La destrucción del Estado argentino a través del despido de su capital humano

El miércoles 8 de julio, la Asociación de Trabajadores del Estado y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN) convocaron a un acto y caravana a las 9.30 en el Centro Atómico Constituyentes, San Martín, Prov. de Bs. As. Será para exigir la reincorporación inmediata de todos lxs despedidxs, en defensa de la soberanía energética y tecnológica nacional, y para “frenar la política de entrega y sumisión del gobierno de Javier Milei”.
Compartimos convocatoria de ATE Capital:
Nuestro gremio, junto a APCNEAN, realizará este miércoles 8 de julio a las 9:30 horas un acto frente a la puerta del Centro Atómico Constituyentes (San Martín), para exigir la reincorporación de los trabajadores y trabajadoras despedidos y defender la soberanía energética y tecnológica nacional.
La actividad comenzará con una concentración y continuará con un acto central, extendiendo la convocatoria al conjunto del movimiento obrero y popular.
Exigimos: La reincorporación inmediata de todas y todos los despedidos; La defensa de la soberanía energética y tecnológica nacional; El cese de la política de entrega por parte del Gobierno nacional.
El acto tiene como antecedente inmediato la reunión mantenida el pasado 1° de julio con autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). En esa oportunidad, denunciamos que el encuentro se realizó bajo un fuerte operativo de seguridad, con presencia de gendarmes y vehículos policiales en las inmediaciones de la sede central. Pese al contexto, se logró abrir una instancia de diálogo, aunque mantenemos nuestro reclamo activo.
Los recientes despidos y las fuertes protestas que protagonizamos en la CNEA forman parte de un brutal plan de ajuste del Gobierno que busca desmantelar las capacidades de desarrollo científico y tecnológico autónomo del país, avanzar en la privatización del sector nuclear y entregar el liderazgo estratégico de la energía atómica a empresas de Estados Unidos.
Este ataque no es un “reordenamiento” ni una “racionalización”: es un saqueo calculado contra la soberanía tecnológica argentina. Pretenden destruir puestos de trabajo de trabajadores y trabajadoras altamente calificados, desguazar la CNEA y convertirla en un apéndice de las multinacionales yanquis, renunciando a décadas de investigación y desarrollo propios.
Desde ATE Capital denunciamos este proceso de vaciamiento y subordinación. No vamos a permitir que nos quiten el futuro nuclear del país. Defenderemos una CNEA estatal, pública y con trabajadores adentro.
ATE, Comisión Nacional de Energía Atómica

Despidos sin preaviso desatan una inédita represión en la CNEA

Gendarmería Nacional reprimió y desalojó a los científicos que habían iniciado una protesta en la sede central de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), luego de que se filtrara el despido masivo de 61 trabajadores contratados de laboratorios especializados en todo el país. La medida, inconsulta y no informada, generó un rechazo inmediato de la comunidad científica y de los gremios. Los despidos fueron efectuados sin consultar a los gerentes de área, y violando los acuerdos oficiales de renovación total del plantel. El recorte representa el 20% del personal contratado y afectó a laboratorios especializados. Y se enmarca en un ajuste que ya suma 71.000 despidos en la administración pública, con alto impacto en áreas clave como TELAM, CONICET, INTI, INTA y el Servicio Meteorológico Nacional. 
La jornada estuvo marcada por una escalada de tensión sin precedentes dentro del ámbito científico nuclear argentino, con intrusión de las Fuerzas Armadas en un organismo público en que nunca había ocurrido.
Una trabajadora de la CNEA, con más de 15 años en el organismo, contó: “Los contratos a plazo fijo (renovados en enero y marzo por trimestres) vencían hoy. Aunque la gestión de Martín Porro había prometido una renovación total, salvo 4 o 5 casos con causa, a las 11:00 se confirmaron la baja de 61 agentes, el 20% exigido por la Secretaría de Asuntos Nucleares de Federico Ramos Nápoli. Y la lista completa se filtró por la tarde.”
“Al mediodía se activaron protestas simultáneas en los centros atómicos. Hubo cortes parciales en la colectora de la General Paz, en las puertas del Centro Atómico Constituyentes (CABA) y en la avenida Bustillo, donde se ubica el Centro Atómico Bariloche. Los manifestantes luego concentraron la protesta en la Sede Central.
“Un fuerte cordón de Gendarmería Nacional custodió las oficinas del bloque oficialista (Porro, Bruera y Randle). Tras un primer forcejeo para ingresar al edificio, las fuerzas de seguridad introdujeron un batallón de infantería con escudos, cascos y bastones largos dentro de las instalaciones para desalojar el piso de los funcionarios.”
“Tras dos horas de tensión y protesta, y el posterior desalojo del sector, el presidente de la CNEA, Martín Porro, tuvo que abandonar el edificio custodiado en bloque por cuatro gendarmes mientras los trabajadores le exigían explicaciones que, por supuesto, no dio”,  cerró Lujan Rodríguez, Delegada de Prensa de ATE-CNEA.

Una segunda lista con 380 agentes desvinculados del Inta vía retiros voluntarios

Juan Pablo Mansilla, designado como “gerente estratégico” de Personal para el desguace del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, publicó esa segunda lista a la que seguirá, según las intenciones del oficialismo libertario, otra más.
Los impulsores del ajuste destructivo del Inta son el ministro de Economía, Luis Caputo y su par de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, con el apoyo del Secretario de Agricultura, Sergio Iraeta.
El Inta, como herramienta de políticas públicas para fortalecer un sector generador de divisas y apuntalar el agregado de valor a la producción primaria, está en vías de extinción por decisión del Gobierno de Javier Milei. La pérdida de profesionales altamente capacitados, con extensa trayectoria en la transferencia de conocimiento al sector productivo, se materializa rápido y costará muchos años revertir.
El Inta, por ejemplo, es el que elabora desde informes climáticos claves para las decisiones del campo y desarrolla semillas o soluciones científicas para el combate de las plagas en cultivos. Entre otras numerosas funciones que requieren de personal con formación de excelencia que, además, construye experiencia durante su desempeño. Todo eso, que implica inversión pública a lo largo de décadas, ahora se pierde.
El plan de retiros voluntarios es una de las patas del plan libertario. La otra, es el negocio inmobiliario para privados a través del remate de la mitad de las tierras que posee el organismo científico y tecnológico. Nada menos que unas 101.500 hectáreas distribuidas en alrededor de 100 predios en todo el país.
El argumento de los desmanteladores del Instituto es que unas 54.000 hectáreas están en uso efectivo para producción e investigación tecnológica, y que puede desprenderse de las 47.500 hectáreas restantes. Los beneficiarios serían los empresarios inmobiliarios cercanos a Milei. Los que financiaron su campaña presidencial y, como Eduardo Elsztain, de Irsa (Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima), le facilitaron alojamiento una vez electo. Una inversión política que se paga con grandes negocios.
El Gobierno nacional, como excusa, sostiene que esas tierras están “sin explotación por falta de infraestructura, problemas de tenencia o inaccesibilidad”. Y, en lugar de revertir ese diagnóstico, lo profundiza en desmedro de un horizonte estratégico para la producción y en beneficio de los amigos corporativos.
Entidades como la Asociación de Productores de Siembra Directa (Aapresid) salieron a rechazar el discurso libertario afirmando que “no existen tierras en desuso” en el organismo científico.
¿Qué se quiere destruir?
El Inta fue fundado en 1956 con la misión de modernizar y transformar el sector rural argentino con el aporte de la Ciencia, la Tecnología y el despliegue en el territorio. No se pensó como un organismo de investigación aislado, sino como el andamiaje estratégico que, por ejemplo, le permitió a la Argentina consolidarse como una potencia agroalimentaria global.
Funciones estratégicas:
Investigación aplicada y soberanía genética (I+D)
El Inta funcionó como el gran laboratorio de innovación biológica del país, adaptando la ciencia a las necesidades de los suelos de las diferentes regiones del país.
El organismo desarrolló variedades propias de semillas de trigo, maíz, soja y pasturas adaptadas a los diferentes climas, plagas y suelos. Con ello, redujo la dependencia de insumos importados.
También jugó un papel crítico en el control y erradicación de enfermedades animales como la fiebre aftosa en el ganado. Eso fue clave para abrir y mantener los mercados internacionales más exigentes para las carnes y granos argentinos.
Extensión territorial y transferencia de conocimiento.
Una de las mayores innovaciones del Inta se desarrolló en el campo más que en laboratorios. Y eso, por el despliegue de una vasta red de Estaciones Experimentales y agencias de extensión.
Así, tradujo la ciencia abstracta en prácticas agrícolas cotidianas y concretas como manejo de suelos, rotación de cultivos o adopción de la siembra directa.
A la par, democratizó el acceso al conocimiento, permitiendo que tanto los grandes productores de escala exportadora como los pequeños agricultores familiares incorporen tecnología para mejorar sus rindes.
Desarrollo y diversificación de las economías regionales
Aunque la región pampeana suele llevarse el protagonismo de las divisas, el Inta cumplió una función geopolítica clave en la descentralización económica del país. Desarrolló tecnologías específicas para sectores clave extra pampeanos como la vitivinicultura en Cuyo, la fruticultura en el Alto Valle de Río Negro, el sector forestal en la Patagonia y los cultivos de algodón, tabaco y caña de azúcar en el NEA y NOA.
Colaboró también con la generación de valor agregado en origen para las producciones locales, lo que fomentó el arraigo rural y ayudó a mitigar el éxodo masivo hacia los grandes centros urbanos.
Inclusión social y seguridad alimentaria
A partir de la década de 1990, el organismo profundizó su rol de asistencia social y soberanía alimentaria mediante programas emblemáticos como Cambio Rural y, fundamentalmente, el ProHuerta (gestionado junto al área de desarrollo social de la Nación).
En esa línea, capacitó a millones de familias vulnerables, comunidades aborígenes y escuelas en técnicas agroecológicas para garantizar el acceso a alimentos frescos en contextos de crisis socioeconómicas.
En paralelo, impulsó el cooperativismo entre pequeños productores minifundistas para mejorar sus canales de comercialización de cercanía.
Preservación ambiental y sustentabilidad de los recursos
Mucho antes de que el cambio climático y la sustentabilidad lideraran la agenda pública global, el Inta ya investigaba el impacto de la actividad humana en los ecosistemas.
Fue pionero, por caso, en los estudios de conservación, rotación de tierras y confección de mapas de suelos para evitar la erosión hídrica y eólica provocada por el monocultivo.
A la vez, el instituto lideró las investigaciones locales sobre la huella de carbono, el manejo eficiente de cuencas hídricas y el impacto ambiental de los fitosanitarios, buscando equilibrar la balanza entre la rentabilidad económica y la salud ambiental.
Nada de lo anterior es de valor para la gestión libertaria. Algunas consecuencias del desmantelamiento del Inta se ven de inmediato, pero las más trascendentes comenzarán a impactar con el correr de los años. El sector privado no se hace cargo de esas políticas públicas que, como boomerang, lo benefician.

Cierran el INTI

Las autoridades del INTI emitieron un comunicado a sus trabajadorxs donde indicaba que el lunes 22 de junio cerraría las puertas del Instituto, dispensando a todo el personal e impidiéndoles el ingreso. Esto se dio luego del anuncio de más de 700 despidos y la convocatoria a un banderazo y asamblea para ese mismo día, bajo la consigna “Para que gane Argentina hay que sacar a Adorni”.
“Es evidente que el Gobierno dio la orden de que no se haga ningún reclamo contra Adorni, el funcionario que pone en jaque la continuidad del proyecto de Milei y que tiene sus horas contadas. La repercusión que tuvo la actividad con las caretas del funcionario el mes pasado, que llegó hasta el Congreso Nacional, marca un precedente de lo que podía ser la actividad del lunes con el Banderazo y el impacto en los medios. Ante esta decisión de las autoridades del INTI llamamos a todos los compañeros y compañeras a permanecer en estado de alerta y movilización”, expresaron desde la Multisectorial del INTI

Conferencia de Prensa para denunciar el desguace de Capital Humano

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó una Conferencia de Prensa en la puerta del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado (Diagonal Roque Sáenz Peña 788, CABA), para denunciar un nuevo intento de desguace dentro de Capital ya que pretenden avanzar en una reestructuración con un fuerte ajuste de las áreas de gestión administrativa del Ministerio, decisión ordenada por el ministro Federico Sturzenneger.
Esta situación pone en grave riesgo cientos de puestos de trabajo en todo el organismo.
La rueda de prensa fue convocada de manera unitaria por las Juntas Internas de ATE que intervienen en las tres Secretarías que son parte del MCH, junto a la Seccional Capital, y en ella se informó sobre las acciones gremiales y legales a desarrollar por ATE para enfrentar este nuevo ataque de la gestión libertaria.
Las representaciones de ATE en las Secretarías de Trabajo, Educación y Niñez, Adolescencia y Familia denuncian que la reestructuración administrativa del MCH publicada semanas atrás, más que una simple reorganización administrativa, constituye un nuevo paso en el vaciamiento del organismo y una inminente amenaza de despidos masivos.
Asimismo, este vaciamiento agravará la destrucción de las políticas de educación, trabajo, empleo, desarrollo social y niñez que viene llevando adelante el gobierno nacional, desde su asunción en diciembre de 2023, con la consecuente afectación de los derechos sociales vinculados a estas políticas del Estado Nacional.

Trabajadores de Servicio Meteorológico Nacional se preparan para enfrentar otros 100 despidos este año

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) atraviesa una profunda crisis institucional y operativa debido a una reducción de más del 30% de su personal desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei. El conflicto escaló con una ola masiva de 140 despidos formalizados en abril de 2026, sumada a la reciente renuncia de su director, Antonio José Mauad, el pasado 30 de junio.
Actualmente, trabajadores y trabajadoras del SMN se preparan para enfrentar otros 100 despidos que planea el gobierno nacional. Así lo explicó a Radio Kermes de Santa Rosa el encargado del Servicio Meteorológico en la capital pampeana Maximiliano  Fassi: “Se habla de eliminar el recurso humano y supuestamente reemplazarlo por tecnología, algo que hasta el momento no se está cumpliendo”.
El punto más preocupante es que esta nueva etapa aparece atada al discurso de “modernización” con el que el Gobierno nacional viene justificando la reducción de personal en distintos organismos. Para los trabajadores, detrás de esa palabra se esconde un proceso de vaciamiento que ya impactó en distintas estaciones del país.
Fassi fue claro respecto de lo que puede venir: “Si esperamos un cambio de rumbo, no lo creo. El objetivo del Gobierno nacional es que haya 100 trabajadores y trabajadoras menos antes de fin de año. Eso aparentemente hasta el momento no ha cambiado. Ese rumbo marcado sigue firme”.

Defender el Garrahan no es delito

Profesionales, técnicas y trabajadores del Hospital Garrahan, nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Garrahan, dieron a conocer una nueva decisión judicial que desestima las denuncias impulsadas por la intervención del hospital, a cargo de Mariano Pirozzo, designado por el ministro de Salud, Mario Lugones. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso presentado por las autoridades y dejó firme la desestimación de la causa penal iniciada contra quienes participaron de protestas realizadas en defensa del hospital durante el 2025.
Desde la Asociación explican que “la resolución judicial sostuvo que las manifestaciones de los trabajadores ocurrieron en el marco de un conflicto sindical y laboral protegido por derechos constitucionales y concluyó que no existían elementos para justificar una investigación penal”.
La mayoría del tribunal señaló que no surgían actos de violencia física, amenazas penalmente relevantes, daños materiales, restricciones ilegítimas a la libertad ambulatoria ni una afectación comprobada del funcionamiento asistencial del Hospital Garrahan. También reafirmó que el derecho de reunión, de protesta y de libertad de expresión goza de protección constitucional y que el derecho penal constituye la última herramienta del Estado.
Desde la Asociación remarcan que con este fallo ya son tres las decisiones consecutivas de la Justicia que rechazan la pretensión de criminalizar las medidas gremiales del equipo de salud del Garrahan. Primero fue el Juzgado de Instrucción, luego la Cámara Federal de Apelaciones y ahora la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Marcelo Hornos y Mariano Hernán Borinsky.
“Nos alegra mucho saber que sucesivos fallos judiciales nos fueron dando la razón: cautelares a favor, en el caso del juez Mendel; esta resolución de la Cámara Federal de Casación Penal e incluso nos da confianza que la Dra. Servini haya tomado intervención en el proceso sumarial insólito que nos hicieron a 40 trabajadores por protestar en defensa de este hospital y nos está convocando a prestar testimonio para conocer de primera mano lo que ocurrió”, afirmó Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), a través de un comunicado.
“Lamentablemente, el hostigamiento de una intervención netamente política como es la de Mariano Pirozzo, que no es pediatra ni registra experiencia alguna en el sector público, que no termina de clarificar qué están haciendo con los fondos millonarios del hospital, que tiene como propósito privatizar áreas del Garrahan, que designa asesores sin concurso con sueldos millonarios, que filtró información reservada como la que en su momento el ya renunciado ex jefe de Gabinete Adorni utilizó para atacarnos por X, ahora emprende una nueva medida, en este caso contra mí, con un nuevo sumario que estamos conociendo por mi rol de representante gremial. Honestamente, son lo peor que le pasó a este Hospital desde su fundación hace 40 años”, agregó.

En Economía rechazan despidos y el ajuste salarial

El jueves 2 de julio los pasillos del ministerio de Economía fueron copados por trabajadores y representantes de distintas Juntas Internas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Economía, en un ruidazo contra los despidos, pases a disponibilidad y en exigencia de recomposición salarial ante el brutal desplome de los últimos años.
Mientras el ministro Luis Caputo se encontraba reunido con empresarios norteamericanos para la construcción de un reactor nuclear, al mismo tiempo que desmantelan la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), los trabajadores del organismo de su cartera realizaban un ruidazo. También se dirigieron hacia las oficinas del secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, haciendo llegar el reclamo.
«Mientras siguen avanzando con el ajuste, los funcionarios del gobierno ultraderechista se ven salpicados por numerosos casos de corrupción. A la estafa de Libra, las coimas del 3% de Karina con la plata de las personas con discapacidad y una larga lista, ahora se suma el bochorno del caso Adorni que tuvo que “renunciar” acorralado por la evidencia en su contra. En nuestro ministerio los funcionarios no se quedan atrás con la corruptela», señala el comunicado de la Junta Interna de ATE-MECON.
«Primero fue el caso de una funcionaria allanada por parentesco con intermediarios del caso ANDIS que tenía 700.000 dólares en su departamento. Luego los obscenos créditos hipotecarios a los que accedieron en el Banco Nación varios de los principales funcionarios ligados al ministro Caputo. En tanto siguen apareciendo funcionarios de alto rango que en forma obscena se acogen impunemente al régimen de “inocencia fiscal”, mientras se destruye la economía y puestos de trabajo de a miles y se sigue entregando la riqueza y soberanía sin tapujos a un puñado de representantes del poder económico nacional e internacional.»
También reclamaron por la fuerte pérdida salarial durante el gobierno de Milei, que se agrega a los deteriorados salarios heredados de las administraciones previas: «luego de una pérdida de poder adquisitivo (como mínimo) del 40% en los últimos 30 meses, el endeudamiento y el pluriempleo son la moneda corriente que generan una situación insostenible para la gran mayoría de nosotras y nosotros como laburantes. Mientras esto ocurre la dirección burocrática de UPCN ya no sorprende a nadie, firmando complacientemente en complicidad con el gobierno y a espaldas de los y las trabajadores/as, una nueva paritaria trimestral miserable que no hacen más que agrandar nuestra dramática situación».

La Policía de la Ciudad reprimió a los trabajadores del CONICET

Una nueva jornada de protesta de trabajadores del CONICET terminó el martes 2 de julio con un fuerte operativo de la Policía de la Ciudad. En ese marco, los manifestantes denunciaron que fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad porteña. La intervención de la Guardia de Infantería se produjo cuando la asamblea resolvió cortar la avenida Santa Fe, en el marco del plan de lucha que vienen sosteniendo contra el ajuste sobre el sistema científico y los despidos de 375 becarios y becarias.
La represión tuvo el aval del gobierno nacional que es el que ordenó el despido de los investigadores, el mismo día que se ordenaron los despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), allí con la intervención de la Gendarmería.
Según denunciaron desde la Junta Interna de ATE-CONICET Capital, efectivos policiales avanzaron sobre los manifestantes con escudos y a los empujones. Aseguraron que hubo personas tiradas al piso y que una trabajadora recibió golpes durante el violento operativo. También señalaron que los uniformados empujaron a manifestantes que permanecían sobre la vereda y que el despliegue fue desproporcionado.
“La Guardia de Infantería del Gobierno de la Ciudad se nos vino encima reprimiendo, pegando y corriéndonos con escudos. El Gobierno quiere acallar la lucha de los trabajadores del CONICET, pero vamos a seguir adelante”, afirmó el secretario general adjunto de ATE-CONICET Capital, Gonzalo Sanz Cerbino.
El dirigente sostuvo que la protesta forma parte de un reclamo más amplio contra el deterioro del organismo científico. “Vamos a seguir reclamando por nuestros salarios, por los concursos de Personal de Apoyo a la Investigación (CPA) caídos, por la cobertura médico-asistencial y por los 375 compañeros becarios y becarias que se quedan sin trabajo este mes”, expresó.
La movilización se desarrolló mientras crece la preocupación dentro del organismo por la situación de cientos de investigadores e investigadoras posdoctorales que esperan el ingreso a la Carrera del Investigador Científico y podrían quedar sin continuidad laboral. A ese escenario se suman los reclamos por la baja de concursos para personal de apoyo, la pérdida de cobertura de salud para becarios y el fuerte deterioro salarial que afecta al sector.
La protesta se inscribe en una serie de acciones que los trabajadores del CONICET vienen realizando desde hace semanas para denunciar lo que consideran un proceso de vaciamiento del principal organismo de Ciencia y Tecnología del país. En las últimas jornadas ya habían advertido sobre el riesgo de que 375 becarios y becarias quedaran sin trabajo y reclamando una respuesta del Gobierno nacional para garantizar la continuidad de las investigaciones y evitar una nueva profundización del ajuste sobre el sistema científico.

Bajas en la obra social

El miércoles 17 de junio becarios del Conicet ocuparon pacíficamente la sede central del organismo en el marco de una jornada nacional que incluyó protestas en todo el país. Reclaman la restitución de la cobertura médica y prórrogas para 379 becas posdoctorales.
Las manifestaciones de trabajadoras y trabajadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) se realizaron en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Rosario y otros puntos del país. En la sede central del organismo ubicada en el barrio porteño de Palermo se congregaron decenas de trabajadores que permanecieron en el hall reclamando y subieron al piso 11 donde se reúne el Directorio.
El motivo: Unión Personal, la obra social administrada por el sindicato UPCN, está vaciada. En este marco, desde hace meses becarias y becarios de distintos lugares del país vienen padeciendo la baja de prestaciones médicas. Estas bajas se dan de forma sistemática y sin previo aviso.
En algunos casos, se realizan inmediatamente el día después de que haya finalizado la beca sin dar tiempo para resolver la cobertura de salud; en otros, las personas con beca vigente se enteran al momento de ir a un turno médico: “Llamé a Conicet para consultar y me dijeron que como tengo un cargo docente ya tengo obra social. Pero mi cargo es de muy pocas horas, no tengo obra social de la universidad donde trabajo, así que me quedé sin nada”, relató una trabajadora afectada.
Entre los serios problemas de funcionamiento de la obra social hay que mencionar que, desde el año pasado, se comenzaron a cobrar copagos diferenciados a quienes están afiliados a ATE o directamente no están afiliados. Se trata de un chantaje a los pacientes para que se afilien a UPCN a cambio de no cobrarles más, cuestión que se encuentra actualmente judicializada. En gran parte del interior del país, la obra social sencillamente no brinda cobertura.
Ante esta situación, la respuesta de las autoridades del Conicet fue ofrecer un adicional de $ 90.000 a los y las becarias para cubrir alguna prepaga. Un monto que apenas alcanza para cubrir una parte de lo que vale un servicio de salud hoy en día, sin tener en cuenta aquellas personas que tienen familiares a cargo o que transitan algún tratamiento médico que hace aún más costosa la cuota y más difícil la admisión.
Esta respuesta desvía la responsabilidad que tiene el organismo de garantizar el acceso a una cobertura de salud para becarias y becarios. Además, resulta casi una burla ofrecer un monto tan bajo para que cada uno haga lo que pueda en un contexto de estancamiento del estipendio de becas y de aumento indiscriminado de los servicios prepagos de salud. Lo que hace el Conicet con sus becarias y becarios no es menos que un abandono.
El derecho a una cobertura de salud (incorporado en el reglamento de becas del organismo) ha sido una conquista de la lucha y de la organización de becarios y becarias a pesar de la resistencia del organismo a reconocerlos como trabajadores. El desconocimiento sobre este derecho conquistado se da hoy en el marco de las políticas de achicamiento del sector de Ciencia y Técnica (CyT) a nivel nacional, especialmente al desfinanciamiento que se viene intentando llevar a cabo en Conicet comenzando por el eslabón más débil, los y las becarias. Dejarlos sin obra social o sin ingreso durante meses es una invitación a retirarse del organismo y cumplir así el plan de desguace.
Los ataques al Conicet no comenzaron ahora. Desde principios de 2024 se viene desarrollando una política sistemática de ajuste sobre el organismo. Primero fueron las dilaciones en la publicación de resultados de ingreso a Carrera de Investigador Científico dejando en vilo a cientos de becarios y becarias respecto de su continuidad laboral, situación que fue revertida gracias a la pelea que dieron lxs trabajadorxs a partir de la ocupación pacífica del piso 11 donde se sitúa la oficina del Directorio en febrero de 2024, acción que presionó para que finalmente publicaran el orden de mérito.
Luego, el recorte brutal de los ingresos a CIC, CPA y de becas que no son otra cosa que despidos encubiertos, ya que muchas de esas postulaciones son personas que el Conicet formó durante años. A esto se suma la situación de las altas de ingresos pendientes en las distintas carreras del organismo que implica la indefinición de la situación de profesionales que han concursado y ganado un cargo pero nunca se oficializó su ingreso.
También se agrega el brutal ataque al salario (como todo el conjunto de estatales) que ocasionó una fuga histórica de cerebros, el recorte del presupuesto y la eliminación de las metas que impone la Ley de financiamiento derogada en el presupuesto 2026, así como la eliminación de los PICT (el instrumento de financiamiento a proyectos de investigación) y la imposición de un nuevo método de financiamiento que direcciona los fondos públicos al interés del gran capital privado de sectores como la energía y la agroindustria, descartando los proyectos vinculados con la Ciencias Sociales y las Humanidades como áreas de interés en investigación para el Conicet.
Puede agregarse la persecución ideológica que han recibido trabajadores y trabajadoras que protestaron en defensa de los salarios y el presupuesto científico en el Cenpat en Puerto Madryn, o en la escandalosa censura que sufrieron en Mendoza los investigadores que publicaron un informe que detallaba los peligros ambientales del proyecto minero San Jorge y que fue eliminado y reemplazado por otro informe alineado al proyecto.
El ajuste no se limita al Conicet. Durante los últimos años los trabajadores de Ciencia y Técnica han debido enfrentar los intentos de fusión, reestructuración y vaciamiento de organismos estratégicos como el INTA, el INTI y la CNEA.
El creciente malestar de los trabajadores del Conicet a lo largo y a lo ancho del país pone de manifiesto la necesidad de unificar todos los reclamos en acciones de lucha contundentes que rompan con la dispersión y la rutina. El enorme apoyo social conquistado permite pensar la lucha en defensa de la Ciencia como una verdadera causa nacional. Las asambleas autoorganizadas desde las bases, como las que se vienen impulsando en Tucumán, son un buen ejemplo para replicar en todo el país y confluir tanto con el conjunto de los organismos de CyT, como con la docencia universitaria que está peleando contra la entrega de la ley de Financiamiento Universitario que realizaron los rectores agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional y las conducciones sindicales.

Reincorporación definitiva de referente y trabajadora de GPS-Aerolíneas Argentinas

La Justicia laboral tuvo que reconocer el carácter discriminatorio y antisindical del despido de Rosa Oviedo, referente de los tercerizados de la línea aérea de bandera y de la Comisión de Mujeres Aeronáuticas. Desde el miércoles 17 de junio recuperó su puesto de trabajo en Aeroparque de forma permanente, un gran logro de la persistencia de la lucha por la reincorporación definitiva, donde los abogados del CeProDH cumplieron un importante rol junto a los trabajadores. Esto sienta un importante precedente legal para poder revertir otros despidos de trabajadores de GPS, la principal tercerizada de Aerolíneas Argentinas.
Este hecho se da en el momento en que las y los trabajadores de GPS reclaman al sindicato UPADEP que convoque a elecciones libres en los turnos mañana y tarde de Aeroparque, algo que la Comisión Directiva les viene negando hace más de un año. En marzo llamó a elecciones solo en el turno noche, entre maniobras fraudulentas, como no avisar y hacer votar a trabajadores de tres servicios distintos como si fueran uno solo. Otro reclamo muy sentido es la exigencia de ajustes en la paritaria para recuperar el salario perdido en los últimos dos años.
Oviedo había sido despedida a principios de 2024 junto a más de 200 de sus compañeros y compañeras de Aeroparque y Ezeiza, cuando el gobierno de Milei lanzó un ataque generalizado contra los trabajadores de ARSA con el fin de vaciarla y privatizarla. Esto desató la respuesta de los trabajadores, que iniciaron un plan de lucha que incluyó asambleas generales, cortes de la Avenida Costanera y movilizaciones en los halls de ambos aeropuertos, en defensa de los puestos de trabajo y contra la privatización de Aerolíneas Argentinas que hubiese significado miles de despidos y la destrucción de la línea aérea de bandera. En esa pelea los trabajadores de GPS confluyeron con los sindicatos aeronáuticos y se logró frenar la privatización.
Si bien Oviedo se encontraba trabajando nuevamente desde agosto de 2024, esto se debía a una medida cautelar de la justicia, producto de la lucha, indicando que la empresa debía permitirle aguardar el fallo de la Justicia en su puesto de trabajo. Ahora la empresa debió reconocerle -en acuerdo en etapa judicial homologado- su antigüedad, admitiendo implícitamente el carácter antisindical del despido y una reincorporación definitiva.

Santa Cruz atraviesa una crisis social y política

El gobernador Claudio Vidal impulsa endeudamiento, ajuste, persecución y castigos mientras crecen las luchas sindicales y el rechazo transversal cada vez más creciente entre las y los trabajadores.
En las últimas semanas, Santa Cruz quedó en el centro de la tormenta. La crisis social y política se siente en cada rincón: paros, acampes, cortes de ruta, movilizaciones gremiales y una inédita rebelión policial marcan la agenda. En paralelo, el gobierno provincial, encabezado por Claudio Vidal, insiste en avanzar con un endeudamiento externo de 600 millones de dólares. ¿El argumento oficial? Financiar “obras estratégicas” y reactivar la economía. Para la mayoría trabajadora y los gremios en lucha, la jugada solo profundiza la crisis y compromete el futuro de la provincia.
El proyecto, presentado bajo el nombre “Financiamiento Estratégico Provincial”, llegó a la Cámara de Diputados con el impulso del oficialismo. Pero el 12 de junio, tras un tenso debate y más de tres horas de sesión extraordinaria, fue devuelto a comisiones: la oposición —que contaba con al menos diez votos en contra— bloqueó su tratamiento sobre tablas. Para aprobar el endeudamiento, el gobierno necesita una mayoría especial de dos tercios (16 votos), algo que no logró reunir.
El presidente del bloque Por Santa Cruz, Santiago Aberastain, planteó que la discusión central es qué obras se harán en cada localidad y cómo se distribuirán los fondos. Desde la oposición también surgió la propuesta de buscar recursos en el déficit presupuestario nacional antes que endeudar a la provincia. Nadie niega la necesidad de obras públicas; lo que se discute es quién se beneficia con la deuda y quién la pagará.
La desconfianza se alimenta de antecedentes recientes. Un caso testigo es el destino de los 200 millones de dólares aportados por YPF para remediar el pasivo ambiental tras su retirada, mediante un acuerdo con FORMICRUZ y la empresa estatal el 2 de abril de 2025. Ese dinero nunca se utilizó para cerrar los más de 1.000 pozos abandonados ni para obras públicas.
A esto se suma que la Legislatura aprobó por unanimidad, el 9 de abril, el aumento de regalías mineras del 3% al 5% para financiar obras y mejoras salariales. Sin embargo, el 1° de junio el Poder Ejecutivo vetó la ley y apostó al endeudamiento en dólares con organismos extranjeros. El veto se alinea con los planes de La Libertad Avanza y se refleja en los votos del oficialismo a favor de la Ley de Bases, el RIGI, la reforma laboral, la Ley Hojarasca y la modificación de la Ley de Glaciares.
Mientras tanto, la crisis social se agrava. Desde principios de año, docentes de ADOSAC, estatales de ATE, judiciales, viales, municipales y trabajadores de la salud sostienen medidas de fuerza que escalaron hasta paros de 72 y 96 horas, acampes frente al ministerio de Economía y protestas por salarios que no cubren la canasta básica. A esto se suma el drama del desempleo: en Las Heras, los desocupados cortaron la ruta varias veces ante la falta de respuestas y las promesas de inversiones que nunca llegan. En los últimos días, la novedad fue la protesta policial, con quites de colaboración y tomas de comisarías en Río Gallegos.
Otro conflicto latente es la pérdida de más de 5.000 puestos laborales petroleros en el Golfo San Jorge tras la retirada de YPF, lo que mantiene en tensión a localidades como Las Heras, Caleta Olivia, Pico Truncado y Cañadón Seco.
Lejos de abrir paritarias o escuchar los reclamos, el gobierno respondió con descuentos masivos, multas millonarias, recortes de licencias gremiales y persecución sindical. Repite así la receta del kirchnerismo: castigar la protesta, disciplinar a quienes luchan y blindarse con una justicia adicta. La ampliación del Tribunal Superior de Justicia, avalada por la Corte Suprema, fue una jugada para garantizarse un Poder Judicial a medida: rápido para desalojar piquetes o multar huelguistas, lento (o cómplice) con las empresas que saquean la provincia.
No sorprende que Vidal respalde el plan nacional de Javier Milei y acompañe cada una de sus iniciativas: la Ley Hojarasca, la quita de la zona fría, el recorte de fondos a la Patagonia y la amenaza sobre YCRT. Su diputado José Luis Garrido vota sistemáticamente a favor de los proyectos del Ejecutivo nacional, incluso aquellos que encarecen tarifas y perjudican a los trabajadores del sur.
Entre febrero y abril, Vidal viajó a Estados Unidos y Canadá para reunirse con empresarios mineros y promover inversiones extractivistas. En Santa Cruz existen 25 proyectos mineros en distintos grados de avance y, solo en 2024, las exportaciones alcanzaron los 1.789 millones de dólares.
La receta es la misma: ajuste para el pueblo, negocios para las empresas, endeudamiento para tapar la crisis y persecución para quienes se organizan. Las consecuencias están a la vista: salarios por el piso, recortes en salud y educación, pasivo ambiental sin solución y un futuro hipotecado por décadas.
El rechazo a la deuda es transversal: peronistas que utilizan el desgaste de Vidal para reubicarse de manera oportunista, opositores, ex aliados del vidalismo, intendentes, sindicatos y la izquierda se suman al repudio, junto a los trabajadores. La experiencia de provincias como Chubut —donde el endeudamiento solo trajo ajuste y salarios congelados— está fresca. Así, el oficialismo provincial se debilita semana a semana.
Los gremios sostienen que los fondos deben salir de las regalías mineras y petroleras, no de créditos externos que benefician a los mismos de siempre. También plantean discutir la matriz productiva de Santa Cruz y romper con el extractivismo saqueador que no deja desarrollo ni empleo digno y, además, deja daños irreparables en la naturaleza. No hay planeta B.
Mientras el gobierno apuesta a la deuda y el castigo a los que luchan, la organización desde abajo crece. Docentes, estatales, municipales, trabajadores de la salud y desocupados deberán coordinar acciones y sostener un plan de lucha conjunto. Lo que está en juego no es solo el salario, sino los derechos y la dignidad del pueblo trabajador.
Santa Cruz es un caso testigo de lo que ocurre cuando los gobernadores aplican las recetas de Milei y los trabajadores responden con organización en las calles y rutas. La única salida real es la unidad y la movilización para frenar el ajuste, rechazar el endeudamiento y exigir que la crisis la paguen los empresarios y los políticos responsables, no el pueblo trabajador.

Asignan fondos para retiros voluntarios en ANSES y juicios previsionales

El Gobierno Nacional oficializó el lunes 11 de mayo una modificación estructural en el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2026. A través de la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial, se dispuso el redireccionamiento de fondos para áreas críticas, destacándose la financiación del sistema de retiros en la ANSES y un incremento para el cumplimiento de fallos judiciales.
La medida lleva las firmas del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Economía, Luis Caputo. Según el texto oficial, los cambios se realizan en uso de las facultades conferidas al Ejecutivo para modificar la ejecución presupuestaria vigente.
Uno de los puntos centrales de la normativa es la incorporación de partidas específicas para el «Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR)» destinado al personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Este programa, que busca reducir la planta estatal, fue puesto en marcha originalmente en marzo pasado mediante la Resolución 68/2026.
El esquema de desvinculación está dirigido a empleados con al menos dos años de antigüedad. Entre las condiciones económicas fijadas para quienes opten por este beneficio se encuentran:
Indemnización: Equivalente al 90% de un sueldo por cada año de servicio.
Tope máximo: El monto no podrá superar los 24 haberes brutos.
Forma de pago: Se abonará en una sola cuota si el monto es inferior a $80 millones; de lo contrario, se liquidará en dos pagos mensuales.
Aprobación: La aceptación del retiro queda supeditada a la evaluación final del organismo.
Por otro lado, la decisión administrativa dispone un incremento significativo en las partidas destinadas a la seguridad social. En concreto, se aumentó en $500.000 millones el límite para atender obligaciones previsionales, elevando el total a $712.288 millones. Estos fondos están reservados exclusivamente para cubrir «sentencias judiciales de origen previsional reconocidas en sede judicial y administrativa».
Para financiar estos movimientos, el Ejecutivo aplicó una reducción en los créditos presupuestarios de diversas jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional. Bajo la premisa de «reordenar los recursos», el Ministerio de Economía busca compensar los gastos extraordinarios con recortes en otras áreas del Estado.
Finalmente, la norma también introdujo modificaciones en el presupuesto del Consejo de la Magistratura, con el objetivo declarado de «posibilitar su normal funcionamiento» durante el resto del ejercicio fiscal.

Amparo de jubiladas y jubilados contra “la estafa del Fondo de Asistencia Laboral”

El lunes 1° de junio el Gobierno Nacional de ultraderecha de Javier Milei publicó en el Boletín Oficial cuatro decretos -406, 407, 408 y 409- que reglamentan la denominada ley de “modernización laboral” aprobada por el Congreso de la Nación en el mes de febrero. Estos decretos avanzan en aspectos clave que profundizan el camino de destrucción de derechos históricos de la clase trabajadora argentina.
Entre ellos, el 408/2026 establece los primeros pasos para la operatividad del denominado Fondo de Asistencia Laboral, cuya aplicación práctica se posterga hasta el 1° de noviembre de 2026.
Se trata de un formidable negocio financiero, por el cual se crea una caja, a ser administrada por entidades financieras (que cobrarán comisiones por dicha administración), que captará los aportes patronales correspondientes a las y los trabajadores registrados en sus respectivas empresas, que se destinan en la actualidad al sistema de seguridad social, y pasarán a pagar despidos.
Esto es, las y los trabajadores activos dejarán de financiar el sistema previsional y pasarán a financiar sus propios despidos.
Al mismo tiempo, se desfinanciará al ANSES y, por ende, en las prestaciones que esta institución otorga (jubilaciones y pensiones y asignaciones familiares), abriendo la puerta a otro fenomenal negociado financiero: el regreso de las AFJP.
La regresiva reforma laboral dispone, y el decreto reglamenta, que el FAL será obligatorio para todos los empleadores del sector privado con la única excepción de la industria de la construcción y casas particulares, y se utilizará para pagar no solo indemnizaciones por despido, sino también retiros voluntarios, preaviso y sentencias judiciales por estos rubros.
Frente a esta situación, la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilad@s y Pensionad@s de la República Argentina presentó una acción de amparo con medida cautelar “para que la totalidad de los aportes patronales sigan tributarios ANSES y no sean derivados al FAL (Fondo de Asistencia Laboral), una estafa destinada a financiar futuras indemnizaciones por despido, reglamentada por el Decreto 408/2026”, informaron mediante un comunicado.
“¡Los aportes son de los trabajadorxs jubiladxs! ¡No vamos a financiar los despidos de nuestros compañerxs!”, agregaron, y concluyeron: “Esta presentación ha sido posible gracias al esfuerzo militante y económico tanto de la MESA como de las organizaciones hermanas con las que compartimos cada miércoles de lucha en todo el país”.
El gremio estatal ATE también realizó en el mismo sentido una presentación judicial semanas atrás ante la Justicia Federal. El sindicato reclamó que se declare la inconstitucionalidad de la ley de Reforma Laboral № 27.802. “Tenemos que frenar la implementación del fondo de cese antes que sea demasiado tarde”, declaró en ese momento Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional y anticipó que “el FAL terminará de hacer quebrar a un sistema previsional que ya venía golpeado. Estamos frente a un desfinanciamiento del ANSES sin precedentes, multimillonario, que aleja cada vez más a los jubilados de la posibilidad de recuperar el poder adquisitivo que perdieron sus haberes”, agregó Aguiar.

Hace treinta años fallecía la jubilada Norma Plá

El 18 de junio de 1996 Norma Beatriz Guimil de Plá murió a los 63 años. Fue en medio de la década menemista, caracterizada por mil y un ataques a las condiciones de vida de la clase trabajadora y los sectores populares. Encabezando infinidad de movilizaciones al Congreso y la Plaza de Mayo junto a cientos de compañeras y compañeros jubilados, se convirtió en una referente indiscutible de la lucha contra el neoliberalismo ejecutado por el peronismo en el poder.
Compartimos una semblanza de Norma Plá que hizo Fernando Rosso en septiembre de 2024, cuando el Gobierno de Javier Milei y Patricia Bullrich “homejeaba” a su ídolo Menem apaleando a las y los jubilados de hoy, que miércoles a miércoles siguen movilizándose a Congreso con las mismas banderas que levantaron Norma y aquella generación de luchadoras y luchadores.

Norma Plá, in memoriam
Norma Beatriz Guimil fue la hija de un guarda de tranvías y una empleada doméstica que se desempeñaba en la casa de una familia tradicional de la Argentina: la familia Martínez de Hoz.
Norma creció en el barrio de Villa Domínico en el sur del Conurbano bonaerense y tuvo que dejar la escuela primaria en segundo grado. Apenas con 13 años comenzó a trabajar en distintos empleos, la mayoría de ellos vinculados con la limpieza, ya sea empresas (como la antigua textil Bernalesa y la alimenticia Bagley) o también en casas particulares. Nunca tuvo un trabajo registrado y no pudo jubilarse, pese a que laburó desde los 13 hasta los 62 años.
Se casó con Miguel que era un obrero gráfico que trabajaba en una fábrica que quebró —como tantas otras en esa época— hacia el final de la dictadura en 1982 y luego nunca pudo volver a encontrar un trabajo formal. Con él vivió en otro barrio del sur del Gran Buenos Aires: el barrio San José de Temperley.
Cuando Miguel falleció, ella recibió una pensión paupérrima que no le alcanzaba para nada, por eso la tenían que ayudar sus hijos para poder sobrevivir.
El apellido de Miguel era “Plá” y Norma no sólo que se lo hizo propio, sino que también lo hizo famoso. Porque Norma Plá se transformó en un emblema de la resistencia contra el menemismo y particularmente de la defensa de quienes siempre son blanco de ataque por parte de los Gobiernos más salvajes: los jubilados y jubiladas.
En la esquina de Pasco y Salta, en el barrio San José de Temperley hay una plazoleta que lleva su nombre. Es chiquita, y es valorable que le hayan puesto su nombre, aunque en un país que tiene plazas, calles y monumentos para tantos sinvergüenzas, merecería más.
Norma Plá fue parte de la educación cívica y política de toda una generación que daba sus primeros pasos en el oficio de resistir a gobiernos que estaban guiados por un principio infame: ser débiles con los fuertes y fuertes con los débiles.
Salió a la calle por primera vez en 1991 para reclamar por un aumento de la jubilación. Participó de las primeras cien marchas que los jubilados y pensionados protagonizaron todos los miércoles durante cinco años frente al Congreso. No faltó a ninguna.
Con Norma Plá a la cabeza, los jubilados arrancaban desde la puerta El Molino, la legendaria confitería de enfrente del Congreso y de ahí iban al Congreso mismo, al Banco Hipotecario, a la sede del PAMI, al Consejo Deliberante, al Ministerio de Economía. A la sede del PAMI la “tomaron” varias veces, y en todos los otros lugares, Norma Plá intentaba entrar saltando vallas o golpeando puertas.
Alguna vez organizó una “choripaneada” frente a la casa de Domingo Cavallo en plena Av. Libertador.
En una movilización a los Tribunales en 1991 en la que solicitaban que se reconocieran fallos judiciales que les daban la razón a los jubilados, le sacó la gorra a un policía.
Después de ese evento, la invitaron a una mesa de los machos alfa del periodismo menemista encabezada por Gerardo Sofovich en el programa “Polémica en el bar”. Les pintó la cara a los Majul y los Trebuck de esos años. Busquen el video en Youtube, era una polemista fenomenal.
Otra vez se subió a un escenario y le dijo al ex-secretario de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov, que le contara al mundo que los jubilados en la Argentina “estaban cagados de hambre”.
Fue solidaria con otras causas como la de los ferroviarios del Roca en la época de la privatización y los despidos masivos, también en otro momento, hizo una choriceada en memoria de los caídos en Malvinas.
Además del antro de Sofovich, llegó a la mesa de Mirta Legrand, y bandas de rock la homenajearon o la incorporaron en sus letras. Una vez se cruzó con Cavallo y el ministro tuvo que hacer un acting y mientras lloraba reivindicaba su política económica.
Para los que creen que la crueldad llegó con este Gobierno, en octubre de 1992, el entonces presidente Carlos Menem despreció completamente a los jubilados que se manifestaban. Dijo: «Si tienen tanta fuerza para protestar y mandar a policías al hospital, bien podrían tener fuerza para trabajar, y no lo hacen».
Con un cinismo similar, el ministro Guillermo Francos (formado en la escuela del menemismo) “ironizó” en estos días diciendo que “los manifestantes de izquierda parece que se jubilaron jóvenes”, porque estaban en la marcha. Y TN “denunciaba” a los legisladores que estaban en la movilización ¿Dónde se puede estar si no es defendiendo a las personas que laburaron toda la vida en este país y son tratadas como un trapo de piso?
Muchos gobiernos trataron a los jubilados y jubiladas como el último orejón del tarro, mediante el veto de los aumentos o el cambio la fórmula. En general, para ahorrar gastos para pagar la deuda.
Me pareció importante rescatar esta biografía porque —como escribió Rodolfo Walsh— “Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia”. También procuran reescribir la historia de los jubilados y jubiladas. Y mostrar que siempre fueron todos viejos conservadores. Bueno, Norma Plá es una figura que muestra que hubo otra historia que se enhebró con otras resistencias que fueron mostrando el lado B de la “fiesta menemista”.
El tema de los jubilados y jubiladas fue uno de los karmas del menemismo. También fue el principio del fin del Gobierno de Mauricio Macri en las jornadas contra la reforma previsional de diciembre de 2017. Recordemos que Macri logró aprobar esa reforma, pero sufrió una derrota política y comenzó su declive.
El Gobierno de Milei está subido a su propio pony creyéndose infalible, como tantos otros, quizá con un poco más de énfasis. Junto a todas las medidas reaccionarias que está tomando, vetó un aumento magro para los jubilados y jubiladas que había votado el Congreso. La consultora Analogías preguntó en una encuesta que publicó hoy cuál era la opinión sobre ese veto: un 64 % de manifestó en contra; sólo un 22 % a favor (en resto no sabe).
El próximo miércoles está convocada una nueva movilización para que el Congreso se pronuncie contra el veto. Para llamar a la lucha alguna vez Norma Plá dijo: “Tenemos que convocar a jóvenes y no tan jóvenes también, para seguir enfrentando a este Gobierno que nos dice que estamos en el primer mundo. Si este es el primer mundo, yo no lo quiero”. Era necesario ayer y es necesario hoy.
Fernando Rosso (05-09-24)

Importante avance de la oposición antiburocrática en Apuba

Las listas del Frente de Lucha No-docente conquistaron las Comisiones internas de Odontología, Sociales y Agronomía, además se obtuvieron avances y muy buenos resultados en Exactas, Rectorado y FADU.
En Odontología se expresó de forma contundente un repudio a los manejos de una burocracia que deja pasar todo, en una facultad donde los funcionarios amenazan con descuentos y hace años no existía una lista opositora.
En Sociales se reafirma un camino de lucha que se viene construyendo, durante años como referente y única comisión interna opositora en la UBA, y ahora acompañada por Odontología y Agronomía.
La nueva Comisión interna de Agronomía será también otro nuevo espacio de referencia de la oposición antiburocrática en el gremio.
En el marco del brutal ataque a la Universidad, y frente a la pasividad de la conducción de APUBA, crece una alternativa democrática y de lucha.
El Frente de Lucha No Docente está integrado por los distintos sectores de la oposición, militantes del Frente de Izquierda, y de diferentes espacios independientes.

Fuentes: Indymedia Trabajadoras/es, La Izquierda Diario, elciudadanoweb.com, Perfil, Red Eco Alternativo, Radio Kermes / Agencia FARCO, Periferia, ANRed.

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