Las condiciones de la crisis mundial han obligado a los Kirchner a decidir liquidar uno de los grandes negocios de la renta financiera, las jubilaciones privadas. El fallido giro al Club de París y a la negociación con los bonistas en default, la disminución en la recaudación por exportaciones dada la baja del precio de […]
Las condiciones de la crisis mundial han obligado a los Kirchner a decidir liquidar uno de los grandes negocios de la renta financiera, las jubilaciones privadas. El fallido giro al Club de París y a la negociación con los bonistas en default, la disminución en la recaudación por exportaciones dada la baja del precio de la soja, la recesión internacional que empieza a golpear la industria local y la imposibilidad de aplicar un ajuste drástico al gasto público sin liquidarse políticamente, los llevó a intentar cerrar la brecha fiscal con la estatización de las AFJP. En definitiva, una decisión pensada para mantener el control político de la situación, pero que ha abierto una nueva crisis nacional.
La medida cosechó el rechazo del establishment internacional. El FMI acaba de declarar que Argentina «no está apta» para acceder a una línea de créditos que el organismo financiará para «países emergentes que presenten problemas de liquidez». La embestida del capital financiero incluyó versiones de renuncia de Martín Redrado a la presidencia del Banco Central, rumores de inminente devaluación y hasta de un «corralito» que alentaron el retiro de depósitos y la creciente compra de dólares que arrastró a pequeños inversores. El ministro de Trabajo Tomada, que venía de defender el proyecto oficial en el Congreso, debió reunirse de urgencia con los representantes de la banca para discutir, además del tembladeral financiero, los anuncios de despidos en el sector al que respondió el gremio bancario amenazando con un paro. Ante la corrida al dólar que llegaba a 3,44 pesos, el BCRA salió a ofrecer 1000 millones de dólares para mostrar que aun tiene reservas suficientes para castigar a los especuladores. El dólar terminó a $3,39 pero el gobierno volvió a desembolsar 200 millones de dólares en una jornada, que se suman a los más de 2.000 millones en las últimas semanas para, de todas maneras, permitir una «devaluación administrada». El gobierno hizo una primera demostración de fuerzas para acolchonar el «golpe de mercado», pero viene provocando una sangría constante en las reservas del Banco Central y los tironeos seguirán.
El giro estatista de los Kirchner, es resistido por empresarios como el presidente de Fiat, Cristiano Ratazzi, lo definieron como «una tentativa de manotazo y expropiación». Los patrones, en especial automotrices, tienen su propia pulseada con el gobierno. Al mismo tiempo que la UIA sigue reclamando una devaluación con un dólar más cerca de los 4 pesos, las grandes multinacionales como General Motors, Renault e Iveco desoyeron el pedido del Ministerio de Trabajo de «pasar el verano» sin despidos y a pesar de la moderación de la CGT que suspendió los reclamos salariales. Los industriales están chantajeando con cesantías y suspensiones a cientos de trabajadores en verdaderos actos de lockout patronal.
En este clima de tensiones la marcha de San Isidro hegemonizada por las clases ricas de la zona norte de Capital y Gran Buenos Aires logró masividad en el reaccionario reclamo de leyes más represivas, entre ellas el pedido de la baja de la edad de imputabilidad a los jóvenes, que logró apoyo en el gabinete del Gobernador Scioli y roces con el Ministro de Justicia Aníbal Fernández.
En todos los niveles se manifiestan los síntomas de una crisis nacional, donde el gobierno recibe presiones de las distintas alas de la clase capitalista que se preparan y plantean sus demandas en el nuevo escenario económico.
Final abierto
En una coyuntura altamente inestable, el kirchnerismo necesita una resolución rápida que recomponga la calma y apura la votación en el Congreso que no debe pasar de la próxima semana «para darle tranquilidad a los mercados». «No sea cosa que cuando terminemos de discutir, ya hayan desaparecidos los fondos», defendió gráficamente Moyano el proyecto de los Kirchner en la Comisión de la Cámara de Diputados. El oficialismo trabaja para lograr mayoría en ambas cámaras; de un lado negociando con el bloque del SI de María América González y el diputado Claudio Lozano para sumar sectores que le fueron adversos en el lock out agrario. De otro para alinear a la propia tropa del PJ donde se discute, a cambio del apoyo al proyecto, los destinos de $ 13.500 millones al año por el 15% de la coparticipación que recibe el ANSeS y que reclaman que de aquí en más se distribuyan a las provincias.
Señales negociadoras vinieron del Hotel Sheraton de Mar del Plata donde se reunieron 800 empresarios en el Coloquio de IDEA, un cónclave del establishment que tiene a las AFJP como principales auspiciantes. «Ante lo que consideran casi un hecho consumado por creer que el kirchnerismo tendrá los votos necesarios para convertir el proyecto en ley, los empresarios pidieron diálogo para debatir el cambio», señala el diario de la city El Cronista. El Grupo Clarín, en el mismo sentido, informó que dos grandes AFJP, Máxima de HSBC y Consolidar del BBVA, habrían decidido «abandonar la lucha» y negociar con el gobierno las condiciones de la estatización. Si así fuera, estas dos gerenciadoras más las oficialistas Previsol del Credicoop de Carlos «corralito» Heller y Nación que ya aceptaron el pase al estado, representan el 38% de los afiliados a las AFJP.
Un intento de «bonapartismo previsional»
Si se aprueba la nueva ley del oficialismo: «La Anses, a partir de 2009, manejará un presupuesto de casi 190.000 millones de pesos (sume el presupuesto anual del organismo, de 70.000 millones de pesos, el fondo de garantía, los 15.000 millones que se aportan anualmente al régimen de capitalización y el acumulado de 90.000 millones de las AFJP). Ese presupuesto será mayor que las reservas del Banco Central» (La Nación 29/10). El Estado pasaría a controlar un porcentaje importante de las acciones que tenían las AFJP en 40 de las principales empresas del país, como el 23% de Siderar del poderoso Grupo Techint, el 25% de Edenor o el 10% del Grupo Clarín. Con la liquidación del «mercado de capitales» privado local donde las empresas obtenían financiamiento de las AFJP, y al estar cortado el crédito internacional por la crisis financiera, la camarilla kirchnerista espera que tendrán que pasar por las oficinas de De Vido y Néstor Kirchner para que la ANSeS les otorgue préstamos vía la compra de títulos, acciones y financiamiento de obra pública. «Lo mejor que le puede pasar a los jubilados es que el Estado le maneje los fondos (…) Creo que la mayor garantía es la creación de puestos de trabajo», sostuvo el dirigente de la CGT. Un plan para reforzar el control sobre los gobernadores e intendentes del peronismo subsidiando obra pública para acolchonar los efectos de una recesión que golpea no solo el frente fiscal sino también en la industria amenazando con romper el consenso de masas con los Kirchner, el empleo. Demás está decir que si el proyecto oficial termina con un resultado «no positivo», el gobierno entra en quiebra y la oposición política no tiene reemplazo a la vista. Pero aún si se aprueba, este «bonapartismo previsional» no podrà asentarse, volviendo a disciplinar a todas las fracciones capitalistas, en el marco de la crisis internacional.
El PTS plantea una salida de los trabajadores para que la crisis la paguen los capitalistas. Exijamos que los sindicatos rompan con la pasividad e inicien la lucha por la defensa de las jubilaciones, el salario y el empleo. Para frenar la fuga de capitales y destinar el ahorro a las necesidades vitales de la mayoría nacional: cese de los pagos de la deuda externa, impuestos a las grandes fortunas y nacionalización de la banca bajo administración de los trabajadores.