La deuda es con la salud

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) convocó el pasado miércoles 19, horas antes del Día de las y los Pediatras, a una concentración frente al Ministerio de Economía. En la Plaza de Mayo, sus integrantes ofrecieron capacitaciones abiertas en Reanimación Cardiopulmonar. Pese a la centralidad del lugar elegido y la relevancia del centro pediátrico, la manifestación no tuvo una cobertura equivalente de parte de los medios masivos de comunicación. La protesta también incluyó un paro de actividades, desde las 6 y hasta las 21 de ese día, conservando la atención a pacientes ya en internación y emergencias.

La puja salarial, que partía de un reclamo de 180.000 pesos como sueldo de base, aparece como un síntoma del retroceso presupuestario que comenzó con el macrismo, tuvo alguna expectativa de recuperación con la asunción de Ginés González García en el rescatado Ministerio de Salud, y continuó bajo presión de la rauda inflación tras la renuncia del ministro y la pandemia.

El Hospital ocupa un lugar nodal en la atención pública de salud pediátrica de alta complejidad. Por sus pasillos circulan 15.000 personas cada día. Recibe a pacientes de todo el país y emplea a 4.300 trabajadores y trabajadoras de planta. Otros 2.000 prestan servicios a través de empresas tercerizadas. Sus profesionales practican alrededor de 120 trasplantes por año, con una tasa de éxito del 85%. Como las personas trasplantadas presentan riesgos de rechazo del órgano en razón de un sistema inmune afectado, cada paciente requiere un seguimiento interdisciplinario de años o incluso de por vida.

“Ese trabajo no se reconoce en el sueldo”, dice a El Cohete Norma Lezana, secretaria general de la APyT. “Las autoridades del Hospital lo reconocen, el tema es cómo sostener este nivel de atención sin un presupuesto que lo acompañe. Se requiere una decisión política que reconozca la necesidad de un centro como el Garrahan para atender a este modelo de atención pediátrica de alta complejidad”, agrega.

Lezana se pregunta si el gobierno nacional no escucha a Gabriela Bauer y Gabriela Tozoroni, que desde mayo pasado lo representan en el consejo de administración del Hospital y cuyas trayectorias revelan un “alto compromiso con las infancias y la salud pública”. En la cartera nacional aseguran que atienden rápidamente a las demandas edilicias o de insumos, que defenderán un mayor presupuesto para el año próximo, y acuerdan con la negociación por un convenio colectivo específico que fije pisos salariales.

Paro, marcha y multitudinario acto del Garrahan hoy en Plaza de Mayo frente al Ministerio de Economía, con un RCP masivo «para salvar al modelo de hospital»

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— Asoc. Profesionales y Técnicos – Hospital Garrahan (@APyT_Garrahan) October 19, 2022

Más gorras, menos guardapolvos

A fines de 1969, la dictadura de Juan Carlos Onganía reglamentó la ley 17.102, que desde entonces regula la constitución de los Servicios de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC). Casi dos décadas después, en 1987, se creó bajo esa forma el Hospital Garrahan. Las obras habían comenzado en el gobierno peronista de 1975, se paralizaron durante la última dictadura y el proyecto recién se retomó tras la recuperación democrática de fines de 1983.

La constitución de los SAMIC supone la celebración de acuerdos entre el Estado nacional y provincias, municipios, universidades u otras entidades para su administración y financiamiento. En el caso del Hospital Garrahan, se estableció que los recursos para su funcionamiento autárquico serían aportados en partes iguales por el gobierno nacional y la entonces Municipalidad de Buenos Aires, que también conformarían el consejo de administración. Los porcentuales de participación se mantuvieron cuando, tras la reforma constituyente de 1994, el distrito pasó a ser una Ciudad Autónoma.

Para el tramo final del periodo kirchnerista que concluyó en 2015, el jefe de gobierno porteño y futuro Presidente Mauricio Macri ya había comenzado a enviar al Hospital Garrahan menos de lo que el organismo requería para funcionar. En diciembre de 2014, la Presidenta Cristina Fernández entregó al ente el título de propiedad que se demoraba desde tiempos alfonsinistas y reclamó a la Ciudad que pagase los 140 millones de pesos que debía para el mantenimiento del Garrahan. Pese a esos inconvenientes, trabajadores y trabajadoras indican que el presupuesto, con los salarios incluidos, podían discutirse frente al consejo de administración, que a su vez elevaba el proyecto y lo debatía con el Ministerio.

Un gran punto de quiebre se dio a comienzos de 2017. Macri, que empezaba su segundo año en la Presidencia, obsequió a su sucesor en el gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, una reducción de los aportes al Garrahan del 50 al 20%. Ambos pertenecían a Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio), igual que la entonces gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, también beneficiada por las aliadas arcas presidenciales.

La medida expresaba una redistribución regresiva del ingreso: la Ciudad redujo su participación en el financiamiento del Hospital, mientras Macri aumentaba el giro de recursos para armar a la Policía Metropolitana. Más gorras y menos guardapolvos.

En los hechos, se configuró así una maniobra de ajuste similar a las practicadas entre la última dictadura y el menemismo, con distinto sentido pero igual efecto: si en el cuarto final del siglo XX el Estado nacional delegó responsabilidades sensibles en provincias y municipios sin una reasignación presupuestaria equivalente, en este caso benefició al distrito más rico del país con una reducción de aportes y obligaciones.

En 2019, la llegada del nuevo gobierno, la recuperación del rango ministerial para Salud y la designación de González García abrieron la expectativa de que algo cambiase. El Presidente Alberto Fernández procuró revertir la distribución dispuesta por su antecesor, pero el gobierno porteño de Juntos por el Cambio llevó el tema al campo en que se siente más cómodo: la Justicia. De un modo u otro, la participación de cada jurisdicción en el financiamiento del Garrahan no se modificó.

La gestión del macrismo a cargo del médico Carlos Kambourian, a quien el propio Hospital luego denunciaría por millonarias erogaciones no justificadas, eliminó además cargos directivos nodales para el funcionamiento del centro pediátrico e intentó ingresar profesionales sin concurso.

De ahora en menos

La APyT del Hospital calcula que, desde 2017, los salarios del personal han retrocedido un 50%. Enfermeras y enfermeros se encuentran incluso bajo la línea de pobreza. Por eso, entienden que en materia de sueldos deben aplicarse “un 80% de recomposición y un piso salarial igual a la canasta familiar de 180.000 pesos”.

La caída del poder adquisitivo, indican, revela el riesgo de otra forma de redistribución regresiva: al acceso de los sectores más postergados a un sistema de salud pediátrico de calidad. Por tratarse de planteles altamente calificados, con ingreso por concurso y exigencias de especializaciones y actualizaciones periódicas y una intensa demanda de trabajo, la retracción de los salarios comienza a amenazar con la salida de profesionales hacia el ámbito privado o el pluriempleo de enfermeras y enfermeros.

El reclamo salarial no encuentra canales para incidir en la diagramación presupuestaria del organismo y quedó atado a la negociación paritaria general del Estado nacional. En materia de infraestructura, las necesidades edilicias del Hospital son compensadas por partidas que tampoco se incluyen en el presupuesto.

En un reciente comunicado, el consejo de administración del Garrahan destacó las determinaciones de adelantar las cuotas de incrementos previstos, otorgar sumas extraordinarias no remunerativas y actualizar adicionales por especialidad. El documento señala que tales decisiones buscaron “paliar el impacto de la situación inflacionaria en el salario de los trabajadores y trabajadoras”, al tiempo que apunta que se implementaron “con uso de recursos propios”.

Un convenio colectivo específico “sería una herramienta que permitiría que los trabajadores y la conducción del Hospital pudieran sentarse a una mesa a discutir la reconfiguración del salario, la principal problemática que tiene hoy el Garrahan”, puntualiza Oscar Trotta, que en representación del gobierno nacional integró el consejo de administración del centro pediátrico hasta comienzos de este año y en los dos anteriores abrió la negociación con las organizaciones que agrupan a sus trabajadores. La discusión, aún con posiciones encontradas, se mantiene abierta en la actualidad.

No ocurre lo mismo con otros reclamos, que exceden al consejo y en los que Salud atribuye a la situación económica del país su dificultad de respuesta. Por eso la APyT decidió concentrar el miércoles frente al Ministerio, que desde fines de julio encabeza Sergio Massa. Dentro de esa coyuntura sobresale el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para el pago de la deuda contraída por Macri y las revisiones periódicas del organismo, que exige una reducción sostenida del déficit fiscal. Que recaiga sobre la salud, entre otras áreas sensibles, es uno de los riesgos que mantiene en alerta al sistema público.

En ese sentido, dos problemáticas generales se sumaron a la específica del Garrahan. Una de ellas, la decisión de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, de reemplazar la entrega de leche en polvo por subsidios para que padres y madres la compren por su cuenta. Además de ser insuficiente, porque los 800 pesos dispuestos se encuentran por debajo del precio de venta de ese alimento, la interrupción de la entrega rompe una estrategia sanitaria: al retirar la leche de los centros de salud, se acercaba a niñas y niños a los controles médicos y de vacunas. La decisión de la cartera nacional fue objetada por varios Ministerios provinciales, que se reúnen en el Consejo Federal de Salud.

Por otra parte, a fines de septiembre el diputado Máximo Kirchner –que renunció a la presidencia del bloque oficialista cuando se rubricó el acuerdo con el FMI– presentó un proyecto de resolución para reclamar al Ejecutivo informes acerca de los avances en las obras para la apertura del Hospital que llevará el nombre de su padre y funcionará bajo la forma de SAMIC –igual que el Garrahan– en Laferrere, en el partido bonaerense de La Matanza.

Como ocurrió con otras obras, el gobierno macrista paralizó los trabajos en curso –en muchos casos, avanzados– en los hospitales SAMIC. En el caso del “Presidente Néstor Kirchner”, lo que ya se había concretado permitió que se habilitasen vacunatorios contra el Covid-19, pero su apertura plena sigue demorada. Presidencia asegura que será el año próximo.

Trotta, que representa ahora al gobierno de la provincia de Buenos Aires en el consejo de administración del también matancero SAMIC “René Favaloro”, considera que “es necesario que al Hospital ‘Presidente Néstor Kirchner’ se le den rápidamente los recursos para ponerlo en funcionamiento, porque hay una demanda importante en el partido de La Matanza”.

Si las exigencias del FMI redundasen directa o indirectamente en la prestación de salud pública, se confirmaría una repetida tendencia mundial, agravada por la crisis global pospandemia: en los países que acordaron con el organismo multilateral a expensas de ajustar el llamado “gasto público” se verifica una relación directa entre la aplicación de sus requerimientos, la disminución de inversión estatal y un aumento de las tasas de mortalidad general e infantil. Ese es el temor de buena parte del sector público de atención.

Sería un escenario opuesto al de la Argentina desendeudada de la década kirchnerista, que entregó a Macri un país que había reducido a la mitad su tasa de mortalidad infantil y había aumentado en más de dos años la esperanza de vida al nacer.

Fuente: https://www.elcohetealaluna.com/la-deuda-es-con-la-salud/