Debemos aclarar que las maestras que escribimos esta nota habitamos algunas de las escuelas públicas más abandonadas de la CABA y defendemos absolutamente que las maestras de Agustín no podrían haber hecho otra cosa en esta situación. Con una asistencia interrumpida de poco más de un mes a la escuela, con un certificado médico que […]
Agustín Marrero fue asesinado por su padrastro a golpes el 7 de junio. A raíz del hecho, el Ministerio de Educación de CABA decidió apartar preventivamente a Alejandra, su maestra de sala naranja y a Elsa, la directora del jardín del JIC 2 del DE 12, para investigar y determinar si hubo omisión de los signos de violencia presentados en varias oportunidades por el niño. Las maestras habían seguido los pasos que la situación ameritaba: frente a las marcas del niño, se reunieron con la madre y pidieron el certificado médico correspondiente, el cual fue entregado, todo fue asentado en actas. Pese a esto y pese a que la junta de disciplina, órgano competente, elegido democráticamente por el cuerpo docente, había aconsejado no separar a las docentes de sus cargos, el Ministerio decidió proceder igual.
Este suceso no es aislado, no fue la primera vez que el Ministerio de Educación irrumpe en las jerarquías de forma despótica y sin ningún tipo de atención a la norma. El caso en la escuela de Montecastro donde los docentes parodiaron a funcionarios del Ministerio en un acto escolar, fue emblemático y de fuerte llegada mediática. Sin embargo, el caso del JIN 2 es distinto: por un hecho que sucedió fuera del ámbito escolar, el Ministerio de Educación impone una sanción preventiva a las maestras. En este sentido, este caso cristaliza de forma imponente múltiples formas de violencia institucional, producto de la falta de políticas públicas y de los recortes sucesivos del presupuesto del sector público que afectan cotidianamente a los habitantes de la ciudad.
«La única defensa, el único garante de la vida de este chico, era la escuela»
Estas palabras pertenecen al ministro Esteban Bullrich y en primera instancia parecen acertadas. Cuando un niño se encuentra desamparado, cuando una familia no está en condiciones de garantizar sus derechos, son el Estado y sus instituciones quienes deben hacerlo. Pero, ¿qué pasó que la escuela no pudo?
La violencia y (o de) la burocracia
Protocolarmente, en la teoría dispuesta por el Ministerio de Educación, cuando unx docente identifica una posible situación de vulnerabilidad social entre sus alumnxs acude, en primer término, a los famosos Equipos de Orientación Escolar (E.O.E.). Estos son equipos multidisciplinarios compuestos por psicólogxs, trabajadorxs sociales y otrxs profesionales que se encargan de abordar problemáticas que exceden el accionar de lxs maestrxs y directivxs. Una vez elevado el informe, se espera que estxs profesionales citen a la familia correspondiente para elaborar un diagnóstico y un seguimiento de cada situación. Este procedimiento, desde el momento en que se eleva el informe hasta que efectivamente se produce el encuentro entre los profesionales y las familias, suele llevar como mínimo dos meses. En casos de violencia denunciada explícitamente y con signos físicos evidentes, previa citación de la familia y ante una evaluación de la circunstancia, la escuela llama al SAME para que revise al alumnx y realiza la denuncia penal. Aquí termina la intervención de la escuela en tanto institución responsable de denunciar.
El seguimiento antes mencionado, está elaborado desde una perspectiva profundamente simplista y burocrática que interviene desde la ajenidad en la conflictividad social, porque deja de lado aspectos centrales de las problemáticas que atraviesan a las familias de los sectores populares. Por ende, sus modos de proceder no abordan de manera alguna la complejidad del fenómeno. La reacción es ante los hechos consumados, ante la consecuencia: los golpes que dejan marcas en el cuerpo son la única prueba que resulta contundente para que otra institución intervenga. En el mientras tanto, se omite que cuando priman la precariedad económica y laboral, la falta de acceso a la salud, la cultura del consumo y la exclusión de todos los circuitos sociales, las dinámicas familiares devienen en vínculos violentos. Dichas dinámicas son, entonces, reflejo y consecuencia de violencias sociales provocadas principalmente por un Estado que siempre favorece a determinados sectores de la sociedad.
El tan nombrado protocolo -que pareciera que para el Ministerio, si se hubiera seguido a rajatabla, habría salvado a Agustín- no es un instrumento de consulta habitual que se encuentre a disposición de lxs docentes, ni tampoco es materia de la formación docente.
Sin embargo, la desinformación de lxs docentes no es la única responsabilidad incumplida por el Estado. En el cotidiano escolar, la realidad, es superadora de cualquier protocolo. Las situaciones de violencia de las que son víctimas lxs pibxs y sus familias no siempre dejan marcas visibles en el cuerpo, a veces la evidencia es el relato, la angustia, la manifestación por diferentes medios.
Frente a estas múltiples violencias, en las escuelas encontramos que en la mayoría de los casos, la mejor respuesta gira alrededor del acompañamiento a las familias, en habilitar un trabajo sostenido que dé la posibilidad de construir conjuntamente otros vínculos que no reflejen la violencia a la que cotidianamente el Estado mediante sus fuerzas de seguridad, la marginación y la falta de acceso a los derechos básicos, somete diariamente a los sectores populares.
El tipo de medidas que impone el Ministerio de Educación, centradas en el control y la punición, ubica a lxs maestrxs en riesgo de perder nuestras fuentes de trabajo e incluso de ser acusados penalmente, y emite un mensaje en el que subyace que lxs docentes debiéramos vincularnos con las familias desde la pura sospecha, como detectives o jueces con la tarea de hallar culpables o en caso contrario someternos a ser nosotros los inculpados.
La cruda realidad consumada
Según el Ministerio de Educación, las maestras debieron hacer la derivación al Equipo de Orientación Escolar, y es por no hacerlo que el gobierno de la ciudad considera que «no garantizaron la vida de Agustín». Aparentemente el Ministerio de Educación del PRO considera que los E.O.E son la alternativa que tenemos lxs docentes para acudir ante situaciones que no podemos abordar. Sin embargo, en los últimos ocho años el vaciamiento de estos equipos por parte del Gobierno, es una de las denuncias sostenida y presentada en cada una de las escasísimas mesas de condiciones laborales y salariales. Hoy en día, los E.O.E cuentan con 130 profesionales en toda la Ciudad de Buenos Aires. Esto significa que hay un profesional cada 2700 alumnos de nivel inicial y primario. Como si esto fuera poco, el PRO reduce año a año el presupuesto destinado a los E.O.E, dejando cargos sin cubrir, y sin reemplazar las jubilaciones que se producen. Por ejemplo, en el distrito N° 5, que abarca la compleja zona de Constitución, Barracas y la Villa 21-24 y Zavaleta, trabajan solamente dos profesionales del E.O.E. que, lógicamente, no pueden abordar ni un décimo de las problemáticas existentes. En otras palabras, hay dos o -con suerte- tres profesionales cada 20 escuelas, con 250 niñxs cada una, en el mejor de los casos. Por otro lado, todos los organismos que deberían intervenir como Defensorías o Asesorías están colapsados, así como los Centros de Salud y Hospitales.
Estos datos que resultan estremecedores, sólo refieren a un aspecto del sector educativo. Podríamos mencionar también las deplorables condiciones de infraestructura que ponen en riesgo a todxs lxs que habitamos la escuela pública día a día; el hacinamiento cotidiano, los alimentos de mala calidad a los que nos vemos sometidxs en los comedores, y miles de circunstancias más que vulneran día a día la posibilidad de que nuestrxs alumnxs transiten una niñez digna.
En materia de salud, si observamos las estadísticas de CABA, en los últimos años se ha acrecentado la mortalidad infantil de forma preocupante, llegando a 8,9 niños muertos por cada 1000 nacidos en 2013 -en zona sur este índice asciende a más de 10-, producto del recorte sistemático del presupuesto de la salud pública que repercute sobre todo a los programas que asisten a las poblaciones más pobres de la ciudad. Aun así, pese a que la realidad muestra constantemente a un Estado selectivamente ausente, las separadas del cargo son las maestras.
De derechos garantizados… ¿por quién?
La afirmación de nuestro flamante ministro de Educación no falta a la verdad: la escuela, como parte del Estado, como la institución presente en la vida de todas las familias a lo largo de por lo menos 14 años, debe ser quien vele por los derechos de nuestrxs niñxs y jóvenes. Por eso es que lxs maestrxs denunciamos constantemente que nuestros estudiantes se encuentran en peligro: cuando asesinaron a Cinthia Ayala en un tiroteo en el barrio Tierra Amarilla en la villa 21-24; cuando mueren dos niños en el incendio del taller clandestino de Flores producto de la negligencia y la precariedad laboral; cuando la policía asesina a nuestrxs jóvenes en los continuos casos de gatillo fácil; cuando una bala perdida mató a Kevin en un enfrentamiento en el que la Prefectura optó por no intervenir; cuando como consecuencia de la precariedad de las viviendas y la especulación inmobiliaria mueren decenas de niñxs en incendios de los conventillos y casillas de La Boca…
En todos estos casos el Estado también era el único garante de las vidas de estxs niñxs
Sin embargo, jamás el ministerio nos convocó a declarar por estos casos: no se ocupó cuando reclamamos por la urbanización de las villas, cuando denunciamos que nuestrxs pibxs no tienen una vivienda digna, cuando denunciamos que se ausentan a la escuela, repiten de grado o desertan por las diversas causas que impiden que transiten su educación normalmente, nunca leyó nuestros informes elevados a los Equipos de Orientación Escolar.
Nuestros reclamos, en cada reunión de la mesa salarial y de condiciones laborales, hablan de la necesidad de Gabinetes por escuela, de la necesidad de la reformulación de la jornada laboral, de la necesidad de más escuelas en zona sur. Con ello, estamos hablando justamente de la necesidad de condiciones en la escuela que nos permitan hacer un seguimiento de aquellxs niñxs, de tener la posibilidad de desarrollar un trabajo sostenido y sistemático con esas familias, de buscar estrategias y recursos a nivel institucional que propicien un abordaje colectivo y contextualizado.
La masividad en la respuesta de lxs docentes ante el accionar del Ministerio, la numerosa adhesión al paro convocado de manera unitaria por los dos sindicatos mayoritarios, significó una respuesta importante en términos de demostración de fuerzas. Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad goza de la tranquilidad que le permitió, aún a pocos días del balotaje, no desandar su camino de impunidad y sostener que nuestro reclamo era una medida «corporativa» o una jugarreta electoral. No fuimos solo lxs docentes los que optamos por la unidad, la lucha y la movilización, no estábamos solxs cuando coreamos «si tocan a un@ nos tocan a tod@s»: fue la comunidad educativa entera la que entendió que la medida del Gobierno no atenta solamente contra lxs docentes sino contra la educación pública, y que rechazó la postura del macrismo que, en vez de asumir responsabilidades, le es más conveniente apuntar a la individualización y al señalamiento punitivo, en un cínico discurso de «preocupación por la niñez», antes que absorber la responsabilidad primera que le compete al Estado.
¿Cómo seguimos?… Al futuro deseado hay que lucharlo
La reincorporación de las docentes a sus cargos es el punto fundamental, el piso básico e irrenunciable. Pero la lucha va más allá. Previamente se enumeran las sucesivas deficiencias que llevaron a esta situación límite, producto de un Estado carente de recursos y vaciado de políticas públicas, concentrado cada vez más en desarrollar políticas del control y castigo de sus empleados. Lxs docentes no podemos ser el chivo expiatorio del vaciamiento del Estado, no podemos individualmente garantizar los derechos que el Estado le niega a nuestrxs pibxs. La única solución en este conflicto debe ser la creación de gabinetes interdisciplinarios por escuela y la implementación de políticas públicas que mediante una extensa ampliación del presupuesto, ayuden a que nuestrxs estudiantes puedan tener una niñez digna.
El macrismo, luego de ocho años de gobierno y otros cuatro por delante, pone a prueba su impunidad y se fortalece aún más con cada una de nuestras derrotas, que no fueron pocas durante las dos últimas gestiones.
Es hora de dar la pelea, de salir a las calles a partir de un plan de lucha que se convoque desde una unidad sindical. Debemos superar los paros aislados que convoca la UTE, que resultan absolutamente simbólicos, testimoniales y vacíos de una estrategia real de disputa al macrismo. La conducción Celeste de la UTE debe dejar de ser un cómplice silencioso del vaciamiento de la escuela pública y convocar a un plenario de delegados, donde con mandatos de base, los delegados puedan decidir un plan de lucha que debería comenzar con un no inicio de clases.
No podemos permitir que avasallen cada vez más nuestras condiciones laborales, que lxs niñxs no puedan vivir una infancia digna porque cada vez se privatizan más sus derechos. Si la escuela no puede ser garante de los derechos de un niño, es porque el Estado así no lo quiere. Todxs tenemos unx o varixs posibles agustines en nuestras aulas y nos deshacemos en informes y actas. Sin embargo, nos encontramos ante la soledad, ante los vacíos en nuestra formación y ante la impotencia de tener que aguardar los tiempos de la burocracia y la «legalidad» que cuando se cumplen poco resuelven, porque la escuela en soledad no podrá jamás solucionar los problemas que son de la sociedad. Por eso insistimos en que esto no termina cuando Elsa y Alejandra vuelvan merecidamente a sus puestos de trabajo, sino que hace falta seguir luchando hasta que podamos lograr que el Estado, no sólo la escuela, sea el garante de que todxs los niñxs en igualdad de condiciones transiten plenamente su niñez.
Agrupación Docente-Estudiantil Simón Rodríguez, en la Corriente Popular Juana Azurduy