Dos empresas argentinas del sector energético, pero podríamos tomar a muchas otras, lideraron las ganancias bursátiles en 2014. Se trata de Edenor y Grupo Pampa, ambas del empresario Marcelo Mindlin. Las acciones de las empresas registraron un crecimiento de 267% y 212%, respectivamente. La energía es un negocio en argentina y es cada vez más […]
Dos empresas argentinas del sector energético, pero podríamos tomar a muchas otras, lideraron las ganancias bursátiles en 2014. Se trata de Edenor y Grupo Pampa, ambas del empresario Marcelo Mindlin. Las acciones de las empresas registraron un crecimiento de 267% y 212%, respectivamente. La energía es un negocio en argentina y es cada vez más redituable.
Pero el sistema energético argentino está atravesando una profunda crisis. Más allá de quién quiera verlo y quién quiera ocultarlo, lo cierto es que en Argentina hay crisis energética. Esta crisis es significativa y se ha ido profundizando en base a la privatización y la extranjerización, que son la base fundamental en donde se sostiene el modelo energético nacional.
Otra característica del actual modelo energético es su atomización. Producto del proceso de privatización a lo largo del territorio nacional, hoy la generación de electricidad va por un lado, la transmisión va por otro y la distribución por otro. Este proceso de atomización afecta fuertemente al servicio y perjudica millonariamente al pueblo argentino. Pero este modelo es, también, un gran negocio para algunos pocos.
Antes del proceso de privatización y extranjerización, había una única unidad que resolvía el tema, sobre todo el sistema eléctrico y/o el gas. Pero en estos años, esas unidades ya no existen y hay varias empresas privadas -sobre todo extranjeras- en la producción, transporte y distribución que dominan el sector y son beneficiadas por el Estado que ha venido jugando un papel de «socio bobo» de todas las empresas de energía en el país, que en su mayoría son grupos multinacionales.
El Estado argentino hoy ha perdido la capacidad de controlar a las empresas. Tampoco puede planificar ni desarrollar las obras de infraestructura que necesitamos. Hay muchas obras que deberían hacerla las empresas privadas, pero no las hacen. Es la famosa «falta de inversión» que hay en el sector energético y que estalla cada vez que hay grandes cortes de luz. Mediante una política concreta y efectiva, el gobierno «deja hacer» y las empresas avanzan.
Argentina hoy tiene una potencia instalada de 32.000 megavatios (MW), pero puede sostener un consumo de hasta 23 o 24 mil megavatios. No puede llegar a los 32 mil MW porque no funcionan, no están disponibles. Encima, hay 1.500 megavatios instalados en todo el país con equipos de emergencia. Esto significa que hay alrededor de 1.500 equipos distribuidos en el país con este tipo de energía, que es cara y altamente contaminante. Ya es común ver motogeneradores en las calles de Buenos Aires o Rosario o cualquier ciudad del norte o del sur. Es común ver equipos electrógenos en las puertas de los comercios. Esas imágenes han pasado a ser parte del paisaje estable del sistema eléctrico. Hay que decir que estos equipos en realidad se utilizan para apagones, para resolver problemas en un momento determinado, para emergencias. Pero en Argentina se utilizan como parte del modelo energético.
Hoy, en pleno siglo XXI, cuando hace calor tenemos problema de energía, cuando hace frío tenemos problemas de energía, cuando llueve tenemos problema de energía y cuando hay sequía, tenemos problemas de energía. En realidad, tenemos problemas con la energía más allá de qué clima esté haciendo.
En doce años de gestión kirchnerista, no se ha modificado la ecuación de los años 90, (con raíces en la política de shock de la dictadura y los años 80). La asimilación de la explotación energética a la lógica de la rentabilidad ha llevado a un deterioro irreversible. Hoy son los usuarios los que solventan el servicio generando una transferencia de recursos que permitió amplios márgenes de rentabilidad a empresas transnacionales.
Pero los usuarios son también los que sufren. La falta de inversión y las deficiencias en el control no ha sido un «error». La actual crisis energética es intrínseca a un tipo de gestión que, por su naturaleza, busca la ganancia. Bajo esta única lógica funciona el sistema, por eso el problema es estructural y no puede solucionarse barriendo bajo la alfombra.
Por eso decimos que la crisis energética es colosal. Con tantos problemas focalizados que hay en simultáneo, esta situación no se resuelve en 24 horas. El desarrollo de otro modelo lleva mucho esfuerzo, pero sobre todo lleva años. De todas formas, no lleva tanto tiempo como lo que se tardó en terminar Atucha II (alrededor de 25 años). Es verdad que no se puede responsabilizar al actual gobierno por la tardanza en Atucha II (y su tecnología, que ya quedo antigua porque es de la década del 70), pero si se puede culpar al gobierno de profundizar el modelo de privatización y extranjerización y de sostenerlo durante estos 12 años que están al frente del ejecutivo nacional.
Por todo esto es que decimos, desde hace mucho tiempo, que no hay duda de que no hubo una «Década Ganada» en el sector energético. Acá si que no se le puede creer ni un poquito al relato, ya que la crisis energética ha sido profundizada bajo los gobierno de Néstor Kichner y Cristina Fernández. Por eso, en energía, creemos que ha sido una «Década Perdida».
Tampoco hay que dejarse llevar por el canto de las sirenas de YPF, ya que si bien nosotros vimos como un avance la estatización del 51% de las acciones en 2012, la empresa sigue siendo una Sociedad Anónima, donde el 49% restante está integrado por grupos multinacionales (inclusive por fondos buitre) que cotizan en la bolsa de Nueva York y Buenos Aires. Lejos estamos que YPF sea una empresa realmente nacional, con intereses en las grandes mayorías del pueblo argentino.
Con la excusa de que en el S. XXI se necesita una gestión «profesional» en materia de hidrocarburos, el papel de YPF es ser una empresa más en el mercado nacional e internacional. El rol de la empresa más grande del país (no solamente energética) no tiene un objetivo estratégico de ser útil al desarrollo ni a la soberanía nacional. Todo esto, en un contexto donde YPF ya no es la vieja empresa que estaba y producía en todo el país. Hoy YPF representa tan solo el 35% de lo que se produce en Argentina en materia hidrocarburíferas.
Por si fuera poco, perdimos el autoabastecimiento de gas y petróleo hace más de 7 años y hemos esfumado nuestras reservas por la pésima política energética. El resultado es que hoy Argentina tiene la necesidad de importar crudo (este mes se concreta la licitación por 1.000.000 de barriles de petróleo).
Tenemos un modelo energético que hay que modificar, necesitamos recuperar el patrimonio energético a manos del pueblo argentino.
¿Es realmente imposible lograrlo? Por supuesto que no. Para eso, miremos a Bolivia, sigamos su ejemplo de nacionalización del petróleo, el gas y la electricidad.
José Rigane, es Secretario Adjunto de la CTA – Autónoma y Sec. Gral, de la FeTERA (Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina) y del Sindicato de de Luz y Fuerza de Mar del Plata.
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