La cuenta de la deuda eterna: cuando el gobierno de Isabel Perón fue derrocado por el golpe militar de 1976, Argentina debía 5.000 millones. Militares y civiles genocidas estatizaron la deuda privada y dejaron al país endeudado en 43.000 millones. Raúl Alfonsín tras desembolsar más de 10.000 millones, dejó una deuda de algo menos de 60.000 millones. Carlos Menem vendió las empresas públicas para pagar; en una década derivó más de 100.000 millones a los acreedores, mientras la deuda crecía hasta los 150.000 millones. Fernando de la Rúa pagó casi 50.000 millones y huyó con el monto adeudado acrecido hasta 180.000 millones. Eduardo Duhalde pagó algo menos de 20.000 millones (o sea cuatro veces lo que el país debía en 1976). Pero, entregó el mandato con casi 220.000 millones de deuda. Los Kirchner pagaron más de 200.000 millones y tras 12 años dejaron una Argentina endeudada en mucho más de 220.000 millones. Macri en 4 años pagó más de 100.000 millones y dejó la deuda acrecida en 310.000 millones. Argentina pasó de una deuda de 5.000 millones en 1976 a una de 323.177 millones a comienzos de 2020, tras haber pagado en ese período casi 500.000 millones.
El Fondo Monetario Internacional, como prestamista de último recurso, ratificó que no ofrecerá un recorte de su préstamo a Argentina,a pesar del pedido de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, que instó al organismo a asumir una pérdida. En tanto, el Gobierno argentino prepara su oferta a los tenedores de bonos soberanos en la que, se espera, se incluya una fuerte quita de capital.
Una misión técnica del FMI abandonó Buenos Aires el 19 de febrero tras reunirse con funcionarios de Argentina y evaluar la sostenibilidad de la deuda del país. Sin embargo, el Gobierno prioriza la reestructuración con los acreedores privados. Es más del doble que la deuda con el FMI, y los vencimientos son cuantiosos a partir de abril, de ahí el objetivo de cerrarla el 31 de marzo. En cambio, el primer vencimiento con el FMI cae en septiembre de 2021 y las sumas más pesadas en 2022 y 2023.
La Argentina es el principal deudor del FMI, con una línea por USD 44.000 millones que equivale al 43% del total que hoy tiene prestados el organismo a sus países miembro. Las tenencias de acreedores privados más que duplican esa cifra.
El FMI estima que la Argentina necesita hacer una “quita” de capital a los acreedores privados cercana al 20%, trato que por estatuto rechaza para sus propias acreencias.
Invoca un estatus de “acreedor privilegiado”, por actuar como “prestamista de última instancia” en situaciones de crisis, cuando se secan otras fuentes de crédito; por cobrar intereses mucho más bajos que los mercados de capital; y porque su capital se conforma con aportes de los 189 países miembros.
El FMI consideró que la deuda externa argentina “no es sostenible” y que, por lo tanto, se requiere que la reestructuración se haga en base a “una contribución apreciable de los acreedores privados”. Esto quiere decir que el organismo abogó por una negociación de deuda que no sólo modifique plazos en el repago de las obligaciones con tenedores privados sino que además implique una considerable quita, ya sea de capital, intereses o ambos.
Al respecto, el vocero de los buitres, Marcelo Bonelli, en Clarín sostuvo el viernes pasado que “Si Argentina quiere cuatro años de gracia debe hacer una contribución inicial de U$S 10.000 millones”. La suma que faltaría ingresar del préstamo del FMI y el actual Gobierno rechazó.
Hubo otros guiños del FMI hacia el gobierno, con consideraciones positivas sobre las primeras medidas implementadas y en relación a la coherencia del plan económico. Sin embargo, el FMI no hizo autocrítica ni se refirió al hecho de que el gobierno anterior aplicó al pie de la letra las recomendaciones del organismo a la hora de tomar los fabulosos créditos de 44.000 millones de dólares en 2018 y 2019, lo cual implica que el fracaso estuvo de entrada en la genética del programa. El Fondo dejó en claro que no acepta ni quitas ni reperfilamiento en sus créditos otorgados, lo cual obliga al gobierno argentino a entrar en un nuevo programa de financiamiento si es que decide pagar los enormes vencimientos de capital previstos para 2022 y 2023. Una de las grandes incógnitas es si el gobierno buscará cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo como llave para resolver la negociación con los acreedores privados. Si bien el acuerdo con el FMI no es una condición necesaria, la secuencia habitual sí supone un entendimiento previo con el organismo.
¿Por qué apoya el FMI las primeras medidas implementadas por el Gobierno?
El aumento que debió otorgarse a las jubilaciones según la legislación suspendida era de 11,56% y en la difusión de las nuevas escalas el gobierno enfatizó el casi 13% para la mínima, asignaciones familiares y la AUH (11,8 millones de personas); incluso difunde que el aumento de la jubilación mínima alcanzó al 18,8% sumando los bonos otorgados por 5.000 pesos en diciembre y enero pasados.
En todas las otras categorías actualizan ingresos por debajo del guarismo oficial, desde 9,80% a quienes perciben 20.000 pesos mensuales, en escala descendente hasta el 3,80% de los que perciben entre 100.000 pesos mensuales y la máxima que era de 103.800 pesos. Se argumenta que el incremento destacado de la mínima alcanza a los 197 pesos al mes, y para el resto de las categorías, pierden por ausencia de actualización, desde $ 352 en los que perciben 20.000 pesos mensuales hasta $ 8.038 en las jubilaciones entre 100.000 a 103.800 pesos al mes.
Se trata de un ahorro en la seguridad social que disminuye el compromiso del gasto social y es por ende calificado como “ajuste”, al tiempo que achata la pirámide de ingresos previsionales.
Entre los anuncios se destaca el Proyecto de ley para modificar el régimen jubilatorio de jueces y diplomáticos, aumentando los aportes de los activos, elevando progresivamente la edad jubilatoria y reduciendo la relación del haber, del 82/85% a un 60% aproximado. La cuestión de fondo se discutirá bajo el nuevo régimen legal antes de junio próximo.
El ajuste a las jubilaciones tiene por finalidad aumentar el Superávit Fiscal Primario para poder afrontar así el pago de los Intereses de la Deuda Pública.
En esta misma frecuencia, la Anses salió a aclarar que «no está previsto modificar la edad jubilatoria», luego de que el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, planteara que «en algún momento esas discusiones las vamos a tener que dar» y que «no es un disparate pensar que una mujer se jubile a los 65 años».
Este martes, Moroni abrió la puerta a la posibilidad de aumentar la edad jubilatoria. «La expectativa de vida todos los años crece y los sistemas jubilatorios se van a tener que ir adaptando», evaluó Moroni.
Por otra parte, la Argentina estaría dando cumplimiento a otra de las reformas acordadas en el Programa Stand-By con el FMI: la Reforma Laboral mediante la reducción de los costos laborales disminuyendo los salarios reales afectados no solo por la inflación sino también por lo perdido durante el macrismo que se estima en un 20% y la idea del actual gobierno de eliminar los ajustes automáticos por cláusula gatillo.
Ambas medidas tienen por objeto disminuir el Gasto Social Total del Estado – incluyendo las Asignaciones Familiares, la Asignación Universal por Hijo y los Subsidios Personales – merced a la desactualización frente a la Inflación.
“De esta manera, sin decirlo y dejando que el tiempo actúe de hecho a favor de estas modificaciones que se están produciendo, el gobierno FF está llevando a cabo las recomendaciones y compromisos acordados con el FMI en materia de Superávit Fiscal
Primario y de Reformas Estructurales, con lo que allanaría el camino de cumplimiento de lo pactado por la administración Macri y facilitaría así el entendimiento con el FMI”, afirma el economista Héctor Giuliano en “LA DEUDA PÚBLICA EN LA CUENTA REGRESIVA”.
Las negociaciones secretas siguen así su curso mientras el gobierno busca generar resultados presentables a los Acreedores y Organismos Multilaterales de Crédito en materia de Ajuste Fiscal y Reformas Estructurales que garanticen la capacidad de repago de los Intereses de la Deuda Pública para que nuestro país pueda así volver a colocar Deuda Nueva en los Mercados Internacionales.
Reperfilando las paritarias
Trascendió que Armando Cavalieri ya habría acordado un esquema de sumas fijas definidas por el Poder Ejecutivo al ritmo de la negociación con el FMI.
El plan del gobierno es una “tregua salarial” hasta mayo y “acuerdo social con pauta general” una vez renegociada la deuda. Con esos condicionamientos el aumento no dependerá de las necesidades de las familias trabajadoras ($ 40.373), sino de la “sostenibilidad de la deuda”.
Uno de los gremios pesados de la CGT decidió ofrecerse como ejemplo. El “eterno” Armando Cavalieri avanzó en un acuerdo con el ministerio de Trabajo. El Sindicato de Comercio estaría a punto de acordar un aumento que implicaría, en una primera etapa, absorber la suma fija de $ 4.000 decretada por el Gobierno y sumarle $ 2.000 para cerrar el primer trimestre. Así el aumento interanual alcanzaría un 52%, casi tres puntos por debajo de la inflación oficial. En una segunda etapa, acordar una suma fija remunerativa para los meses de abril, mayo, junio, y posiblemente julio. Con esa suma, el básico de los empleados y empleadas de Comercio queda arañando la línea de pobreza del Indec.
El caso testigo de Comercio tiene la función de marcar los objetivos del Gobierno para las paritarias 2020. Cavalieri es solo el abanderado de una política que involucra a todas las cúpulas sindicales. Héctor Daer se reunió con Alberto Fernández hace pocos días, donde no habló de las paritarias libres y directamente dejó de lado el reclamo de “cláusula gatillo”. Como también lo hizo Hugo Yasky, de la CTA. Parece que la unificación de las centrales sindicales que proponen algunos de sus dirigentes tendrá como primera pelea anestesiar las expectativas de trabajadores y trabajadoras de recuperar su poder adquisitivo.
Al respecto, el secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Hugo «Cachorro» Godoy, se diferenció este lunes de otros sindicalistas y no descartó la incorporación de la «cláusula gatillo» en el marco de las negociaciones paritarias que se avecinan.
«Está demostrado que a la inflación no la genera la evolución de los salarios. El último año, éstos perdieron entre un 15 y 20 % y, en el caso de los estatales, un 25 % de la capacidad de ingreso», explicó Godoy.
«Aun con servicios congelados, naftas con incrementos limitados y dólar planchado, los precios siguen aumentando. Eso demuestra que la espiral inflacionaria no la generan los salarios, sino las especulaciones de unas 200 empresas, que bien podrían ser controladas por el Estado, pero no hay políticas activas al respecto», concluyó.
También Carlos Acuña, uno de los integrantes del binomio que conduce la CGT, polemizó con el concepto esgrimido por el Ejecutivo acerca de que las cláusulas gatillo serán eliminadas porque “indexan la economía”. Disparó: “pareciera que los responsables de la inflación fueran los salarios». Y agregó: “en campaña se comprometen y después nos dan la espalda».
Los alimentos subieron en enero el doble (4,7%) que el costo de vida (2,3%). Y en 15 días de febrero otro 2%.
Un relevamiento nacional de precios efectuado por integrantes de Libres del Sur, Barrios de Pie, Jóvenes de Pie, el movimiento universitario SUR, Libres y Diverses y MuMaLa (Mujeres de la Matria Latinoamericana) en distintas ciudades argentinas indican incrementos cercanos al 20% en arroz, azúcar y yerba, y superior al 10 % en pan, manteca y asado. El promedio de subas es de 9,88%.
Además, las agrupaciones corroboraron que en la mayoría de los supermercados hay un faltante de los alimentos que tienen los Precios Cuidados.
Ante la falta de acuerdo en la paritaria, el gobierno de Axel Kicillof resolvió otorgar por decreto un aumento de 4.000 pesos a los trabajadores estatales, a pagar en dos cuotas, con los sueldos de febrero y marzo.
El Ejecutivo comunicó esta decisión luego de que fracasara una nueva reunión con los gremios ATE, FEGEPPBA y UPCN por la paritaria 2020. En concreto, se replicará la decisión nacional de otorgar una suma fija remunerativa de 4.000 pesos, aunque en este caso será percibida por todos los trabajadores del Estado bonaerense, incluidos los médicos.
A diferencia de Nación, en donde se dispuso que lo cobren quienes tienen sueldos de hasta 60.000 pesos, en Provincia no habrá tope salarial y será percibida por todos los empleados de la Ley 10.430 y también por los profesionales de la salud, cuyo trabajo está regulado por la Ley 10.471. No lo cobrarán los docentes ni los judiciales.
La discusión salarial 2019, que quedó inconclusa durante el gobierno de María Eugenia Vidal, volverá a retomarse en las futuras mesas técnicas: los gremios aseguran que perdieron más de 25 puntos frente a la inflación.
Oscar de Isasi, secretario general de ATE provincia de Buenos Aires, indicó que “desde ATE se planteó que era absolutamente insuficiente el planteo salarial del gobierno y todo el arco sindical ratificó lo expuesto por nuestra organización.Además agregó“frente a lo que expusimos el gobierno expresó que sigue abierta la paritaria y que nos van a convocar para seguir discutiendo salario”.
El Gobierno aclaró que la doble indemnización que regirá hasta mitad de año no podrá aplicarse a trabajadores del sector público nacional, luego de que jerárquicos de empresas estatales advirtieran que no planeaban dejar sus cargos sin cobrar ese beneficio. La explicación, plasmada en un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), forma parte de un plan de la administración de Alberto Fernández orientado a delimitar con la mayor claridad posible la condición de político de un cargo en el Estado.
Sólo en la Administración pública nacional (ministerios y organismos descentralizados) hay más de 4.000 cargos considerados “políticos” en tanto que existe un número, por ahora indeterminado aunque quizás superior, en las empresas y sociedades ligadas al Estado como YPF, Aerolíneas Argentinas, Arsat, entre otras, con salarios que llegan a oscilar de los 100.000 a los 500.000 pesos. A ese tipo de cargos apuntó el DNU publicado ayer en el Boletín Oficial que los privó del derecho de reclamar por la doble indemnización.
La decisión encendió las alarmas en algunos sectores gremiales del Estado por la eventualidad de que pudiese ser utilizada para facilitar despidos indiscriminados.
El presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte, admitió que la norma “evidentemente está destinada a los funcionarios macristas que no dejaron sus puestos cuando cambió el Gobierno”, lo que tildó de “actitud deshonesta, repudiable y, en algunos casos, ilegal”, aunque advirtió que “esta medida de carácter general puede afectar también a trabajadores que eventualmente sean despedidos de empresas estatales”.
Docentes
El titular de Suteba, Roberto Baradel, puntualizó que durante esta semana el gremio será convocado para mantener negociaciones respecto a los salarios docentes y aseguró: «a este gobierno le vamos a pedir más que a Vidal».
En declaraciones formuladas aseguró: «lo que vamos a plantear a nivel nacional y provincial son discusiones que nos permitan no solamente no perder poder adquisitivo sino mejorar las condiciones de los salarios docentes».
Gremios docentes adheridos a la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGTRA), AMET, CEA y UDA, exigieron al Ministro de la Nación, Nicolás Trotta, la urgente convocatoria a paritarias.
Advierten que “no somos responsables si la mentada dilación afecta las negociaciones jurisdiccionales y el normal inicio del ciclo lectivo”.
Al respecto, Nicolás Trotta, ratificó el compromiso de que durante el 2020 «los salarios de los docentes le ganen a la inflación», lo que requerirá «un esfuerzo de las provincias y el Estado Nacional en una realidad fiscal tan compleja» y pidió «responsabilidad», de cara a la paritaria nacional que continuará la semana próxima.
Si bien el gobierno de Chubut había previsto el inicio de las actividades escolares para el 18 de febrero, en Esquel no ocurrió así: la mayoría de las escuelas permanecieron sin actividad ya que se mantuvo el paro de auxiliares de la educación por 48 horas y pese a que el sindicato no llamó a paro, hubo una presentación masiva de retenciones de servicios.
ATECh había llamado a asambleas escolares para el día martes y miércoles. Sin embargo, debido a la urgencia del conflicto, muchas escuelas realizaron asambleas el lunes y mandataron. En su mayoría se rechazó la “propuesta” del gobierno, porque no cumple con los acuerdos firmados en noviembre del año 2019. El único gremio que realizó paro fue SADOP, que nuclea a los docentes de escuelas privadas.
Un centenar de docentes de varias escuelas del nivel medio se autoconvocaron en el local de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) de Esquel para pedir explicaciones sobre la dilatación de los tiempos que la conducción genera para resolver el conflicto.Un afiliado subrayaba en referencia a la conducción del sindicato: “están haciendo el juego al gobierno. El gobierno nacional tiene una línea: banca al gobierno provincial, que tiene otra línea parecida. Los partidos políticos hacen su juego. Y los sindicatos pegados a los partidos políticos y a los gobiernos hacen su juego, completamente en contra nuestra. Si ponemos un poquito la lupa en lo que se lee en las noticias, en lo que dicen ustedes, es claro que les están dando tiempo, que le dieron tiempo a Arcioni, que jugaron el juego que les pidieron desde el gobierno nacional. Está a la vista las razones de por qué no se puede creer en el sindicato. En el 2018 se firmó y no se cumplió. En el último mandato del 2019 se firmó y no se cumplió. Lo dijo Goodman: si no están las condiciones, sino se cumple con todo, no arrancamos. Listo. Es más, gente del sindicato diciendo que están dadas las condiciones, que está todo más o menos bien”.
Los trascendidos en algunos medios sobre personas muy afines al sindicato que estarían trabajando en el Ministerio, la representatividad para las escuelas de ciclo invertido, que debían empezar las clases a mediados de enero y no lo hicieron por falta de transporte escolar y por retención de servicio, fueron otros temas cuestionados a la conducción del gremio.
En el caso de Santa Cruz, la gobernadora Alicia Kirchner ofreció una suma fija de 2.000 pesos a pagar en marzo. La comisión directiva de Adosac (Asociación de Docentes de Santa Cruz) rechazó el ofrecimiento. Dice que es “una provocación” y aseguraron que «pone en riesgo el inicio del ciclo lectivo”, que tendría que comenzar el 2 de marzo.
El argumento que plantea el gobierno provincial iría en sintonía con la línea del gobierno nacional de «reducir la brecha» entre «el trabajador que más gana y el que menos gana». Pero lejos de implicar un mejoramiento de las condiciones salariales del conjunto de la docencia, implica un «achatamiento» de sus ingresos. Lejos de imponerle una «solidaridad» a las petroleras, mineras y pesqueras que saquean Santa Cruz, se propone una redistribución entre los propios trabajadores y trabajadores en clave de ajuste.
Trabajadores
y trabajadoras de la obra social docente, organizados en el SITOSPLAD,
marcharon el miércoles 19 de febrero hasta
el Ministerio de Trabajo, ante la falta del pago total del sueldo de
enero. Al no encontrar respuestas los días 20 y 21 de febrero realizaron
un paro de 48 horas.
“Cabe recordar que además de padecer el desdoblamiento salarial, les
trabajadores estamos en estado de emergencia salarial dado que perdimos
el 50% del poder adquisitivo en dos años, gran parte del salario se
abona de manera no remunerativa y la OSPLAD no pagó
los bonos de $ 5.000 de 2018 y 2019 ni los $ 3.000 de enero de 2020
decretados por el gobierno nacional”, agregaron.
El miércoles 19, representantes de la Mesa Ejecutiva de CONADU Histórica, se reunieron con el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni.
La conducción de la CONADU Histórica manifestó centralmente la preocupación ante la falta de precisiones respecto del cumplimiento de los acuerdos paritarios 2019 y el inicio de la negociación salarial 2020. En particular, enfatizaron las incertidumbres generadas ante la posibilidad del no pago en tiempo y forma de la cláusula gatillo correspondiente al último acuerdo salarial y la posible incorporación de sumas fijas en la paritaria 2020.
CONADU Histórica enfatizó su rechazo a cualquier modificación al acuerdo paritario vigente, destacando que el desconocimiento del mismo sería contrario a los derechos adquiridos en el ámbito de una negociación salarial realizada de buena fe.
En relación al inicio de las próximas paritarias, la Federación adelantó que no se aceptará la incorporación de sumas fijas que achatan la pirámide salarial, al tiempo que perjudican a quienes tienen mayor antigüedad y quienes cobran zona desfavorable.
Por otra parte, consultaron al Ministro sobre la situación de nuestros regímenes jubilatorios especiales a la luz del decreto 163/2020 de movilidad jubilatoria firmado el pasado 18 de febrero. Al respecto, Moroni aseguró que la movilidad de las jubilaciones de docentes universitarios (ley 26508-82%) y preuniversitarios (decreto 137/2005) no se encuentran alcanzados por esta disposición.
El próximo 4 de marzo se reunirá el Plenario de Secretarías Generales donde se analizará la coyuntura del sector y se debatirán los pasos a seguir en función de los mandatos de base de las asambleas docentes.
VICENTÍN: Peligra la continuidad de 3.000 puestos de trabajo
Tras haber entrado en cesación de pagos en noviembre pasado aduciendo «stress financiero», Vicentín presentó la convocatoria de acreedores a comienzos de esta semana. La empresa, parte del complejo agroexportador y productora de alimentos, acumuló deudas millonarias con diferentes Bancos y proveedores manteniendo en vilo la continuidad de 3.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos en Santa Fe.
Un sector afectado es el aceitero en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, ciudad lindera a Rosario por cuyos puertos es la salida más importante de granos de la Argentina.
Pablo Reguera, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA), manifestó: «La situación nos tiene muy preocupados porque no es sólo una deuda del Banco Nación. Se le debe a los bancos exteriores, se le debe al Nación, al Banco Provincia y también a las cerealeras que transportaban su mercadería. Se debe una suma que asciende a 1.300 millones de dólares», detalla.
«La planta que tenemos en San Lorenzo está parada desde el 14 de noviembre. Hay una guardia mínima, se retiraron los camiones y lo único que se hace es cuidar la maquinaria. Si bien cumplen con el 93% de los sueldos, no están tributando a la Municipalidad. Es la empresa que más puestos de trabajo genera en el Departamento«, agrega.
La cerealera estaba dentro de las cuatro empresas con mayores exportaciones en la región. San Lorenzo cuenta, además, con el polo aceitero más grande del mundo.
La deuda con la banca pública
Al respecto, el Diputado Nacional del Frente de Todos, Juan Carlos Alderete, publicó un documento, donde entre otras cosas señala: El informe que el director del Banco Nación, Claudio Lozano, elevó al directorio de la entidad para que determine los pasos a seguir frente al pedido de renegociación que pidió la compañía Vicentin cuestiona el “estrés” alegado por el Grupo y considera, que “ninguno de los números disponibles justifica la repentina crisis financiera de Vicentin”.
Según se indica en el informe, “[…] en el proceso de endeudamiento que fue acumulando Vicentin con el Banco Nación, se superaron los límites a los que podía acceder en función de la normativa correspondiente fijada por el Ente Regulador para las Grandes Empresas […]”. Y que “[…] Sin embargo y sin fundamento alguno la empresa obtuvo la refinanciación que requería sin hacer las cancelaciones correspondientes para volver a encuadrar en la normativa. Extrañamente la decisión de violar la normativa del Banco Central para grandes empresas no fue tomada por un acto administrativo del directorio del Banco, sino por la línea gerencial, en el período del último gobierno […]”.
En el referido informe se documenta el acelerado crecimiento de la empresa en los últimos cuatro años, lo que se advierte en que las ventas anuales del Grupo Vicentin variaron como se indica a continuación:
- Año 2015. 27.100 millones de pesos, 19° puesto en el ranking de ventas.
- Año 2016. 45.200 millones de pesos, 10° puesto en el ranking de ventas.
- Año 2017. 61.335 millones de pesos, 7° puesto en el ranking de ventas.
- Año 2018. 118.015 millones de pesos, 6° puesto en el ranking de ventas.
Mientras que en el acumulado anual de los años 2016, 2017 y 2018, el total de las empresas de mayor facturación tuvieron una expansión de ventas del 51,36% de promedio anual; el Grupo Vicentin superó ese porcentaje ampliamente en un 83,87% de promedio anual.
Por otro lado, los 23.500 millones de pesos en los que está endeudado Vicentin en el mercado financiero doméstico representan el 20% de la facturación del 2018 y dentro de ella, la deuda con Banco Nación de $ 18.000 millones es sólo el 15% de su facturación del 2018.
Además, en el citado informe se detalla el entramado societario que se utilizó para operar y se destaca que la relación entre el préstamo impago y la facturación de la empresa llega apenas al 20%, mientras que otras compañías como Arcor o YPF tienen una relación de 50% y 65% y no han planteado la crisis que alega Vicentin.
Teniendo en cuenta que el incumplimiento de la empresa en el periodo 2015 – 2018 no hizo más que expandir su facturación, haciendo que los fondos públicos financiaran su crecimiento a expensas de los más necesitados propone:La intervención del Grupo Vicentin por parte del Estado (principal acreedor) permitiría incidir en un sector clave de la economía nacional evitando que los productores agrarios, en su mayoría pequeños y medianos como demuestra el reciente Censo Agropecuario Nacional, sean perjudicados.
Se garantizaría la continuidad laboral de los cientos de trabajadores y trabajadoras que desempeñan funciones directas e indirectas en sus plantas y que no se corte la cadena de pagos golpeando a los pequeños productores y los pueblos del interior.
Por último, propone iniciar un proceso de debate público sobre la necesidad de constituir una sociedad del Estado o una sociedad mixta con mayoría Estatal con la empresa Vicentin. Buscando, de esta manera, los medios para la participación de los sectores interesados en el debate sobre el destino futuro de Vicentin: productores pequeños y medianos, las organizaciones de los trabajadores, así como las representaciones sociales y políticas de las regiones y las provincias para aportar la experiencia y el conocimiento desde la cercanía.
Garbarino
La empresa de electrodomésticos Garbarino podría cerrar la mitad de sus sucursales y alrededor de 2.000 trabajadores quedarían en la calle.
La empresa justifica la posible decisión a la caída de ventas de varios comercios del país, que va en línea con otras empresas de electrodomésticos, y la competencia que debe afrontar con los nuevos sistemas de venta on line que no necesitan una cantidad considerable de empleados ni locales al público. Según trascendidos, la medida sería confirmada por representantes de la compañía en las próximas horas.
Durante el año pasado, llevó adelante la paga de salarios en cuotas, como primera medida para mantener todos locales abiertos y no verse obligado a realizar despidos o suspensiones. Pero debido a la crisis que viene atravesando durante los últimos años parece no haber salida posible.
De esta manera, se prevé que la firma se desprenda de 152 sucursales distribuidas a lo largo de todo el país, y al menos 2.000 trabajadores pierdan su fuente laboral. La incertidumbre, que ya se mantiene en el universo trabajador desde hace meses, creció fuertemente durante las últimas horas debido a los rumores de cierre.
Asbesto en el subte
El secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), Roberto Pianelli, advirtió que si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, conducido por Horacio Rodríguez Larreta, y la empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) “no retiran los vagones contaminados con asbesto y no llaman a licitación para la compra de nuevas unidades, nos veremos obligados a tomar medidas”. El límite es el 1° de marzo, declaró Pianelli.
En enero, la jueza Elena Liberatori falló a favor del amparo ambiental promovido por el gremio junto a miles de usuarios para exigir “la desabestización completa y definitiva del subte”.
La primera respuesta oficial fue intentar el recambio de sólo los componentes con asbesto, lo cual fue rechazado por el gremio, que exigió el retiro de las unidades.
Créditos UVA: ¿con los Bancos o con la gente?
La red nacional Autoconvocados UVA, que agrupa a miles de familias que obtuvieron los préstamos hipotecarios lanzados en la era Macri, volvió a manifestarse en contra de la postura que adopta el presidente Alberto Fernández, a quien le exigen «terminar con esta usura, llevando a la práctica una de sus frases de campaña: ‘Entre los bancos y la gente, me quedo con la gente’».
Reproducimos comunicado:
A lo largo de toda la campaña electoral, el por entonces candidato no se
refería a estos créditos como una mera cuestión entre privados. Muy por
el contrario, aludía a los mismos como una pesada carga para los
deudores y señalaba que todo el costo de la devaluación
recaía sobre los deudores y que los bancos eran los grandes
beneficiarios de esta relación contractual. Así mismo, señalaba que en
el año 2003 y siendo él jefe de gabinete, junto con el Presidente Néstor
Kirchner habían tenido que enfrentar una situación similar
con los créditos hipotecarios dolarizados de la época de la
convertibilidad. “Sabemos cómo hacerlo”, sentenció en más de una
oportunidad.
En ese momento, el Estado se hizo presente y asumió su responsabilidad.
Han pasado solamente 60 días desde la asunción presidencial y su discurso en la materia, cambió radicalmente. Se devaluó su palabra.
Ahora la cuestión quedaría reducida a sólo 90.000 créditos, los cuales, en palabras del Presidente, ya han recibido asistencia con el congelamiento de sus cuotas durante cinco meses. Toda la asistencia e involucramiento del Estado se redujo a eso. Suena a poco, más bien a nada.
Es necesario recordar -pues las autoridades parecieran ser que se han olvidado de ello-, que estos créditos fueron impulsados desde el Estado Nacional como una política pública de vivienda. La normativa para instrumentar créditos indexados fue impulsada por el Banco Central, pese a que en marzo de 2016 se encontraba plenamente vigente la prohibición de indexar por precios.
Haciendo caso omiso a ello, toda la maquinaria publicitaria del Estado y del sistema financiero se puso a disposición para promocionar esta nueva cuasi moneda, la UVA. Estas líneas crediticias tomaron fuerte impulso hacia mediados de 2017, comienzos de 2018 y con el paso del tiempo se convirtieron en las únicas disponibles para acceder a una vivienda.
El Estado nunca estuvo ausente. Fue el motor e impulsor de estos créditos. El gobierno actual no puede desatenderse de ello. No son viables créditos indexados a 20, 25 o hasta 30 años, con una inflación que navega por encima del 50 % anual, con ingresos de la población cada vez más devaluados y que se ajustan muy por debajo del nivel general de precios de toda la economía.
En momentos de descreimiento generalizado, cobra valor la palabra empeñada. No se puede pasar de calificar estos créditos como una pesada carga para los deudores a quienes hay que brindarles una salida, y sin solución de continuidad sostener que sólo se trata de una cuestión entre particulares que aceptaron las cláusulas de un contrato.
Sr. Presidente Alberto Fernández, hemos reflexionado y estamos convencidos que estos créditos indexados, son una estafa. De usted depende tomar una decisión y terminar con esta usura, llevando a la práctica una de sus frases de campaña: “Entre los bancos y la gente, me quedo con la gente”.
En la actualidad, el congelamiento caducó, con lo que los deudores de hipotecas UVA deben pagar la cuota del mes más el plus correspondiente al plan de pagos por el congelamiento. Además, el mecanismo de indexación sigue vigente tal cual estaba. Mientras las autoridades llaman a desindexar la economía, liberan a los créditos UVA de esta convocatoria.
Los créditos UVA fueron una estafa creada durante la gestión de Macri. Con un mecanismo ajustado con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el valor de los mismos no paró de escalar. Entre marzo de 2016 y noviembre de 2019 hubo subas de más del 200 %. El sueño de la casa propia se volvió una historia de terror por la inflación y las devaluaciones.
Los precios de los alquileres se duplicaron en CABA desde 2017
Una familia inquilina que pagaba 10.000 pesos y renovó contrato en diciembre de 2017, terminó su contrato a fines de 2019 pagando cerca de 21.000 pesos. En los últimos 24 meses, los contratos de alquiler de vivienda se renovaron con un 40% por encima del valor anterior y ajustes semestrales del 15%. Estos datos se desprenden de un informe del Programa de Atención a Inquilinos de la Defensoría del Pueblo porteña.
Como los aumentos los fija arbitrariamente el mercado inmobiliario, para los próximos dos años las renovaciones de contratos se están firmando con un aumento del 30% inicial y ajustes semestrales del 18%. Es decir que el mercado inmobiliario está previendo una espiral inflacionaria de más del 50% anual.
La difícil situación no es nueva y las organizaciones de inquilinos impulsan desde hace años una Ley de alquileres que regule el mercado inmobiliario. Si bien en 2016 la norma consiguió media sanción en el Senado, no fue impulsada por el macrismo en Diputados y perdió estado parlamentario. En noviembre, la misma ley fue aprobada en la Cámara baja por unanimidad y las organizaciones de inquilinos reclaman que se incluya en la agenda de las sesiones extraordinarias para su tratamiento en el Senado.
Allanan casa de integrantes del FOL
El Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) denunció que efectivos de la Policía Federal allanaron la casa de dos de sus integrantes en la ciudad de Fiske Menuco (General Roca), Río Negro, «bajo una supuesta ‘causa por extorsión’, sin haber sido notificado en el momento del allanamiento». Asimismo, la organización relató que «entraron violentamente» y «procedieron a llevarse computadora, teléfono celular, y todos aquellos papeles que tengan alguna vinculación con la organización». La causa está a cargo del juez federal Hugo Greca, «quién carga en sus espaldas la criminalización de distintas luchas que se vienen dando en la región», lo cual la organización considera «una clara persecución política a una organización que en el marco del ajuste, precarización y crisis económica, lucha por trabajo y realiza actividades laborales en cooperativas, además de tareas educativas y sociales con fines comunitarios». El FOL concentró el jueves en la sede del Poder Judicial Federal de la ciudad, para que se les informe del estado y actuaciones de la causa, y el viernes dará una conferencia de prensa.
Cooperativas porteñas
Reproducimos comunicado: En este contexto social y económico, vemos con gran preocupación la demora en la prórroga de los convenios de trabajo para este año 2020, debido a la consecuente demora del pago de enero, teniendo en cuenta que ya está finalizando el mes de febrero. En el caso de nuestro sector, esta situación tiene un impacto profundo, ya que nuestros ingresos son destinados principalmente al consumo para satisfacer las necesidades básicas más elementales de nuestras familias y dada la situación económica no nos permite llegar a fin de mes.
Exigimos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una urgente recomposición de ingresos del 30% correspondiente al año 2019, para compensar lo perdido y el adelanto del nuevo convenio. En la Ciudad más rica del país no podemos resignarnos a trabajar en condiciones de tal precariedad.
Asimismo, ante una economía en crisis, exigimos también la reapertura de los programas de trabajo que fueron cerrados por la gestión del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, así como la igualación de los convenios para todas las cooperativas.
Finalmente, destacamos el arduo trabajo y dedicación de las compañeras que cocinan día a día para cientos de familias. Al mismo tiempo denunciamos que el gobierno porteño ha incumplido los acuerdos con los comedores y merenderos: tanto de mercadería a granel como los asistidos con raciones para dichos grupos comunitarios. Esta ausencia del Estado agrava notablemente nuestras condiciones de vida por lo cual el reclamo de actualización que estamos reclamando es de imponente urgencia.
Las organizaciones abajo firmantes, exigimos:
– Aumento para las y los cooperativistas YA
– Apertura de los programas de empleo y construcción de nuevos puestos de trabajo
– Igualación de los convenios a todas las cooperativas
– Regularización y actualización de la situación de los comedores
– Entrega inmediata de útiles escolares y guardapolvos
– Actualización de compras a los productivos de la economía popular
Encuentro de Organizaciones Populares:
Barrios de Pie, Movimiento Evita, Corriente Clasista y Combativa, Frente
Popular Darío Santillán (FPDS), Frente de Organizaciones en Lucha
(FOL), CTA Autónoma Capital, Frente Popular Venceremos, Movimiento
Octubres, La Poderosa, Organizaciones de Base Autónoma
(FOB-Autónoma), Movimiento Resistencia Popular (MRP), MTL Rebelde.
Fuentes: Tiempo Argentino, Red Eco Alternativo, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Clarín, Ambito Financiero, Infogremiales, APU, Anred, argentina.indymedia, Mundo Gremial