La última dictadura militar es un fantasma que todavía acecha con sus representantes mediáticos, culturales, políticos y económicos. La desaparición del testigo Julio López constituye un claro ejemplo de la vigencia que tienen los procedimientos utilizados en los años más nefastos de la década del 70 y principios de los 80. Actualmente, los representantes mediáticos […]
La última dictadura militar es un fantasma que todavía acecha con sus representantes mediáticos, culturales, políticos y económicos. La desaparición del testigo Julio López constituye un claro ejemplo de la vigencia que tienen los procedimientos utilizados en los años más nefastos de la década del 70 y principios de los 80.
Actualmente, los representantes mediáticos de la última dictadura militar se vinculan de manera permanente con los grupos económicos más concentrados. Casualmente, la dictadura genocida encabezada por Jorge Rafael Videla se encargó de que fueran las grandes empresas las que se beneficien de la forma más descarada en perjuicio de las mayorías. Los mismos grupos económicos que hoy hacen «lobby» para mantener el índice de sus ganancias son los mismos que formaban parte del gabinete de la Junta Militar.
El 24 de marzo de 1976 se consolidó la destrucción de un aparato productivo y se aniquiló a los obreros, los estudiantes, los militantes que pensaban distinto a los halcones del modelo neoliberal. Esto se relaciona con el presente y los derechos humanos. Hoy son los pobres los que reflejan las consecuencias de la imposición de ese modelo económico.
La dictadura llegó al poder para imponer un modelo económico. Este modelo económico sigue vigente ya que los despidos y un aparato productivo devastado forman parte del paisaje del país real. José Alfredo Martinez de Hoz, quién fuera el primer ministro de economía de Videla, sigue en libertad dando rienda suelta a la mayor de las impunidades. La clase política que actualmente permite que Videla y otros jerarcas de la dictadura pasen su vejez en la comodidad de confortables departamentos, es la misma que permitió que un hombre como Domingo Cavallo sea dos veces ministro de eoconomía en diferentes gestiones.
Eso no es todo. Se sabe perfectamente que los Estados Unidos han intervenido en América Latina para colaborar con la implementación de gobiernos de facto. Todo para cuidar los intereses de sus empresas imperialistas. Lo peor de todo es que el gobierno actual, encabezado por Nestor Kirchner, le rinde pleitesía a cada emisario de Bush que viene a pedir explicaciones. Parece que el jefe de Gabinete, Alberto Fernandez, cree que es necesario satisfacer con respuestas positivas cada reproche que haga Washington. El tema de los últimos días fue Transener y la relación de Kirchner con el presidente venezolano Hugo Chávez.
Es probable que la historia siempre se repita. Puede ser porque quiénes tienen el poder político, económico, cultural y judicial no les interesa cambiar el legado de todas las dictaduras militares que han existido en Argentina. El autoritariasmo, la deuda externa, los luchadores olvidados parecen consignas que sirven al acostumbramiento y a las frases hechas. Por ejemplo, «pobres hubo siempre», «algo habrán hecho», «a mi todavía no me pasó», «no te metás», «somos derechos y humanos», etcétera.
Otro factor que sigue vigente es la ley de radiodifusión de la dictadura militar. Si uno recorre las radios todavía se percibe el adoctrinamiento conservador que censura la crítica al modelo económico.
Además el ejemplo de la desaparición de Julio López demuestra que la influencia de la ditadura en la actualidad no es sólo cultural, económica y política. Tal como lo plantea la abogada del CeProDH Myriam Bregman «los militares no van a resignar tanta impunidad fácilmente. La desaparición de Julio López y el secuestro de Gerez, son una terrible confirmación de esto, y más aún, confirman la capacidad operativa que al día de hoy tienen los represores».
Otro ejemplo que muestra la vigencia de los siniestros ejecutores del llamado «Proceso de Reorganización Nacional», es la negativa por parte del gobierno actual a la posibilidad de que la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) posea una personería jurídica como la que tienen los «gordos» de la CGT. Es una verguenza que sean Moyano y Lingieri quienes representen a la clase obrera en la discusión por los salarios. ¿Cómo es posible que sindicalistas que se han enriquecido de la mano del poder económico sean los representantes de los trabajadores ocupados y desocupados? Son los sindicalistas que hablan de salarios con la misma clase política que llegó al poder masacrando históricamente a los luchadores sociales.
Por ejemplo, Nestor Kirchner llegó al poder en Argentina gracias al «presidente» que ordenó asesinar a los militantes de la Coordinadora Aníbal Verón, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. La clase politica que los mandó a matar es la misma que amplió el brazo económico de la dictadura con las privatizaciones y dio el puntapié inicial al terrorismo de Estado con la Triple A.
La historia se repite. Esa parece se una consigna obligatoria para aplicar en una sociedad conservadora. La oligarquía y el fascismo siguen manejando los destinos del país, decidiendo cuánta deuda hay que pagar sin consultar al pueblo y quiénes van a representar a los que que creen que el país es «su» estancia.
Para finalizar, resulta interesante la reflexión de abogada Bregman. «El genocidio en Argentina, fue dirigido contra todos aquellos que representaban un obstáculo para el cambio de la estructura económica y social del país que la dictadura vino a imponer». Es que la democracia sigue vigilada con el fin de mantener aquello que el Terrorismo de Estado impuso por la fuerza.