El mayor logro de la gestión del Gobierno del presidente argentino Mauricio Macri, sería llegar al final de su mandato y no terminarlo prematuramente, dada la delicada situación económica en Argentina, según el análisis de la periodista Mary Anastasia O’Grady en The Wall Street Journal. Para los trabajadores y trabajadoras organizadas el jueves la jornada […]
El mayor logro de la gestión del Gobierno del presidente argentino Mauricio Macri, sería llegar al final de su mandato y no terminarlo prematuramente, dada la delicada situación económica en Argentina, según el análisis de la periodista Mary Anastasia O’Grady en The Wall Street Journal.
Para los trabajadores y trabajadoras organizadas el jueves la jornada comenzó temprano con concentraciones en los diferentes puntos del Area Metropolitana donde hay despidos: Hospital Posadas, INTI, Jefatura de Gabinete. Hacia el mediodía, por los distintos accesos a Capital Federal fueron arribando columnas organizadas: Acceso Oeste, Sur y Norte. Fue al mediodía que los miles de compañeros y compañeras confluyeron en la intersección de 9 de Julio y Avenida de Mayo. Hacia las 14 horas comenzaba el acto central de la jornada en Plaza de Mayo.
Abrió el acto la madre de todos los luchadores y luchadoras, Nora Cortiñas: «Pedimos la reincorporación inmediata de todos y todas las despedidas y despedidos porque todos y todas son imprescindibles. No sobra nadie, en ningún puesto, todos y todas somos imprescindibles. 30.000 detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre, hasta la victoria siempre, ¡venceremos!».
Hugo «Cachorro» Godoy tomó el micrófono e informó que durante toda la jornada hubo paro y movilizaciones desde Jujuy a Tierra del Fuego.
Como parte de la Federación Azucarera Regional, Rafael Vargas dijo: «Venimos de Salta y Jujuy representando a la Federación Azucarera Regional (FAR) que ante este avasallamiento ha preparado una caravana para el lunes 19, transitando más de 200 kilómetros visibilizando nuestros conflictos».
Al coreo de «En INTI no sobra nadie, en INTI no sobra nadie», tomó la palabra el delegado General de ese organismo, Francisco «Pancho» Dollman, que afirmó que en ningún sector del Estado sobra gente. «Van 21 días de acampe y permanencia, 21 días de construir un camino que tiene que ver con el compañerismo, la lucha y el compromiso», añadió a la vez que dijo que entre los despedidos hay 40 delegados.
Este lunes los trabajadores tienen pautada una asamblea por la mañana y una reunión a las 16:00 con el Ministerio de Modernización en la que las autoridades habían anunciado que plantearían una «solución integral al conflicto».
Sobre el conflicto en el Hospital Posadas, que enfrenta 122 despidos, habló Mirta Jaime de CICOP: «El Hospital Posadas no se vende, se defiende, y al gobierno de Macri le decimos que no estamos dispuestos a seguir con este plan de ajuste porque estamos dispuestos a defender el trabajo y una salud universal, gratuita y de calidad para todos y todas».
Recién llegado de Río Turbio, habló Cristian Rodillo: «El carbón se transforma en energía para darle electricidad a 4 provincias, pero este Gobierno cree que eso es inviable. Le decimos basta a la política del Gobierno Macri. Tenemos que estar organizados. No queremos a nuestros dirigentes al frente, los queremos al lado. Con organización vamos a poder lograr que esta lucha salga adelante».
Por su parte, Gustavo Montiveros, del SENASA pidió «la inmediata reincorporación de los compañeros y compañeras y también queremos denunciar y poner en alerta a la población sobre el achique de nuestro organismo y el peligro sanitario para todos los ciudadanos y ciudadanas que consumimos productos de origen cárnico y de origen vegetal, dado que están sacando los controles del Estado y se lo están dando a los entes privados encabezados por la Sociedad Rural Argentina».
En representación de los SUTEBA combativos que movilizaron en toda la provincia, Romina Del Plá, dijo: «Traigo el saludo de la docencia a esta movilización de sindicatos, organizaciones de obreros ocupados y desocupados, movimientos sociales», y sentenció: «Frente a los despidos y los cierres de fábricas nos planteamos la necesidad de la ocupación y de las huelgas».
Por los trabajadores de prensa, habló el secretario General del SIPREBA, Fernando «Tato» Dondero: «Estamos orgullosos de ser parte de esta movilización porque es la marca de los conflictos y la lucha. Porque es la movilización de los trabajadores para cambiar el rumbo de ajuste de este gobierno» e informó que en prensa se perdieron en los últimos dos años más de 2.000 puestos de trabajo: «Cada vez menos voces y menos democracia para decir lo que pasa en el país», remarcó al tiempo que denunció el achicamiento y vaciamiento de los medios públicos.
Fredy Mariño, de la Corriente Clasista y Combativa dijo que esta movilización es «ejemplo de unidad porque la patria está en peligro». En representación de CTEP, hizo uso de la palabra el referente de La Dignidad, Rafael Klejzer, quien manifestó: «Quiero saludar este paro activo porque imagínense qué haría el sector más rezagado, que es el de la economía popular sin un Estado presente, o sin trabajadores comprometidos en la construcción de un Estado para todos».
Jorge Adaro, Secretario General de Ademys, añadió: «Esta es una jornada ejemplar que va en el curso de avanzar en nuestro repudio y lucha contra el ajuste del gobierno y los gobernadores. Los docentes ya estamos debatiendo qué vamos a hacer, y si no hay marcha atrás con el tope salarial del 15 %, habrá paro», anunció.
Walter Córdoba habló en nombre de Barrios de Pie: «Es un orgullo estar acá reclamando la emergencia alimentaria para nuestros comedores escolares y comunitarios. Queremos un Estado presente que fortalezca nuestros derechos», remarcó.
El acto cerró con las palabras del secretario General Adjunto de la CTA Autónoma, Ricardo Peidro quien informó que en el marco de la Central, «hoy están parando los estatales pero también los compañeros de la actividad privada como los AAPM, que enfrentan a la industria farmacéutica, los docentes de Conadu Histórica y los médicos de Fesprosa».
La jornada terminó con un abrazo a la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, ejemplo de lucha, coherencia y resistencia.
Entre las actividades centrales en todo el país, en el Alto Valle se bloquearon las Rutas 22 y 6 a la altura de la rotonda de Paso Córdova en la ciudad de General Roca (Fisque Menuco). En Viedma los estatales montaron una radio abierta frente al Ministerio de Trabajo de la Nación y en San Carlos de Bariloche se realizó una expo-lucha en la esquina de las calles Onelli y Moreno.
En Rosario, trabajadores del sector público y privado marcharon hasta Gobernación en repudio a los despidos y por la apertura de paritarias.
Cerca de las 13:00 comenzó el corte de medio carril en la ruta que une las localidades de Río Turbio y 28 de Noviembre (Santa Cruz), en la intersección de Mina 3. Los mineros entregaron panfletos de invitación a la caravana que iba a realizarse a las 15:30 y que contó con una gran adhesión de cientos de vehículos y habitantes a pie que se concentraron en la Mega Usina 240 a manera de reclamo por su reactivación, y el pedido de que se realicen las inversiones necesarias para el tramo final de la obra.
La comunidad nuevamente respaldó a los mineros yendo juntos a Boca de Mina 5 para votar nuevas medidas de lucha. La semana pasada los mineros recorrieron las escuelas para sumar a los alumnos y los docentes. También fueron a Río Gallegos y Calafate para instalar el conflicto minero.
Organizaciones sociales
Miles de trabajadores de la economía popular, de la Ciudad de Buenos Aires, se movilizaron en el marco de la Jornada Nacional #SialTrabajo #Noalajuste. Participaron la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) con el apoyo del movimiento obrero organizado de los distintos sectores.
El principal reclamo tiene que ver con la articulación del Estado para proveerse del trabajo y la producción de las diferentes cooperativas del sector.
Se realizó un acto en el barrio porteño de Parque Patricios, donde se ubica la nueva sede del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la participación de miles de trabajador@s.
Más de 40.000 trabajadores y trabajadoras de la CTEP, la CCC y Barrios de Pie marcharon junto a otras organizaciones sociales y sindicales, a la gobernación de la provincia de Buenos Aires en La Plata, en el marco de una jornada nacional de lucha hacia todas las gobernaciones del país. Le exigieron al gobierno de María Eugenia Vidal la emergencia Social y Alimentaria, y que un 25 % de los fondos para obras públicas sean destinados a cooperativas.
Además, estuvieron presentes Juan Carlos Schmid (CGT), Pablo Moyano (Camioneros), Sergio Palazzo (Bancaria), Pablo Micheli (CTA), Roberto Baradel (SUTEBA), el Frente de Organizaciones en Lucha, el Frente Popular Darío Santillán, el Frente Barrial 19/12, el Frente de Organizaciones Populares y el Frente Social 17 de octubre.
Los movimientos populares anunciaron que participarán de la jornada de lucha del 21 de febrero en la 9 de Julio y del paro y movilización nacional de mujeres del 8 de marzo.
Bancarios
Miles de empleados del Banco Provincia (Bapro) recibieron el viernes una amarga noticia cuando fueron a cobrar los premios y horas extras. En lugar de percibir el plus habitual, como suelen hacerlo a mitad de mes, esta vez quienes hicieron paro en diciembre pasado se encontraron con quitas de más de $ 1.500.
La poda afectó a cerca de 8.000 empleados, a pesar de lo cual las Comisiones internas ratificaron los paros previstos para el próximo lunes y martes en adhesión a las medidas anunciadas por el líder del gremio, Sergio Palazzo, luego de plegarse a la huelga del viernes 9 y realizar una propia el jueves previo.
«Estos descuentos no nos alarman ni amedrentan, sabemos que a fin de mes va a ser duro el día de cobro, pero como laburantes nos preocupa el futuro del Banco porque la reforma jubilatoria lo desfinancia, y Curuchet (presidente del BAPRO) ya tiene que explicar serios compromisos ante el BCRA», dijo Santiago Etchemendi, Secretario general de la Comisión Interna del Banco.
El conflicto viene en ascenso desde fines del año pasado, cuando la Legislatura bonaerense aprobó la reforma de la caja jubilatoria (ley 15.008), que eleva la edad para jubilarse a 65 años y establece una rebaja en las jubilaciones.
Mientras tanto, Sergio Palazzo ratificó el paro nacional de lunes y martes en todos los bancos del país en rechazo al aumento del 9 % ofrecido por los bancos. «Pido disculpas y comprensión a la gente pero no nos dejan otro camino», manifestó Palazzo, quien cuestionó la propuesta salarial al señalar que «el propio Banco Central está diciendo que la inflación es de 19,4 %».
«Si pagan el 19,4 % como dice el Banco Central con cláusula gatillo retroactivo al primer día del acuerdo, está todo bien y firmamos, no hay ningún problema», remarcó el gremialista.
Docentes
Los docentes bonaerenses rechazaron el jueves la primera oferta salarial realizada por el gobierno de María Eugenia Vidal en el arranque de la negociación paritaria, que consistió en una suba del 15% y un plus de 4.500 pesos para los que no faltaron ni pararon a lo largo de 2017. Los gremios pidieron ser convocados nuevamente en forma «urgente», ya que sólo restan 12 días hábiles para el inicio de clases, y reclamaron que la propuesta contenga la cláusula gatillo atada a la inflación.
«La propuesta es absurda y disparatada porque todas las consultoras, aún hasta las más
afines al gobierno, están proyectando una inflación que va a superar el 20%», sostuvo a la salida del encuentro la presidenta de la FEB, Mirta Petrocini, quien consideró que «el gobierno debe hacer un mayor esfuerzo». La dirigente también lamentó que el gobierno los haya convocado recién ahora cuando restan pocos días para el inicio de clases en vez de hacerlo en diciembre o enero. «La paritaria 2017 está vencida, se perdió un tiempo valiosísimo», dijo y también reclamó que la próxima oferta incluya la cláusula gatillo: «En honor a la verdad fue una herramienta que nos permitió no perder poder adquisitivo».
Esa cláusula fue propuesta el año pasado por el gobierno y, aunque era resistida en un principio por los gremios, finalmente la terminaron aceptando y les permitió que los salarios quedaran igualados con la inflación oficial que cerró en 24,8%. El mes pasado, cuando se conoció la inflación de diciembre, los maestros bonaerenses tuvieron una compensación del 3,3% porque el aumento firmado con Vidal era del 21,5% y había quedado por debajo del costo de vida.
A tres semanas del comienzo de clases la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires a cargo de María Eugenia Vidal, emitió un comunicado donde informa que se «ordena la clausura temporaria y la nueva reorganización» en ocho de las Escuelas del Delta.
Cabe aclarar que todas las escuelas que detalla el comunicado, se encuentran en perfecto estado para comenzar el ciclo lectivo, por lo tanto, no existe explicación para tan aberrante decisión. En el Delta, la vida social de la comunidad se organiza en torno a las actividades comunitarias. Las Escuelas, son parte de este sistema de organización social de los isleños. Los niños recorren distancias de hasta 2 horas en lancha colectiva, para asistir a su escuela y el reagrupamiento en otros establecimientos, además de provocar un grave desarraigo, generaría que deban recorrer distancias aún mayores.
Como ejemplo de esta organización social, en la Escuela 19 de A° Las Cañas, por ejemplo, funciona una huerta comunitaria, de la que se alimentan muchas familias de la zona.
El gobierno de Mendoza, que había convocado a una reunión para «mejorar su oferta», volvió con los mismos números y la propuesta que ya fuera rechazada por los docentes. Insistió en un 15,7 % de aumento para 2018 en tres cuotas (enero, julio y noviembre). Además, propuso una cláusula de ajuste automático de acuerdo a la inflación, determinado por el IPC zona Cuyo. Esta misma propuesta había sido rechazada por el sindicato ya que no contempla la pérdida salarial de 2017, donde la inflación llegó al 27%.
Desde el Sute aseguraron que aunque la propuesta es insuficiente, serán las escuelas de toda la provincia, en asambleas, las que voten si es aceptada o elaborar una propuesta alternativa.
Sin embargo, desde el gobierno informaron que no aceptarán contrapropuestas y volvieron a amenazar con un nuevo decretazo en caso que los trabajadores y trabajadoras de la educación no acepten la oferta.
Municipales
El gobierno porteño ignoró en las últimas horas un fallo judicial que obligaba a poner a ATE en pie de igualdad con Sutecba y UPCN en la discusión paritaria. La administración de Horacio Rodríguez Larreta arregló un acuerdo del 12 % con esos dos gremios y ahora quiere cerrar por separado con ATE con un argumento que los estatales consideran extorsivo: si firman, se podrá negociar la situación de 34 despedidos.
Jorge Rey, director General de Relaciones Laborales de la Ciudad, y José Orlhanian, paritario central, plantearon a ATE que si firman por el 12 %, hay chances de discutir los 34 despidos en la Secretaría de Integración Social y Urbana ubicada en la Villa 31, y en el Canal de la Ciudad. Los cesanteados son todos afiliados a ATE. Los despidos fueron bajo el argumento de la reestructuración, aunque el gremio denuncia que se siguió tomando gente. «Advirtieron que si no acordamos el 12 % que firmaron los otros, los 34 no vuelven», denunciaron.
No obstante, bajo el título de «Toda la verdad», el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (Sutecba) emitió un durísimo texto dirigido al Gobierno de la Ciudad en el que señala que «una aviesa y falaz actitud por parte de un funcionario político está comprometiendo el destino de un acuerdo». En ese marco publicaron a través de un comunicado subido a la página web de Sutecba los puntos que hasta ahora fueron acordados de palabra con representantes de Horacio Rodríguez Larreta.
«1. Aplicación de la cláusula gatillo (período abril-marzo 2017/2018). A fin de compensar el atraso salarial provocado por la evolución del IPC se aplicarán medidas compensatorias.
«El próximo 22 del corriente se abonará a todos los trabajadores del escalafón general (planta permanente y transitoria) una suma no remunerativa de 5.000 pesos.
«Con los haberes del mes de marzo se aumentará en un 3% el salario conformado. El monto que resulte será la base del cálculo para todo acuerdo que se lleve a cabo a partir del 1º de abril del corriente año. «Los trabajadores de la Obra Social de la Ciudad recibirán los mismos beneficios que el personal del Gobierno. «La aplicación de esta cláusula arroja el siguiente resultado, respecto de los haberes de este período. «Porcentaje total de aumento 23%.
Asimismo, el gremio destacó que lo acordado hasta ahora incluye también que «el 1º de marzo comenzará el proceso de transferencia de 2.000 trabajadores contratados a planta transitoria» y «el pase a planta permanente de 650 compañeros, que se efectuará desde el mes de agosto en adelante».
Además, «en el mes de julio se hará efectivo el pago del re-encasillamiento de la Nueva Carrera Administrativa», con un incremento promedio del 5 % en los sueldos.
Asimismo, «en el mes de agosto se sumará un 4% más de aumento».
Dibujando el 15%
Alfonso de Villalobos, en Tiempo Argentino señala que «En su cruzada por imponer un techo del 15% en las paritarias 2018, el gobierno ha lanzado una campaña en la que asegura que impulsará el reemplazo de las cláusulas gatillo en los acuerdos paritarios por las cláusulas de revisión. La propuesta fue presentada por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, como una idea novedosa que permitiría destrabar las negociaciones paritarias, evitando un mecanismo de indexación de los salarios establecido a priori y que, según la teoría económica oficial, abonaría a la llamada inflación por expectativas.
Sin embargo, la propuesta no tiene nada de novedoso. Las cláusulas gatillo que atan los salarios al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que publica el Indec, y que bajo ese formato se aplicaron en escasos acuerdos en 2017 (bancarios, estatales y docentes bonaerenses), fueron el resultado del fracaso de las de revisión que, con distintas redacciones, aparecen en acuerdos paritarios desde 2014. Según un relevamiento realizado por el Observatorio Social de la CTA, ya en ese año aparecieron cláusulas en los acuerdos paritarios de los gráficos, los portuarios de la Fempinra (portuarios y obreros navales), los molineros, los trabajadores del caucho y los de la industria de pastas alimenticias, entre otros. En 2015, también hubo cláusulas de esa naturaleza en los acuerdos de los locutores, los bancarios, los imprenteros, los de espectáculos (SUTEP) y hasta en el SMATA. Las formulaciones de aquellos acuerdos adolecían de una gran vaguedad. En general establecían que «de producirse un desfasaje sustancial y extraordinario de la economía» o «en caso de deteriorarse en forma pronunciada la situación», las partes «podrán acordar reunirse». Si bien es cierto que entonces se carecía de un indicador objetivo de inflación que hiciera de parámetro, esas cláusulas fueron ignoradas o, en el mejor de los casos, sirvieron de fundamento de las patronales para el pago de un bono que no recompone el salario ni eleva la base para la negociación posterior.
La aparición de las cláusulas gatillo durante 2017 persiguió un propósito muy definido: consolidar la pérdida del poder adquisitivo en 2016. Ante el reclamo de los sindicatos por obtener una recomposición hacia atrás, el gobierno promovió una garantía hacia adelante, desconociendo precisamente cláusulas de revisión vigentes para viabilizar el cierre de paritarias durante ese año.
Ahora, el propósito es garantizar la pérdida del poder adquisitivo del salario que se producirá en 2018 si los acuerdos se sellaran en 15% cuando la inflación estimada por las consultoras que releva el Banco Central, alcanza al 19,6% según los resultados de enero que, a todas luces, parece conservador a partir de la disparada del dólar que ya roza los $ 20,5, con su impacto en los precios de alimentos y energía».
No obstante, el Gobierno comenzó a encarrilar las negociaciones salariales de este año con gremios afines en la pauta sugerida del 15%, aunque con agregados y cláusulas ocultas que elevan los montos y habilitan salvaguardas contra la inflación. El miércoles fue el turno del sindicato de Obras Sanitarias, que lidera José Luis Lingeri, que firmó con la compañía de aguas AySA un aumento con ese valor nominal mediante dos cuotas de 7,5% acumulativas y que incluye un plus de 2,8% y una garantía de revisión en noviembre. Bajo los mismos parámetros el Ejecutivo espera anunciar esta semana el acuerdo de Comercio, el más numeroso del sector privado, y otros de organizaciones que, al mismo tiempo que sus paritarias, negocian con los funcionarios recursos para las obras sociales.
La ex legisladora porteña de Cambiemos, Claudia Calciano, reconoció que el gobierno nacional utilizó los fondos de las obras sociales para presionar a los sindicatos para que no marchen el 21 de febrero. La cifra total es 5.000 millones de pesos que entregará la administración de Mauricio Macri a los disidentes de la movilización.
El dinero permanece paralizado y en aumento -por intereses- desde que en agosto de 2016 Macri alcanzó un acuerdo global con el sindicalismo peronista para darle salida a unos 30 mil millones de pesos que la gestión anterior había acumulado y que sólo entregaba en cuentagotas de acuerdo a la agenda política de cada momento con la CGT.
Tintoreros y remiseros también aceptaron el jueves 8 el aumento salarial impuesto por el Gobierno nacional «para contener la inflación», cuando aún tienen cuotas por cobrar del acuerdo sellado en 2017.
Por encima de la pauta de paritarias que intenta fijar el Gobierno nacional, tractoristas y cosecheros cerraron un aumento salarial de casi 38% con la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA). Esta entidad fijó una nueva remuneración mínima para el personal que se desempeña como conductor tractorista y maquinista de cosechadoras de cereales y oleaginosos en todo el territorio nacional, lo que incluye también la recolección de arroz.
Entre abril y julio de 2018, sin el aporte remunerativo, el salario mínimo para conductores tractoristas y maquinistas de cosechadoras de granos (incluyendo arroz) se fijó en $ 20.428, una cifra 22% superior a la vigente en ese período de 2017. El ajuste promedio ponderado del período, en los primeros siete meses de 2018, es del 37,7% con respecto a los valores mínimos fijados por la CNTA en enero a julio de 2017.
Nuevo convenio ferroviario
Entre el 4 de enero y este 14 de febrero no hubo calma en la órbita ferroviaria: María Eugenia Vidal definió la liquidación de la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial, entidad conocida como Ferrobaires, dejando cesantes a más de 1.000 ferroviarios, además de condenar a la extinción a ramales enteros y servicios de pasajeros de larga distancia, con lo que también se perjudica al público usuario del interior del país.
¿Qué hizo la Unión Ferroviaria ante este panorama? Cerró los ojos, aunque no se quedó cruzada de brazos porque les negó hasta el más mínimo apoyo a los despedidos de Ferrobaires, llegando al colmo de cerrar con candados el local de la seccional Sud para impedir que realicen una asamblea.
En este contexto, lo que la UF y el Gobierno presentan como el gran logro del nuevo acuerdo paritario es el hecho de haber unificado varios convenios preexistentes ya que prácticamente había uno por línea. Para el Gobierno se trataría de una «modernización». Para ilustrar de qué se trata: de 323 funciones que se describían en 6 convenios distintos, ahora se reducen a 103 funciones; de toda una diversidad de categorías en las que se encuadraba a los trabajadores, se pasaría a sólo 8 apuntando a la polifuncionalidad y a «mejorar la productividad», cumpliendo las mismas funciones con menos personal.
Voceros del Gobierno destacan que con estos nuevos convenios se pone el foco en «la meritocracia» y en la «formación y capacitación para lograr avanzar en una carrera ferroviaria». El aspecto más escandaloso, plasmado en el nuevo convenio es el de la extensión de la categoría inicial -de aprendiz- y el período de prueba, pasando de 3 meses a 12.
Otra de las cuestiones es la apertura a la rotación de personal: «un trabajador podrá prestar servicios en cualquiera de ellas siempre y cuando lo solicite de forma voluntaria o acepte el requerimiento de la línea, pero jamás de otra forma», puntualizó Sergio Sasia de la Unión Ferroviaria, abriendo el paraguas a posibles traslados disciplinarios.
Privados
Los trabajadores de Cresta Roja cumplen la tercera semana sin producir debido al lock out patronal del grupo Proteinsa, la empresa que quedó a cargo luego de la licitación hace dos años y que está ligada a funcionarios del Macrismo.
El jueves en una asamblea con presencia de trabajadores de ambas plantas los operarios plantearon aguardar a que la empresa cumpla con los pagos salariales para retomar las tareas.
Los y las trabajadoras del Diario Hoy de La Plata salieron a la calle montando una redacción en plena avenida 32 a causa de los despidos que se vienen llevando a cabo.
Los trabajadores de la metalúrgica Stockl concentrarán el lunes las 9 de la mañana en la estación de Adrogué para marchar al Municipio e n defensa de sus puestos de trabajo. Reclaman TRABAJO, SALARIOS y DIGNIDAD para las 130 familias metalúrgicas que llevan meses sin cobrar y sin solución a su situación laboral. Mientras Mauricio Macri y la cúpula de Cambiemos se encuentra de «retiro espiritual» en Chapadmalal, los obreros que se encuentran trabajando en las refacciones encargadas por el Presidente en la Casa Rosada no cobran sus quincenas y hacen paros parciales.
Los empleados señalaron que aún se les adeuda la segunda quincena de enero y que tampoco cobraron el aguinaldo ni las vacaciones en tiempo y forma.
Las trabajadoras y los trabajadores de La Capital y LT8, reunidos en asambleas, decidieron declararse en estado de alerta ante el incumplimiento, por parte de la patronal, del pago de los salarios en las fechas comprometidas.
Luego de la quinta audiencia, el STIA (alimentación), Molinos Río de la Plata y el Ministerio de Trabajo, resolvieron continuar cinco días más con la conciliación obligatoria. De esta forma la patronal intenta seguir desgastando la lucha que los trabajadores llevan adelante por la reincorporación de los seis despedidos que fueron desvinculados por una clara persecución política y gremial.
Propuesta de pago, aceptación y levantamiento de las medidas de fuerza. Así se resume lo que pasó el jueves al mediodía en la ciudad de Firmat (Santa Fe), donde la empresa Vassalli llegó a un acuerdo con los trabajadores para el pago de salarios. La fábrica de cosechadoras entró en crisis semanas atrás producto -según sus dueños- de una fuerte baja en las ventas.
Los enviados de Vassalli se comprometieron a entregar cheques a partir de la semana que viene (uno cada siete días) para comenzar así a subsanar la deuda salarial que mantienen con los más de 400 empleados.
La empresa pretendía echar a 200 trabajadores, pero finalmente se redujo a 51 retiros voluntarios. Cada uno de los empleados que aceptó esa opción cobrará el 75 % de la indemnización, dos cuotas mensuales de 2.500 pesos que aporta la provincia y el subsidio por desempleo de Nación «ampliado» (se cobra la mitad de una vez y el resto en cuotas regulares de acuerdo a la antigüedad de cada uno). El acuerdo tiene plazo hasta el 31 de septiembre. Veinte trabajadores más se sumaron a la ola de despidos de Electrolux en su planta rosarina, por lo que ya son 80 los trabajadores cesanteados. La empresa de electrodomésticos se escuda en una importante baja en las ventas, producto de la apertura de importaciones, que la llevó incluso a frenar la producción de una línea de freezers que desarrollaba.
Los trabajadores de la cadena de vinotecas Winery tomaron un local en el microcentro porteño en reclamo de salarios adeudados del año pasado. Se trata de unos 100 empleados precarizados que no reciben su compensación desde noviembre y que se suman a los 45 despidos en puestos permanentes. La distribuidora suele tomar personal de octubre a diciembre, meses fuertes en ventas por las Fiestas y los desvincula el último día del año. La dirección de Winery reconoce problemas económicos y financieros y ofreció abonar lo adeudado en dos cuotas antes de que termine febrero, y ya depositó la primera. Los empleados mantenían una vigilia en los depósitos de la distribuidora para asegurarse una garantía en caso de incumplimientos.
Nuevamente los chacareros de Río Negro mostraron su reclamo ante la falta de medidas de competitividad regalando fruta. Los productores de Allen, Fernández Oro y Cipolletti se instalaron en el costado de la Ruta 22, a la altura de la Isla Jordán, con 30 toneladas de manzana que fueron cosechadas en 2017.
El objetivo del reclamo fue visibilizar la falta de competitividad de los medianos y pequeños productores. Además, el aumento de energía y la entrada de manzana de Chile fueron los principales ejes en el reclamo.
Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), reclamó al Gobierno que incorpore a las pequeñas y medianas industrias en el esquema de subsidios que beneficia a los consumidores electro-intensivos.
El IPA alertó que la actual política tarifaria en materia de energía «castiga fuertemente» a las Pymes industriales debido a que solamente existen beneficios destinados a las empresas «ultra-electro intensivas», con un consumo superior a 5KW hora por Kg/producido, y que alcanzan a grandes empresas dejando afuera al universo Pyme.
La interna cegetista
El triunviro de la CGT Juan Carlos Schmid consideró que el ciclo de conducción compartida de esa central obrera «está agotado» y descartó la posibilidad de que un nuevo proceso pueda ser encabezado por el líder camionero Hugo Moyano. «Los mentores de este proceso (del triunvirato) fueron Moyano, (Antonio) Caló y (Luis) Barrionuevo, y hay que hacerse cargo de los errores que se han cometido», puntualizó en lo que fue la primera vez que uno de los miembros de esa cúpula expresa públicamente lo que era un secreto a voces.
«Tengo la impresión que este ciclo está agotado. Si uno está desautorizado para tomar acciones, no tiene sentido seguir», afirmó el dirigente, que situó el punto de inflexión en el paro del 19 de diciembre pasado al que no adhirieron algunos gremios, entre ellos la Unión Tranviarios Automotor (UTA). «En diciembre, cuando la mayoría de los sindicatos grandes desobedecieron el mandato del triunvirato, ahí se entró en una crisis profunda», admitió Schmid durante una entrevista, en la que estimó que la situación que puertas adentro vive la central obrera no se resuelve con una conducción única o compartida.
Por otra parte, ratificó su apoyo a la marcha del próximo miércoles 21 que distintos sindicatos y las dos CTA realizarán contra las políticas de ajuste del gobierno de Cambiemos, y negó que las razones de esta protesta estén centralizadas en la embestida de la Casa Rosada contra el camionero. «Más allá de la disputa Moyano-Macri, hay una multitud de problemas que van a ser puestos en evidencia» durante esa movilización, aseveró y remarcó que esas demandas «obedecen al deterioro económico y social que atraviesa el país».
En este sentido, el dirigente admitió además que la relación entre la CGT y el Gobierno «ha sido de mucha tensión» en los últimos meses, sobre todo desde que Mauricio Macri lanzó las reformas previsional, laboral y tributaria. Estas iniciativas, sostuvo, implicaron «un quiebre importante» en la relación, y por eso «hoy no hay diálogo».
El 18 de enero pasado Luis Barrionuevo fue el anfitrión para la tradicional cumbre sindical marplatense. El evento, que sirvió de plataforma para el regreso de Hugo Moyano a la arena sindical cotidiana, encontró, a diferencia de otros años, al líder gastronómico con críticas feroces al Gobierno de Mauricio Macri. Tanto es así que hizo las veces de propulsor del duro documento que se dio a conocer y fue uno de los gestores de la idea de mostrarle los dientes al oficialismo con una movilización callejera masiva.
A menos de un mes de ese cónclave en La Feliz, recompuso sus desgastados lazos con la gestión de Cambiemos, se distanció del Camionero y empieza a repensar su posicionamiento en el espectro gremial, de cara a lo que queda de mandato de Macri.
Tampoco fue menor, al momento de tomar la decisión de despegarse del #21F, la situación judicial. Gastronómicos, pero también el gremio de Carlos Acuña (estaciones de servicio), entre otros pertenecientes a la CGT Azul y Blanca, vienen siendo seguidos de cerca por la causa que investiga la Jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, y su par de Quilmes, Luis Armella, por la emisión de documentación apócrifa. Algo más que habría incomodado a Barrionuevo fue el perfil de quienes confirmaron su asistencia a la marcha: kirchneristas, organizaciones sociales piqueteras y la izquierda.
Por último, pero no menos importante, se aseguró la recepción de algunos cientos de millones de pesos provenientes del Ministerio de Trabajo para endulzar sus convicciones. Es que la cartera de Jorge Triaca está en pleno reordenamiento de la gestión de los fondos de capacitación y Barrionuevo, junto con Gerardo Martínez, Antonio Caló, Armando Cavalieri y Ricardo Pignaneli, se garantizaron hegemonizar el reparto de unos $ 1.500 millones.
La fractura que provocó en la CGT la confrontación de Hugo Moyano con el Gobierno y la marcha de protesta pautada para el 21 también tendrá su correlato entre los gremios del transporte. La CATT que nuclea al grueso de sindicatos del rubro, el de mayor poderío propio en la constelación de la Central obrera, quedó virtualmente desactivada y sometida a un tironeo que deberá resolverse tras la movilización del miércoles que viene.
A los líderes de UTA y La Fraternidad los une una común dependencia de los subsidios oficiales al transporte para sus respectivas paritarias de cada año. Ese factor jugó en varias ocasiones a favor del Gobierno para derivar en deserciones de último momento en acciones de protesta.
Abel Furlán, titular de la UOM Seccional Zárate-Campana, tomó distancia del titular nacional de los metalúrgicos y manifestó que acompañará la movilización del #21F convocada por Camioneros. «Nosotros sentimos que la prioridad es salir a manifestarse en contra de las medidas económicas», explicó Furlan.
«Cuando encarcelaron a Momo, Hugo Moyano convocó urgente a la CGT y movilizamos para pedir la liberación de Venegas. No me gusta que hoy Uatre de la espalda a Camioneros», reprochó el sindicalista farmacéutico Marcelo Peretta a través de su Facebook. «Hugo es un líder nato, un dirigente que nos ha acompañado y apoyado cuando no teníamos nada», recordó. Peretta es uno de los 10 sindicalistas que integran «La 62» que decidieron respaldar la movilización.
Los luchadores votaron una columna independiente para el 21F Dos mil trabajadores y trabajadoras se reunieran este sábado por la tarde en el Hospital Posadas.
El protagonismo lo tuvieron los conflictos en curso: los trabajadores del mismo Hospital Posadas, los mineros de Río Turbio, los trabajadores del Inti, Senasa, La Esperanza, UEP de La Plata, Ferrobaires, Diario Hoy de La Plata, Cresta Roja y Stockl, entre otros.
A la extensa lista hay que sumar al Hospital Garrahan, ATE Sur, Ministerio de Trabajo de la Nación, la Unión Ferroviaria de Haedo encabezada por Rubén «Pollo» Sobrero, las Listas Roja y Granate en la conducción del Sutna, Sindicato de Aceiteros, Comisión Interna de Mondelez-Victoria, trabajadores de Pepsico en lucha, entre muchos otros.
Uno de los objetivos de la coordinación es favorecer a los conflictos en lucha, mejorando las posibilidades de pelear. También hubo un capítulo especial para las docentes, que están en las puertas de un conflicto testigo por salario, igual que los bancarios. Por eso fue importante la participación de delegaciones de los SUTEBA combativos así como de representantes del SUTE (Mendoza), Ademys y AMSAFE.
Otro de los aspectos más importantes para avanzar en este camino fue la decisión, votada por unanimidad, de convocar a una jornada nacional de protesta el miércoles 28 de febrero. Ese día, quienes participaron del Encuentro deberán definir bajo qué modalidad son parte de una acción de lucha conjunta.
Las críticas hacia las conducciones sindicales burocráticas fueron un común denominador. Entonces, el miércoles 21 de febrero habrá una columna encabezada por los convocantes al Encuentro y otros sectores, que exigirá un paro nacional y un plan de lucha unificado a las centrales y sindicatos que dicen oponerse al ajuste.
Julián Morales, trabajador despedido de la UEP de La Plata planteó que «vamos a ir a la marcha del 21F pero con una columna independiente. No tenemos nada que ver con Moyano y no tenemos nada que ver con la burocracia sindical», pero también fue crítico con el rol que venía jugando ATE Nacional y Provincial conducidos por «Cachorro» Godoy.
Luego de que pudieran intervenir todos los referentes que estaban en el Encuentro, se votaron a mano alzada las resoluciones. Para pelear por la reincorporación de los despedidos, contra los techos salariales y la precarización, contra la criminalización de la protesta y otros puntos, se definió:
– Organizar una columna independiente el 21F, con una bandera que plantee «Reincorporación de todos los despedidos, basta de ajuste. Paro General y Plan de lucha». Además se pedirá que los que vienen enfrentando los despidos tengan una voz en el acto.
– Realizar una Jornada Nacional de Lucha el miércoles 28 de febrero, con acciones simultáneas en distintos puntos del país.
– Continuar con la coordinación, con una reunión el 6 de marzo que evalúe la jornada de lucha, nuevas actividades y la realización de un nuevo encuentro.
– El apoyo a la carpa que instalarán los mineros de Río Turbio en la Plaza Congreso.
– Apoyar a los docentes contra el techo salarial y a todos los gremios en lucha por el salario.
– Apoyar y promover el Paro Mundial de Mujeres del 8M. Exigir a las centrales y sindicatos que se pare efectivamente.
Inflación
La inflación en el primer mes del año se ubicó en un 1,8 %, informó el Indec, impulsada por alimentos y bebidas, la nafta, rubros asociados al turismo y telefonía celular. El dato implica un mal comienzo para el cumplimiento de la meta anual del Banco Central del 15 % y alimenta los pedidos salariales en paritarias por encima del techo que quiere imponer el Gobierno. La suba en el pasaje de colectivo y de tren junto al incremento en la electricidad y el gas, las prepagas y peajes impactarán en la inflación de febrero. Pero además, el Indec publicó ayer el informe de precios mayoristas, que registra un alza del 4,6 %, lo que preanuncia posibles traslados adicionales a los minoristas.
La Corte ratificó la «inmunidad» para delegados gremiales
La sentencia, que lleva la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, revocó un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario que había privado a un docente universitario de la garantía legal de estabilidad en el puesto de trabajo que ampara a los representantes sindicales. A través del fallo, que contó con el voto concurrente el juez Horacio Rosatti, y con la disidencia del juez Carlos Rosenkrantz, la Corte concluyó que no caben la suspensión o el despido «salvo que mediare justa causa».
Fuentes: Resumen Latinoamericano, Anred, La Izquierda Diario, Argentina Indymedia, Red Eco Alternativo, periodicoelroble.wordpress.com
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