Con nuevos ataques a “la casta de rectores” y anuncios de reuniones superadoras el conflicto universitario sigue abierto. Mientras tanto Javier Milei avanza en el desmantelamiento del sistema científico nacional.
La administración libertaria ordenó auditar 306 convenios con instituciones de la educación superior a través de la SIGEN.
Por el lado de los rectores, destacaron que el aumento del 70% de los gastos de funcionamiento correspondiente a marzo depositado horas antes de la marcha del 23 de abril y el supuesto pago de 70% en junio se centran en un rubro que representa menos del 10% de los gastos totales de las universidades.
Y enumeraron los reclamos vigentes: recuperar las becas estudiantiles, los salarios docentes y no docentes y abordar el tema presupuestario (funcionamiento, hospitales, resoluciones no abonadas, obras y crisis del sistema de ciencia).
El mayor gasto de las universidades es el salarial. La CONADU consideró la necesidad de profundizar un Plan de Lucha “para dar continuidad a los reclamos salariales y presupuestarios expresados en el marco de una manifestación popular histórica y masiva”.
Adhirieron al Paro General del del jueves 9, sin asistencia a los lugares de trabajo. Y advirtieron por “un conflicto que se profundiza y avanza de manera rápida, ante su desarrollo se tomarán las medidas que se definan a cada paso”.
El ataque a la “casta de rectores” fue a través de su house organ en LN+. Una de las difamadas fue la rectora de la Universidad de General Sarmiento, la Dra. Flavia Terigi. Defendida por más de 3.000 investigadoras/es, docentes, estudiantes y graduados que firmaron un comunicado de apoyo.
Paralelamente, el gobierno logró la media sanción de la Ley de Bases que pone en jaque a organismos como el INTI que pueden ser eliminados; y otros, como el CONICET o el INTA, pueden ser fusionados o transferidos a las provincias.
Además, despidió a los 570 trabajadores del proyecto CAREM que iba a ser el primer reactor nuclear íntegramente construido en el país, de vanguardia a nivel mundial.
Escuelas sin clases y con aulas vacías
Las actividades fueron paralizadas en todo el país el jueves por el paro general, convocado por la CGT y las dos CTA contra la Ley Bases y el ajuste económico implementado por Javier Milei. La huelga tuvo fuerte impacto en las escuelas públicas, ya que la mayoría de los docentes adhirieron a la medida de fuerza. Los docentes privados también llamaron a parar.
La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), el principal gremio docente, adhirió al paro general del jueves 9 de mayo, por lo que las clases se vieron afectadas en gran parte del país.
El sindicato consignó en un comunicado que los docentes se sumaron a la huelga nacional en reclamo de mayor financiamiento para la educación pública, el pago del FONID y jubilaciones dignas, entre otros puntos.
El titular de SUTEBA, Roberto Baradel, detalló en la misma línea que el gremio que nuclea a los docentes bonaerenses paró el jueves «en defensa de la educación pública, de los derechos de las y los trabajadores».
¿Cuáles son los reclamos docentes?
· Rechazo a la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID).
· Defensa de los fondos nacionales para el Instituto de Previsión Social (IPS).
· Defensa de todas las partidas para Educación.
· No al impuesto a las ganancias en el salario.
· Respeto de los derechos laborales de los trabajadores.
El vaciamiento de la Secretaría de Educación
Los trabajadores de la Secretaría de Educación publicaron una carta abierta para denunciar las consecuencias de la política de vaciamiento del Estado que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. La Comisión de Despedidos de la Secretaría expuso la grave situación que atraviesa la cartera y el alcance del ajuste.
En un comunicado, la Comisión aseguró que entre diciembre y marzo fueron despedidos 200 trabajadores que realizaban tareas en diversas áreas del ex ministerio, incluso personas que acumulaban hasta 25 años de antigüedad. “Vemos que este achicamiento de recursos humanos va en consonancia con los recortes presupuestarios realizados, lo cual está provocando el desmantelamiento de acciones, planes y programas que beneficiaban a instituciones, docentes y estudiantes de todos los rincones del país”, afirmaron.
Las áreas con mayor cantidad de trabajadores despedidos son la Dirección de Educación Secundaria; el Instituto Nacional de Formación Docente (Infod); Nivel Primario; la Dirección de Experiencias en Educación Cooperativa; la Unidad de Género; Becas Progresar; la Educación Sexual Integral (ESI); Innovación Educativa; la Subsecretaría de Políticas Universitarias; Evaluación; Talleres gráficos; Suministros; y la Biblioteca Nacional de Maestros.
En una muestra elocuente de desprecio, los trabajadores que sufrieron los despidos ni siquiera fueron debidamente informados de las cesantías por parte de las autoridades nacionales. «A nosotros no nos comunicaron que se iban a realizar los despidos, tomamos conocimiento a través de los medios y del rumor de despidos masivos que se empezó a correr«, afirmó Gabriela Ferraro, quien fue parte de la secretaría privada del área de Políticas Universitarias durante más de 10 años y ahora fue desafectada.
Los despedidos de fines de marzo fueron confirmados por parte de los funcionarios únicamente mediante una nota elaborada por el área de Recursos Humanos y cargada en el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), en la cual se comunicaba la desvinculación de sus tareas. En repudio a la tanda de cesantías, el día 27 se pronunció la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), que denunció en un comunicado los despidos y el “abandono del Gobierno Nacional de la Educación Pública como pilar fundamental de una Nación”.
En la carta abierta, los trabajadores cesanteados enumeraron las consecuencias del vaciamiento. “Esta agresión contra los trabajadores y contra las políticas que se venían implementando desde el (ex) ministerio de Educación atenta contra la formación docente, la educación en todos sus niveles y, consecuentemente, con la generación de puestos de trabajo y oportunidades para que las actuales y futuras generaciones puedan aspirar a condiciones de vida dignas”, sostuvieron.
Desde la Comisión también alertaron que “junto a las reducciones en salud, salarios y destrucción de derechos de la mayoría de la población, el avance contra la educación del pueblo está generando condiciones para excluir del protagonismo a la mayoría y a dejar un país para que sólo unos pocos puedan disfrutarlo: los dueños del poder económico”. “Les pedimos que no nos olviden y que puedan visibilizar esto que está sucediendo”, concluyó.
En paralelo, los trabajadores de planta transitoria que lograron a fines de marzo una renovación por tres meses de su contrato también manifestaron su preocupación por el futuro, dado que en junio nuevamente la Secretaría que conduce Carlos Torrendell deberá decidir si continúan o no en sus puestos. “La situación es de un desasosiego completo, estamos con el corazón en la mano sin saber qué va a pasar”, dijo una trabajadora que se encuentra en esta situación. “Se hace muy difícil el día a día”, aseguró.
Entre los trabajadores colisionan las distintas miradas sobre el Gobierno. Ferraro señaló que muchos de los despedidos de la Secretaría votaron a Milei en las elecciones del año pasado, que estaban «tranquilos y convencidos» de que no ocurriría el vaciamiento y que «no iba a hacer lo que dijo en la campaña«. «Fue una situación rara», aseguró.
En marzo, el presidente debió definir qué haría con los 70.000 contratos precarios, enmarcados en la famosa Resolución 48 de contratos a “plazo fijo”, que vencían a fines de mes, situación que se repetirá en junio, cuando vencen los contratos renovados por tres meses. En aquel entonces, desde Casa Rosada se decidió cesar la continuidad de 15.000, aunque previamente -en su discurso en el IEFA Latam Forum- Milei había amenazado con despedir a la totalidad. “Vamos a terminar con 70.000 contratos estatales», afirmó en aquella ocasión. Finalmente, fueron menos, aunque prometen que habrá nuevas olas. “El trabajo es muy quirúrgico, entonces los tiempos son más lentos de lo que a uno le hubiese gustado”, había justificado el vocero presidencial, Manuel Adorni.
La paritaria docente en Santa Fe
Pasó la medida de fuerza, pero la confrontación entre el gobierno y los gremios docentes continúa. El ministro de Educación, José Goity, informó este viernes que hubo 31.090 docentes que manifestaron su no adhesión al paro, un 41,63% del total. Y apuntó contra los gremios docentes por poner en duda la fiabilidad del sistema. “Quiero asegurarles que los docentes no mienten”, retrucó. Más temprano, los gremios habían cuestionado la metodología adoptada por el gobierno provincial. “El gobierno habla de porcentajes de compañeros que habrían llenado esas planillas, pero en las escuelas no hubo nadie dando clases”, sostuvo Juan Pablo Casiello, secretario general de Amsafe Rosario. En tanto, Martín Lucero, titular de Sadop (docentes privados), consideró que el gobierno está “disputando el relato” con la promesa de que vendrá algo mejor para los docentes: “La gente no está contenta con lo que está pasando y el paro de todos los empleados públicos lo demuestra”.
El viernes el gobierno provincial informó en conferencia de prensa que desde el miércoles se cargaron unas 31.090 declaraciones juradas de docentes que manifestaban haber prestado servicios durante el miércoles 8 de mayo, en el marco del paro anunciado por los gremios docentes. El número representa un 41,63% del total de los docentes y se desagrega en 17.323 trabajadores de escuelas oficiales y 13.767 de privadas. El registro se abrió para que los docentes que trabajaran durante la medida de fuerza pudieran evitar el descuento del día y sigan en carrera para cobrar el premio por Asistencia Perfecta.
Durante la mañana del viernes, desde Amsafe Rosario y Sadop también habían llamado a una rueda de prensa para transmitir sus balances de la medida de fuerza. Allí señalaron que se trató de una jornada de “altísimo acatamiento” en la provincia y denunciaron las “presiones” por parte del gobierno provincial para intentar quebrar la jornada de paro. En ese marco, intentaron demostrar que el registro del gobierno es fácil de fraguar, porque abre la posibilidad de declarar haber prestado servicios una vez transcurrida la jornada, y así evitar los descuentos. Y efectivamente hicieron una muestra en vivo.
Respecto a los números, el ministro de Educación remarcó que son “importantes” y adelantó que la cifra final terminará rondando el 50%. En ese marco, consideró que lo importante es comenzar a contar con datos sobre el impacto de la medida de fuerza. “Les puedo asegurar que el desempeño del paro no fue similar en el conjunto de la provincia”, expresó y agregó: “Queda un sabor amargo porque muchos chicos, y no me importa cuántos, no pudieron acceder a lo que necesitan, que es estar en la escuela”.
Desde Amsafe Rosario denunciaron que hubo “una cantidad de presiones muy grande” por parte del gobierno provincial para intentar minimizar la medida de fuerza de los docentes. “Hicieron una campaña de apriete y extorsión buscando quebrar la medida de fuerza y a pesar de todas esas presiones el paro fue prácticamente total”, aseguró Casiello. “El conflicto es exclusiva responsabilidad del gobierno. Nos parece que hay una fortaleza gremial muy importante, porque no es fácil que venga una patronal como esta y apele a todas sus armas para romper la medida”, analizó.
Sobre la implementación del registro, el dirigente gremial aseguró que es una medida “absolutamente ilegal” y cuestionó los números difundidos por el Ministerio. “El gobierno habla de porcentajes de compañeros que habrían llenado esas planillas, pero en las escuelas no hubo nadie dando clases”, cuestionó y agregó que el gobierno busca lograr algún dato estadístico para difundir que el paro fracasó: “Da un poco de risa y enojo. Nosotros decimos que dejen de inventar cosas que no tienen ninguna eficacia, lo que hace falta es que nos sentemos en serio a solucionar el problema, porque con estos aprietes lo que hace el gobierno es profundizar el conflicto”.
En ese sentido, remarcó que la provincia cuenta con los recursos para hacer una mejor oferta y resaltó que eso quedó en evidencia con la implementación del programa Asistencia Perfecta: “Nos dicen que no tienen un peso más y después nos ofrecen un monto mayor que eso como presentismo. ¿Por qué no redondeamos una oferta mejor y buscamos los caminos para mejorar el salario docente y no generar más conflicto?”.
Por su parte, Lucero compartió números propios respecto a la jornada de paro. Según el relevamiento del gremio, en las escuelas privadas hubo una adhesión del 80% a la medida de fuerza. “La verdad que es mucho. Pensamos que la asistencia podía ser más fuerte, no tanto por el tema del descuento, sino porque se generó todo un clima de presión y de amenazas en las 48 horas previas. Pero la verdad que el paro fue importante y fueron muy pocas las escuelas que abrieron”, describió.
El referente de Sadop también se refirió al registro de declaraciones juradas y consideró que fue “una puesta en escena” por parte del gobierno. “Lo que hicimos en conferencia, más allá de la humorada, es real. Cualquiera puede entrar al sistema y decir que hizo algo, pero en realidad lo que vale es lo que pasó. Lo único que vale es efectivamente la planilla donde el director de la escuela dice si la persona faltó o fue a trabajar”, consideró. Y añadió: “Todo lo demás es disputa de relatos, porque el gobierno todavía sostiene que la docencia cree que viene algo mejor. Y no es cierto. La gente no está contenta con lo que está pasando y el paro de todos los empleados públicos lo demuestra”.
Por último, Lucero consideró que hay un “capricho” por parte del gobierno provincial en el marco de la discusión paritaria con los docentes. “Hay un dato concreto y es que la provincia tiene plata, porque si están dispuestos a pagar el premio, como ellos lo quieren llamar, es porque tienen fondos disponibles. Si ellos pusieran esos fondos a disposición del pago de una oferta salarial, el número se duplica o triplica automáticamente. Es una cuestión de mera voluntad política que se soluciona en segundos”, afirmó.
Educación analiza reabrir la paritaria docente
En un giro drástico, el Gobierno, a través del ministerio de Capital Humano, dejó de lado la confrontación con los sindicatos docentes y evalúa la posibilidad de convocar a la paritaria nacional docente, un reclamo sindical desde el año pasado. Y hasta se tocó el tema Fondo de Incentivo Docente, algo que divide al oficialismo.
Sandra Pettovello, la funcionaria a cargo de la mencionada cartera tomó contacto con los gremios docentes de la CGT (con UDA de Sergio Romero, Sadop, AMET y CEA) en compañía de Carlos Torrendell, el secretario de Educación. Bajo ese marco se habló de discutir salarios de los trabajadores de la educación. “Están con mucho ánimo de solucionar los problemas que aquejan al sistema educativo, vimos una puerta grande y quieren convocar a la paritaria nacional. Es un logro importante”, dijo Romero.
Por otro lado, en la cartera existe un compromiso de empezar a profundizar qué sucede con ciertas problemáticas del sistema educativo, como el grado de inversión, los concursos, la capacitación de información y servicios. “Le vamos a ir dando forma a cada tema, nos fuimos muy satisfechos de la reunión”, mencionó el dirigente sindical.
El Fonid, la caja presupuestaria que sirvió para equiparar salarios docentes de todo el país y que no se prorrogó a partir del 31 de diciembre por decisión del ministerio de Economía, podría estar en agenda, pero no en lo inmediato, aclaran fuentes libertarias. Hay ciertos dirigentes de LLA que no le quieren cerrar la puerta al regreso de ese Fondo y lo quieren discutir con los sindicatos, pero otros lo descartan de plano: saben que desde las altas esferas del Gobierno no quieren perjudicar los números del ajuste fiscal que se está llevando a cabo.
Este año el Gobierno no realizará la compra nacional de libros escolares
El Gobierno Nacional no realizará la compra anual de los libros escolares destinados a instituciones educativas de todo el país que estaba prevista para todo el ciclo lectivo 2024.
Los 14 millones de ejemplares destinados a estudiantes de nivel inicial, primario y secundario, dentro del programa “Libros para Aprender”, no serán adquiridos este año, se informó oficialmente. El actual secretario de Educación, Carlos Torrendell, había deslizado que continuaría con el plan. Sin embargo, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, decidió retirarse de ese programa nacional destinado a la compra a las provincias interesadas en adquirir los libros.
Desde el Poder Ejecutivo, argumentaron que no se realizó dicha compra porque el procedimiento con las editoriales “estaba muy demorado” y no iban a llegar al mismo tiempo que el inicio de clases.
Asimismo, el Gobierno se amparó en la supuesta “falta de transparencia” del programa y decidió directamente cortar el presupuesto; desde el ministerio de Capital Humano también adujeron que los costos de la distribución eran elevados y aseguraron que en años anteriores “los libros llegaron de forma azarosa a las escuelas, sin contemplar su diseño curricular”.
Hasta 2023, el programa fue comandado por Nación, pero cada una de las provincias seleccionaba los textos de acuerdo a su plan de estudios, se abrían las condiciones para que las editoriales propusieran los títulos y, por último, una comisión nacional revisaba las propuestas y realizaba una primera selección. Por el momento, no se firmó ningún convenio con las provincias y está en duda la continuidad del programa.
Despidos en el ISER
El ISER es el Instituto Terciario Público que forma a profesionales de la comunicación y los medios. El instituto depende de ENaCom, organismo en el que ya se produjeron más de 500 despidos, junto con el cierre de las delegaciones provinciales y el vaciamiento del mismo. La primera semana de abril, los despidos también llegaron al ISER, mientras se desarrollaba una asamblea, se enteraron de nuevos telegramas recibidos en las últimas horas por trabajadores de la institución. Ya son 10 los despidos y según dejaron trascender los gremios, se esperan más.
Detrás del ataque al Ente, que regula las comunicaciones a nivel nacional, está el objetivo de beneficiar a grandes magnates como Elon Musk y Carlos Slim, dueño de Claro y, poseedor de una de las principales fortunas del mundo. Sabemos que los despidos no son solo en el sector de ENACOM, sino que se están produciendo en toda la administración pública desde una secretaría de Trabajo comandada por el grupo Techint de Paolo Rocca. Esta situación no se da solamente en el Estado, también los empresarios de sectores privados están aprovechando para avanzar en atacar condiciones laborales y derechos conquistados como sucede en el Grupo América, en donde Eurnekian y Vila, deciden echar a trabajadores y delegados gremiales para flexibilizar condiciones de contratación y limar salarios.
La asamblea del CEISER, se pronunció exigiendo a las centrales sindicales que convoquen un paro Nacional y un plan de lucha, hasta reincorporar a todos los despedidos, contra la desregulación de las telecomunicaciones y la privatización de los medios públicos, también contra el vaciamiento del ENaCom y las empresas estatales como Aerolíneas Argentinas, Télam y Trenes Argentinos.
Y, en defensa de los puestos de trabajo de todos los sectores de nuestra institución, en ISER no sobra nadie, reincorporación inmediata de todas y todos los despedidos. Basta de despidos.
Exigimos aumento urgente del presupuesto educativo para sostener y mejorar toda la educación pública.
Nos solidarizamos con los movimientos sociales, reprimidos en la 9 de Julio, en el marco de una movilización pacífica contra el hambre en los barrios populares, producto del recorte que la administración Milei – Petovello que hacen sobre los comedores barriales. La protesta es un derecho, le decimos, “no al protocolo represivo de Bullrich”. Exigimos plata para los comedores, educación y salud públicas, no para la represión.
Ademys votó en asamblea parar y movilizarse contra la Ley Bases
En la asamblea de Memoria y Balance del sindicato docente de Caba realizada el sábado 4 de mayo, se tomó la decisión de convocar a un paro y una movilización en respuesta a la Ley de Bases que amenaza a los jubilados, a los trabajadores más precarizados y a las mujeres.
Con un llamado a realizar asambleas en cada escuela para darle fuerza a la convocatoria para fomentar el debate y la conciencia sobre los impactos nefastos de esta ley, desde el sindicato exigieron que las Ctas, la CGT, la UTE y la Ctera convoquen para poder ser miles y rodear el Senado de guardapolvos blancos.
Macri reduce el presupuesto destinado a “Escuelas seguras”
El gobierno porteño incumplió la Ley 1706, sancionada en 2005, que establece los lineamientos de seguridad en las escuelas. Entre otras consecuencias incluye la falta de medidas que dejan a las escuelas en la indefensión habilitando la vandalización y los robos.
Maru Bielli, legisladora de UP elaboró un informe del fuerte recorte presupuestario en el área de mitigación de Riesgos y Ley de Escuelas Seguras: “En términos nominales cayó un 55% con respecto a 2023. Si se toma la inflación estimada del 150% para 2024, el presupuesto destinado a ese programa cayó un 82%”.
Robo de computadoras
Al respecto, el robo de computadoras pertenecientes al Plan Sarmiento fue el foco principal de los delincuentes en los últimos meses y esto afectó a miles de estudiantes de las escuelas de la Ciudad.
En el último tiempo se sufrió el saqueo de casi 100 computadoras por semana.
Según informaron fuentes policiales, la causa del robo de las computadoras se inició a principios de abril luego de que un grupo de delincuentes ingresaran a robar a la Escuela Primaria Nro. 30 «Granaderos de San Martín», del barrio de Palermo, y se llevaran una importante cantidad de computadoras.
Una veintena de escuelas públicas de la CABA fueron víctimas de robo en los últimos tres meses. Como respuesta, la comunidad educativa formó el nuevo colectivo “Escuelas Públicas Seguras”.
Tras varios meses de reclamos, las familias fueron convocadas por la Comisión de Educación de la Legislatura porteña. “Llevamos varias propuestas, porque además de ser familias y cooperadores ad honorem todo el tiempo estamos elaborando propuestas para solucionar esto. Necesitamos, por favor, que sigan escuchando a la comunidad y que esa voluntad se transforme en solución”, dijo durante el encuentro Anastasia Meizoso, integrante de la Cooperadora de la Escuela de Música Juan Pedro Esnaola que sufrió varios robos y actos vandálicos.
La escuela se ubica en el Polo educativo de Saavedra, donde la Escuela Técnica N° 36 DE 15, Almirante Guillermo Brown, intentaron ingresar en tres oportunidades.
Otro de los legisladores que impulsó el encuentro fue Gabriel Solano del FIT, quien sostuvo: “Es fundamental empezar a remediar esta situación, sabemos que para Jorge Macri seguridad es solo la represión de los piquetes o la expulsión de las personas más empobrecidas que han caído en situación de calle, pero para nosotros es otra cosa, es que se pueda realizar la labor educativa como corresponde en las escuelas”.
Un relevamiento realizado por la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT) de UTE-Ctera, reveló que hubo 75 robos en escuelas públicas de la Ciudad ocurridos en los últimos dos años, el 90% sucedieron en edificios escolares que no tienen caseros.
Naufragio Educativo en escuela de Saavedra
Las familias del Jardín Pablo Picasso y de la Escuela 15 del Distrito Escolar 10, del barrio porteño de Saavedra (Pico 2629 –CABA) recibieron la noticia de que el 15 de abril, no tendrían clases, debido a un robo que la institución sufrió el fin de semana. El segundo cometido en tres meses.
Desde el 12 de marzo, 4 de las 5 salas del jardín no cuentan con suministro eléctrico, y las docentes asisten a su trabajo con linternas. Asimismo, desde hace años la comunidad reclama mantenimiento. Las filtraciones en techos han vuelto a dejar anegadas las instalaciones.
La falta de luz en patios y fachadas ha expuesto a la institución a robos en febrero y nuevamente el 14 de abril.
La caldera permanece fuera de servicio desde hace años. Esto hace imposible la regulación de la temperatura media necesaria para dar y tomar clases en condiciones. Ni frío ni calor. A la par de lo incómodo que es, genera mayor exposición al dengue ya que la falta de servicios obliga a la ventilación por medio de ventanas abiertas. Los niñxs y la comunidad en su conjunto quedan expuestos al virus transmitido por los mosquitos.
Necesitamos una solución urgente a la situación de emergencia edilicia que atraviesa el jardín.
La comunidad de la escuela 15 y el Jardín Picasso convocaron a todas las familias a denunciar el Naufragio educativo.
Jorge Macri ya ejecutó unos 340 despidos en el área de Educación
El Gobierno porteño encabezado por Jorge Macri llevó a cabo despidos masivos en el área de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Desde ATE Capital estiman van unos 340 desde fines de marzo entre los que se encuentran 40 auxiliares administrativos itinerantes entre quienes hay docentes con enfermedades oncológicas y delegadas sindicales.
Las y los auxiliares administrativos itinerantes dependen del ministerio de Educación de la Ciudad, pero trabajan en las escuelas. Cumplen servicio como una herramienta de los distintos equipos de conducción de las escuelas para poder desarrollar las múltiples tareas administrativas que requieren las instituciones educativas y que generalmente recaen sobre una sola secretaria.
Con la reducción de personal empleado público dependiente de la Ciudad, el personal administrativo también se redujo y hace 8 años el macrismo implementó esta función de auxiliares itinerantes.
El 26 de marzo, entre los 340 despidos que realizó el Gobierno porteño, hay 40 auxiliares que formaban parte de la planta transitoria docente. Entre ellas, una atravesando un tratamiento oncológico, otra con licencia psiquiátrica, hay personal con certificado de discapacidad, a una delegada sindical de ATE Capital y de la CTA.
Desde entonces vienen realizando distintas actividades de visibilización del conflicto en las delegaciones. Este viernes hicieron un acto en el ministerio de Educación que contó la presencia de Daniel “Tano” Catalano y Romina Picchirelli. El reclamo es por una apertura a una mesa de diálogo para poder abordar las reincorporaciones con las autoridades porteñas.
La delega de ATE Capital Maite Carrick, está entre las personas despedidas y expresó: “Esto no escapa a la realidad que vienen pasando en todas las dependencias del Estado. La Ciudad con Jorge Macri está totalmente alineada al presidente Javier Milei y a su política de ajuste y achicamiento del Estado. En Educación se siente a través de los recortes a la escuela pública, porque lo que se hace es un recorte indirecto, sacando recursos que las escuelas tienen. Para las escuelas somos un programa esencial y hacemos mucha falta en los establecimientos de todos inicial, primaria y secundaria”.
CABA lanza una ayuda escolar por tres meses de hasta $30.000 mensuales para pagar cuotas de escuelas privadas subvencionadas
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció la puesta en marcha de la “Ayuda cuota escolar”, destinado a los alumnos que estudian en escuelas privadas subvencionadas, con la que se podrá cubrir parte del arancel mensual. La asistencia se extenderá durante tres meses (a partir de mayo) y alcanzará hasta el 50 % de la cuota programática, con un tope mensual de 30.000 pesos por cada hijo.
Y adelantaron que la inscripción será en el sitio https://buenosaires.gob.ar/educacion/ayudacuotaescolar y estará disponible desde el martes 16 de abril hasta el lunes 20 de mayo.
A diferencia de los “vouchers” anunciados por la Nación, los requisitos para solicitar la ayuda del Gobierno porteño no prevén un tope de ingresos familiares. Además, el beneficio estará disponible para los alumnos de escuelas privadas de nivel inicial, primario y secundario con cualquier porcentaje de subvención estatal (desde del 40 % hasta el 100 %). Otra diferencia con respecto al programa nacional es quela Ciudad de Buenos Aires girará los fondos directamente a las escuelas, no a las familias.
Asimismo, según se informó oficialmente, el beneficio no tiene restricciones por cantidad de hijos: en caso de tener más de un hijo, las familias podrán solicitar la ayuda para cada uno que se encuentre en edad escolar.
Un dato no menor es que las familias que se hayan anotado para recibir los “vouchers educativos” del Gobierno nacional también podrán recibir este beneficio: no son excluyentes.
La medida fue presentada a la prensa en una reunión encabezada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, en la que también participaron la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio; el jefe de Gabinete, Néstor Grindetti; y la ministra de Educación, Mercedes Miguel. Los funcionarios explicaron quela “ayuda cuota escolar” abarcará hasta 212.000 alumnos de los tres niveles (36.000 de inicial, 99.000 de primaria y 77.000 de secundaria) de 854 escuelas subvencionadas.
Fuentes: Perfil, Anred, La Izquierda Diario, InfoGremiales, Página 12
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