El Gobierno Nacional busca aprobar en el Senado el proyecto que reforma la Ley 24.660 y prohíbe las salidas anticipadas de presos condenados por delitos violentos. La medida no sólo representa un avance sobre los derechos de los presos sino que podría provocar mayor superpoblación en las cárceles del país. Una política de seguridad en […]
El Gobierno Nacional busca aprobar en el Senado el proyecto que reforma la Ley 24.660 y prohíbe las salidas anticipadas de presos condenados por delitos violentos. La medida no sólo representa un avance sobre los derechos de los presos sino que podría provocar mayor superpoblación en las cárceles del país. Una política de seguridad en año electoral que profundiza aquello que dice venir a resolver.
La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) informó a principio de año que existe por primera vez una situación de sobrepoblación general en los dispositivos que dependen del Servicio Penitenciario Federal. Es decir, las cárceles federales alojan más personas que las que realmente pueden.
Según precisó el organismo, de la cantidad de hombres detenidos, el 60 por ciento (6.618) se encuentran encarcelados de manera preventiva, sin condena firme. En el caso de las mujeres encarceladas, en enero se encontraban 801 mujeres detenidas, el 68% con prisión preventiva.
La población más afectada por la prisión preventiva siguen siendo los jóvenes adultos. De las 442 personas de entre 18 y 21 años, casi el 80% no tiene condena firme, es decir, aun no fueron declarados culpables definitivamente.
No se trata de un fenómeno que ocurra únicamente en el ámbito federal. En Córdoba, un informe difundido a finales de mayo de 2014 por el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) estableció que el 46% de los detenidos en la Provincia no tenían una sentencia que los declarase culpables.
¿Castigo o resocializacion?
Cualquiera que haya hablado con un preso, o ex preso sabe en qué condiciones están las cárceles de la Provincia de Córdoba y del país. Cárceles que jamás han sido creadas para «resocializar» a nadie, sino para el castigo de los pocos que ahí entran, que para la estructura vigente, siguen siendo demasiados.
El hacinamiento carcelario convive sin embargo con la idea instalada de que los «chorros» entran por una puerta y salen por la otra, una falacia sostenida continuamente por los medios masivos de desinformación que dicen lo que vende, y lo que hay que decir para vender.
Mientras las leyes hablan de derechos, de cárceles que no son para el castigo y demás palabras bonitas, las personas detenidas -aquellas que no cuentan con privilegios, como grandes empresarios- son continuamente humilladas. El preso está privado de su libertad, de libertad de movimiento, de su libertad de vivir y existir como le plazca. Está encerrado las 24 horas del día -salvo que trabajen o estudien durante su periodo de encierro- en una celda de 2×4 metros, compartida. Estas condiciones, ¿son de resocialización o de castigo?
Es evidente, por los números brindados en diferentes informes como los citados más arriba que las cárceles están habitadas por mucha gente inocente, por muchas personas que están esperando que una investigación concluya, que un juicio finalice o que una sentencia condenatoria quede efectivamente firme. Aún así se los trata como personas «culpables». Y a los culpables, se los trata de una única forma en las cárceles: como si no fuesen personas.
Durante el encierro pocos son los que pueden trabajar, y digo pueden porque esto es cierto, quieren muchos más de los que pueden ¿por qué? porque no existen las condiciones.
Y al salir, no todo es más fácil. Cuando una persona que ha estado detenida cumple la totalidad de su condena, al salir en libertad sigue existiendo y por ende figurando ese antecedente a pesar de que es una pena ya cumplida (art 51 Código Penal). Esto dificulta de manera absoluta su reinserción en la vida laboral, comunitaria y en definitiva su reinserción social. Teniendo que «sobrevivir» a como de lugar: de changas, en trabajos que no configuran ninguna actividad digna sino más bien un estado de esclavitud, o volviendo a delinquir.
Estado, Ley y Prisiones.
El Gobierno Nacional que viene con un envión después del #1A, quiere empeorar esto -algo que pareciera no podía ser peor- reformando la Ley 24.660. Las principales modificaciones planteadas vienen a afectar derechos como la excarcelación de quienes son procesados, y se limita la libertad condicional gravemente.
Este proyecto de ley debemos saber, es realizado sin tareas previas que son fundamentales para que tenga los efectos «supuestamente» deseados como: escuchar y considerar a las personas privadas de su libertad, realizar diagnósticos acerca de la real situación de las cárceles del país, trabajar articuladamente con organizaciones, instituciones avocadas a la temática y al trabajo con personas en situación de encierro, y convocar a organizaciones sociales y a la ciudadanía en general a un verdadero debate.
La propuesta a su vez viola principios y derechos reconocidos internacionalmente y constitucionalmente, viene a hacer todo lo posible para que no se cumpla el objetivo principal de la reinserción social.
«Quieren tapar el sol con una mano. Le quieren hacer creer a la sociedad que la inseguridad se va a reducir con penas mayores, no buscan ver el fondo de todo esto», dijo a Cosecha Roja Pablo, desde la celda de un penal federal. Y aquí Pablo viene a decirnos con una claridad indiscutible lo que realmente sucede. No buscan el fondo, no les interesa, esa es la política de Estado. La «inseguridad» no se resuelve con más mano dura, pero igual la van a aplicar, justo en año de elecciones.
Esto lo dijo Pablo desde una celda y hace muchos años lo demostró Kropotkin. En el libro El anarquismo frente al derecho , Aníbal D’Auria nos cuenta que el pensador ruso ante la pregunta fundamental: «¿Para qué sirven las prisiones y los castigos penales» responde lisa y llanamente: «Para nada», o en todo caso, «para aumentar la brutalidad de los crímenes».
«Estas respuestas las expone, fundándose en lo que él mismo pudo observar en prisión, en una famosa conferencia en París en diciembre de 1877. Con estadísticas en la mano, Kropotkin muestra que ni la pena de muerte ni los castigos disminuyen los índices de «conductas antisociales»; y que la prisión, sin reducir la reincidencia, la promueve de manera más brutal, ya que es una verdadera escuela de tales conductas antisociales . Las razones son las siguientes:
1. Cuando los presos se comparan con los «honestos» ciudadanos burgueses que están libres (incluidos jueces, carceleros, políticos y capitalistas) no ven entre ellos y éstos una diferencia cualitativa sino meramente de grados de astucia. El preso se dice a sí mismo: «No fui lo bastante listo. Ellos son peores que yo, pero más astutos». En efecto, la injusticia de la sociedad en que viven, los negociados, estafas legales, abusos, crímenes y arbitrariedades de aquellos «honestos», les brindan esta filosofía que los justificará para volver al delito una vez libres. Los de afuera son más delincuentes que los de adentro
2. La explotación del trabajo en las cárceles, los abusos de los carceleros y la reducción (cuando no el cese casi total) de contactos con la sociedad vuelven al preso más antisocial.
3. Lo mismo ocurre con el trato humillante que reciben en todo momento (vestimenta ridícula, disciplina arbitraria, etcétera).
4. Todo esto confluye en la pérdida creciente de la fuerza de voluntad del preso, es decir, de todo aquello que lo hace un hombre; desarrolla así su habilidad para disimular, mentir, sobrevivir como pueda y a cualquier precio. Todo esto lo pondrá en práctica cuando vuelva a la sociedad, para cometer nuevos crímenes, pero de manera más inteligente.
5. La cárcel también degrada al carcelero. No hay forma de mejorar las cárceles: puede seleccionarse carceleros muy humanos, pero al poco tiempo se habrán transformado en bestias sanguinarias. El rol hace al hombre. Entre presos y carceleros hay una guerra permanente, a veces silenciosa, a veces no tanto, y la guerra vuelve cada vez más brutales a los hombres, cualquiera sea su bando.
¿Cómo reducir y cómo tratar los «comportamientos antisociales»? En realidad hay que imitar los progresos de la medicina, que ha pasado de ser mera terapéutica a ser preventiva: se trata de eliminar las condiciones que promueven el delito antes que reprimirlo.
Para ello es menester la investigación científica de sus causas, lo que enlaza el problema jurídico con el del orden social: si se producen «conductas antisociales» es porque la sociedad impone condiciones antihumanas de vida. Por ello, para Kropotkin, aunque los criminalistas busquen las causas del delito en el clima o en la constitución morfológica o psicológica de las personas, las causas determinantes siempre son sociales».
Para Kropotkin, continua D’Auria , «las instituciones penales se fundan en un ecléctico compromiso entre la venganza bíblica, la creencia medieval en el demonio, la fe en el poder del terror y el prejuicio de que la amenaza de castigo previene el crimen». El remplazo de las cárceles por manicomios sería un simple cambio de nombres. La única solución es el desarrollo de las facultades intelectuales y afectivas de los hombres, facultades contra las que siempre atenta el encierro carcelario. Nunca el aislamiento ni el castigo pueden restituir a nadie a la sociedad. Sólo el trato humano y social -la vida entre los hombres- puede desarrollar humana y socialmente al hombre.
Tras el «problema económico» y el «problema del Estado», dice Kropotkin, el más importante es el del control de los actos antisociales. Pero en rigor, lo que él mismo muestra es que se trata todo de un mismo y único problema: el problema social.
La miseria, el gobierno del hombre por el hombre y la represión penal se articulan de tal manera que es imposible separarlos si se quiere tratar seriamente el tema de la criminalidad: Estado, Ley y Prisiones son la base misma en que se funda el derecho en las sociedades (nada sociales) actuales.
Ellos afianzan y reproducen la desigualdad económica, la miseria social y la opresión política, impidiendo u obstaculizando el desarrollo del apoyo mutuo y la solidaridad.»
Como tantas otras veces, y desde hace decenas de años, en nombre de la «seguridad» se vienen a provocar ilegalidades y daños gravísimos -diría irreversibles- en nuestra sociedad que siguen sosteniendo un negocio, que siguen prolongando penas -no en el término jurídico- y que no vienen a solucionar absolutamente nada, sino a profundizar aquello que dicen venir a resolver.
Victoria Siloff. Abogada, Militante del Encuentro de Organizaciones (EO) Córdoba, Argentina.
Fuente: http://latinta.com.ar/2017/04/
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