El país se encuentra en un estado de emergencia, un estado de transición catastrófica hacia una crisis destructiva de todos los sectores populares y bienes nacionales que por derecho, nos corresponden a nosotrxs, los pueblos de México. Entre estos bienes, se encuentran nuestras libertades y garantías jurídicas que históricamente hemos adquirido, una de ellas es […]
El país se encuentra en un estado de emergencia, un estado de transición catastrófica hacia una crisis destructiva de todos los sectores populares y bienes nacionales que por derecho, nos corresponden a nosotrxs, los pueblos de México.
Entre estos bienes, se encuentran nuestras libertades y garantías jurídicas que históricamente hemos adquirido, una de ellas es el derecho a la protesta pacífica para demandar y/o exigir acciones, vacios u omisiones que el gobierno efectué.
La imposición del proyecto neoliberal mediante el desvío de poder y el uso de la violencia sistemática obedece a una lógica de la destrucción y recolonización de nuestros pueblos.
Este panorama no es nuevo; es un proyecto que se ha forjado históricamente y obedece a la legitimización del saqueo y la ocupación. [1]
1.-La criminalización de la protesta.
En un clima de nula libertad de expresión, de violación permanente de formas de elección de gobernantes e impedimento estructural para acceder al poder a través de las vías permisibles, de violencia permanente contra las mujeres, de negación de los derechos de minoría para la población indígena – además mayoritaria en el país – de control social y de un sistema de aparatos extraestatales que funcionan como mecanismo de control y coerción, como los sindicatos, iglesias, medios de comunicación, grupos porriles dentro de las universidades, etc. Además, se ha instaurado un régimen cívico – militar que impone un estado de excepción permanente y que bajo la creación de la figura de «enemigo interno», justifica una guerra terrorista en contra de los pueblos de México.
Se trata de una construcción criminal que niega el presupuesto mínimo de que el Estado debe asumirse como el principal garante de la continuidad histórica de la formación social que le dio origen. Además de una situación de crisis humanitaria para quienes vivimos en este país y una negación de toda posibilidad de vivir en una Nación libre y soberana.
La respuesta constante del Estado y de los intereses norteamericanos en México para enfrentar la crisis histórica que empezó a gestarse en los últimos cincuenta años ha sido la destrucción de la población. No se tratan de hechos aislados, que tengan que ver con políticas de gobiernos de segundo nivel o por el exceso de la fuerza pública o por el uso del ejército en contadas ocasiones, por el contrario, la política de exterminio de las naciones es histórica y recurrente en todos los casos de «la vida pública» del país.
Ante esto, es evidente y necesaria la reacción popular, actos civiles de resistencia legitimados legalmente en el artículo 39 de nuestra constitución política pero que se criminalizan y/o sitúan desde las cúpulas gobernantes como actos «desestabilizadores»que se oponen a un «desarrollo nacional» ficticio que obedece a la entrega y el saqueo de nuestro país (Aristegui noticias, 2014).
La criminalización de la protesta es una parte de la tesis represora del estado al enfrentarse a la antítesis del desarrollo social propuesta por los sectores populares oprimidxs; esta criminalización de la protesta es una forma de represión a los intentos populares por empoderarse.
La concepción del poder popular coloca la mirada en la construcción de nuevas relaciones de poder que se van configurando a diario en la materialización de una nueva sociedad, una nueva gobernabilidad y un nuevo Estado, que se fortalece como acumulado político en el marco de un nuevo ordenamiento institucional, social y político revestido de la legitimidad que le conceden los distintos sectores sociales y se valida en la confrontación diaria al metabolismo del capital.
La protesta social (manifestación, marcha, huelga, paro, etc.) es entonces el mecanismo de los sectores populares para construir nuevas relaciones de poder que culminen en el libre derecho a la autodeterminación. Sobre el derecho a la autodeterminación de las naciones y más concretamente explicando el tema de minorías nacionales y nacionalidades Marta Harnecker (1987) escribe:
«Las nacionalidades o minorías nacionales son grupos más o menos numerosos de personas que usan un mismo idioma y tienen tradiciones históricas y culturales comunes. {…} Lo que caracteriza en cambio a las naciones de la época moderna, según los clásicos del marxismo, es la comunidad histórico – economía que se establece entre todos los habitantes de un mismo territorio, lo que va haciendo que, en el caso de existir tradiciones históricas y culturales de diferente origen, estas vayan poco a poco asimilándose a una nueva cultura nacional y vayan conformando un nuevo «carácter nacional». (p. 105)
Entonces ¿Por qué criminalizar la protesta social? Porque la protesta social reviste las ansias y anhelos de cambio; reviste la propuesta de autodeterminación cubierta de reclamos al Estado por vacios, omisiones o acciones directas que afectan de manera inmediata el libre desarrollo de los pueblos.
La protesta social vislumbra la ineficacia del Estado, y los verdaderos intereses de las clases apropiadas del aparato estatal mexicano. Dibuja el panorama amplio y el mapeo de actores que actúan directa y/o indirectamente en el desmantelamiento nacional, alumbra las consciencias individuales transformándolas en consciencias comunitarias, en nuevos sujetos comunitarios.
En los artículos 1,2, 6, 7, 9, 14, 39, 41, etc. Queda expreso el fundamento jurídico/social que nos otorga el derecho a autodeterminarnos, expresar nuestra inconformidad y los mecanismos para defender nuestros intereses nacionales. [2]
1.1.- Mecanismos de criminalización.
Cuando se habla de que en el país se vive un estado de excepción hacemos referencia a un estado (y sus aparatos ideológicos) que mantienen una guerra interna en contra de un enemigo prefabricado o elaborado por la ideología. [3]
Se prepara el terreno ideológico que justifica la criminalización y represión a la legítima protesta social, los medios de comunicación al servicio de las clases dominantes se encargan de fabricar en el imaginario inconsciente popular una ficción abstracta que hace ver al pueblo como el actor traidor a sí mismo, como si la legítima protesta fuera un acto criminal, cuando en esta lógica, el pueblo usa la legítima protesta para evidenciar las atrocidades del estado criminal.
El estado de guerra, miedo, terror y violencia permanente, usa una dialéctica en el discurso, para hacer pasar por violento y criminal cualquier acto que denuncie públicamente los excesos y resultados de este sistema podrido y corrompido.
Al consolidar la pre criminalización mediática, las clases dominantes repiten, instauran y ejercen un discurso masivamente, convirtiéndose en un discurso hegemónico, que atenta, irónicamente, ante la creación de una contrahegemonía y poder popular.Anteestos procesos de criminalización David Pavón Cuellar (2014)menciona durante su conferencia en Sao Paulo, Brasil:
«No importa cuántas y cuáles mediaciones hubiera entre el capital y los policías asesinos de Iguala. Da igual que obedecieran directamente a un capo local del narcotráfico o indirectamente al presidente mexicano que a su vez obedece al capitalismo global con sus narcotraficantes, banqueros y demás personificaciones criminales. En ambos casos, una parte importante de la responsabilidad última de la matanza recae en el capital, en el capitalismo, lo que no absuelve desde luego a los esbirros del capital, desde los policías de Iguala hasta el Presidente de la República. Lo que digo es algo que parece presentirse entre los supervivientes de Ayotzinapa y entre las decenas de miles de estudiantes mexicanos que han salido a protestar a las calles después de la masacre. Basta escuchar las consignas y pasear por las redes sociales para captar la intuición general de que los estudiantes fueron asesinados por algo que se expresa lo mismo en los narcotraficantes que en los policías, en los distintos niveles del gobierno y del crimen organizado, en los medios masivos de comunicación, en los diversos poderes fácticos económicos, en las últimas reformas neoliberales y en la manera en que los partidos opositores se han dejado intimidar, sobornar, cooptar y degradar por el corrupto y represor Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que volvió al poder en 2012, después de haber gobernado México entre 1930 y 2000.»
La construcción mediática de la criminalización, se constituye ulteriormente a la sociedad, pero tiene sus bases en la dinámica histórico – económica y política del país.
Al criminalizar la protesta social se criminaliza la libertad, se criminaliza a aquellos que anteriormente lucharon por conseguir esos derechos a las generaciones futuras, se criminaliza el pasado, presente y porvenir, pretendiendo aniquilar cualquier manifestación libre de ideas.
Bibliografía
Aristegui noticias . (14 de Noviembre de 2014). Obtenido de Aristegui noticias: http://aristeguinoticias.com/1811/mexico/epn-ve-afan-por-desestabilizar-el-pais-detras-de-protestas-por-ayotzinapa/
Harnecker, M. (1987). Estudiantes, cristianos e indígenas en la revolución. La Habana: Siglo XXI.
López, G., & Rivas. (2013). La recolonización de los territorios en la globalización neoliberal. México : El volcán.
Pavón Cuellar, D. (2014). Estado de excepción: Marx y Lacan en Ayotzinapa. Foro del Campo Lacaniano. Sao Paulo.
Revueltas, J. (1978). Juventud y revolución. México. D.F.: Editores Era.
Jairo Estrada Álvarez y Sergio Moreno Rubio, Configuraciones (criminales) del capitalismo actual. Tendencias De análisis y elementos de interpretación,en Capitalismo criminal. Ensayos críticos, Bogotá, 2008.
Notas
[1] Pablo Gonzales Casanova ha insistido en que vivimos un proceso renovado de dominación y reapropiación del mundo; una recolonización a través de la ocupación integral de nuestros países, estructurada en el ámbito nacional mediante reformas constitucionales y legales, a través de disposiciones de hecho, realizadas todas ellas sin consultar a la sociedad y a los ciudadanos en particular. En el caso de México, se destacan, como ejemplos, dentro de las primeras, la reforma al artículo 27 de la Constitución y sus leyes secundarias que pusieron en venta las tierras ejidales y comunales, abrieron los territorios a corporaciones extranjeras, y constituyen, en los hechos la ruptura de la alianza social y el pacto político producto de una revolución armada que da lugar a la Carta Magna de 1917 y que costó al país un millón de muertos. De las segundas, tenemos al Tratado de Libre Comercio (TLC), la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), y la iniciativa Mérida, que dañan gravemente la soberanía económica y política de la Nación. Véase G. Lopez y Rivas, La recolonización de los territorios en la globalización neoliberal, El Volcán, México, 2003.
[2] La validez constitucional recae en la ficción jurídica, es el pueblo (constituido en un sujeto comunitario integro) el que debe velar por sus propios intereses, la constitución es entonces la expresión ideológica de una(s) clase(s) social(es), por esto al examinar la constitución se observa que se ha ido modificando acorde a los intereses del neoliberalismo y no del desarrollo social popular.
[3] Sobre las características de un estado de este tipo resaltamos: «1. Infiltración del Estado por expresiones de tipo criminal: el poder alcanzado por las máquinas de acumulación ilegal se manifiesta en una capacidad relativamente difusa pero efectiva de erosionar y derrumbar las instituciones sociales, políticas y económicas establecidas, mediante un conjunto de acciones desafiantes y violentas (…) 2. La simbiosis entre delito y Estado. (…) un tipo particular de «criminalidad institucional» cuya expresión esencial radica en la figura del paraestado que desafía la soberanía y la capacidad regulatoria del Estado. Se trata de formas de poder paralelas/articuladas al marco institucional. Ese paraestado incluye poderosas fracciones capitalistas encargadas de regulación/control territorial, gastos en bienestar social y un restringido pero eficaz apoyo popular (a base de la intimidación). Tal ensamblaje se sostiene en el «monopolio de la violencia paraestatal», en aparatos represivos (la expresión concreta en el paramilitarismo), que pueden llegar a constituir auténticos «brazados armados» al servicio de la nueva fase de acumulación capitalista. En ese sentido existe una relación funcional y de dependencia: la institucionalidad formal se vuelve tan dependiente de su parásito criminal como éste de las instituciones establecidas. 3. La resignificación del circuito tierra– ‐ territorio como fuente de valorización capitalista y transformación de las relaciones de propiedad. Aquí es común encontrar disputas por el control territorial en las zonas de trascendencia geopolítica y económica. Son evidentes, en ese sentido, los planes/ dispositivos de control territorial sobre regiones estratégicas para los intereses del capital (nacional y transnacional). (…)La nueva espacialidad capitalista conlleva nuevos procesos de reterritorialización. Dicha espacialidad no implica la renuncia al territorio, contempla justamente una redefinición del concepto de territorio. Dentro de esas disputas se hacen presentes, por ejemplo, expropiaciones violentas de tierras a través de nuevos ciclos de acumulación por desposesión. 4. Flexibilización violenta y «servilización» del trabajo. Con el servilismo se pasa de un régimen en el que los derechos sociales de los trabajadores tenían una validez universal en el mercado de trabajo, y estaban protegidos por normas jurídicas con la suficiente solidez para garantizarlos, a un régimen en el que los derechos de los trabajadores se esfuman progresivamente bajo el apremio de las contingencias económicas (…) Expresiones (criminales) del capitalismo, particularmente la forma paraestatal, consideran el salario cada vez más como una variable de ajuste de la política económica, pues ahora corresponde a los asalariados absorber los shocks macroeconómicos. En ese marco es común el uso de la violencia, lo que conlleva a una creciente precarización del trabajo, en sus más variadas expresiones. Véase Cfr. Jairo Estrada Álvarez y Sergio Moreno Rubio, Configuraciones (criminales) del capitalismo actual. Tendencias De análisis y elementos de interpretación,en Capitalismo criminal. Ensayos críticos, Bogotá, 2008.
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