Transitada la primera semana del tipo de cambio en torno a los 8 pesos, la discusión está en la lucha por el reordenamiento de los precios. Las remarcaciones fueron la respuesta inmediata en variados rubros. Casi nada mantuvo los precios previos a la devaluación (los que venían en alza) y eso obligó a un accionar […]
Transitada la primera semana del tipo de cambio en torno a los 8 pesos, la discusión está en la lucha por el reordenamiento de los precios.
Las remarcaciones fueron la respuesta inmediata en variados rubros. Casi nada mantuvo los precios previos a la devaluación (los que venían en alza) y eso obligó a un accionar de política económica para inducir reducciones de los precios en diferentes rubros.
En ese sentido sobresale la convocatoria a retrotraer precios al 21 de enero, previo a la importante devaluación gestada en esos días. Sin embargo, las propias autoridades aceptaron incrementos de hasta el 5% en lavarropas o heladeras, la llamada línea blanca, y 7,5% en electrodomésticos. La causa de esta convalidación está asociada al modelo industrial vigente, de armaduría, con elevada presencia de partes y componentes importados, que agregan mayores costos de producción desde la devaluación.
Como vemos, no solo cuestiones de coyuntura aparecen en la realidad, sino que se evidencia la presencia de problemas estructurales, tal como el modelo de desarrollo industrial y su política.
La pelea es por los precios
Esta es la primera pelea que surge luego de la devaluación, la pelea por los precios.
Más allá de la discusión entre fijadores de precios y gobierno, la inflación se siente en la disminución de la capacidad de compra de los ingresos populares y por ello interesa la discusión, entre otros, del precio de la fuerza de trabajo.
Es una preocupación que pasa por los salarios, las jubilaciones y los subsidios de la política social, que están en la base de una protesta social que ocupa nuevamente la agenda política en el país.
Más allá de paritarias en danza, algunas compensaciones aparecen ante el reclamo de los trabajadores, caso del transporte de larga distancia en vísperas del fin de semana.
Los movimientos territoriales, perceptores de planes, demandan ajustes de sus ingresos con movilizaciones de ocupación de calles que encuentran preventivas medidas de seguridad que habilitan propuestas reaccionarias de represión.
Por eso, la batalla en estas horas es por los precios de la canasta de consumo cotidiana, pero también del dinero, ya que la tasa de interés fue inducida al crecimiento desde el Banco Central, que aumentó esta semana las tasas de LEBAC y NOBAC a 25,52% y el 25,89%. Estos títulos son parte del pasivo del BCRA y orientan al sistema financiero sobre inversiones.
A su vez, los bancos respondieron con alzas en las tasas ofrecidas a sus ahorristas inversores, elevando con ello el costo el costo del crédito a niveles muy difíciles de sostener por los sectores no hegemónicos. Es un adicional más en la transferencia de costos que engordan los precios que paga la población.
Lo curioso de la cuestión es que lo que se instaló como debate fue la compra de dólares, permitida desde esta semana, obviando el análisis más profunda del impacto de la devaluación y su impacto sobre los precios.
Es que la posibilidad de acceder a la compra de divisas movilizó a una parte de la población con ingresos declarados al mercado de divisas, en lugar de orientar ahorros en satisfacer necesidades de consumo, que al tiempo que las resuelven motorizan la producción.
El resultado concreto es el estímulo a la especulación, en pequeña escala, es cierto, pero especulación al fin, con un resultado de pérdidas de reservas del orden de los 200 millones de dólares diarios, comprometiendo recursos de la sociedad que bien podrían constituirse en fondos de promoción de modelos productivos y de desarrollo para satisfacer demandas y reivindicaciones sociales y ambientales extendidas.
Se generaliza un sentido común favorable a la especulación, en este caso en la compra y atesoramiento de divisas. Según la información oficial, decenas de miles de pequeños inversores compraron promedio menos de 600 dólares. Es una cifra relativamente pequeña, pero que en volumen constituye una importante fuente de pérdidas de reservas internacionales.
Está claro que en sentido contrario, la política gubernamental apunta a restituir reservas que bajan desde los 52.000 millones a comienzos del 2011 a poco más de 28.000 millones de dólares al cierre de esta semana.
El acceso a la compra de divisas deteriora esa posibilidad y estimula la perdida de reservas, a contramano de la necesidad de engordarlas, lo que se busca con negociaciones a las cerealeras para que liquiden cerca de 4.000 millones de dólares almacenados en silobolsas, según fuentes gubernamentales.
La apuesta es al «mercado» y como siempre, se contesta con el «bolsillo», con el resultado de escaso ingreso de divisas y fuertes salidas que disminuyen el stock de reservas internacionales. Es el resultado de un «mercado libre» más allá de las restricciones a las importaciones y la compra venta de divisas, o la gestión administrada en manos del BCRA.
Nacionalizar el comercio exterior y la banca
¿Tiene sentido mantener el actual sistema? Algunas voces, tal como anticipamos hace poco, comienzan a demandar la nacionalización del comercio exterior e incluso de la banca, ante las maniobras del sector financiero asociadas a la especulación de sectores monopólicos, como denunció oportunamente el propio gobierno.
La apuesta es a que los sectores del agro vendan su producción almacenada y engrosen reservas. La respuesta es que los mueve una lógica inversora, capitalista, a la espera de nuevas devaluaciones para mejorar la rentabilidad del capital invertido. En ese sentido no hay límite y por eso, aun siendo pequeño el mercado ilegal de las divisas, este presiona como objetivo a alcanzar por especuladores y grandes productores y exportadores.
Si ya se devaluó a 8, el interrogante de estos sectores es por qué no ir por más. Por ello insistimos que además de la coyuntura deben pensarse los problemas estructurales en que deriva la tendencia a la concentración de la producción, del monocultivo de la soja y al dominio de lo central de las exportaciones argentinas que ponen en discusión la nacionalización del comercio exterior y la banca.
Pero también hay búsqueda desde la política del gobierno de inversores externos o el retorno al mercado de crédito mundial, todo con el fin de lograr ingresos de divisas que contrarresten la pérdida de reservas.
Las malas noticias son la realidad, y a contramano de la aspiración por el ingreso de recursos externos, las señales vienen en sentido contrario. Es que el CIADI falló otra vez contra Argentina, ahora por 21 millones de dólares más intereses en una demanda presentada por Impregilo de Italia. Argentina había recusado el fallo del 2011 y ahora es fallo en firme.
¿Será ello un anticipo de más deuda pública? Hace poco se reconocieron sentencias por 500 millones de dólares y se decidió pagar con bonos de la deuda pública.
Vale recordar que las demandas cursadas ante el CIADI suman más de 10.000 millones de dólares, por lo que urge salir del CIADI, un ámbito del Banco Mundial. Hay que recordar que Brasil nunca integró ese ámbito y Ecuador, Venezuela y Bolivia se retiraron en el último tiempo.
Sin perjuicio de lo sostenido de la nacionalización del comercio exterior y de la banca, se impone también denunciar la participación Argentina en el CIADI y terminar con las amenazas y sanciones que finalmente paga el conjunto de la población argentina.
Como vemos, la coyuntura económica está fuertemente asociada a problemas estructurales que no pueden obviarse y que convocan a su discusión para soluciones creativas en la perspectiva de modificar la ecuación de beneficiarios y perjudicados en la sociedad argentina, lo que nos lleva al terreno de la lucha política y el poder.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.