Seis meses de gestión confirman que Macri implementa un ajuste neoliberal para transferir ingresos de los trabajadores a los capitalistas. Esta agresión genera resistencias populares y crecientes desequilibrios, en un marco económico adverso que induce al gobierno a ensayar virajes. Mientras prioriza la aprobación de leyes regresivas, retoma el gasto público, convalida el déficit fiscal […]
Seis meses de gestión confirman que Macri implementa un ajuste neoliberal para transferir ingresos de los trabajadores a los capitalistas. Esta agresión genera resistencias populares y crecientes desequilibrios, en un marco económico adverso que induce al gobierno a ensayar virajes. Mientras prioriza la aprobación de leyes regresivas, retoma el gasto público, convalida el déficit fiscal y atenúa el apriete recesivo. ¿Cuáles son los sectores más beneficiados de la clase dominante? ¿Llegará la anunciada reactivación? ¿En qué se asemeja el modelo actual al menemismo?
«TRABAJO SUCIO»
La fuerte devaluación combinada con recortes de impuestos a los exportadores provocó la mayor escalada inflacionaria desde la catástrofe del 2001. El gobierno ya archivó su cálculo inicial del 25% y estima una carestía anual del 42%. Los formadores de precios se enriquecieron de inmediato con el empobrecimiento del grueso de la población.
En un rapto de sinceridad el ministro Prat Gay reconoció que el gobierno comandó ese «trabajo sucio», eliminando todos los controles de precios. En los primeros 90 días de gestión se verificaron los efectos de esa agresión con la abrupta generación de 1,4 millones de nuevos pobres. Al concluir el segundo trimestre hay estimaciones que duplican esa cifra.
Los despidos comenzaron con la paralización de la obra pública, la purga de contratados por el estado y el veto presidencial a una ley que limitaba las cesantías. Se buscó generalizar el temor al desempleo para precarizar el trabajo y forzar caídas del salario en las negociaciones paritarias. Por eso se promocionó un convenio de «primer empleo» suscripto con Mc Donalds que establece sueldos inferiores al salario mínimo.
Posteriormente llegaron los tarifazos. Las facturas a los hogares incluyen aumentos del 400%-1800%, en los pequeños comercios las boletas se multiplicaron por cinco y en ciertas industrias por trece. Las tarifas sociales se otorgan con cuentagotas y excluyen a la inmensa mayoría de los afectados.
Los porcentuales del tarifazo son arbitrarios y no siguen ninguna lógica de costos. Favorecen a las empresas que transformaron a sus directivos en ministros, para obtener ganancias impensables en otros países. La nafta sube en pleno abaratamiento del precio internacional del petróleo y las compañías de electricidad, agua o transporte fijan sus precios sin ningún compromiso de inversión.
Los tarifazos no corrigen anomalías de los subsidios precedentes. El kirchnerismo subvencionaba a las empresas para mantener precios reducidos de los servicios y el macrismo enriquece al mismo sector autorizando los aumentos. Nadie revisa el manejo de ese dinero, ni penaliza la ausencia de inversiones o la violación de los contratos.
La brutalidad de los ajustes en curso no es sinónimo de efectividad. Al contrario, los desequilibrios creados por los Ceócratas del gabinete desbordaron todo lo previsto. La inflación se disparó generando un desplome del consumo que acentúa la recesión y l os números del primer semestre son aterradores. El año cerraría con una caída del 2% del PBI.
Cómo la única receta antiinflacionaria que improvisó el gobierno fue la contracción de la emisión y el aumento de las tasas de interés, la retracción del nivel de actividad se acentúa, junto a la inconveniencia de cualquier inversión productiva. Ninguna operación compite con la rentabilidad del casino financiero.
Tampoco apareció la prometida lluvia de dólares para morigerar el ajuste. Los ingresos de divisas no compensan las salidas y las reservas del Banco Central se ubican en un nivel semejante al dejado por Cristina. Sólo arriban capitales golondrina, para aprovechar la combinación del dólar planchado con los altos rendimientos de los títulos públicos en pesos. Los anuncios oficiales de inversión extranjera simplemente enmascaran proyectos anteriores ya difundidos
Todo el establishment apoya a Macri pero los capitalistas nunca invierten por simple afinidad con un gobierno. Evalúan el futuro de sus negocios y por ahora sólo las actividades primarias y financieras prometen altas ganancias.
RESISTENCIAS Y PRAGMATISMO
La resistencia popular ha impuesto un serio límite al ajuste. Desde su asunción Macri ha enfrentado paros y movilizaciones, que iniciaron los estatales y continuaron otros sectores. En algunas regiones de la Patagonia esa acción alcanzó gran masividad.
Por eso el mensaje inicial del gobierno contra los «ñoquis» y la militancia ha perdido peso y se frenó la avalancha de despidos en el estado. Bullrich continúa ensayando medidas represivas, pero no pudo aplicar el protocolo anti-piquetes contra los manifestantes.
Los talibanes del macrismo (Broda, Espert) exhiben su descontento con esa impotencia. Cuestionan la decisión oficial de posponer el plan de guerra contra los empleados públicos. Macri no se atreve a comenzar el despido de un millón y medio de trabajadores estatales, ni su conversión en perceptores de la asignación universal.
También hay retrocesos del gobierno frente a las protestas contra el tarifazo. En varias provincias y municipios rigen cautelares dispuestas por jueces que perciben el malhumor social. Mientras despunta cierto caos en el sistema de facturación, los funcionarios disimulan su fracaso alegando humildad o aprendizaje.
El resultado final de la pulseada en curso se observará en el cierre de las paritarias. Los salarios perderán frente a la inflación, pero en porcentuales muy inferiores a lo ambicionado por el macrismo. En este terreno, el fracaso del gobierno constituye una excelente noticias para la población.
La estrategia gubernamental-patronal para abaratar los salarios afronta serios escollos. La presión por abajo impuso la realización del mayor acto sindical conjunto de las últimas décadas, en un contexto de alto nivel de afiliación y militancia en los gremios. Sólo la desmovilización que impuso la burocracia de la CGT salvó a Macri de una explícita derrota en las calles.
Además, las multitudinarias movilizaciones estudiantiles y docentes reavivaron el fantasma del desplome sufrido por la Alianza, cuando López Murphy intentó un recorte de la inversión educativa.
Frente a este convulsivo escenario Macri ha optado por un afloje del ajuste. La obsesión por reducir el déficit fiscal se diluye y los funcionarios ya avalan un desbalance semejante a la gestión anterior. Acordaron con las provincias liberar los fondos retenidos de la coparticipación, reactivan las obras públicas congeladas y conceden cierta reducción de impuestos a las PYMES.
Al gobierno no le queda otro camino para revertir la recesión. Cómo el publicitado segundo semestre ya comenzó sin ningún indicio de reactivación, Prat Gay ensancha la canilla del endeudamiento para financiar el gasto corriente. Intenta apuntalar el nivel de actividad con los artificios que anteriormente objetaba al «populismo».
Macri tiene en la mira las elecciones del 2017 y se apresta a relanzar el consumo, con el mismo mecanismo de gasto público y dólar acordonando que utilizaron sus antecesores. La única diferencia con el kirchnerismo es la financiación de ese procedimiento: sustituyó la emisión por el endeudamiento. Ahora apuesta a consolidar en los comicios una fuerza política derechista, con el objetivo de intentar un mayor ajuste dentro de dos años.
LEYES ESTRATÉGICAS
Macri también se repliega en la coyuntura para apuntalar una estrategia legislativa, que requiere el auxilio de los renovadores y el PJ. El bloque de Massa disfraza con caras de enojo su sostén a los proyectos claves de la clase dominante.
La ley de pago a los buitres fue el arranque de esa andanada. Se firmó todo lo que Singer exigió durante años. Los fondos obtuvieron ganancias siderales cobrando 4 dólares por títulos comprados a 25 centavos. Lograron la emisión del bono exigido por cada tenedor en las distintas variedades jurídicas (fallos a favor, sin sentencia, litigio en otras jurisdicciones).
El Parlamento repitió todos los precedentes de entrega del país a los financistas. Avaló la mayor colocación de deuda reciente de una economía intermedia, sin obtener a cambio ningún dólar fresco para proyectos productivos. De los 16.500 millones de dólares emitidos, 9300 millones fueron directamente transferidos a los buitres. El resto se utilizará para financiar el gasto corriente.
La tasa promedio de los títulos (7,2%) supera varias veces el promedio internacional e impone una pesada carga de intereses. El aluvión de dólares que desataría ese arreglo no aparece en ningún mercado y tampoco se verifica un significativo abaratamiento del endeudamiento ulterior.
La deuda pública ha trepado del 17% al 23,5%. Cómo ese porcentual continúa por debajo del promedio regional los bancos buscan ampliar la hipoteca. Por eso vía mejoran sustancialmente sus balances.
El Congreso también aprobó el blanqueo de capitales que Macri disfrazó con promesas de mejoras para los jubilados. Empaquetó en un paquete único varias leyes inconexas. Senadores y diputados se sumaron a la maniobra presidencial y hablaron durante semanas de los jubilados, para ocultar el premio otorgado a los grandes evasores.
Sólo con el tiempo se sabrá cuánto dinero obtendrá realmente el sector pasivo. Quiénes cuentan con sentencias firmes de lo adeudado por el estado podrían cobrar sus demandas. Pero el resto debería conformarse con una quita y el pago en cuotas, a cambio de renunciar al juicio. El alcance de esa poda dependerá, a su vez, de los índices de ajuste utilizados para calcular el pasivo. Macri inaugura un nuevo capítulo de las incontables trampas que han sufrido los jubilados.
El propósito oficial es vaciar el Fondo de Garantía -que sostiene al sistema previsional- para retomar su privatización. Si buscaran cumplir con las sentencias sin demoler ese resguardo, deberían primero recapitalizar el sostén financiero del sistema. Esa reconstitución podría efectivizarse restaurando las contribuciones patronales eliminadas por Cavallo. Sin esos aportes el ANSES perderá solvencia y en algún momento reaparecerá la exigencia de sustituir el régimen colectivo de reparto por un sistema individual de capitalización.
Es evidente que el blanqueo no servirá para pagar las sentencias pendientes. En la hipótesis oficial ese jolgorio aportaría al estado unos 2000 millones de dólares, que cubrirían apenas la tercera parte del costo inicial del gasto comprometido con el sector pasivo.
El quebranto adrede del ANSES apunta a justificar también la venta de acciones privadas que acumula ese organismo. Los capitalistas quieren recuperar esos papeles para sacarse de encima el control estatal de sus balances. Más que una reparación a los jubilados, el Parlamento aseguró otra retribución a los grandes grupos empresarios.
El gobierno declara la «emergencia previsional» con un propósito de mediano plazo. Busca quebrantar el ahorro de los jubilados para reformar todo el sistema, segmentando los haberes en nuevas categorías y aumentando la edad para acceder al cobro.
El desinterés oficial por la solvencia del Fondo del Garantía se verifica, además, en la flexibilidad del blanqueo. Los evasores pueden declarar sus fortunas manteniendo el dinero en el exterior y quiénes decidan ingresarlo recibirán penalidades irrisorias. Incluso podrán cancelar esos compromisos adquiriendo títulos públicos.
El blanqueo es un conocido fraude que por enésima vez se realiza proclamando la ausencia de «otra oportunidad». El mismo discurso fue enunciado en 1987, 1992, 2008 y 2013. El kirchnerismo incluso introdujo una variante extrema de auto-prórroga indefinida de ese perdón.
Los CEOs del gabinete promueven la legalización de una parte del dinero oculto en los paraísos fiscales. Esas divisas blanqueadas serán presentadas como la esperada lluvia de dólares genuinos. Lo que inicialmente arribaría por simple confianza, finalmente aterrizará a cambio del perdón fiscal.
El Parlamento no sólo autorizó esa estafa. También abrió los grifos para una reforma impositiva regresiva, mediante la reducción (y posterior eliminación) del gravamen a los bienes personales. Mientras demora la revisión del impuesto a las ganancias que tributan los asalariados, reduce la cobranza entre los sectores más acomodados.
GANADORES Y ESCENARIOS
Macri gobierna para los sectores capitalistas que reclamaron la devaluación, pero su gestión ha roto el equilibrio entre las finanzas, el agro y la industria.
Los banqueros son los principales beneficiarios. Lucran con el blanqueo, el endeudamiento externo y las ganancias obtenidas con los contratos de dólar futuro concertados con la administración saliente del Banco Central.
También embolsan fortunas colocando dinero en los títulos que el BCRA emite a tasas exorbitantes (Lebacs). El agujero fiscal que genera esa bicicleta es mucho mayor que los seguros de cambio legados por el kirchnerismo.
Hay por lo menos 27 financistas en altos cargos del gobierno. La mayoría se adiestró en Wall Street y responde a bancos internacionales que desplazaron a sus pares locales. Este predominio se afianzará cuando el país reingrese a las auditorias del FMI.
Sólo las empresas mineras foráneas compiten con las ventajas otorgadas a los banqueros. Esas compañías obtuvieron una disminución adicional de los insignificantes impuestos que pagaron durante la década pasada y preparan un despojo en gran escala del litio.
El balance del primer semestre para el agro-negocio es más contradictorio. Por un lado logró una inédita combinación de devaluación con reducción de las retenciones. Este beneficio explica la liquidación de granos retenidos y el incremento de la superficie sembrada, en un marco de menor declive internacional del precio de la soja.
Pero un gran conflicto comienza a despuntar con la apreciación del tipo de cambio que generó la inflación. Las ganancias obtenidas con la devaluación tienden a licuarse por el encarecimiento de costos que produce esa carestía.
Los agro-exportadores apuntalan el giro internacional de Macri hacia la Alianza del Pacífico con la intención de incursionar en nuevos mercados. Pero esos convenios de libre comercio también contienen adversidades, como el pago de mayores patentes a los grandes proveedores de semillas (Monsanto).
Además, la extranjerización de tierras que impulsa el gobierno involucra otro conflicto con el agro-negocio local. Ya hay voces cuestionando la gravitación de los fondos off shore, que controlan 1 de cada 16 hectáreas de los campos argentinos.
Pero el principal frente de tormenta del oficialismo se localiza en el área industrial. Este sector acompaña todos los atropellos contra los trabajadores, pero ha quedado muy afectado por la demolición del mercado interno.
Algunos industriales esperaban compensar la caída de las ventas locales con mayores exportaciones, pero la recesión de Brasil y la nueva apreciación del tipo de cambio bloquea ese atenuante. El dólar planchado deteriora seriamente la competitividad de los empresarios fabriles.
Para colmo, esos grupos afrontan un gran encarecimiento de costos por los tarifazos y los aumentos de las tasas de interés. Ninguna inversión industrial puede rivalizar actualmente con el negocio de inmovilizar dinero en los bancos. Prat Gay no sólo recurrió al encarecimiento del crédito para contener la inflación. También autorizó importaciones de bienes de consumo que demuelen a los fabricantes locales. El coqueteo con la Alianza del Pacifico (y la consiguiente eliminación de aranceles) amenaza la supervivencia de ese sector.
Las tensiones del gobierno con los industriales podrían atenuarse, si Macri reafirma su viraje hacia un ciclo de consumo sostenido en endeudamiento. Pero esa tregua no eliminará las enormes contradicciones del curso actual.
COMPARACIONES E INCÓGNITAS
El primer semestre de Macri presenta grandes semejanzas con la transferencia regresiva de ingresos que rigió durante el menemismo. Se repite un modelo de cirugía neoliberal financiada con endeudamiento, déficit fiscal y favoritismo hacia el capital financiero.
Mientras comienza a recrearse la apertura importadora de los 90, el arreglo con los buitres se parece al mega-canje de Cavallo. Las analogías se extienden incluso a la forma de enmascarar las leyes anti-populares con fantasías de mejoras para los empobrecidos.
Macri sanciona el blanqueo con la misma utilización de los jubilados que ensayó Menen para privatizar YPF. También repite la gestión aventurera de las cuentas públicas, con anuncios de pagos que dependen de un dinero a recaudar. Si esos fondos no llegan recurrirá al mismo endeudamiento que destruyó las finanzas del estado.
Como su antecesor Macri debutó con un gabinete de gerentes y su Ceocracia repite la cesión del ministerio de economía a Bunge y Born. El justicialismo apoya las mismas leyes reaccionarias que apuntaló bajo el menemismo y la burocracia sindical otorga las mismas treguas a cambio de prebendas.
Las semejanzas se extienden al plano discursivo. Prat Gay pide perdón a los estafadores españoles de RESPOL o Aerolíneas, con la misma sumisión colonial que enorgullecía a los funcionarios de Menen. Hasta la retórica corriente del gobierno («estamos saliendo del túnel») se parece a las frases célebres del riojano («estamos mal, pero vamos bien»).
Macri copia la estrategia de combinar el ajuste con la reactivación y el endeudamiento para sortear los escollos electorales. Pero afronta más dificultades que Menen para estabilizar un modelo neoliberal. No gobierna en la euforia privatista de los 90. Navega en una oleada regional derechista sin sustento propio para imponer políticas anti-obreras.
El líder del PRO tampoco cuenta con los recuerdos del trauma hiperinflacionario que facilitaron los atropellos del menemismo. No asumió en escenarios de colapso y debe lidiar con la memoria opuesta de un largo ciclo de consumo. Ni siquiera puede atribuir la ausencia de resultados a la adversidad internacional. Macri socavó ese recurso al propagar anuncios de grandes oportunidades mundiales para Argentina.
El relato oficial achacando todas las desventuras del primer semestre a la «herencia» kirchnerista pierde credibilidad. Salta a la vista que todos los desequilibrios de la gestión anterior han sido acentuados por el macrismo. El apoyo que recibe de los economistas de Scioli (Bein, Blejer, Marangoni) sólo disfraza ese agravamiento, mientras confirma que tenían en carpeta un programa muy semejante.
El segundo semestre develará las incógnitas de la coyuntura e indicará qué grado de viabilidad tiene la restauración conservadora. Si la resistencia social logra desbaratar esa agresión quedará nuevamente abierto un camino favorable para la mayoría popular. Construir una política que frene los atropellos de Macri sin volver al desengaño kirchnerista es la gran apuesta del momento.
Claudio Katz. Economista, investigador del CONICET, profesor de la UBA, miembro del EDI. Su página web es: www.lahaine.org/katz
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