Es un paisaje cotidiano la recurrencia en pocos minutos de mismas unidades del servicio publico de pasajeros distantes a pocos minutos entre si y con su capacidad semivacía circulando por las calles y avenidas de la Ciudad de Buenos Aires sin entrar a consideración el sucesivo impacto ambiental y del desgaste de la infraestructura ciudadana.
Este caso único nacional de tarifas preferenciales y de una multiplicidad en la oferta es tan solo la punta del iceberg de un problema que a lo largo de estos últimos largos años de la Democracia no ha sido resuelto de una maneja equitativa en términos nacionales y federales.
A lo largo de este tiempo se presentaron distintos proyectos referentes a una Nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos – uno de los mas sonados fue originado en la Universidad CEMA a cargo de Jorge Avila y Carlos Rodriguez – para llegar a una simplificación impositiva impulsando una re distribución del Impuesto a las Ganancias a nivel provincial.
Debemos separar dos ítems entre ellos los recursos propios generados principalmente por las provincias que son remitidos a la Nacion para una redistribución según una serie de coeficientes previamente consensuados y la discrecional política de subsidios de estos últimos tiempos que llevo a la distorsión en materia de tarifas no solo de transporte sino de energía.
Baja la ridícula paradoja un departamento de 30 metros y de un consumo de 35 kWh mensuales en la Ciudad de Buenos Aires llega a abonar un poquito mas de 5000 pesos por mes por su consumo subsidiado.
Radicaría en la obviedad deletrear el costo de la energía y del transporte que soportan el resto de los ciudadanos por fuera de este » beneficio » que radica casi en la obscenidad.
Un lugar común en esta discusión es que la Provincia de Buenos Aires es al mismo tiempo la principal generadora de recursos y que en términos comparativos es la que menos recibe de los mismos y es la Nación la que concentra la mayor capacidad adquisitiva al también concentrar el mayor rango poblacional del país y de mayor emergencia socio económica y socio habitacional.
Su objeto en las frustradas discusiones al respecto fue aumentar su participación previamente perdida por la Administración Cafiero algo que fue subsanado por parches como el anterior Fondo del Conurbano Bonaerense o el envío discrecional de fondos por parte de los últimos gobiernos nacionales.
La injusticia distributiva presente nos obliga a repensar un esquema de ingresos y egresos de mayor justicia distributiva a lo largo del territorio nacional que también pueda alivianar conflictos de intereses entre los argentinos.
El volumen de ingresos fiscales que genera el país debería poder alcanzar para que el Estado pueda satisfacer las necesidades básicas de Educación, Justicia, Infraestructura y Servicios acorde a un desarrollo interno armónico.
Se deben contrastar las diferentes realidades regionales en pos de una puesta en común detectando áreas que demandan una atención fiscal especial por cuestiones geopolíticas como son el Norte Argentino y la Patagonia territorios de bajo desarrollo económico y poblacional pero de una plétora de recursos.
Las provincias además de poder generar sus propios recursos no deben ser objeto de sumisas negociaciones con el poder central que les limita su soberanía política y su desarrollo ulterior a costa de la macrocefalia porteña cuya historia es larga y conflictiva.
En lo que respecta a la considerada segunda re distribución de los recursos que da origen al termino geografía de las finanzas publicas obedece a la integración del recurso in situ y de su desarrollo al interior del territorio que dado el avance de las geo tecnologías este puede ser objeto de medición y de análisis que también puede hacer de una mayor eficiencia en la erogación del ingreso.
Una necesaria puesta en escena de este factor clave constitutivo de la Nación Argentina debe ser urgentemente puesto en escena abriendo una justa discusión entre todas las partes.
Ezequiel Beer. Geógrafo UBA. Analista Político
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