La participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública ha generado un aumento significativo de violaciones a derechos humanos e impunidad y los abusos de mujeres por parte de militares van en aumento, dice una ONG.
Agobiado el país por las más de 4500 ejecuciones vinculadas con el crimen organizado en este año, otros miles de asesinatos carecen de la visibilidad necesaria para reparar en otras formas de la descomposición social: al menos 1014 mujeres han muerto «de manera brutal» en sólo 19 meses en 13 estados. Además, entre el 1º de diciembre de 2000 y junio de 2007, organizaciones no gubernamentales han documentado 7088 feminicidios en México.
Son las otras muertes de las que no se habla, ni siquiera porque muchos de estos crímenes tienen que ver con la militarización en el país para combatir al narcotráfico, que ha potenciado la reproducción de la violencia contra las mujeres y la multiplicación de la impunidad, «situación que ha sido posible, en gran medida, por la actitud de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que con laxas recomendaciones ha permitido la evasión de responsabilidades de militares acusados de abusos contra mujeres», acusa el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) en su informe «Una mirada al feminicidio en México», que abarca de enero de 2007 a julio de este año, dado a conocer en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Y es que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública ha generado un aumento significativo de violaciones a derechos humanos e impunidad, sostiene María de la Luz Estrada, integrante de OCNF, que es un colectivo creado en 2007 por más de 43 ONG en 17 estados del país. Casos representativos son las mujeres violadas por policías de los tres niveles de gobierno el 3 y 4 de mayo de 2006, durante los operativos de San Salvador Atenco, en el estado de México; el caso de la indígena Ernestina Ascencio, en Soledad Atzompa, Veracruz, violada y asesinada por militares en 2007; las cuatro menores de edad violadas por militares en los municipios de Nocupétaro, Carácuaro y Huetamo, en Michoacán en el mismo año, y las catorce mujeres violadas en Castaños, Coahuila.
Para OCNF, los feminicidios expresan situaciones extremas de violencia contra mujeres y niñas y son la continuación de un estado de terror que incluye diversas formas de humillación, desprecio, maltrato físico y emocional, hostigamiento, abuso sexual, incesto, abandono y acoso. Según el informe, las mujeres en México padecen tortura y violaciones sexuales y son privadas de la vida «de manera brutal», en Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Distrito Federal, estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tlaxcala, Tabasco y Yucatán, al grado de que 41 por ciento de mujeres y niñas asesinadas en esos estados fallecen a consecuencia de asfixia, heridas con armas punzocortantes y traumatismos craneoencefálicos. Casi 26 por ciento muere por disparo de arma de fuego. El 19,82 por ciento de las mujeres son víctimas de sus parejas, 11 por ciento fueron asesinadas por algún miembro de su familia y 10,7 por ciento, por alguien con quien no tenían ningún tipo de relación. Del resto no se supo la relación de la víctima con su victimario. Sólo en 314 casos quedó esclarecido el motivo del crimen (problemas familiares, celos, violación, misoginia y venganza). Del resto, ni idea.
A pesar de esto, «el Estado mexicano no ha establecido acciones o mecanismos realmente eficaces para atender la problemática. Las políticas públicas no han sido suficientes para garantizar el respeto a los derechos humanos de ese sector de la población y con ello garantizarles el acceso a la Justicia y a una vida libre de violencia».
Para colmo, «el gobierno mexicano sigue incurriendo en prácticas que ocasionan violaciones graves a los derechos humanos de las mujeres debido a su inobservancia de garantizar y respetar sus derechos», advierte OCNF e incluso reclama que, ante la militarización que se vive en el país, «es necesario la implementación de evaluaciones periódicas en las zonas militarizadas por medio de organizaciones nacionales e internacionales protectoras de los derechos humanos de las mujeres, al efecto de salvaguardar la vida y seguridad de las mujeres que se encuentran bajo los contextos de militarización».
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-115739-2008-11-28.html