iniciativa venía siendo reclamada por las y los trabajadores del Hospital y es el resultado de múltiples debates e iniciativas que fueron impulsadas desde la Comisión de Mujeres del Hospital, en la que participan trabajadoras afiliadas a cualquier sindicato y no afiliadas.
Entre otras cosas, el texto aprobado sostiene que la licencia podrá ser utilizada con total percepción de haberes y sin descuento por presentismo, a diferencia de lo que sucede ante el uso de muchas licencias del reglamento.
«Es un avance importante producto de la lucha de las y los trabajadores de la salud en medio de un contexto donde la violencia machista comienza a estar cada vez más cuestionada incluso en el ámbito laboral, tal como denunciaron las Actrices Argentinas, pero que es la realidad que viven cientos de mujeres sobre explotadas en las fábricas, las casas de familia, las escuelas y hospitales», señaló Florencia Vargas, delegada de la Junta Interna de ATE Garrahan por la agrupación Marrón. «Por eso queremos que esta Comisión dé voz a los que no tienen voz, que se ponga de pie junto a las madres y las adolescentes que se atienden acá en el hospital, que sufren esta misma violencia, a las que cada vez les afecta más el ajuste y los costos de vida, que es también violencia porque repercute doblemente sobre las mujeres jefas de hogar», destacó.
La imagen recorrió el país: Agustina Imvinkelried caminaba sola, usando su celular, luego de salir del boliche bailable Teos en Esperanza, Santa Fe. El video no sólo constituye el último registro de la chica de 17 años con vida, sino que aporta un dato clave para la investigación: gracias a las filmaciones se logró ubicar en la escena al principal sospechoso Pablo Trionfini con su auto. Horas más tarde, Agustina apareció asesinada, y Trionfini se suicidó mientras la Policía rodeaba su casa para allanarla. Las imágenes fueron captadas por las cámaras de seguridad de la estación de servicio Shell ubicada en la ruta provincial N°6.
Quien se encargó de entregar esta prueba sustancial a la Policía y a la propia familia de Agustina fue Ezequiel Schaab, un empleado del lugar, quien por hacerlo recibió una suspensión de cinco días sin goce de sueldo y un aviso de posible despido.
A pesar de que su accionar fue el correcto y ayudó a esclarecer el femicidio, el empleado se defendió: «No le causé ningún daño a la empresa, no me entra en la cabeza ni la situación ni la suspensión. Era una situación extrema y en lo único que pensé fue en dar una mano», remarcó.
Acompañada por abogadas feministas, la futbolista Macarena Sánchez Jeanney intimó extra judicialmente al Club Deportivo UAI Urquiza para que «regularice su relación laboral», y reclamó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) el «cese de su inacción al respecto».
El club la despidió el 5 de enero, en medio del Torneo de Primera División «A» 2018-2019, dejándola sin trabajo por los próximos 6 meses.
Mediante un comunicado del 21 de enero afirma: «El Club Deportivo UAI Urquiza utiliza diversos mecanismos fraudulentos que operan como pantalla para encubrir el vínculo laboral real que se establece con la jugadora reclamante, modalidad que se extiende hacia el resto del plantel profesional en general. Dichos mecanismos son una réplica exacta de aquellos utilizados para negar el reconocimiento de la relación laboral profesional de los hombres jugadores de fútbol durante los años 30 en Argentina y que derivaron, con incontables luchas de por medio, en el reconocimiento de la profesionalización de fútbol masculino. Más de 80 años después, las mujeres futbolistas son víctimas de las mismas prácticas ilegales que buscan ocultar la profesionalización existente de la práctica deportiva, disfrazada de amateurismo».
«Las jugadoras de fútbol en Argentina son sistemáticamente vulneradas en sus derechos como trabajadoras del deporte, por la simple razón de ser mujeres. UAI Urquiza utiliza diversos mecanismos fraudulentos para encubrir el vínculo laboral real. El fútbol será feminista, disidente y profesional», concluye la futbolista.
El Boletín Oficial publicó la creación del Registro de Mujeres Aspirantes a Choferes de Colectivo (REMACC) a partir del amparo iniciado por Erica Borda junto a la Defensoría General de la Nación.
Erica Borda fue durante doce años de la línea 140 y luego de un accidente laboral y de una licencia médica, la empresa la echó. Desde entonces intentó conseguir trabajo en diferentes líneas que sistemáticamente le cerraban las puertas con el argumento de que «No recibían mujeres». En 2014, inició una causa denunciando estas situaciones ante la justicia.
La medida tiene lugar después del fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que en octubre condenó al Estado Nacional y a empresas de colectivos del Area metropolitana por discriminación contra las mujeres para trabajar como choferes en el transporte público de pasajeros.
De acuerdo a lo que expresa el Boletín, las empresas deberán contar con un cupo del 30% de la planta de choferes existentes. Por eso, con el fin de dar cumplimiento al cupo establecido, las empresas demandadas, al momento de convocar nuevo personal, deberán remitirse al REMACC. En ese sentido, aclara, «las empresas deberán presentar anualmente ante la Dirección de Protección e Igualdad Laboral constancia certificada expedida por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en la que se dará cuenta de la nómina de personal contratado».
Reforma laboral
Aprovechando el contexto electoral, el gobierno enviará al Congreso la parte «menos escabrosa» de la reforma laboral original que se había propuesto Mauricio Macri al asumir. Al recinto llegará un Proyecto de ley de blanqueo, que será promocionada como una vía para terminar con el trabajo en negro pero en realidad redunda en un beneficio escandaloso para empresarios negreros: los exime de pagar aportes adeudados y multas por haber tenido trabajadores en negro, sin importar el tiempo que hayan estado en esa condición. De este modo, impide que trabajadores que hace años trabajan en negro tengan aportes y eventualmente se jubilen, además de vaciar los recursos jubilatorios estatales.
Por otro lado, el gobierno intentará que más gremios incorporen cláusulas flexibilizadoras en sus convenios colectivos de trabajo, que incluyen medidas brutales para abaratar el despido y reducir salarios. Hoy en día, los funcionarios reivindican tres casos testigos que buscan generalizar a todos los sectores: la UOCRA, la UOM y Petroleros.
El gobierno pretende que la mayoría de los gremios acepten lo que ya aceptó la UOCRA. El gremio de Gerardo «Batallón 601» Martínez ya incluyó en el Convenio de los trabajadores de la construcción el «fondo de cese laboral» por el cual a los albañiles les retienen entre un 8 y un 12 % de su ya miserable sueldo y cuando los echan les pagan la indemnización de ahí. Un negocio redondo para las grandes constructoras que ahora ni siquiera tienen que poner un peso para pagar una indemnización en uno de los sectores con sueldos más bajos, peores condiciones de trabajo y más muertes obreras.
El otro ejemplo que quiere generalizar el gobierno es el de la UOM. Allí la conducción de Antonio Caló aceptó introducir en el convenio una flexibilización en la cantidad de horas de trabajo de una jornada. Pero no pusieron ninguna cláusula para que no se baje el salario. Es decir: una legalización de las suspensiones con reducción salarial, no ya como medida especial, sino como parte del Convenio de trabajo.
Sin embargo, La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) a nivel nacional salió a desmentir enfáticamente que se vayan a realizar modificaciones en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) del sector.
El vocero fue el titular de la UOM Rosario, Antonio Donello, quien señaló: «A raíz de las versiones periodísticas donde se manifiesta que la UOMRA accedería a modificar su Convenio Colectivo de Trabajo nº 260/75 respecto a la jornada laboral, esta entidad gremial procede a informar a los compañeros metalúrgicos en particular y a la sociedad en general que se desmiente enfáticamente dicha información, por ser absolutamente inexacta».
Finalmente, puso énfasis en que «el gremio a nivel nacional está en contra de cualquier tipo de reforma laboral que proponga flexibilizaciones y precarizaciones laborales, en menoscabo de los derechos adquiridos por los trabajadores».
El ejemplo de Petroleros es otro que Macri quiere instalar en las mesas de negociaciones de las próximas paritarias. Allí, Guillermo Pereyra aceptó introducir un anexo al Convenio colectivo que admitió el «trabajo temporal», cambiar las tareas que cumplen los trabajadores, jubilarlos anticipadamente, limitar derechos a pedir licencias por enfermedad, entre otras medidas. De conjunto, para las multinacionales extranjeras que viven de saquear los recursos naturales del país significó una «reducción de costos laborales» del 30% al 40%.
Meses después, Pereyra firmó un inédito «blindaje anti-huelgas». Se trata de una Comisión Especial de Interpretación y Resolución de Conflictos, integrada por empresarios, funcionarios y sindicalistas, como «instancia de gestión conciliadora para evitar que se tomen medidas de fuerza».
El pacto compromete al sindicato a no tomar medidas y si, como «último recurso» estas se llevan adelante, deberán canalizarse a través de la «Comisión». Esta es la otra medida que el gobierno buscará generalizar a todos los gremios en las próximas paritarias.
Por último, el flamante secretario de Trabajo, Lucas Aparicio, quien asumió a mediados del mes pasado, pretende incorporar un fondo de cese laboral y un banco de horas en los Convenios colectivos de trabajo de la cadena textil. Ambos instrumentos estaban previstos en el anteproyecto de reforma presentado por el Poder Ejecutivo a finales de 2017. El paquete inspirado en la brutal reforma brasileña no logró avanzar en el Congreso. Un tercer elemento que busca incorporar Aparicio son cláusulas de productividad.
Organizaciones piqueteras vuelven a la protesta. Atentado a dirigente de Barrios de Pie
Barrios de Pie, CTEP y la CCC proyectan para el 12 o 13 de febrero una gran marcha para reclamar 4 leyes. Pedirán la emergencia social y alimentaria. El proyecto de «Infraestructura social», que exige a los gobiernos provinciales que destinen un 25% de los fondos de la obra pública a las cooperativas del sector. «Agricultura familiar» que contempla la constitución de un fondo fiduciario público para facilitar el acceso a créditos. Y la «Ley de Adicciones», que busca la creación de un fondo para las campañas de concientización y atención para menores.
A la 1:30 del miércoles 23 de enero, en González Catán, el dirigente de Barrios de Pie en La Matanza, Omar Gómez, fue atacado por personas que se movilizaban en una camioneta roja.
Omar Gómez viajaba en su moto, cuando dos personas le dispararon desde una camioneta (donde había una tercera persona). Omar aceleró su moto pero al doblar una esquina cayó y se golpeó la cabeza de manera severa. Los atacantes no le robaron ni la moto ni ninguna de sus pertenencias.
«Barrios de Pie organiza en La Matanza a más de 10.000 trabajadores y trabajadoras, lleva adelante 150 comedores y merenderos comunitarios y posee decenas de cooperativas de trabajo. El rol que Omar cumple en nuestra organización es fundamental y lo que ha sucedido nos llena de dolor y de bronca», afirmó el Coordinador Nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez.
«Si bien el hecho es confuso, está claro que no se trató de un robo y que el ataque tiene intencionalidad de mínima, de lastimar a Omar. Aunque no sabemos de dónde puede provenir este intento, los recientes hecho de ataques narcos a militantes populares en la zona nos impulsan a pedir una pronta investigación y esclarecimiento de los hechos», agregó Menéndez.
Desde la Coordinadora Migrante y Consejería para Migrantes de la Facultad de Trabajo Social de la UNLP, integrante de la Asamblea por los Derechos de los Trabajadores Migrantes de la ciudad de La Plata, repudiaron los atropellos y el hostigamiento que viene llevando a cabo la gestión municipal del intendente Julio Garro, a los trabajadores senegelases y a otros colectivos de trabajadores que ven en la venta ambulante una forma de supervivencia ante la difícil situación económica que viene atravesando nuestro país.
Sumado a esto, denuncian que en los operativos que llevan adelante los funcionarios municipales no se respeta el debido proceso y se cometen atropellos contra la integridad de los trabajadores, inclusive faltando a los Derechos Universales a los que la Argentina adhiere.
Por lo tanto, repudian el accionar de los funcionarios públicos contra los trabajadores ambulantes los días 22 y 23 de enero y convocan a las organizaciones de la sociedad civil y al público en general a estar alertas por cualquier práctica xenófoba y discriminatoria que pueda surgir.
Conflictos privados
Desde el viernes 18 en pleno recambio turístico, acompañados por sus familias y organizaciones sociales los maleteros decidieron cortar los accesos a la terminal, con cientos de micros estacionando a 200 metros o más, gritando destino, horario y empresa, y encontrando a los pasajeros para partir. Les vienen negando su regularización desde noviembre y ante la negativa del representante legal del dueño preso de dejarlos seguir trabajando.
Finalmente el Ministerio de Trabajo marplatense dictó la conciliación obligatoria al igual que en los conflictos que involucran a guardavidas y municipales.
En la nueva audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo de San Martín, para resolver el prolongado conflicto en la Textil Sport Tech, ocupada por los trabajadores enfrentando una quiebra fraudulenta, obtuvieron una resonante victoria.
En primer lugar no se hizo lugar al pedido de desalojo y el Síndico les dio a los trabajadores la custodia de las máquinas y la planta. Por otro lado, se resolvió que el 1º de febrero se pagarán los sueldos de diciembre. Y enseguida se empieza a construir una cooperativa. Otro dato interesante es que la empresa Puma (uno de los clientes de Sport Tech) tiene trabajo hasta junio, o sea, que si el Síndico se decide a administrar la empresa «hay materia prima, contratos y se puede cumplir», señaló Pablo Puebla, referente de la OLP, una de las organizaciones que ha estado apoyando a los trabajadores.
También se supo que la empresa Nike aportará $ 2.000.000 que debía, y que servirán para solucionar el tema de salarios.
Un grupo de trabajadores de la firma de electrodomésticos Electrolux de Rosario se manifestó en la puerta de la empresa para pedir por sus puestos de trabajo. Ya hubo casi 20 despidos y se esperan 100 más.
La Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) ratificó su pedido de declaración de la emergencia industrial en la provincia por 180 días. El pedido obedece al recrudecimiento de la situación fabril en Santa Fe pero también al impacto de la crisis hídrica en el norte del territorio, consignó La Capital.
Por el lado sindical, un grupo de gremios se reunirá el lunes en la sede rosarina de la UOM para articular propuestas de acción frente a la caída de industrias y pérdida de empleo. Antonio Donello, titular de la UOM local, reveló que como consecuencia de la política económica del gobierno nacional durante 2018 en Rosario y la región el sector «perdió 1.500 puestos de trabajo y están en riesgo otros 5.000».
El Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustibles de Bahía Blanca, La Pampa y Patagonia Argentina denunció siete despidos en el área Medanito, en la zona de 25 de Mayo. Son trabajadores de una empresa a la que no se le renovó el contrato al cambiar la operadora del área de Pampa Energía a la UTE PCR-Pampetrol.
Los visitadores médicos marcharon este miércoles hacia la sede de Laboratorios Beta «en defensa de los puestos de trabajo», y en demanda del pago de «los salarios en tiempo y forma», informó el titular de la Asociación Agentes de Propaganda Médica (AAPM), Ricardo Peidro .
Los trabajadores denunciaron pago en cuotas y fuera de término de los salarios y la intransigencia para reconocer a los representantes gremiales como interlocutores, según informaron desde el gremio.
En el marco de la «curiosa» conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, que no promueve el regreso a su empleo de los casi 200 trabajadores despedidos por la multinacional Cofco (ex Nidera), se realizó una nueva audiencia.
Allí, la empresa volvió a plantear su decisión de cerrar la planta, ante lo cual el Sindicato de Aceiteros reafirmó la exigencia de reapertura e inmediata reincorporación de todos los trabajadores afectados.
Además, desde el SOEIA, gremio de base de la Federación de Aceiteros, advirtieron a la empresa y a los funcionarios del ministerio que de no alcanzarse una solución en el transcurso de la conciliación obligatoria, «se iniciará un plan de lucha que incluirá las medidas que resulten necesarias para la consecución de las justas demandas de los trabajadores en defensa de sus puestos de trabajo».
Conflictos estatales
Los trabajadores y trabajadoras de prensa de la TV Pública expresaron públicamente la defensa de la pluralidad informativa que la gerencia y la subgerencia de noticias, a cargo de Néstor Sclauzero y Jorge Goldenberg pregonan pero que no cumplen.
«Un ejemplo de esto es la situación en Venezuela. Como sucede con diferentes noticias de interés nacional e internacional, no tenemos una cobertura propia en el lugar, debido al vaciamiento que venimos denunciando. Pero además, en este caso particular, la línea editorial ordenada por la gerencia y subgerencia de noticias es abiertamente sesgada y tendenciosa», denuncian.
Y concluyen: «Frente a esta situación, los trabajadores y trabajadoras de la TV Pública nos vemos en la obligación de expresar públicamente que no compartimos estas decisiones tendenciosas y que defendemos, como lo hicimos siempre, frente a todas las gestiones y en distintos contextos políticos, la necesidad de exponer todas las voces en las mismas condiciones en la pantalla del canal estatal. Solo así es posible garantizar la democracia informativa y cumplir con el rol y el deber del canal público».
A un año de los 258 despidos en el INTI, el viernes 25 se realizó un acto conmemorando la resistencia de las y los trabajadores.
«Tuvimos 258 despidos, al comienzo tuvimos 49 días tomando la institución y pudimos reincorporar alrededor de 53 compañeros, entre las cautelares y las negociaciones. En el acampe hay compañeros con diez años de antigüedad, que se han capacitado, que quieren al INTI y quieren su fuente laboral, por eso estamos resistiendo con toda la Junta interna y el Cuerpo de delegados. Falta menos, si pudimos aguantar un año y no nos vencieron pensamos que podemos resistir hasta que el gobierno cambie y pueda venir uno nacional y popular, más allá del candidato que sea», señaló Francisco «Pancho» Dolmann, Secretario General de ATE-INTI, a Revista Resistencias.
Las trabajadoras y trabajadores de Parques Nacionales realizaron una radio abierta en la puerta de la Sede Central, en Carlos Pellegrini al 600, en la Ciudad de Buenos Aires, para reclamar contra el ajuste en el organismo, los despidos en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos (Campana), la persecución sindical, y la renovación de contratos. Anunciaron medidas conjuntas de alcance nacional para las próximas semanas.
Por su parte, desde Chubut, el delegado de ATE Esquel en el Parque Nacional los Alerces, Mario Cárdenas, detalló: «Hace unos días surgió un incendio en el Parque Los Alerces adonde tuvieron que dirigirse todos los brigadistas. Si surgía otra emergencia, la capacidad de respuesta era nula».
La Asociación Argentina de Aeronavegantes, que conduce Juan Pablo Brey, anunció este viernes que se ha alcanzado un acuerdo con Aerolíneas Argentinas-Austral por medio del cual la empresa reconocerá la deuda por cláusula gatillo que el gremio reclamaba desde Octubre de 2018.
Así, la pauta salarial absorbe el total de la inflación en el período, alcanzando un 43% de evolución del salario, y destraba parte del conflicto fijando un plazo tope en marzo para cerrar la recomposición definitiva a octubre de 2019.
El Frente de Unidad Docente Bonaerense pidió al gobierno de María Eugenia Vidal «la urgente convocatoria a paritarias», ante la falta de resoluciones «a las problemáticas salariales, laborales y educativas, ya planteadas en el 2018».
Crímenes obreros
Un obrero murió y dos personas resultaron heridas este martes a raíz del derrumbe de una losa en una obra en construcción ubicada en avenida Mitre y Gutiérrez, en la localidad bonaerense de Munro.
Un obrero de 33 años, cayó a un piletón con agua y productos tóxicos a altas temperaturas, mientras trabajaba en la planta de Dreyfus de Timbúes. Falleció a raíz de las quemaduras. Se trata de Fernando Peña, quien se encontraba internado en el Sanatorio Británico de Rosario. El obrero había sufrido graves quemaduras en un 90 % de su cuerpo.
Un operario, Adrián Ferreyra de 54 años, que trabajaba en la empresa Aercom de Rosario que comercializa grupos electrógenos murió el martes 8 de enero en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez tras caer desde el techo de un galpón de la firma mientras hacía tareas de mantenimiento.
Fabián Miranda, de 25 años, falleció al recibir una descarga mientras realizaba tareas de mantenimiento en una subestación en Avenida Colectora Sur (Córdoba). El hecho se produjo cuando el trabajador estaba subiendo una escalera para bajar un transformador.
Desde Epec, aseguraron que se usaron todos los elementos de seguridad, aunque desde el gremio hace tiempo denuncian la precarización de las condiciones de empleo con los riesgos que eso trae.
Otro obrero murió en Córdoba el miércoles 16 en la obra de la nueva Legislatura. Estaba realizando tareas de plomería cuando hubo un desmoronamiento que le provocó la muerte.
La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) consideró que «no están las medidas de seguridad» en el predio de la obra.
El lunes 14, dos trabajadores cayeron de un andamio unos 5 o 6 metros en la obra del puente Variante Costa Azul, sobre el lago San Roque. En este caso, las fuentes informaron que los obreros contaban con las medidas de seguridad correspondientes, pero se desconocen los motivos por los que el andamio cedió. Uno de los trabajadores sufrió fractura de fémur y permanece internado en observación en un sanatorio de Carlos Paz. En tanto, el otro albañil tuvo fractura de muñeca y costillas y permanece en terapia intensiva en una clínica de Córdoba.
En diciembre, otro albañil que realizaba tareas en el arco del mismo puente cayó desde unos 20 metros al lago. Un mes antes de ese hecho, tres obreros resultaron heridos luego de que cediera un muro de contención en la obra del cierre del anillo de Circunvalación.
Desidia patronal y estatal
La obra pública es uno de los caballitos de batalla de la gestión del gobernador Juan Schiaretti. Junto con la obra de la nueva Legislatura, se encuentran en ejecución la Autovía de Punilla, el cierre del anillo de la Circunvalación y las obras de gasoductos troncales en varias localidades del interior. El gobernador pretende inaugurarlas antes de las elecciones del 12 de mayo, para tapar con cemento la crisis económica nacional que impacta también en la provincia. Los «accidentes» que se han producido en los últimos meses son el resultado directo de ese apuro.
Al mismo tiempo que se producen estos mal llamados accidentes, la otra preocupación de los trabajadores de la construcción es la continuidad laboral luego de que finalicen todas estas obras. Según Néstor Chavarría, secretario general de la Uocra Córdoba, hay 3.700 empleados relacionados con la obra pública de la provincia. «Si no aparecen emprendimientos nuevos, toda esta gente queda afuera», advirtió.
En noviembre el parate en la construcción se cobró 21.714 puestos de trabajo, al contabilizarse 411.100 empleos, un 5 % por debajo de los 432.814 de igual mes del año anterior. El dato corresponde al informe de situación laboral del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric). El deterioro se corresponde con la evolución del resto de los indicadores de la actividad de la construcción. El consumo de cemento, indicador por excelencia del nivel de actividad, evidenció en diciembre una baja de 19,5 % interanual, «transformándose en la más significativa desde julio de 2016».
La punta del iceberg
Gastón Valente, Abogado del Espacio Intersindical Salud, Trabajo y Participación, en «La punta del iceberg» señalaba, entre otras cosas, que: Existen dos datos preocupantes sobre accidentabilidad laboral en Argentina: aumentan las muertes y se reducen las enfermedades laborales. Los accidentes fatales aumentaron un 4,57 % en 2017. El año pasado fallecieron 743 personas. El registro de enfermedades profesionales, por su parte, cayó un 12,6 %, siendo el mayor retroceso en los últimos diez años. El dato no marca una mejora sino que evidencia cómo el Sistema de riesgos del trabajo ignora las enfermedades laborales. Los datos elaborados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) solo relevan al sector de trabajo formal. Al no contemplar el empleo informal ni los monotributistas que en su gran mayoría encubren verdaderas relaciones laborales, sólo representan la punta del iceberg para la siniestralidad laboral que existe en el país.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que se debe avanzar hacia el reconocimiento de las enfermedades laborales. En el mundo ocurren 2,8 millones de muertes laborales al año de las cuales 2,4 millones son por enfermedades profesionales. El 86 % de las muertes son por enfermedades mientras que el 14 % está vinculado a accidentes. A contramano de esa tendencia mundial, en Argentina las aseguradoras solo registran 5 muertes por año por enfermedades profesionales, menos del 1 % del total.
Instalada en la década de los noventa, la Ley de Riesgos del Trabajo arrastra problemas estructurales. La normativa neoliberal habilita a las ART a intermediar y lucrar con la salud, no estimula la prevención de los riesgos, sino que incentiva el ocultamiento y el rechazo de los siniestros para aumentar la rentabilidad de las empresas. Las pequeñas mejoras que se hicieron, como los aumentos en las prestaciones dinerarias (2012) o la incorporación de enfermedades (2014), fueron sistemáticamente cuestionadas y rechazadas por las ART. La prueba está en el sideral crecimiento de los expedientes administrativos ante la SRT (186 %) en el período 2011-2015, originados por rechazos, altas prematuras y derivaciones que incorrectamente hacían las aseguradoras.
En el país del glifosato, no hay muertes reconocidas por exposición a esta sustancia. Las manchas en los pulmones de los trabajadores mineros, dicen las ART que no son silicosis, sino por el tabaco. Los coches de subte con asbesto sólo pueden circular en un país como el nuestro, donde el Derecho Penal no tipifica el delito de «riesgo a la salud» como sí lo hacen España e Italia. Las muertes de los docentes de Moreno, son sólo culpa del gasista, no de la desidia gubernamental que ni siquiera cumple las normas de salud y seguridad cuando actúa como empleadora. Las enfermedades psicosociales (estrés laboral) brillan por su ausencia. Mientras tanto, las estadísticas nos dicen que los sectores de la economía beneficiados por la quita de las retenciones y los tarifazos, son los que más han aumentado los accidentes mortales.
Para el Gobierno de Cambiemos, no es una prioridad la prevención sino bajar los costos laborales. Consecuencia de ello son el crecimiento de las muertes y el ocultamiento de las enfermedades, concluye Valente.
Basta de Asesinatos Laborales
El espacio Basta de Asesinatos Laborales, compuesto por compañeros y familiares de las víctimas, presentó el 14 de diciembre el primer informe anual sobre muertes en los puestos de trabajo en la sede de Ademys (docentes CABA).
Allí se hicieron presentes trabajadores y familiares que están impulsando el espacio. Trabajadores de la Línea 60, ATE INTA, Secretaría de Seguridad e Higiene del SUTNA, docentes, Municipales de Avellaneda, así como integrantes del Taller de Estudios Laborales (TEL), el colectivo de cine militante Silbando Bembas que presentó un mini documental sobre Sandra y Rubén, así como familiares de David Ramallo, Nahuel Navarrete, Braian «Mechi» Cantero y Martin Pino, entre otros.
El colectivo surgió luego de que el 9 se septiembre de 2016 fallecieran tres trabajadores en sus puestos laborales: David Ramallo en la Línea 60, Diego Soraire en el INTA y Charly Alcaraz en una obra de la construcción. Sus compañeros y familiares formaron una comisión y la llamaron Basta de Asesinatos Laborales (BAL).
En los últimos dos años, se sumaron al espacio trabajadores del gremio de neumáticos, de ferroviarios, municipales, bancarios y docentes. Y se dieron a la tarea de visibilizar las muertes en los puestos de trabajo, exigir justicia por las víctimas y formar a los trabajadores en salud y seguridad.
Fuentes: La Izquierda Diario, El Ciudadano, Clarín, marcha.org.ar, Anred, Resumen Latinoamericano, argentina.indymedia, Red Eco Alternativo, APU, Tiempo Argentino, Página12.
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