Radiotelevisió Valenciana (RTVV) resume muchos de los males que aquejan a las televisiones públicas y que las ponen en riesgo de privatización o cierre. Manipulación informativa y censura (en este caso monitoreada por el gobierno del PP), sonados escándalos de corrupción, muy deficiente gestión económica y paupérrima calidad de los programas salpican la trayectoria del […]
Radiotelevisió Valenciana (RTVV) resume muchos de los males que aquejan a las televisiones públicas y que las ponen en riesgo de privatización o cierre. Manipulación informativa y censura (en este caso monitoreada por el gobierno del PP), sonados escándalos de corrupción, muy deficiente gestión económica y paupérrima calidad de los programas salpican la trayectoria del ente público valenciano en los últimos años. Como en la sanidad y la educación, primero se degrada intencionadamente el servicio público y, a continuación, se mantiene una gestión «de mínimos» y/o se privatiza.
Radiotelevisió Valenciana ha privatizado recientemente una parte de su parrilla programática, con el voto favorable de los representantes del PP en su Consejo de Administración y de la directora del ente público, Rosa Vidal. La beneficiaria de la adjudicación ha sido la Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por Endora-Videac-Mecomlys, que gestionará una franja de la programación de Canal 9 a un coste de 7,6 millones de euros. Según informa el diario Levante-EMV, detrás de la empresa Videac se encuentra la productora Tres60 (la antigua Vértice 360, estrechamente vinculada el entorno familiar de María Dolores de Cospedal). Tres 60 está actualmente presidida por el ex ministro del PP Josep Piqué y controlada por el fondo de inversión HIG. También se han presentado al concurso empresas vinculadas al exministro del PP, Ángel Acebes, y al exportavoz del Gobierno en la época de Aznar, Miguel Ángel Rodríguez.
Las críticas de sindicatos y representantes en el Consejo de Administración no designados por el PP han arreciado contra esta adjudicación. Sobre todo, porque el lunes 21 de octubre comienza en el Tribunal Superior de justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana el juicio por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) aprobado por la empresa pública y que afecta a cerca de un millar de trabajadores. En caso de que el tribunal declare nulo el ERE, Radiotelevisió Valenciana tendrá que abonar millonarias compensaciones a las adjudicatarias. Pero no se trata únicamente del coste de las indemnizaciones. Se privatiza la programación sin que se sepa los recursos humanos (plantilla propia) con que contará finalmente Canal 9. ¿Qué ocurrirá si el ERE es declarado nulo y ha de procederse a la readmisión de los trabajadores? En todo caso, RTVV ya ha anunciado que mantendrá el pulso hasta el final y agotará los recursos en la vía judicial.
¿A qué conduce la privatización de programas? «No tenemos ninguna constancia de que se produzca una programación adecuada, de calidad y que atienda al servicio público; no existe ninguna garantía de ello; desde luego, no cabe pensar que la dirección actual de RTVV se preocupe por el control de contenidos», ha subrayado la periodista y miembro del Consell d’Administració de Radiotelevisió Valenciana, Rosa Solbes, en el acto de presentación del último número de la revista L’Espill en la Universitat de València.
Éste es el último capítulo de una cadena pública de radio y televisión convertida en brazo armado del PP, en la que se ha primado la información folclórica, de festejos, meteorológica y deportiva, al tiempo que se ha censurado cualquier información que pudiera incomodar al gobierno autonómico. Además, con unos índices de audiencia muy escasos, y el menor presupuesto en el año 2013 (68 millones de euros) de las televisiones autonómicas de primera generación. «Una de las jugadas maestras para cerrar un servicio público es degradarlo y dejarlo en la anorexia presupuestaria; en el caso de RTVV, 13 euros por habitante y año», explica Solbes.
Pero tampoco la estrategia de privatización es algo nuevo. En el año 2003, con Eduardo Zaplana al mando de la Generalitat Valenciana, ya se dio un intento de poner en manos privadas Radiotelevisió Valenciana. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Supremo del año siguiente dio la razón a EUPV-IU y los sindicatos en su recurso contra el intento de privatización. El agujero financiero de Canal 9 también es bien conocido. A partir del año 2000 se dispara la deuda, cuando la Generalitat Valenciana disminuye la financiación directa de RTVV a través de los presupuestos públicos y permite que, como empresa pública, RTVV pueda acceder al crédito privado. «Hasta que Europa obligó a exhibir todas las cuentas y, entonces, se descubrió el inmenso agujero», explica Manuel S. Jardí, miembro del Consell d’Administració de RTVV. La deuda de RTVV, que asciende a 1.200 millones de euros, ha sido finalmente asumida por la Generalitat Valenciana.
La intrahistoria de RTVV viene marcada en el último año por la aprobación del ERE, en agosto de 2012, que implicó el despido de cerca de un millar de trabajadores sobre una plantilla de unos 1.600 empleados. CCOO ha denunciado que ningún trabajador ha conocido los criterios y valoraciones a partir de los cuales se les ha incluido en el ERE. Y esto lleva inevitablemente, añade un comunicado del sindicato, a «la manipulación, la corrupción y la arbitrariedad». Desde que empezó el proceso del expediente regulador, sindicatos y trabajadores se han movilizado y han planteado una muy dura batalla al gobierno valenciano y a los directivos del ente público. Entre otras razones, porque la dirección de RTVV se ha instalado en una posición de fuerza bruta, sin aceptar ningún tipo de negociación ni las fórmulas alternativas o intermedias planteadas por los sindicatos.
Según el profesor de Sociología de la Universitat de València y miembro del Consell d’Administració de Radiotelevisió Valenciana, Rafa Xambó, el ERE ha sido «cruel y salvaje, el más brutal de cuantos han sucedido en televisiones europeas; más de la mitad del personal de Canal 9 se ha ido a la calle». Pero no sólo es una cuestión cuantitativa, de trabajadores afectados: «se ha ejecutado con trampas, purgas internas y selección ideológica», añade. Por lo demás, dos consultoras privadas (Price Waterhouse y Garrigues) se embolsaron 330.000 euros por realizar informes de viabilidad previos a la ejecución del ERE, cuando RTVV cuenta en su plantilla con personal cualificado para esta tarea.
Tras 15 años de cámara en Canal 9, Julián Romero ha sido uno de los despedidos. Explica sin circunloquios el trasfondo del ERE: «han hecho una criba política de una manera totalmente descarada, una limpieza selectiva; uno de los principales criterios para librarse del ERE ha sido la afiliación al PP o a USO y CSIF; y decir a todo que sí; da igual que uno tuviera carrera, el acceso por oposición o la antigüedad; tampoco han considerado para nada la cualificación profesional de los trabajadores»
A juicio de Rafa Xambó, en esta manera de actuar hay una razón medular, una estrategia de fondo que no se oculta: «el PP no quiere medios públicos, pues también están destruyendo televisión española; y que nadie piense que se trata de decisiones inocentes. Al contrario, se trata de políticas que se desarrollan a conciencia, ya que destruir los medios públicos implica abrir mercados a las televisiones privadas». De hecho, muchas de las empresas que aspiraban a la adjudicación de programas de RTVV tienen también intereses en otras televisiones privadas, con lo que difícilmente van a preocuparse de potenciar una televisión de servicio público.
La gestión de RTVV en los últimos años se asemeja bastante a una pintura de los horrores. Situaciones rocambolescas han convivido con una parrilla de muy baja calidad. Por ejemplo, los gastos desorbitados con los que se dio cobertura informativa a la visita del papa, Benedicto XVI, en 2006; las conexiones con el caso Gürtel, que afecta a la presunta financiación irregular del PP; las denuncias de acoso sexual por trabajadoras de la casa contra el ex secretario general de RTVV, Vicente Sanz; la adquisición a la productora Triskel Audiovisual (vinculada al grupo Intereconomía) de varios documentales por más de 50 veces su valor de mercado. Y suma y sigue. La sombra de todos estos años es muy alargada y la gran cuestión es si un tripartito progresista, que recientes encuestas dan como posible tras las próximas elecciones autonómicas, podrá voltear el estado de una televisión pública degradada y en proceso de privatización. He aquí la gran cuestión.
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