La acusa de ser la jefa de una asociación ilícita para defraudar y extorsionar al Estado. También pidieron decomisarle sus bienes, entre ellos la casa que la justicia convirtió en cárcel para alojarla.
Después del pedido de penas, Milagro Sala se cruzó con la fiscal Liliana Fernández de Montiel. «Gracias por los 22 años que me diste», dijo irónica. «Vos tenías la oportunidad de salvarte, de decir donde estaba la plata», contestó la fiscal en alusión al ex gobernador Eduardo Fellner, a quien quería que culpe. «La plata está en las obras. Y, además, yo no soy buchona de nadie», retrucó la líder de la Tupac Amaru.
El diálogo ocurrió en los tribunales de Jujuy al concluir los alegatos de la fiscalía, que pidió 22 años de prisión para Milagro Sala en la causa conocida como Pibes Villeros, que tiene a la diputada del Parlasur como acusada por defraudación junto a otros cooperativistas y ex funcionarios del anterior gobierno jujeño. La consideró jefa de una asociación ilícita para extorsionar y defraudar a la administración pública.
Pero a Fernández de Montiel no le alcanzó con pedir una pena similar a la que podría caberle a un homicida, sino que además reclamó decomisar bienes de la dirigente, un auto de su marido y uno de su hijo, y una camioneta y dos viviendas de su hija. En el listado de bienes que pretende que la justicia le decomise, incluyó la casa de El Carmen que el juez Pablo Pullen Llermanos convirtió en cárcel para mantenerla encerrada.
El juicio, que empezó el 24 de julio, ingresó el lunes en la etapa de alegatos. El debate oral tiene como imputados a cerca de 30 personas y a Sala como acusada estelar. Entre esos imputados está también su marido, Raúl Noro, para quien la fiscal pidió 5 años de cárcel, y el extitular del Instituto de Viviendas Lucio Abregú, para quien solicitó 8 años de prisión.
Luego de Fernández de Montiel, pidió pena el Fiscal Anticorrupción, Joaquín Millón Quintana, querellante de la causa y el Fiscal de Estado Mariano Miranda.
Para Abregú, expresidente del IVUJ, y Pablo Tolosa Perea, del mismo organismo, la fiscal pidió 8 años. Y las penas más altas fueron pedidas para los presos políticos: para María Graciela López pidieron 16 años; para Liliana Mirta Aizama, 10 años; para Javier Osvaldo Nieva 15 años; para Gladis Noemí Díaz, 10 años y para Mirta Rosa Guerrero, 13 años.
Para otros tupaqueros y cooperativistas de la red de organizaciones sociales pidieron: 15 años para María Sandra Condori, 14 años para Adriana Condorí, 10 años para Patricia Cabana, 7 años para Héctor Gustavo Martínez y para Emilio Javier Bustos, 10 años para Ivan Dante Altamirano y para Miguel Ángel Sivila, y 4 años para José Augusto Choque
Para la diputada provincial Mabel Balconte (ex Tupac Amaru), pidieron 9 y para la concejal de San Pedro de Jujuy, Marcia Sagardia, 13años.
Para el preso político Alberto Cardozo y otros imputados pidieron 2 años de prisión en ejecución condicional.
Este martes comenzaron a alegar los 22 abogados defensores.