Creadas a impulso del Estado para paliar los efectos del colapso socio-económico de 2001, muchas cooperativas de trabajo en Argentina que ayudaron a romper el núcleo duro del desempleo ahora se emanciparon y ofrecen sus servicios tanto al sector público como al privado. «Una empresa busca solo rentabilidad. Acá, en la cooperativa hay compañerismo, somos […]
Creadas a impulso del Estado para paliar los efectos del colapso socio-económico de 2001, muchas cooperativas de trabajo en Argentina que ayudaron a romper el núcleo duro del desempleo ahora se emanciparon y ofrecen sus servicios tanto al sector público como al privado.
«Una empresa busca solo rentabilidad. Acá, en la cooperativa hay compañerismo, somos dueños y si uno tiene un problema se lo intenta ayudar», señaló a IPS el cooperativista Cristian Miño.
En 2003, Miño tenía 25 años y estaba desocupado. Vivía en Florencio Varela, un populoso distrito ubicado en los suburbios de Buenos Aires que fue elegido entonces para un plan piloto de formación de cooperativas desde el Estado. Y la experiencia funcionó.
El gobierno centroizquierdista de entonces de Néstor Kirchner (2003-2007) fue el responsable de crear 50 cooperativas de 16 miembros cada una para construir de viviendas en esa localidad, en uno de los tantos intentos iniciales por abatir la pesada herencia de la desocupación, que ya superaba 24 por ciento de la población económicamente activa, y la pobreza, que afectaba a más de 54 por ciento de los 38 millones de argentinos.
«Muchos no sabían nada de construcción», recuerda Miño, que hoy con 33 años lidera la Federación de Cooperativas de Trabajado Unidas de Florencio Varela, una entidad que agrupa a 600 asociados en 16 conjuntos cooperativos y que busca ser «una empresa social». Casi todas trabajan en la construcción, pero hay también algunas dedicadas a desarrollar viveros, forestación y otros proyectos que proveen insumos a la edificación, como la fabricación de cercos premoldeados, muebles, herrería y aberturas.
En 2006 llegaron a ser 1.500 cooperativistas. Pero no es fácil el trabajo conjunto, advierte Miño. «Cuesta organizarse. No todas las cooperativas que se crean pueden seguir activas y con éxito y por eso hay una decantación normal», reconoció.
No obstante, los cooperativistas de Florencio Varela son contratados en la actualidad para trabajar para distintos niveles de gobierno en infraestructura y también para las empresas privadas que han resultado ganadoras de licitaciones para obras públicas. En el barrio de San Jorge, de Florencio Varela, la federación levantó un barrio de 880 viviendas, más la ampliación de escuelas, todo para una empresa privada que ganó la licitación correspondiente.
Entre los asociados a las cooperativas, «ninguno gana menos de 2.000 pesos» (unos 500 dólares mensuales), explicó Miño. Ese monto, casi duplica lo que percibe un cooperativista que recién comienza a trabajar, convocado por el Estado.
El caso de Florencio Varela revela que el cooperativismo, aún cuando es promovido desde el Estado y no por decisión de los trabajadores, puede ser una herramienta válida para salir de la pobreza y el desempleo.
En este marco, el Ministerio de Desarrollo Social lanzó en 2009 el programa Argentina Trabaja, con el fin de crear unos 100.000 puestos laborales para personas vulnerables, sin empleo, sin capacitación y sin otro ingreso.
Esa cartera ministerial firmó acuerdos con municipios en todo el país a fin de promover el cooperativismo, capacitar a los convocados y realizar obras de infraestructura.
Las cooperativas, de 60 operarios cada una, construyen cloacas y redes de agua potable, centros comunitarios y comedores. Mejoran o amplían escuelas y centros de salud, arreglan calles y fabrican accesos para discapacitados, entre otras tareas.
Para participar del programa, los beneficiarios no deben tener otro ingreso a excepción de la Asignación Universal por Hijo, que hoy es de 220 pesos (unos 55 dólares), otorgado por el Estado a los más pobres por cada hijo menor de 18 años que va a la escuela.
Los convocados reciben ropa de trabajo, perciben un salario de 1.200 pesos mensuales (300 dólares) y deben inscribirse a la seguridad social con el monto mínimo exigido para contar con prestaciones médicas y poder aspirar a una futura jubilación.
Según un estudio realizado por el propio ministerio a mediados de 2010 sobre el perfil de los cooperativistas de este plan, la mitad son mujeres y el conjunto de los convocados representan al «núcleo duro de la desocupación».
El informe indica que 79 por ciento de los participantes no terminó la escolaridad básica obligatoria -primaria y secundaria– y el 77,6 por ciento carecía de oficio o profesión al momento de ingresar.
En los últimos meses se incorporó capacitación a quienes se acerquen a esta experiencia, que es brindada por sindicatos, otras cooperativas o el mismo municipio.
El director del no gubernamental Programa de Protección Social del Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), Fabián Repetto, analizó para IPS el funcionamiento de esta experiencia.
«El Cippec fue convocado por dos intendencias, la de Morón y la de Esteban Echeverría (ambas en la oriental provincia de Buenos Aires), para mejorar la gestión y la transparencia de esos programas», explicó.
En Morón se apuntaba al seguimiento de la transparencia y rendición de cuentas y en Echeverría a fortalecer los procedimientos para la selección de beneficiarios, dijo.
No obstante, Repetto observó que el plan carece de un manual de operaciones con criterios comunes y que el rendimiento es muy heterogéneo. Depende mucho, advirtió, de la eficiencia con la que opera cada municipio.
Repetto sostuvo, además, que los programas están demasiado volcados a la obra pública, y que se desatienden otras áreas. «Hay una demanda enorme en el área de cuidados de adultos mayores y, con una buena capacitación, esa podría ser una ventana de oportunidad especialmente para las mujeres», apuntó.
En Argentina, a raíz de la severísima crisis económica y social de 2001-2002, surgieron múltiples iniciativas para paliar la falta de ingresos que hoy se reúnen en la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT).
Entre los modelos que emergieron están las cooperativas promovidas por el Estado y las de empresas recuperadas por los trabajadores, luego de que sus dueños dieron quiebra y muchos huyeron.
José Sancha, presidente de la CNCT, dijo a IPS que la organización está trabajando junto al Ministerio de Desarrollo Social para brindar capacitación a los nuevos cooperativistas del plan Argentina Trabaja.
Remarcó, también, que muchas de los 3.000 grupos solidarios que surgieron al amparo del Estado entre 2003 y 2006 «se consolidaron y son parte del movimiento cooperativista».
Para Sancha, está muy bien que el Estado canalice su demanda de bienes y servicios a través de cooperativas que pueden hacer las obras públicas, pero advirtió que hay que trabajar mucho todavía para que estas se fortalezcan.