M.H.: La Coordinadora contra la represión policial e institucional presentó el habitual informe anual. ¿Qué trajo ese nuevo informe? M.C.V.: No es la primera vez que nos toca presentar el informe anual y la actualización del archivo de casos en el cierre de un ciclo de gobierno, lo hicimos con Menem, no con Duhalde porque […]
M.H.: La Coordinadora contra la represión policial e institucional presentó el habitual informe anual. ¿Qué trajo ese nuevo informe?
M.C.V.: No es la primera vez que nos toca presentar el informe anual y la actualización del archivo de casos en el cierre de un ciclo de gobierno, lo hicimos con Menem, no con Duhalde porque no fue a fin de año, pero sí lo hicimos posteriormente con todos los gobiernos sucesivos, cada ciclo del gobierno kirchnerista, y en esta oportunidad fue muy particular porque en estos 4 años hemos tenido un crecimiento tan exponencial de todas las modalidades represivas que tenemos el cuadro final, aunque no tenemos el año completo porque hubo que cortar la recepción de datos a mediados de noviembre para tener todo procesado e impreso para el 13 de diciembre de los 4 años de la gestión de Cambiemos. Era importante porque veníamos diciendo desde 2016, año tras año, que estábamos enfrentando a la gestión más represora de la Argentina desde el fin de la dictadura cívico-militar-eclesiástica. Y con el cierre finalmente de 2019 esto no solo se confirma sino que llegamos a niveles que jamás hubiésemos imaginado.
Hace 3 años estaba sentada aquí mismo diciendo que en un año habíamos pasado de una muerte cada 28 horas como promedio, que fue el saldo final del gobierno kirchnerista, y en un año estábamos hablando de una muerte cada 25 horas, que traducido a cantidad de víctimas es una cifra escalofriante. Habíamos saltado de 300 a 400 víctimas por año. Al año siguiente, en 2017, empezamos a hablar de Estado de excepción, a partir de hechos puntuales, como la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el fusilamiento de Rafael Nahuel y el caso Chocobar, pero que tuvieron un reflejo inmediato no solo en lo operativo en la calle o en el funcionamiento carcelario, sino que además produjeron una reestructuración profunda de todo el sistema represivo en la Argentina.
En el ámbito del Ejecutivo propiamente dicho con las directivas a las fuerzas y su propia reestructuración, la creación de fuerzas nuevas como la Policía de la Ciudad, las primeras incursiones de la Policía de la Seguridad Aeroportuaria fuera de los aeropuertos, y por eso ya hay casos de gatillo fácil de la PSA en el Archivo, sino también en lo normativo, en reformas legislativas en el ámbito penal, procesal penal y contravencional, a pesar de que en muchos casos la lucha popular pudo frenar algunas de esas iniciativas como ocurrió con el 2×1 a los genocidas.
Lo cierto es que nunca hubiéramos imaginado, cuando decíamos en diciembre de 2015 días después del balotaje «se viene una etapa caracterizada por el ajuste y la represión», que iban a ser de tal magnitud y que además íbamos a tener que salir, como hemos hecho por primera vez este año, no solo con un balance del gobierno saliente sino con un reclamo concreto y una agenda urgente para adelante. Porque si no se anulan todas esas medidas vamos a estar en las mismas condiciones.
M.H.: Observé con respecto a esta agenda mínima que plantea Correpi, que generó una suerte de polémica con la nueva ministra de Seguridad, un reportaje que hizo Página 12, donde ella por un lado descalifica a Bullrich, pero también descalifica a Correpi.
M.C.V.: Planteó una teoría de los dos demonios remozada, porque cuando le preguntaron sobre la subsistencia o no de los protocolos o las fuerzas de seguridad, de la nada decidió seguir el rumbo iniciado por Bullrich de Ministerio de Seguridad vs. Correpi, el contra informe del mes de octubre, y dijo que había una situación que se había planteado entre Bullrich y Correpi porque cada uno presentaba su informe y no quedaba claro qué parámetros metodológicos usan unos y otros. A eso respondimos con una nota que plantea que no se trata de una cuestión metodológica, sino de una cuestión absolutamente conceptual porque cuando Patricia Bullrich presenta ese contra informe lo que hace es tomar todos los casos que teníamos registrados en ese momento en el Archivo y empezar a tachar «este no porque es Policía Provincial, este no porque estaba retirado, este no porque no estaba en servicio, este no porque es un femicidio, este no porque yo digo que es legítima defensa o un juez dijo que es legítima defensa» (cuando hay 3 tiros por la espalda); y así fue que redujo a un puñadito de casos que admitió como que estaban en etapa de investigación.
Explicamos esto en nuestra web, hay dos notas, una al día siguiente de la otra, la primera más general, la segunda explicando puntualmente caso por caso dónde estaba la trampa de ese mamarracho que tituló con ese pomposo título, como si el gobierno de Cambiemos, o por lo menos de su Ministerio de Seguridad fuera Correpi. Te imaginarás que me puedo morir tranquila, misión cumplida.
La señora Frederic lo que dice ahora es que no le queda claro cuáles son los parámetros. Y decimos que no es un tema metodológico sino conceptual, porque a nosotros nos importa un bledo lo que resuelvan jueces y fiscales en las causas específicas cuando de las circunstancias del hecho concluimos que es un caso que tiene que ir al Archivo. Cualquier situación en la que yo tenga a una persona muerta por un miembro de las fuerzas de seguridad, por la espalda, desarmada, en circunstancias en que no generaba peligro para el policía o para un tercero es un fusilamiento y no nos interesa si el pibe manoteó una cartera antes, como el pibe de Rosario que quedó grabado en video o si había tenido un momento de locura y había atacado a un policía como el remisero Claudio Romano. Es un fusilamiento, punto aparte. Digan los jueces que es homicidio calificado efectivamente, como la Jueza en el caso Romano o digan los Jueces que Walter Bulacio no murió por tortura seguida de muerte en una comisaría sino que fue una simple privación ilegal de libertad. Con el criterio de lo metodológico, si vamos a que la fuente es la justicia, tenemos que tachar a Walter en el Archivo.
M.H.: Lo que pasa es que también hay un problema, a mí me llama la atención porque esta Ministra de Seguridad tiene una formación académica, es antropóloga, y en esa carrera se estudia metodología, en general en las ciencias sociales se estudia metodología de investigación. Esto es fundamental porque lo que da el marco para una investigación académica o de cualquier naturaleza es primero lo conceptual, después viene lo metodológico, que es una decisión del investigador, si lo va a hacer con tal o cual método. Pero el marco conceptual es fundamental.
M.C.V.: Es que esta no es una discusión académica, es un posicionamiento político. Por eso lo que le aclaramos a la señora Frederic, a la que vamos a juzgar por sus obras y su gestión porque no tenemos más que haya sido asesora de la gestión anterior con Nilda Garré. No conocemos sus acciones concretas así que le vamos a dar la derecha si hace las cosas bien, ha dicho que va a revisar los protocolos, que algunos los va a derogar, ahí ponemos un signo de interrogación porque derogar uno sin derogar otros no sirve de nada. Por ejemplo, si derogás la 956 que es la Ley que habilita el disparo por la espalda, y al mismo tiempo no retirás del Congreso el Código Penal que tiene la misma norma en el artículo 34 quedamos en la misma.
Aún cuando derogués la Resolución 845, que es la de los ofensores de trenes, la última de los DNI, pero no eliminás todo el mecanismo normado y no normado de detenciones arbitrarias, que desde el 18 de septiembre de 2003 el Estado Argentino está condenado por la Corte Interamericana a derogar en el caso Bulacio justamente, también van a seguir habiendo detenciones arbitrarias con su saldo de tortura y muerte en comisarías.
No es que tengo 50 propuestas, elijo 3 o 4 y después veo. Acá se refundó el aparato represivo de conjunto, no solo el de uniforme, jueces, fiscales, Cámaras, absolutamente todo modificó su accionar durante estos 4 años con reformas muy concretas. La reestructuración que se ha hecho en la Ciudad de Buenos Aires, con esta historia de la Policía de la Ciudad que en lugar de tener las viejas 53 comisarías ahora tiene la comisaría vecinal, la comunal, la que es solamente para expedientes y después hay 8 alcaldías que son a las que va la gente detenida, más la reestructuración interna también que se viene haciendo en la Justicia penal contravencional y de faltas que hoy abarca prácticamente todo el Código Penal, son muy pocos los hechos que quedan en instrucción criminal y los delitos federales.
Lo que pasa es que en cada detención masiva de estos años tardamos 8 horas en saber a dónde están los presos y las presas, lo mismo pasa con la persona que es detenida por una contravención en la calle, porque antes uno miraba el patrullero, veías el número de la comisaría y te ibas a la dirección de esa comisaría y al rato te daban información. Los móviles de la Policía de la Ciudad no tienen la dependencia a la que pertenecen, pero además te detienen como a los vendedores ambulantes de San Telmo, en San Juan y Piedras y te llevan a Lugano o a Floresta, pero primero te llevaron a Combate de los Pozos donde está la ODI para hacer el fichaje, tomar las huellas y los datos personales sin bajar del camión. La gente está entre 4 y 6 horas sin bajar del camión recorriendo distintas dependencias de la Ciudad de Buenos Aires y es en ese lapso precisamente donde, cuando estás a disposición de la policía sin posibilidad de asistencia externa, ahí es donde pasan cosas.
Es tremendo porque a veces es más el tiempo que permanece detenida una persona acusada de un delito menor a cargo de la justicia de la Ciudad, que quien está imputado por un delito más grave a quien le leen los derechos y le dicen que al día siguiente se tiene que presentar en un juzgado y a las pocas horas sale, cuando interviene un juzgado nacional.
Estar preso o presa es la primera causa de muerte en manos del Estado
M.H.: Hubo una masiva huelga de hambre de los presos.
M.C.V.: Ese es el otro gran eje. En provincia de Buenos Aires fueron 12 las unidades en las que hubo huelgas masivas y hubo situaciones individuales en otras unidades. Hubo también huelgas de los familiares, de los curas de opción por los pobres, nuestro amigo Paco Alveira de la isla Maciel está también con un grupo de familiares haciendo huelga de hambre.
Es una situación absolutamente extrema. Las muertes en lugares de detención son casi el 50% del Archivo, estar preso o presa es la primera causa de muerte en manos del Estado.
La segunda es caminar por la calle con pinta de sospechoso y ser víctima de gatillo fácil. Pero son más las muertes en cárceles y comisarías que las muertes por gatillo fácil. Y mucho más silenciadas. Solo en la provincia de Buenos Aires venimos con un promedio de 150 muertes en lugares de detención al año en estos últimos 4 años. El índice de carcelación ha crecido en los últimos años de manera tan brutal, se ha duplicado y pongo a provincia de Buenos Aires porque es lo que tengo como ejemplo, pero pasa lo mismo en cárceles federales y en las cárceles provinciales de todo el país.
A tal punto creció el índice de carcelación que el Tribunal de Casación bonaerense, insospechado de cualquier derivación humanitaria y la Suprema Corte de Justicia de la provincia que tampoco es la Corte de los soviets, han sacado documentos exhortando a los jueces a que paren la mano con las prisiones preventivas, y no están hablando de los políticos o empresarios, están hablando del pobre que por un delito absolutamente excarcelable termina con prisión preventiva desde el día uno de su detención y a veces cuando termina siendo juzgado y condenado le tendrían que devolver tiempo, porque lo terminan condenando a menos tiempo que el que estuvo preso esperando la sentencia.
El 70% de las personas en unidades carcelarias no tienen sentencia todavía. Gozan de la famosa presunción de inocencia de la que tanto se llenan la boca cuando hablan de la cuestión constitucional. En ese marco es solamente esperable que haya semejante cantidad de muertes, muchas por aplicación de tormentos, pero muchas también y las sumamos al Archivo porque son objetiva responsabilidad estatal, las muertes por falta de atención médica.
Es muy raro que alguien se muera de hepatitis, por pobre que sea, estando en libertad y, sin embargo, es una de las causas de muertes más frecuentes en cárceles. Ni hablar del HIV, la tuberculosis, situaciones de desatención tremendas donde te encontrás con una autopsia que dice que la víctima tenía una úlcera, pero como sufrió la desatención y comió la porquería que le dan allí terminó agujereándose todo el abdomen.
Comando unificado para la represión
M.H.: Este planteo de cumplimiento de agenda mínima, aparte de lo que has dicho respecto de la resolución 956/2018 o el tema del Código Penal, ¿cuáles otros serían los temas que a entender de Correpi hacen al cumplimiento de una agenda mínima?
M.C.V.: Más allá de lo que tiene que ver con el gatillo fácil, las detenciones arbitrarias y la cuestión carcelaria, hay que volver atrás en todas las reformas regresivas en materia legislativa, penal, contravencional y procesal penal no solo de los últimos 4 años, porque ya veníamos arrastrando las reformas de las leyes anti terroristas de 2003 a 2010. Eso también sigue siendo un problema sobre todo en lo que tiene que ver con la represión a la protesta.
El REPET, vinculado estrechamente a esto que es Registro de personas y entidades terroristas, que también es una resolución del Ministerio de Seguridad de Bullrich o el famoso Comando Unificado.
Cuando asumieron los ministros de Macri, Rodríguez Larreta y Vidal hicimos una nota sobre el currículum de cada uno de los que iba a ocupar algún lugar en el área de seguridad: Bullrich, Ritondo, Burzaco, Ocampo, etc. Y le pusimos de título «Comando unificado para la represión» a la nota porque decíamos que por primera vez Nación, Provincia y Ciudad no solo tienen un mismo color político sino además una misma lógica, como no tenían en períodos anteriores Nación y Provincia y además incluyendo a la Ciudad.
En 2017 en las vísperas de las movilizaciones de las que se están cumpliendo 2 años contra la reforma previsional, Bullrich anunció el Comando unificado de fuerzas federales y locales, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires con la Policía de la Ciudad, y en todas las provincias del interior se fue reproduciendo el mismo sistema. En Córdoba en las grandes movilizaciones contra el tarifazo en el transporte o en Mendoza en las luchas por la defensa del agua aparece esta idea de este comando unificado que además aplica en la idea de una lógica bélica con el avance de las fuerzas dentro del control de una manifestación o movilización. Un protocolo bélico.
Nosotros hemos tenido la oportunidad de analizar los movimientos en causas que hemos tenido por personas lesionadas en esas incidencias y verdaderamente es una arena militar, no es una intervención policial de pararse delante de una vidriera para que no la rompan, por ejemplo. Y como esas hay un montón.
Otra medida indispensable es el Decreto de necesidad y urgencia, que no era ni necesario ni urgente, sí es necesario y urgente derogarlo, el 70 de 2017 que determina la expulsión exprés sin derecho de defensa de trabajadores y trabajadoras migrantes. La persecución a las personas que sobreviven malamente en la vía pública con tareas precarias, desde los vendedores ambulantes, a las personas que hacen arte callejero a las que te cuidan el coche, que limpian los vidrios, que abren las puertas del taxi. Nadie hace eso porque es su vocación, ni lo soñó de niñito, lo hace porque es lo único que tiene para conseguir una moneda para comprar comida.
Hay un despliegue también bélico de las policías y no solo en la Ciudad de Buenos Aires. Es todo un conjunto de prácticas que de no cambiar no van a modificar la situación. Y hay algo en lo que ponemos un signo de interrogación, en declaraciones de la ministra en la entrevista de Página 12, por ejemplo, «no todo lo que han hecho está mal». Allí hay otra mala señal.
M.H.: Berni dijo «han trabajado mucho».
M.C.V.: Que Berni lo diga no sorprende, pero lo que sí sorprende es que Berni sea el Jefe de la Bonaerense y el ministro de Seguridad de la provincia. Convengamos que Bonaerense y Berni en una sola frase es un combo explosivo. ¿O nos olvidamos ya de los gases que chupamos en Panamericana cuando el tipo se descolgaba del helicóptero con la gorrita de Gendarmería?
M.H.: Yo siempre lo invitaba a darse una vueltita por el puerto de Rosario, tanto que le gusta andar en helicóptero. Lo dicen los organismos internacionales, no yo, que el tercer lugar del mundo por donde sale mayor cantidad de droga es el puerto de Rosario. Y allí están los 4.000 gendarmes en las villas.
M.C.V.: Que hacen flor de negocio con los narcotraficantes.
M.H.: Además, hacen un control social para no molestar a la gente importante que consume allá en Rosario. Estamos hablando de una persona que se ha puesto al frente de una fuerza de 90.000 efectivos.
M.C.V.: Un ejército.
M.H.: Problemático, aparte.
M.C.V.: Si la policía fueguina tuviera 90.000 efectivos también sería problemática. Es así de simple. Si la de Jujuy tuviera los negocios que tiene la Bonaerense también sería problemática. La Bonaerense y sobre todo en el Conurbano, esto lo muestra hasta la vieja película «El Bonaerense», el policía de pueblo ignora un montón de prácticas porque esos negocios no están en Tapalqué, en cambio sí están en Fiorito, Moreno, etc. Son cosas distintas.
El tema con Berni es que más allá de lo que hizo durante su período como secretario de Seguridad en la gestión anterior, en estos 4 años se ha cansado de decir que estaba de acuerdo con las medidas de Bullrich. Hay un debate que tuvieron con mi compañero Ismael Jalil en televisión en el programa del «Gato» Silvestre, en donde defendió las armas Tasser, que son una picana portátil. En ese mismo programa planteó que estaba de acuerdo con muchas de las otras medidas que veníamos cuestionando de la Ministra Bullrich. Se ha manifestado explícitamente de acuerdo con la doctrina Chocobar, dijo que él si hubiese sido el ministro también hubiese recibido a Chocobar. Y ahora está dirigiendo esos 90.000 efectivos de la policía bonaerense y vecino a la Ciudad de Buenos Aires. La coordinación entre la policía de la Ciudad de Buenos Aires y la Bonaerense siempre ha generado problemas y siempre se han estado buscando formas de articular. La famosa interna entre los «patanegra» y los «federicos» que justamente ahora tiene un nuevo protagonista que es la policía de la Ciudad con los 27.000 federales más los 9.000 de la Metropolitana más los que han reclutado en este último tiempo y donde nos encontramos con una lógica similar, porque la de Santilli y D´Alessandro que se quedan con Rodríguez Larreta, es la lógica de Berni.
Entonces lo que vemos es una clara señal de que en el punto neurálgico, que es el que más problemas le trae a los gobiernos cuando no se logra resolver la conflictividad social, que son los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, el Puente Pueyrredón, el Puente La Noria, la Panamericana, los lugares en donde hemos sufrido grandes represiones incluso con muertes, allí va a haber de un lado y el otro dos fuerzas que van a estar manejando la misma lógica.
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