Al cumplir una década de gobiernos kirchneristas, la política económica se ejerce desde la intencionalidad de mantener el nivel de actividad ante la desaceleración económica; la disputa con los empresarios por el control de los precios; la captura de dólares para cancelar deuda y la factura de combustibles; junto a problemas estructurales que definen el […]
Al cumplir una década de gobiernos kirchneristas, la política económica se ejerce desde la intencionalidad de mantener el nivel de actividad ante la desaceleración económica; la disputa con los empresarios por el control de los precios; la captura de dólares para cancelar deuda y la factura de combustibles; junto a problemas estructurales que definen el modelo productivo y de desarrollo,
En ese sentido destaca el incremento de las asignaciones familiares que supone una apuesta al consumo ante lo esquivo que resultan las inversiones privadas. El crecimiento se define entre el consumo, la inversión y el saldo positivo del comercio externo, siendo el consumo una de las pocas variables que aún puede inducir el gobierno.
Claro que puede entenderse como medida pre electoral y ante un acto masivo de festejo por una década de gobiernos kirchneristas, pero la realidad es que una masa importante de sectores de menores ingresos percibirá una cantidad de ingresos necesaria para enfrentar la dura cotidianeidad de la inflación.
La cuestión de fondo es que la economía argentina no crece a buen ritmo y ya no genera empleos, incluso los pierde, con el índice del desempleo en ascenso, tal como mide el INDEC. Por eso se apuesta a políticas activas que favorezcan el consumo popular, agredido por el crecimiento de los precios, que afectan especialmente a los más pobres y de menores ingresos.
Los precios son un problema de la coyuntura, que afectan a los de abajo, y que el gobierno no incluye en su diagnóstico, si nos atenemos a las mediciones del INDEC. Sin embargo, la presidenta enfrentó a los empresarios señalando que son ellos los fijadores de precios y no el gobierno. Lo señaló en simultáneo con el anuncio del fin al acuerdo de precios, que no tuvo resultados positivos evidentes. La continuidad del control remite al acuerdo de precios sobre 500 productos de consumo masivo. Habrá que ver sus resultados.
Pero la novedad fue el anuncio de controles con la militancia de organizaciones sociales y políticas, los que cubrirán una actividad principalmente sobre el comercio. En varias ocasiones hemos sostenido la necesidad del control popular sobre los precios, el que se ejerce principalmente desde los trabajadores en las principales empresas, las que definen los precios. El conflicto social en la Argentina, contra empresarios, e inclusive contra el gobierno, no favorece una política de control popular de precios. No es el mejor clima para una campaña que involucre a los trabajadores. Es un comentario válido incluso para las corrientes sindicales proclives al gobierno, las que disputan contra los empresarios, y a veces contra el gobierno, en las convenciones colectivas.
Cuestiones estructurales en discusión
Pero más allá de la adhesión o no al gobierno existen problemas estructurales que alejan al movimiento obrero del gobierno. En este sentido se destaca que no hay personería jurídica para la CTA, y hace más de dos décadas que la CTA pelea por su legitimidad. Una legitimidad que parece destinada a lograrse en la lucha y organización cotidiana, tal como se pondrá en juego este 29/5 en conmemoración del Cordobazo y por un conjunto de reivindicaciones muy concretas, como el salario, las jubilaciones, las paritarias, pero también la condena al pago de la deuda externa pública y el reclamo por otro modelo productivo contra la sojización y la mega minería.
Queda claro que la evolución de los precios es un problema de la coyuntura, y las medidas de acuerdo o de control militante lo prueban, pero se insiste en reconocer la mentira estadística. Es un problema que requiere solución, en el camino que reclaman los propios trabajadores del INDEC, que demandan la normalización del ente y al mismo tiempo, una política de combate a la inflación controlando muy pocas y grandes empresas que fijan precio en la Argentina.
En ese marco se destaca la media sanción en el Senado de la Ley de exteriorización de dólares, o blanqueo, que más allá de los efectos o consecuencias económicas remite a problemas estructurales del capitalismo contemporáneo, no solo local, el «normal» o «serio», que le dicen. Es que el capitalismo de época se asocia crecientemente al delito, a la fuga de capitales y la trata de personas, la droga, y múltiples formas de negocio que incluye la corrupción. El dato sustancial es que la batalla por el dólar es una disputa entre las clases dominantes. Es un juego en el que no entran los de abajo. El gobierno necesita los dólares porque no los fabrica y sus fuentes genuinas fallan, sea por la tendencia al achique del superávit comercial, el ingreso de divisas por inversiones que son esquivas, y la ausencia de crédito internacional barato. La urgencia de hacerse de dólares es para cumplir con las exigencias de una deuda externa pública que condiciona fuertemente a la economía local y la agigantada factura de combustibles ante la crisis energética local.
Como vemos, la coyuntura es exigente para el gobierno y evidencia las tensiones que están en juego. Por un lado existe la presión de sectores de las clases dominantes para mejorar sus posiciones ante la situación de crisis y la desaceleración económica. Cada cual atiende su juego. Los empresarios hegemónicos ganaron mucho con la recuperación 2003-2007 y con la suba de precios disputan la renta socialmente generada. Ahora van por más y quieren fugar capitales por la vía de la libre circulación de las divisas. Es una disputa por la tenencia de los dólares.
El problema es el para que se disputan esas divisas. El sector privado hegemónico pretende abaratar la fuga de capitales, su manera de salirse del peso y ahorrar en activos externos. El gobierno, como dijimos, para pagar deuda e importación de energía.
Pero también existe la presión de los de abajo, por salario e ingreso, por condiciones de trabajo y por derechos sociales extendidos, de educación o salud, entre otros.
Lo que está en discusión es el orden económico y dentro del que rige, quien lo administra. Para ser más claros, en el balance de la década kirchnerista hay que colocar el objetivo que se propuso Néstor Kirchner en su discurso de asunción hace 10 años. Allí se pronunciaba por «reconstruir el capitalismo nacional».
Puede discutirse el carácter nacional, especialmente por la ausencia de una burguesía de carácter nacional, es decir, antiimperialista, pero no debe negarse que el capitalismo local superó los problemas económicos (valorización de los capitales) de la recesión 1998-2002 con años de crecimiento a un promedio del 8% entre 2003 y 2011, salvo el 2009, pero desde el 2010 el curso de la evolución económica se presenta errática y con tensiones sociales que intentan ser contenidas con política social masiva favorecida por recursos fiscales provenientes de la primarización exportadora del país, una cuestión estructural que comparte con toda la región latinoamericana.
Ahora, en esa recuperación los que más ganaron son las transnacionales, no solo vinculado a la soja o la mega minería, sino las terminales automotrices, los bancos, especialmente los transnacionales, a la cabeza del ranking de rentabilidad en los últimos tres años.
El capitalismo local se transnacionaliza crecientemente y no puede ser de otra forma. El capitalismo es un régimen mundial y la agenda deviene de la deseada normalización ante la crisis. Entre otras manifestaciones de la crisis está la energética, y el país expropió parcialmente a YPF para desplazar al capital externo, REPSOL, sin embargo, para asegurar la producción de los no convencionales acude a la CHEVRON, una de las grandes operadoras monopólicas del mercado mundial. En ese camino involucra a la ANCAP, la estatal petrolera de Uruguay y a la YPFB, la petrolera boliviana. Nuestro interrogante es si esas empresas y otras d ela región no podrían pensar en estrategias alternativas para un manejo soberano de la energía, lo que demandaría discutir el para qué del petróleo, el gas y la energía en la región. Es un camino complejo no solo por la CHEVRON, demandada por poblaciones de pueblos originarios del Ecuador por 19.000 millones de dólares, cuestión que camina en la Justicia Argentina, por ahora. Es complejo decimos, porque ya existen cinco municipios en nuestro país que se pronunciaron contra la tecnología de la fractura hidráulica, el fracking, para extraer el «shale oil» o el «shale gas», o hidrocarburos no convencionales. Nuevos «Famatimas» se anuncian en el horizonte.
¿Quién administra el capitalismo? ¿Se puede pensar más allá del capitalismo?
Esa es una de las discusiones en boga, y cada quién constituye su sujeto.
Unos con actos y militancia, sueldos en el Estado, e incluso mística disputada desde una política de medios y con un relato que pretende apropiarse y recuperar la epopeya de los 70´.
Otros con medios monopólicos y redes sociales que alimentan una subjetividad más propia de los 90′ para revertir la inflexión estructural que habilitó la rebelión del 2001.
Esa es la disputa más visible, los que están de un lado y los que están del otro.
¿Es la única disputa posible? No, existe una masa considerable que avala ciertas actitudes de un lado y/o del otro, pero que transitan sin referencia que pueda aglutinar una posición política alternativa.
Esa referencia también estuvo en disputa en estos años, y por variadas razones esas expectativas se frustraron, quedando vacío ese espacio político.
Uno de los problemas es que algunos sectores que pretendieron, o pretenden mostrarse como alternativa a los dos bloques principales que disputan el escenario político, no definen un rumbo anti capitalista, es más, se presentan como prolijos administradores del capitalismo existente.
No hace falta una tercera opción para administrar el capitalismo realmente existente, ni serio, ni normal, el que se pudo construir. Se necesita otro modelo productivo y de desarrollo, una sociedad que privilegie la satisfacción de las necesidades sociales más extendidas, que apunte a la des-mercantilización de la educación, la salud, la energía; que aliente la soberanía alimentaria, energética y financiera asociada a los otros países de la región, no para subordinar la estrategia productiva al gran capital, sino para promover una integración alternativa, anti sistémica, contra el capitalismo real asociado al delito, a la militarización y el empobrecimiento de las mayorías, en definitiva a un nuevo orden local y mundial.
En una nueva fecha de homenaje a la revolución de mayo, necesitamos reivindicar la revolución, ayer contra la corona española y hoy contra la dominación capitalista, en el país, en la región y en el mundo.
El mejor homenaje a la revolución es continuar luchando por la revolución en nuestro tiempo, un proceso integral, económico, político, ideológico, cultural, civilizatorio. Es un camino con mucha historia y muchas derrotas, pero con expectativas por el laboratorio de cambios en la región en este comienzo del Siglo XXI. No son vanas esperanzas, son expectativas para desarrollar subjetividad por otro mundo posible, anticapitalista y por el socialismo.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.