Mientras la docencia argentina continúa protagonizando conflictos en defensa del salario, de las condiciones de trabajo, de los estatutos docentes y de la escuela pública, otra transformación de enorme alcance avanza con escasa visibilidad en el debate educativo.
En la Ciudad de Buenos Aires, las resistencias al programa Buenos Aires Aprende y a las modificaciones introducidas en la reglamentación del Estatuto Docente expresan el rechazo a un conjunto de medidas que afectan aspectos centrales de la carrera profesional, entre ellos el régimen de licencias, las condiciones de evaluación, la estabilidad laboral y la organización del trabajo docente.
En distintas provincias del
país, las organizaciones sindicales sostienen, con diferentes niveles de
intensidad, conflictos vinculados a la pérdida del poder adquisitivo de
los salarios, al deterioro de las condiciones laborales, al
desfinanciamiento educativo, a la defensa de los regímenes estatutarios y
al rechazo de reformas implementadas sin la participación de la
comunidad educativa. En Santa Fe, la discusión paritaria continúa
atravesada por la pérdida del poder adquisitivo, el rechazo al
presentismo y la defensa de la negociación colectiva; en la Patagonia
(Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego), los reclamos
incorporan además el rechazo a reformas curriculares, a las deficientes
condiciones de infraestructura y a las nuevas regulaciones de la carrera
docente; en tanto que en Entre Ríos, hace unos días, hubo una alta
adhesión al paro en reclamo de los bajos salarios y contra la reforma
previsional. También en la provincia de Buenos Aires, aun después de
alcanzados acuerdos salariales, que habían sido precedido por un rechazo
a la oferta inicial y por un paro provincial que manifestó los reclamos
por salario digno, contra las precarias condiciones laborales y la
violencia en las escuelas, las demandas por mejores condiciones de
trabajo y por una recomposición de los ingresos continúan.
Estas
luchas constituyen hoy el núcleo visible de la disputa por la educación
pública. Sin embargo, mientras la atención se concentra en la
conflictividad gremial, y con razón, en la defensa de los derechos
laborales conquistados históricamente; otro proceso avanza
simultáneamente, pero aún ocupa un lugar marginal en el debate sindical y
pedagógico. Me refiero a la creciente colonización tecnológica de los
sistemas educativos por parte de corporaciones transnacionales.
Plataformas digitales, servicios en la nube, dispositivos,
certificaciones, programas de formación docente e inteligencia
artificial comienzan a conformar una infraestructura privada que
reorganiza las prácticas escolares y redefine los modos de producción,
circulación y legitimación del conocimiento.
La reconfiguración
del trabajo docente y la expansión de las grandes plataformas
tecnológicas forman parte de una misma transformación de la política
educativa.
Mientras se flexibilizan derechos laborales, se modifican estatutos y se promueven nuevos mecanismos de evaluación y control del trabajo docente, las corporaciones tecnológicas consolidan su presencia como proveedoras de infraestructura, contenidos, certificaciones y, cada vez más, de mediaciones pedagógicas basadas en inteligencia artificial. En este sentido, la colonialidad contemporánea que operaba mediante reformas curriculares o políticas de evaluación estandarizada; ahora se materializa también en el control de las infraestructuras digitales que organizan la vida cotidiana de las instituciones educativas.
Este artículo propone contribuir a ese debate. Para incorporar a las luchas sindicales, que hoy atraviesan al sistema educativo argentino, una dimensión que todavía aparece insuficientemente problematizada: la expansión territorial e institucional de las grandes corporaciones tecnológicas como Google y Microsoft como parte de un proceso más amplio de reconfiguración de la educación pública.
La hipótesis que orienta este análisis sostiene que la defensa de la escuela pública en el siglo XXI exige ampliar el campo de discusión. Por supuesto que disputar el salario, el presupuesto, el estatuto docente, las condiciones de trabajo, esas luchas siguen siendo irrenunciables. Pero resulta igualmente necesario comprender cómo la apropiación corporativa de las infraestructuras tecnológicas y de los dispositivos de inteligencia artificial constituye una nueva forma de colonialidad del saber y un componente estratégico de la actual disputa por el sentido de la educación pública.
La materialidad de la desposesión digital
Durante
las últimas décadas, las reformas educativas en Latinoamérica
estuvieron atravesadas por un proceso sostenido que ha reconfigurado, en
una compleja articulación; las políticas educativas mediante la
convergencia entre organismos internacionales, Estados nacionales,
fundaciones empresariales y, en los últimos años, corporaciones
tecnológicas. Lo que comenzó, en los años noventa, como un discurso
centrado en la “modernización”, la “calidad educativa”, la “sociedad del
conocimiento” y el desarrollo de competencias para la “transformación
productiva con equidad”, ha derivado en una nueva etapa caracterizada
por la consolidación de plataformas digitales e inteligencia artificial
como componentes estructurales de los sistemas educativos y de apoyo a
la ideología reformista que impone el cambio de paradigma a través de
una ruptura epistemológica, a la vez que incorpora un nuevo patrón
ontológico.
Es por ello que este proceso no puede comprenderse
como la mera incorporación de tecnologías a la enseñanza ni como una
respuesta neutra a las demandas de la denominada “sociedad digital”. Por
el contrario, expresa una transformación de mayor profundidad que se
sustenta en la progresiva transferencia de funciones históricamente
propias del sistema educativo hacia infraestructuras digitales
administradas por un entramado de corporaciones tecnológicas, empresas
EdTech, fundaciones empresariales y organizaciones dedicadas a la
producción de políticas públicas.
La planificación de la
enseñanza, la gestión institucional, la evaluación, la formación
docente, la producción de contenidos e incluso las decisiones
pedagógicas comienzan a desplazarse hacia dispositivos cuya lógica de
funcionamiento responde cada vez menos a las necesidades de la escuela
pública y cada vez más a los intereses del mercado tecnológico.
En
estos nuevos “desembarcos”, presentados bajo las promesas de la
innovación, la modernización o la transformación educativa, la escuela
deviene en un territorio atravesado por infraestructuras privadas que
organizan la comunicación institucional, el almacenamiento de
información, la circulación de contenidos, la evaluación, la formación
permanente del profesorado y, más recientemente, la incorporación de
sistemas de inteligencia artificial generativa.
La pregunta no es
por la tecnología como recurso didáctico sino en quién las diseña, quién
administra los datos que se producen, quién establece sus condiciones
de uso y bajo qué racionalidad política y económica terminan organizando
la vida escolar.
En ese proceso, corporaciones como Google, Microsoft y otras empresas especializadas en tecnología educativa, junto con plataformas como Ticmas (para
aportar algunos ejemplos), junto a fundaciones empresariales y centros
de producción de políticas públicas, comienzan a ocupar un lugar cada
vez más relevante en la definición de agendas. Actúan de manera
articulada con gobiernos, organismos internacionales y diversos actores
privados, configurando un entramado que excede ampliamente la provisión
de servicios tecnológicos, en la realidad intervienen crecientemente en
la decisión y orientación de las políticas educativas.
Esta
expansión puede interpretarse como una nueva fase de subordinación
epistemológica. Si durante las décadas anteriores los organismos
multilaterales orientaron las reformas mediante políticas de evaluación
estandarizada, formación por competencias y modelos de gestión
empresarial, hoy ese proceso incorpora un nuevo nivel de complejidad.
Las plataformas digitales y los sistemas de inteligencia artificial
intervienen directamente en la organización del conocimiento escolar,
condicionando qué herramientas se utilizan, cómo se produce y circula la
información, qué prácticas pedagógicas adquieren legitimidad y cuáles
son los criterios que definen la innovación educativa. En ese
desplazamiento, la tecnología deja de ser un recurso didáctico para
convertirse en un dispositivo de gobierno del sistema educativo.
El
presente trabajo propone aproximarse a este proceso mediante unas
muestras de algunos de los principales actores que participan en la
digitalización de la educación pública argentina. El propósito no
consiste en realizar un inventario exhaustivo de empresas o
instituciones, sino en identificar las articulaciones entre
corporaciones tecnológicas, empresas EdTech, fundaciones, organizaciones
productoras de políticas públicas y gobiernos, con el fin de comprender
cómo se configura una nueva arquitectura de intervención sobre la
educación.
La hipótesis que orienta esta perspectiva de análisis sostiene que la digitalización de la educación constituye una nueva fase del proceso de desposesión educativa, que venimos trabajando desde hace más de dos décadas.
Bajo el discurso de la innovación, la personalización del aprendizaje o la incorporación de inteligencia artificial, se consolida una transferencia progresiva de funciones estratégicas desde el ámbito público hacia actores privados.
En ese entramado, las corporaciones tecnológicas aportan las infraestructuras digitales sobre las que comienza a (re)organizarse la vida escolar; las empresas EdTech desarrollan plataformas, contenidos y sistemas de inteligencia artificial; las fundaciones y los think tanks producen diagnósticos, recomendaciones y programas de formación; mientras los gobiernos incorporan estos dispositivos a las políticas públicas mediante convenios, programas y marcos regulatorios. Lo relevante no reside en la actuación aislada de cada uno de estos actores, sino en la convergencia de sus intervenciones. Pero por sobre todo, sin la intervención en la decisiones de quienes hacen la escuela en lo cotidiano, lxs docentes.
Los casos que se presentan a continuación no pretenden ofrecer un relevamiento exhaustivo de este proceso. Constituyen, más bien, una aproximación a algunas de las formas concretas que adopta este entramado en la Argentina. La expansión de Google for Education, el creciente protagonismo de empresas como Ticmas y las articulaciones construidas en distintas jurisdicciones permiten observar cómo la digitalización de la educación pública se inscribe en un proceso más amplio de reconfiguración de las políticas educativas.
Entre las
corporaciones que actualmente disputan un lugar estratégico en la
educación pública, Google y Microsoft representan dos de los casos más
significativos. Ambas han dejado de ofrecer únicamente aplicaciones
informáticas para construir ecosistemas integrales que articulan
plataformas de gestión, comunicación institucional, almacenamiento de
información, formación docente, certificaciones, dispositivos
específicos y, más recientemente, herramientas de inteligencia
artificial. La escuela (en sentido amplio), en este contexto, ingresa a
un entorno tecnológico cuyas reglas de funcionamiento, actualizaciones y
condiciones de uso son definidas por empresas privadas.
Google
for Education constituye, probablemente, el ejemplo más visible de esta
estrategia. A través de Google Workspace for Education, Classroom,
Drive, Meet, Chromebooks y, recientemente, Gemini y NotebookLM, la
empresa ha construido una infraestructura que interviene sobre buena
parte de la vida escolar. La expansión de distritos Google (Vicente
López. Provincia de Buenos Aires), escuelas de referencia, programas de
certificación docente y convenios con gobiernos muestra que su presencia
excede ampliamente la provisión de software para convertirse en un
actor con creciente influencia sobre la organización cotidiana de las
instituciones educativas.
Microsoft desarrolla una estrategia
semejante, aunque apoyada en una trayectoria histórica vinculada al
software de oficina y a la gestión informática. Su propuesta para el
sector educativo integra Microsoft 365 Educación, Teams, OneDrive, Azure
y, más recientemente, Microsoft 365 Copilot, configurando un entorno
que combina productividad, administración institucional e inteligencia
artificial. A ello se suma una amplia política de formación y
certificación docente, así como licencias gratuitas o bonificadas para
instituciones educativas, consolidando una presencia que trasciende la
provisión tecnológica para proyectarse sobre la organización de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
Esta estrategia también se materializa mediante acuerdos con gobiernos provinciales orientados a la incorporación de competencias digitales y al desarrollo de programas de capacitación. En 2020, Microsoft suscribió un convenio con los ministerios de Educación y de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad de Buenos Aires para impulsar acciones conjuntas vinculadas con la formación tecnológica, las habilidades digitales y la empleabilidad. Dos años más tarde, la empresa firmó un acuerdo con el Gobierno de Mendoza para capacitar a mil jóvenes de la provincia en habilidades digitales, fortaleciendo una línea de intervención que combina formación, certificación y articulación con las políticas públicas. A ello se suman iniciativas como el programa “Microsoft Elevate para Educadores”, orientado a la capacitación docente en el uso de herramientas digitales e inteligencia artificial, consolidando una estrategia de inserción institucional que excede la provisión de software y se proyecta sobre la definición de capacidades, contenidos y modelos de enseñanza.
Junto a las grandes corporaciones tecnológicas, durante los últimos años —como vimos en trabajos anteriores— adquirieron creciente protagonismo las llamadas empresas EdTech, cuya intervención dejó de limitarse al desarrollo de recursos digitales para la enseñanza. Plataformas como Ticmas, entre otras, participan en la producción de contenidos, la formación docente, la incorporación de inteligencia artificial y el diseño de propuestas pedagógicas en articulación con gobiernos provinciales y organizaciones dedicadas a la formulación de políticas públicas. La “innovación educativa” se desplaza a actores privados que producen plataformas, metodologías y dispositivos de enseñanza bajo la lógica de la transformación digital. La provincia de Salta, por ejemplo, también establece convenios, en su caso con la empresa Telecom a través de su secretaría de Modernización, tal como lo advertimos en la imagen de portada de este artículo.
Lo que viene
Las
plataformas digitales y la inteligencia artificial no representan el
punto de llegada de este proceso, sino una etapa dentro de una
transformación que continúa profundizándose. En los últimos años
comenzaron a desarrollarse experiencias que trasladan la inteligencia
artificial desde los sistemas de apoyo a la gestión o a la producción de
contenidos hacia espacios cada vez más próximos a la mediación
pedagógica. En la Argentina, la incorporación de Zoe, una profesora
basada en inteligencia artificial, en un taller de marketing del Colegio
San José de Villa Cañás (Santa Fe), constituyó uno de los primeros
antecedentes de esta tendencia. Aunque presentada como una herramienta
de apoyo y supervisada por docentes, la experiencia anticipó un
desplazamiento de funciones que hasta hace poco eran consideradas
exclusivamente humanas.
Una orientación semejante puede
observarse en el David Game College de Londres, donde un programa piloto
reorganizó parte del proceso de enseñanza mediante plataformas de
inteligencia artificial adaptativa, mientras los profesores asumían
tareas de acompañamiento y seguimiento del aprendizaje.
Más
recientemente, el Distrito Escolar Central de la Ciudad de Salamanca, en
la Nación Séneca (Estado de Nueva York), incorporó un robot humanoide
para colaborar en la enseñanza de disciplinas STEM (modelo de enseñanza
que agrupa Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas —por sus siglas
en inglés—). Cada una de estas iniciativas responde a contextos
diferentes y posee alcances específicos, pero todas permiten advertir la
progresiva incorporación de sistemas de inteligencia artificial como
mediadores de la enseñanza.
Estas experiencias muestran que la
expansión de las infraestructuras digitales, las plataformas educativas y
de la inteligencia artificial comienza a proyectarse sobre funciones
que históricamente definieron la tarea de enseñar, porque alcanza al
propio acto pedagógico y el lugar del docente en la producción y
transmisión del conocimiento.
La paradoja es que el docente deja de ser sujeto de la innovación para convertirse en objeto de ella. Ya no innova, sino que es “innovado” en el mismo proceso de desposesión educativa.
Fuente: https://huelladelsur.ar/2026/07/28/la-desposesion-educativa-tambien-se-digitaliza/
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