En tiempo récord y a menos de dos semanas de asumido el nuevo gobierno de la Argentina, se acordó una mega ley que legisla la política económica en el corto y mediano plazo, con el horizonte del 2020, aun cuando todavía no hay Presupuesto para el próximo año. Este se formulará si es que en […]
En tiempo récord y a menos de dos semanas de asumido el nuevo gobierno de la Argentina, se acordó una mega ley que legisla la política económica en el corto y mediano plazo, con el horizonte del 2020, aun cuando todavía no hay Presupuesto para el próximo año. Este se formulará si es que en el corto plazo se renegocian los vencimientos con los acreedores de la deuda pública, con la hipótesis de postergar vencimientos por lo menos en el 2020/21. El texto aprobado incluye orientaciones que tienen como trasfondo la negociación con los acreedores de la deuda pública, sea el FMI o los privados.
Al mismo tiempo se dispuso desde el poder ejecutivo el canje de deuda con vencimientos en estos días, antes de fin del 2019, en pesos por 25.000 millones y por 9.000 millones de dólares. Son operaciones que se realizan en el mismo sentido del re-perfilamiento de la deuda impulsado por el anterior gobierno. En la medida de lo posible, se pretende diferir los pagos de manera negociada, sin necesidad de evidenciar la cesación de pagos, aun cuando la deuda no es sostenible, algo que sostiene reiteradamente el Ministro de Economía Martín Guzmán.
Los recursos públicos no alcanzan para comprar divisas y cancelar la deuda al vencimiento. Así, no hay más remedio que renovar los vencimientos con nueva deuda, algo que se dificulta por el elevado costo argentino derivado del «riesgo país». Por eso las señales relativas a una política económica para el 2020 orientada al logro del superávit fiscal suena muy bien para los acreedores externos, interesados en cobrar ahora o más adelante, lo que exige «sostenibilidad» de la deuda.
Si el país ofrece una política económica de mejora de los ingresos fiscales y expectativas por baja del gasto, los «mercados» (especulativos) y por ende los tenedores de la deuda deducen que habrá condiciones objetivas para atender los pagos de la deuda, por lo que baja el «riesgo país» y suben bonos y acciones.
Con superávit fiscal, el Estado puede comprar divisas para cancelar deuda, premisas para volver al mercado de crédito con tasas menos elevadas que las actuales.
Los acreedores esperan expectantes ese escenario antes de demandar al país por compensaciones que involucren al patrimonio de los recursos naturales o bienes comunes, algo poco mentado, pero sobre lo que conviene tener presente. En épocas anteriores se aludió a la «capitalización» de la deuda, sustento de lo que luego fueron las privatizaciones del capital público en los noventa del siglo pasado.
El superávit fiscal proviene de disposiciones en la mega ley de reciente aprobación relativas al aumento de la recaudación vía retenciones a las exportaciones, aun cuando algunas bajen; por incremento de las alícuotas del impuesto sobre «bienes personales», especialmente por capital invertido en el extranjero; o por imposición a las compras en el exterior, mal llamado dólar turista.
La mega ley incluye un supuesto relativo a la reducción del gasto previsional, trascendente en el conjunto de las erogaciones públicas.
El supuesto deviene del congelamiento de las jubilaciones, excepto la mínima que recibirá un bono de 5.000 pesos en diciembre y enero, elevando el mínimo previsional a una cifra de 19.068 pesos mensuales.
Todo ingreso superior a la mínima no recibirá las actualizaciones según la fórmula aprobada en diciembre del 2017 con base en la inflación pretérita. La medida está planteada hasta junio del 2020, con actualizaciones por decreto en marzo y junio próximos, mientras se organiza una fórmula de actualización de los ingresos previsionales.
¿Reactivación económica?
Son muchas las incógnitas relativas al impacto económico de las medidas adoptadas, pensadas para no tener que acudir a la emisión monetaria, un supuesto previo que se asignaba a la política del nuevo gobierno en la Argentina.
La lógica parece sugerir que la apuesta del rumbo de la política del Estado se sostiene con la estabilidad macroeconómica.
Poco se deduce de lo aprobado en la mega ley con relación al crecimiento económico, salvo la lógica derivada de las medidas de alivio fiscal a sectores de la pequeña y mediana empresa, y a la potencial negociación con los acreedores, lo que posibilitará liberar recursos públicos para inducir políticas activas que superen la recesión de estos últimos dos años, o el estancamiento de mayor duración.
Recordemos que el vencimiento de deuda en dólares para el próximo año ronda los 35.000 millones de dólares, que si se postergan supone destinos alternativos de esos fondos o parte de ellos, los que se consigan, para pensar y actuar una política económica de superación del estancamiento actual.
Una cifra similar está asociada a los vencimientos en moneda nacional, los que siempre pueden resolverse con «emisión», aun cuando se sustenta la negativa. También, la mega ley autoriza a un mayor endeudamiento del Estado con entes de gestión estatal, especialmente el Fondo que administra la ANSES, que ahora podrá suscribir títulos de la deuda pública hasta un 70%.
La gran incógnita es la reactivación económica, lo que supone incrementar la inversión.
¿Es previsible que crezca la inversión privada, incluso, que sectores del capital privado?
Los sectores hegemónicos continúan presionando para una reforma regresiva del régimen laboral, incluso y más allá de la legislación general, se pretende ir en contra de los convenios colectivos de trabajo. La flexibilización laboral y salarial estará a la orden del día.
Es previsible que el Estado empuje acuerdos financieros con organismos internacionales para inducir reformas en ese plano, algo que se sugiere de la especialización desarrollada en los últimos años en el BID por Gustavo Beliz, Secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia.
Resulta de interés la apuesta a la pequeña y mediana empresa, pero está claro que la reactivación del capitalismo local demanda de importantes ingresos de inversiones externas, algo que no se logró en el periodo anterior bajo el gobierno Macri.
Las condiciones de la economía mundial no son favorables para el ingreso de capitales de riesgo del exterior, salvo para sectores emblemáticos del modelo productivo local, caso del agro negocio, la mega minería y los hidrocarburos no convencionales. Más allá de lo concreto en este plano, lo principal provendrá de la capacidad de inversión pública, en un país que hace rato se abandonó un horizonte productivo del sector estatal.
Una cuestión central que aparece como prioridad del accionar público es el combate a la pobreza y al hambre, al mismo tiempo que sectores organizados de la economía popular (movimientos sociales, cooperativas, empresas recuperadas, emprendimientos diversos, etc.) demandan políticas especiales para organizar en condiciones de regularidad un trabajo que hoy suponen ingresos de subsistencia.
Resolver la articulación productiva de la economía campesina, comunitaria, de la agricultura familiar, las empresas recuperadas y la circulación de bienes y servicios más allá de la lógica dominante del «supermercadismo» (destino de las tarjetas de alimentos que ahora provee la política estatal) es una posibilidad a considerar.
No solo resolver la diaria es lo que importa
La expectativa por cambios económicos definió el sentido principal del voto del 27 de octubre pasado, lo que supone ir contra el flagelo de la inflación, mecanismo de transferencia de ingresos de los muchos que no pueden fijar precios hacia los muy pocos que si los fijan.
Discutir estas cuestiones supera el corto plazo, aun cuando deben iniciarse de inmediato.
Los fundamentos de la mega ley aprobada en estos días parte del supuesto de «tranquilizar» la economía, según sostiene Martín Guzmán, algo que podemos leer como atemperar las tendencias inflacionarias, que en sí mismo pueden mejoran las condiciones económicas de la cotidianeidad afectadas por el incremento de los precios y resolver la diaria de los empobrecidos.
Se sostiene que la tendencia a la baja de la inflación es la precondición para frenar la caída de la producción local y con ello promover el crecimiento económico, base para pensar en la distribución del ingreso y quizá de la riqueza. Un problema en este sentido que ello supone modificar la ecuación de beneficiarios y perjudicados.
Entre los primeros, el sector más concentrado de la economía, los privilegiados del modelo productivo asentado en el agro negocio y las exacerbadas formas del extractivismo que depreda la naturaleza, en el sentido que se avanza en estas horas con la apropiación del agua en Mendoza, a contramano del reclamo social en defensa del derecho al agua y en contra de la mercantilización de la misma. Entre los perjudicados, la mayoría de la sociedad, con expectativas por resolver la cotidianeidad e ir más allá, lo que nos convoca a pensar en términos de emancipación social.
Queda claro el condicionante de la deuda pública y la negociación encarada por el Gobierno, pero más allá de ello, la demanda es por un debate sobre el modelo productivo en su conjunto y las formas de distribuir el ingreso y la riqueza entre toda la población.
Son parte de los debates que aún no son patrimonio del conjunto social, menos aun de interés de los principales medios de comunicación y del poder económico.
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