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Sobre la legalización de los matrimonios homosexuales en el Distrito Federal

La homofobia se disfraza de raciocinio

Fuentes: Rebelión

La polémica desatada debido a las recientes reformas en el Distrito Federal que permiten a las parejas homosexuales contraer matrimonio y adoptar hijos da una buena ocasión para repasar algunos de los puntos de caracterizan a la intolerancia de los conservadores mexicanos. Como era de esperarse, los grupos afines a las cúpulas de la Iglesia […]

La polémica desatada debido a las recientes reformas en el Distrito Federal que permiten a las parejas homosexuales contraer matrimonio y adoptar hijos da una buena ocasión para repasar algunos de los puntos de caracterizan a la intolerancia de los conservadores mexicanos.

Como era de esperarse, los grupos afines a las cúpulas de la Iglesia Católica y algunas otras han puesto el grito en el cielo y también, lógicamente, el Partido Acción Nacional (PAN) está desarrollando estrategias para echar abajo la reforma. El conservadurismo de este país está desplegando su ofensiva por dos frentes: los altos curas políticos se encargan de un discurso de apariencia humanista, aprovechando el ascendente que tienen con muchas personas que aceptan sus palabras acríticamente; mientras, el PAN trabaja en lo político, buscando trucos legales y algunos que en realidad no lo son tanto, pero pueden ser disfrazados de tales si se cuenta con otros políticos o jueces corruptos…cosas que no escasean en este país.

Para variar los medios no están abriéndose en forma equitativa. Intentemos aportar algo a este debate y para ello lo mejor es entrar directamente a los ejes del discurso conservador: Vale decir que, como toda estrategia de convencimiento social, los ejes son de diferentes niveles: algunos, bastante burdos, son para las mentes más lerdas; otros son para gente más reflexiva pero que igual no lee gran cosa; y otros más, de corte intelectual, llevan incluso una capa de humanismo que algunas personas aceptan de buena fe, sin advertir que en realidad son trampas argumentales.

Desde luego, los de allá arriba saben que el objetivo de todo esto, así como de ofensivas contra a Teoría de la Evolución, la reglamentación del aborto, la eutanasia o las células madre, es mantener a la gente en la ignorancia y la intolerancia. De esa forma es más fácil de dividir y de dominar. Es, como siempre, la cuestión del poder. Estas líneas no van dirigidas a quienes desde arriba entienden todo esto, sino a los que estamos abajo; aquellos a quienes se pretende engañar. Es acá abajo donde tenemos que fortalecernos en lo cultural, lo ético y lo político. Los grandes medios no van a apoyar; nosotros tenemos que construir redes para ello.

En fin, vamos a los ejes del discurso conservador:

CONTRA LA HOMOSEXUALIDAD

1. La homosexualidad como aberración. Éste es quizá lo más burdo y visceral, pero lamentablemente hay mucha gente que lo esgrime; gente que ha aprendido a odiar sin motivo alguno. Gente que odia a quienes tienen una preferencia sexual distinta. Y hay que decirlo claro: la cúpula de la Iglesia Católica comparte una gran responsabilidad histórica en esto. Desde el mismo Vaticano se acusa a la homosexualidad de ser nociva, un insulto a la naturaleza, etc. Juan Pablo II, por ejemplo, siempre cultivó una imagen amable, con esa seductora sonrisa, pero si uno se documenta un poco se encuentra con que fue un tipo déspota, intolerante, sumamente duro con la disidencia, que persiguió y reprimió a los teólogos de la liberación, que incluso se lanzó a una estrategia desinformativa contra el uso del condón en África y en sus discursos atacó mucho a los homosexuales. Su sucesor tiene la misma línea, por la sencilla razón de que el entonces cardenal Joseph Ratzinger (hoy Benedicto XVI) era su brazo derecho en eso de reprimir. Era el director de la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF), que no es otra cosa que la Santa Inquisición, con otro nombre y «modernizada». Es la encargada de identificar a los miembros de la cúpula que están esgrimiendo ideas o prácticas que se consideran inadecuadas. Desde ese puesto, Ratzinger persiguió a muchos curas que se ponían de lado de los fregados de siempre. Su ascenso como Papa, además de lógico, demuestra que en el Vaticano no hay ninguna perspectiva de cambio. (Hubo una hace tiempo: Juan Pablo I, que llegó con un discurso de rechazo al capitalismo y de opción por una política social…sólo que el señor «se murió» a los pocos días de ascender al trono).

Para mucha gente lo que el Papa diga es LA verdad. Yo no vacilo en hacer moralmente responsables a gente como Juan Pablo II y a muchos sacerdotes menores de una buena parte de los crímenes de odio perpetrados contra gente cuyo único delito es su distinta preferencia sexual.

Psicológicamente hablando, el hombre puede llegar a arreglárselas para tomar como afrenta personal una acción que en nada le perjudica. El gran pensador Erich Fromm explicó en su libro «El arte de amar» que quien odia de esa manera es incapaz de amar realmente -aunque crea que sí-, y que a veces se trata incluso odio a uno mismo, que busca alguien en quien desahogarse para no volverse contra sí.

Los altos jerarcas católicos suelen meter la palabra «amor» en sus discursos, pero eso no quita que muchas veces sean en realidad palabras llenas de odio y que incitan al mismo. Es lo que uno piensa cuando oye por ejemplo a Onésimo Cepeda, obispo de Ecatepec; o a Juan Sandoval, obispo de Guadalajara, por mencionar sólo algunos de los más vulgares.

2. La homosexualidad como enfermedad. No tiene caso lanzarse a fondo aquí. Baste con decir que eso jamás se ha demostrado, y por el contrario, algunos estudios parecen haber encontrado evidencias de que se trata de una cuestión genética. A veces se usa esta afirmación con intención de insulto, pero en otras se le cubre de una capa de falso humanismo: «están enfermos, hay que ayudarlos». De nuevo, las vertientes agresiva y «razonada» con las que se puede presentar una ideología déspota. Eso no es raro. En el siglo XIX en Estados Unidos surgió un movimiento que parecía diferir del imperante racismo contra los indios a quienes se estaba despojando de sus tierras (Lakotas, Cheyennes, Nez Perce, etc., etc.), y cuyo lema era «maten al indio, salven al hombre». Se trataba de «educarlos» para que se convirtieran en ciudadanos americanos, que abandonaran su cultura porque era lo que los degradaba. Como ven, un racismo disfrazado de humanismo. No hay mucha diferencia con quienes dicen que los homosexuales no deben ser agredidos, sino que requieren ayuda psicológica. Seguramente en ambos casos ha habido y hay gente que abraza este discurso de buena fe, pero dominados por una intolerancia fruto de la ignorancia.

3. La homosexualidad como anormalidad. He aquí un eje de apariencia reflexiva que es necesario desmenuzar. Se dice que lo normal, lo natural, es que haya hembra y macho, que así es la naturaleza y que la homosexualidad está fuera de ello. Vale decir de entrada que en esta visión se aprecia la gran verdad expresada por Bertrand Rusell cuando señaló que lo que la gente llama «normal» es sólo el reflejo nostálgico de su adolescencia. Es decir, que tendemos a pensar que aquello con lo que crecimos es lo característico, lo natural: la propiedad privada de la producción, la sociedad estratificada económicamente, el modo capitalista, la religión monoteísta, la heterosexualidad, los matrimonios mixtos, etc., etc., y que todo lo demás es algo que, a lo sumo, si somos muy amables, le llamamos exótico. Yo le llamo simplemente el Síndrome de la Rana…aquélla que piensa que el estanque donde creció es todo el mundo, y no sabe que existe el océano.

La idea de la homosexualidad como anormalidad dice implícitamente que la mayoría numérica es lo que define lo «normal». Empleando la técnica de la reducción al absurdo, este criterio me obligaría a concluir que en un país anglosajón una minoría negra sería anormal, que esos negros son una bola de «anormales». Sólo alguien que comparta una ideología de tipo nazi estaría dispuesto a suscribir tal conclusión.

De lo que se trata es de dar un paso atrás para ver las cosas en una perspectiva de conjunto, más amplia. Lo normal no es sólo lo que más veces sucede…lo normal es que haya sucesos comunes y sucesos poco comunes. AMBOS FORMAN PARTE DE LA NORMALIDAD. Por todo el mundo se ve que las cosas se dan por generalidades y excepciones. Ésa es la regla, esa es la normalidad. Se sabe de homosexualidad en los hombres prácticamente desde siempre; y se ha comprobado homosexualidad en otras especies animales, como los simios. ¿Que son excepciones? ¡Exactamente! Y ellas forman también son parte de lo natural…forman parte de la regla natural.

En la postura contraria muchas veces puede estar presente una cierta actitud de LINCHAMIENTO; esa «valentía colectiva», que en realidad es cobardía individual. Considerar normal sólo al gran grupo en el que yo estoy incluido es una forma de apoyarse en mayorías para agredir -primero conceptualmente y luego físicamente- a los que son diferentes. Ahí está la semilla del fascismo.

Y tal actitud de linchamiento no sólo se manifiesta etiquetando como «anormales» a algunos; también es la forma en que se canalizan otros desprecios: hacia los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, los campesinos de Atenco, los maestros de Oaxaca, los estudiantes de la UNAM y muchos etcéteras. Son casos donde también ha salido a relucir esa idea de «son grupitos». ¿Acaso no es siempre lo que la campaña de desprestigio nos enseña a decir de ellos, que son «minorías», como si ello por sí solo fuera evidencia de que están equivocados y que nosotros, las mayorías «normales», tenemos la razón? Por eso una y otra vez hemos aplaudido gozosos la represión que en su momento se desató contra ellos. Ahora son los homosexuales a quienes -de nuevo- les toca estar en la picota de nuestra «conciencia colectiva normal».

A eso nos pueden llevar a veces criterios como el de la mayoría numérica. Hay que tener mucho cuidado con las posturas que asumimos.

CONTRA LOS MATRIMONIOS HOMOSEXUALES

Abordemos ahora concretamente el asunto de los matrimonios homosexuales.

Las modificaciones legales aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el pasado 21 de diciembre permiten que personas del mismo sexo contraigan matrimonio y también adoptar niños, como cualquier otro matrimonio legal.

La reacción del conservadurismo mexicano a estas reformas legales se manifestó en dos niveles: quienes rechazan ambas disposiciones y quienes rechazan sólo la segunda.

4. El matrimonio homosexual es indebido. No es raro que se le califique actualmente como una inmoralidad. Vano sería discutir semejante punto por una sencilla razón: la moral es individual, cada quien la asume según su forma de ser. Lo que involucra a la sociedad es la ética, el cumplimiento de las reglas de convivencia social basadas en la tolerancia, la noción de justicia y la equidad. La Iglesia Católica y quienes la siguen tienen todo el derecho de llamar «inmoral» a la homosexualidad, pero eso no significa que por ello deban pedir que se le violente de forma alguna. Sus convicciones morales no tienen por qué ser la base de la ley, que gobierna a todos. La ley debe basarse en principios éticos, no morales. Es necesario que exista siempre esta distinción, que es por cierto uno de los fundamentos de la separación Religión-Estado.

Solamente con una postura muy cerrada se puede rechazar el matrimonio entre homosexuales. Finalmente ese concepto es legal, así que la ley puede ser reformada para ampliarlo a situaciones distintas a lo que tradicionalmente se le llama matrimonio.

Algunos pretenden aceptar el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero sugiriendo que se le llame de otra manera. Por ejemplo, el obispo de la prelatura Cancún-Chetumal, Pedro Pablo Elizondo declaró que «la palabra matrimonium tiene que ver con la función de la madre, y en eso no hay madre, porque no tienen madre, eso no es un matrimonio» (diario La Jornada, 2 de febrero). Dejemos de lado el lenguaje soez -tan característico de algunos altos curas católicos de México-, para comentar que el «matri-monium» era una figura del derecho romano, llamada así porque era la manera en que la mujer podía ser madre de manera legal, aceptando para ello la subordinación al marido con tal de que éste diera a sus hijos un padre legítimo. En suma, era otra fórmula de control masculino sobre la mujer.

Por cierto, tras muchos siglos este esquema mental sigue bastante firme. Parte del machismo actual consiste en pensar que la mujer es quien se debe al cuidado de los hijos en todos los sentidos. Muchos hombres no conciben siquiera la idea de participar profundamente en ello. Ese relicto del derecho romano se observa incluso en algunos derechos actuales, como las constancias de cuidados maternos para madres trabajadoras, cuando los hijos enferman. ¿Por qué no existen constancias similares para padres? Sin duda, más de uno temblaría si eso sucediera, porque ya saben las exigencias que les lloverían. No sería mala idea…porque ayudaría a que las cosas fueran más justas para muchas mujeres…

En fin, que la palabra tiene un origen machista, así que no suena adecuado tomarla como ejemplo para designar a la familia tradicional; el que el obispo de Cancún invocara semejante perspectiva fue bastante patético, pero muy congruente con la postura machista de la alta jerarquía católica

Sin embargo tampoco dejemos de lado que las sociedades evolucionan, y con ellas, su lenguaje. Muchas palabras adoptan, con el paso del tiempo, significados más amplios que el original. Siempre ha sido así. No tiene por qué existir problema real en ampliar «matrimonio» a las uniones homosexuales. Lo contrario es nuevamente una discriminación disfrazada, porque estaríamos estableciendo una diferenciación sólo por motivos sexuales. La intención conservadora es que sino puede revertir tales uniones, por lo menos pretende que se les discrimine con el lenguaje, que -sabemos bien- es la base para la discriminación conceptual…y posteriormente, práctica.

Admitir este tipo de matrimonios implica darles la protección de la ley. De esa forma se adquieren los derechos que dicha situación legal otorga a los cónyuges «normales». Se trata de darles certeza jurídica, los mismos derechos que a las demás personas. Nuestra Constitución establece -artículo primero- que está prohibida cualquier clase de discriminación por religión, raza, sexo, preferencias y cualquier otra que atente contra la dignidad humana y redunde en el menoscabo de sus derechos. Estas reformas legales representaron un acto de justicia, porque los homosexuales carecen de ciertos derechos únicamente por su preferencia sexual.

Y los derechos deben estar al parejo de las obligaciones. ¿Existe si alguna ley que exima a los homosexuales de pagar impuestos, por ejemplo?

5. Que se permita el matrimonio homosexual, pero sin adopciones. Es ésta otra postura que se debe analizar con cuidado. El argumento es que los niños pueden verse afectados, por ejemplo, volverse homosexuales también. Me ha tocado oír a algunas personas decir que no son homofóbicas y que por ello aceptan los matrimonios de este tipo, pero que les preocupa que el niño pudiera asumir también esta preferencia sexual. Se trata, de nuevo, de una aparente tolerancia. Por supuesto que esta postura es homofobia, porque implícitamente dice que la homosexualidad es un problema; de lo contrario ¿por qué preocuparse de que el niño se volviera homosexual? ¿Por qué no preocuparnos de que el niño adoptado crezca en un ambiente donde se fume, se beba o haya un macho golpeador de mujeres? Y todo esto, desde luego, en el supuesto de que la homosexualidad se aprendiera, cosa que -vale repetirlo- jamás se ha demostrado. Pero aún falta lo más importante: aun suponiendo que realmente se aprendiera, que fuera una especie de manía, ¿QUÉ? ¿A quién se perjudica con eso? De nuevo, nos han enseñado a tener animadversión a eso más que a un bebedor. Sería interesante consultar las estadísticas para ver qué ocasiona más tragedias: si la homosexualidad o el uso del alcohol.

Otra variante de esta postura no habla de que al adoptado «se le antojara» volverse homosexual, pero sí que podría generársele sufrimiento, confusión, un crecimiento deformado como resultado de no tener como tutores a una pareja «normal». Desde luego es muy fácil, muy cómodo aventurar tales suposiciones sin base alguna. Mucha gente afirma, sólo porque así les parece, que todo niño necesita forzosamente una padre y una madre para crecer normalmente. Parecen olvidar que hay muchos casos de niños con sólo el padre, sólo la madre, con sus abuelos, tíos, etc., y que crecen sin acusar la falta de una pareja convencional…y más aún olvidan que muchos otros niños crecen con sufrimientos por vivir con parejas disfuncionales…pero eso sí, con el padre y la madre, como debe ser.

Si lo que preocupa es la falta de ambas figuras -padre y madre-, pues resulta que desde que el mundo es mundo ha habido muchísimas excepciones sin que nadie haya puesto el grito en el cielo. Ahora, si de lo que se habla es que el niño crecerá con enormes conflictos por tener como tutores a dos hombres o dos mujeres, veamos algunas cosas más. Hay gente que a este respecto se ha manifestado en términos como los siguientes: «¿Qué pensará el niño cuando vea besándose a sus dos madres o a sus dos padres»? Esta gente parece creer que los homosexuales tienden por naturaleza a la promiscuidad. Los padres -incluidos los «normales»- en general tienden a ser discretos con su relación íntima, y las actitudes que se salen del modelo no son exclusivas de los homosexuales. Nuevamente se trata de prejuicios (juicios pre-establecidos). Creo que mucha de la gente que se expresa así lo hace porque le aterra la sola idea de imaginar a dos personas del mismo sexo manifestándose su amor sincero, y toma a un niño imaginario como recipiente para vaciar ese temor.

Los niños nacen sin prejuicio alguno, y somos los mayores quienes se los vamos metiendo, quienes les formamos -o deformamos- el entendimiento; pero un niño puede aprender tanto un prejuicio intolerante como un juicio tolerante. Esencialmente cuesta el mismo esfuerzo. En la infancia se absorbe conocimiento y eso forma la concepción de las cosas, por lo que es importantísimo determinar qué les vamos a aportar en esa fase. El problema viene cuando se les inocula una visión errónea del mundo y luego pasan muchos trabajos para entender cosas que habrían asimilado sin problema alguno si se les hubieran hecho entender en el momento adecuado. Es perfectamente posible explicar a niños que existen personas que por su naturaleza se inclinan a enamorarse de otros de su mismo sexo. Como no tienen prejuicios, lo aceptan tranquilamente como lo que es: una verdad natural. Es posible. Me consta.

Aún más. No sólo no se han aportado, por parte de quienes se oponen a estas medidas, pruebas de que los niños se vean afectados, sino que sí se han dado referencias en sentido contrario. En un escrito dirigido precisamente al Cardenal Norberto Rivera (La Jornada, 29 de diciembre de 2009), Pedro Miguel da estas referencias:

«Dicen los especialistas Maribel Nájera, del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, y Adrián Aldrete Quiñones, del Instituto de la Familia, que los niños adoptados por una pareja homosexual tiene (sic) las mismas probabilidades de verse afectados en su desarrollo integral que los menores que crecen en hogares formados por personas de sexos diferentes (Reforma, 27/12/2009). Más: «La Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, que agrupa a más de 50 asociaciones de educación, investigación y terapia sexual, afirmó que ‘ni la homosexualidad, ni la heterosexualidad, ni la bisexualidad, determinan la orientación sexual de los hijos, de acuerdo con numerosas investigaciones científicas internacionales según las cuales los hijos con padres o madres del mismo sexo no tienen por esta situación un desarrollo sicosexual negativo ni sufren daños a la salud mental'» (íbid).

Y en el mismo diario (edición del 05 de enero de 2010), Javier Flores cita un estudio de 2007 de Charlotte J. Patterson y Jennifer L. Wainright de la Universidad de Virginia, titulado: Adolescents with Same-Sex Parents: Findings from the National Longitudinal Study of Adolescent Health. Las autoras hacen una amplia revisión de la literatura científica sobre el tema, así como los resultados de su trabajo con adolescentes en 44 familias con padres del mismo sexo, que compararon con el mismo número de familias con padres heterosexuales. Se analizaron parámetros como «a) adaptación sicosocial, en el que se evalúan la presencia de ansiedad, síntomas depresivos y la autoestima; b) resultados escolares, que incluye el aprovechamiento en materias como matemáticas, inglés, estudios históricos y sociales y ciencias, así como conflictos en la escuela; c) relaciones románticas, atracción y conducta sexual; d) características de las relaciones familiares; e) relaciones e integración con sus vecinos, atención y cuidados por parte de adultos, maestros y amigos; f) autonomía; g) Consumo de tabaco, alcohol, drogas y participación en actos delincuenciales; y g) relaciones con sus pares, establecimiento de amistades y popularidad, entre otros aspectos.»

Los resultados del estudio «muestran claramente que, en todos los parámetros estudiados, no existen diferencias significativas entre el desarrollo de los adolescentes con familias formadas con padres del mismo sexo, respecto a los de familias con padres heterosexuales,» y que tales resultados se asemejan en muchos aspectos a otros realizados antes con adolescentes y también con niños. «En todos ellos se encuentra que la calidad de la relación entre los hijos y los padres, independientemente de su sexo, es el elemento más importante para el desarrollo adecuado de los menores.»

Flores dice además que la American Academy of Pediatrics señaló en 2002 que: «Hay un cuerpo considerable de literatura profesional que da evidencia de que los niños con padres que son homosexuales pueden tener las mismas ventajas y las mismas expectativas de salud, adaptación y desarrollo que los niños cuyos padres son heterosexuales.» Asimismo, que la American Psychological Association, en 2004, manifestó su rechazo: «… a cualquier discriminación basada en la orientación sexual en materia de adopción, custodia, visita a menores, cuidados y servicios de salud reproductiva».

Pero desde luego, es más fácil «imaginarse» los daños que los niños adoptados pueden sufrir. Total, se trata sólo de hablar…

6. Las adopciones homosexuales implican violar los derechos del niño. Como resultado de afirmar que los niños adoptados por matrimonios homosexuales tienen problemas, uno de los principales ejes discursivos de los grupos conservadores es que se atenta contra sus derechos. Una vez establecido este punto, de aquí la estrategia discursiva deriva fórmulas como éstas: 1) no se puede argumentar que se da derechos a ciertas personas adultas -los homosexuales- si al mismo tiempo se violentan los derechos del menor, 2) los derechos de los niños deben ser prioritarios y 3) quienes apoyan la medida avalan la agresión a los menores.

Desde luego, suena bastante convincente. Nadie puede negar que los derechos de los menores son prioritarios, que no debe permitirse su violación y que quienes lo hacen deben ser señalados. Todo ello es cierto…la trampa está en otro lado.

Aquí hay una estrategia que podríamos llamar «invocar, sin base, la verdad evidente». Es bastante común. Por ejemplo, cuando el gobierno cubano encarceló a opositores, muchos lo criticaron alegando que disentir es un derecho humano básico; cuando Chávez no renovó la concesión a un canal privado de tele se dijo que el no admitir la opinión de quienes discrepan es muestra de intolerancia. Ambos planteamientos, dichos así, en términos generales, son una verdad incuestionable. Esgrimirlos es una maniobra para obligar a los demás a suscribirlos y con ello hacer que se acepte la crítica que los origina. La trampa estaba en que no eran aplicables al caso.

A los opositores cubanos no se les encerró por serlo, sino porque se comprobó que trabajaban, a sueldo, para un gobierno extranjero y además muy hostil durante décadas (USA), sólo que ese detallito siempre fue omitido por los noticieros. El gobierno de Venezuela negó la renovación a RCTV porque durante el golpe de 2002 estuvo incitando a la violencia, sesgando la información y apoyando el golpe, lo cual tampoco fue detallado nunca; pese a lo anterior el gobierno se abstuvo de cancelarle la licencia inmediatamente, sino dejó que ésta expirara, otro detalle que también se omitió siempre.

En ambos casos sólo se mencionaron los hechos que correspondían con las verdades evidentes usadas en la campaña de difamación.

En el caso que nos ocupa, basta con reiterar que no sólo los grupos opositores no han citado -hasta donde sé- un solo estudio serio, amplio, documentado y susceptible de ser consultado que demuestre que los niños adoptados por homosexuales sufren, sino que los trabajos existentes apuntan en sentido contrario. Mientras no se demuestre una idea no es válido usarla como argumento para nada. En filosofía esa falla -o trampa- de razonamiento se llama «petición de principio».

Y vale agregar que aquí también está presente el principio de «la carga de la prueba». Quien afirma es quien queda obligado a probar: o sea, quienes dicen que los niños sufren. La contraparte no tiene que demostrar que no sufren.

Un ejemplo de este alegato del tipo «derechos» la lanzó el cardenal Norberto Rivera Carrera, quien dijo que la modificación al Código Civil del Distrito Federal, «ha abierto las puertas a una perversa posibilidad para que estas parejas puedan adoptar a niños inocentes, a quienes no se les respetará el derecho a tener una familia constituida por una madre y un padre, con los consecuentes daños sicológicos y morales que provocará tal injusticia y arbitrariedad.» Además de lo dicho arriba, vale destacar otra mentirita metida de contrabando en estas declaraciones: ¿en dónde está la ley que especifique que la familia a la cual tienen derecho los niños es necesariamente la que forman un padre y una madre? Ese derecho, tal como lo está planteando el alto jerarca católico, no existe.

Lo mismo se puede decir de la arquidiócesis de Puebla, que declaró que la adopción de niños por las uniones homosexuales es «una práctica inmoral que se opone al principio reconocido por la Convención Internacional de la ONU sobre los Derechos del Niño, según el cual el interés superior es proteger al infante». De nuevo, apantalla, pero ¿se especificó en la Convención que los matrimonios homosexuales violentan al niño? Eso es lo que no aclaran. Se la pasan agarrando fragmentos de aquí y de allá, para ver quién cae.

Por ello, todo argumento basado en la supuesta violación de los derechos del menor hasta ahora es inválido, por mucho que le pongan como anzuelo una verdad evidente.

LAS ESTRATEGIAS DE SABOTAJE

Ya es evidente que los grupos conservadores desde hace años procuran disfrazar su postura retrógrada, dando a sus discursos una apariencia racional, adoptando formas científicas, lógicas, legales y hasta psicológicas. Ya se comentaron algunas de ellas. Veamos ahora otras que fueron su estrategia para revertir las reformas.

7. La consulta ciudadana. Legisladores del PAN se lanzaron a una campaña para criticar que las reformas se hicieran sin preguntar a la ciudadanía e incluso organizaron brigadas de consulta popular…ellos, que durante años se aliaron con el PRI para pasar la aplanadora en el Congreso y aprobar sin debates -o incluso perdiéndolos. Cuando los hubo- los aumentos de impuestos, las privatizaciones, el gigantesco fraude del Fobaproa y muchas, muchas infamias más. Sin embargo, eso no es lo más importante, dado que esa hipocresía ya no es novedad. Lo que nos importa como sociedad es entender que, en el caso que nos ocupa, este repentino ataque de afecto por la democracia participativa es equivocado, y lo sería aunque lo esgrimiera el más honesto y demócrata de los partidos políticos, por una sencilla razón: los derechos no se someten a consulta. Se sancionan y cumplen. Sería como hacer una consulta pública para ver si se está de acuerdo en que los indios voten. Desde luego, el PAN jamás se aventaría a proponer tal cosa, pero no le parece igualmente aberrante -como es- que se consulte a la gente si los homosexuales merecen tener los mismos derechos que todos. Equivale a cuestionar si ciertas personas merecen o no una condición digna, y se espera que la mayoría decida. Concebir así el papel de las mayorías no es democracia, sino fascismo disfrazado.

Lógicamente, los demás sectores conservadores apuntalaron esta trampa. La Conferencia del Episcopado Mexicano emitió el 26 de diciembre un breve comunicado donde señaló, entre otras cosas, que la clase política debe aprender a consultar a la población, de lo contrario, en lugar de ser México un Estado democrático, sería uno totalitario, con esta clase de leyes. Desde luego, sólo estas leyes les ha interesado someter a consulta, porque con otras, como las de tipo económico, jamás han abierto el pico…ahí sí puede México ser autoritario.

Podría pensarse entonces que debemos ser equitativos y pedir consulta para ambos casos. Error. Hay leyes que no se plebiscitan porque son de cumplimiento obligatorio por garantizar igualdades de derechos; mientras que otras, como meter al país a un tratado de libre comercio, pasar a los bolsillos de todos una gigantesca deuda producto de una corrupción bancaria, meter los ahorros de los trabajadores a los riesgos de la bolsa de valores y cientos de etcéteras, sí son algo en donde la ciudadanía debería tener derecho de decisión.

En suma, se trata de otra muestra de cinismo por un hatajo de cínicos…con sotana o con traje caro… que hablan desde un púlpito o desde una tribuna legislativa.

8. La discreta estocada del Vaticano. El 22 de diciembre el vocero del Vaticano, Federico Lombardi, se rehusó a comentar la aprobación de las reformas en el Distrito Federal. Dijo que no se establecería una postura «porque es un asunto local», pero agregó que es a los obispos católicos mexicanos a quienes corresponde pronunciarse. Ahí está la cuestión. Es sabido que en la Iglesia Católica existe una estructura jerárquica propia del absolutismo del siglo XVII, pues todos deben obediencia al Papa y éste es considerado infalible. Si el jefe de la Iglesia Católica dice que la homosexualidad es una aberración, así tendrán que decirlo todos los sacerdotes.

Y para muestra, un botón: apenas unos días antes, el 16 de diciembre, Benedicto XVI calificó públicamente de «inequitativas» las leyes que avalan las uniones homosexuales. Desde luego, tal afirmación se basa en el falso principio de la equidad entre desiguales, cuando que el principio correcto es el contrario. La situación social de los homosexuales es tal que necesariamente requieren -como otras minorías- leyes espaciales que garanticen sus derechos, precisamente por si las leyes generales, para la mayoría «normal» no los dejan claros. Por ello es falsa la premisa de que se están dando privilegios a unos cuantos…lo que se está haciendo es garantizarles ciertas cosas que su situación específica requiere.

Y para solazarse con esta distorsión conceptual, sigue el Papa: «Son conformes a la equidad sólo aquellas leyes que rechazan la licitud del aborto, de la eutanasia y de las desenvueltas experimentaciones genéticas, aquellas leyes que respetan la dignidad del matrimonio entre un hombre y una mujer». Sólo con un concepto muy pobre de la equidad se puede aceptar esto, porque tales posturas desprecian el papel de la mujer en el aborto, del enfermo terminal en la eutanasia, de los beneficiados con estudios (llamados «experimentaciones» para darles matiz perverso) como los de las células madre, y de los homosexuales en la legalización de todo tipo de uniones. En sus posturas estos religiosos sólo ven y defienden la parte que le interesa…pero resulta que acusan de parciales a las leyes que tratan de ser realmente equitativas.

El Papa dijo también que, en la actualidad, en «algunos países» existe un «desapego» entre la razón, que tiene la tarea de descubrir los valores éticos ligados a la dignidad humana, y la libertad, que tiene la responsabilidad de acogerlos y promoverlos. Aquí va metida la trampa de pervertir el lenguaje. Aceptar sólo la heterosexualidad y rechazar la homosexualidad es un juicio moral, pero él dice falsamente que es ética.

Éstos son los conceptos que los sacerdotes católicos de todo el mundo están obligados a seguir…y al menos los que están ligados al poder claro que lo hacen.

9. La amenaza religiosa. Aunque parezca increíble, algunos curas recurren aún a esta clase de amenazas…supongo que porque aún hay gente que se las cree. La Conferencia del Episcopado Mexicano emitió el 26 de diciembre un breve comunicado donde señaló, entre otras cosas, que la unión entre personas del mismo sexo es pecado y por lo tanto atrae la condenación eterna. Ante tanta modernidad uno se queda de una pieza. ¿Qué más decir?

10. Presentar lo moral como algo de repercusión legal. Respecto al comunicado que se cita en el punto anterior, se lanza esa amenaza medieval de condenación eterna y luego se dice que no existe tolerancia espiritual en este sentido. Bueno, precisamente esta clase de afirmaciones son a las que el estado laico le importan un pepino. Un religioso se puede pasar la vida diciéndolas, pero el Estado debe ignorarlas por completo. A él le compete garantizar un orden social justo. Lucidos estaríamos si aseveraciones de ese tipo fueran la base de nuestras leyes.

En este sentido, vale citar lo expresado por el filósofo italiano Rocco Buttiglione, católico hasta los huesos. Nominado en 2004 a la cartera de Seguridad, Libertad y Justicia de la Unión Europea, fue sometido a examen por los eurodiputados. Sobre la homosexualidad dijo que «es un pecado índice de desorden moral». Sin embargo tuvo la INTELIGENCIA para separar moralidad y ley: «Muchas cosas pueden considerarse inmorales que no pueden prohibirse». «Yo puedo pensar que la homosexualidad es un pecado, pero eso no tiene una repercusión sobre la política. De la misma forma que pueden pensar que soy un pecador pero no tiene ninguna consecuencia». Siguió diciendo que somos «una comunidad de ciudadanos» y podemos tener «opiniones distintas». «El Estado no tiene ningún derecho de meterse en estos temas y nadie tiene que ser discriminado, como se recoge en el Tratado y en la Constitución europea».

Esta clase de gente, la que es capaz de separar sus convicciones de las bases del Estado al cual juró servir, es la que debería estar en el gobierno, las diputaciones o los juzgados…no bufones como los del Partido Acción Nacional, que creen que fueron puestos ahí para imponer su miseria intelectual y ética.

11. Poner en contra a los demás. Se trata de involucrar al resto de la gente y hacerles creer que están siendo agredidos de alguna manera. Cuando la huelga universitaria se hablaba una y otra vez del daño que se estaba haciendo a una institución que es de todos los mexicanos, que se estaba negando el derecho a la educación…cosas que por supuesto también podrían haberse dicho de los agudos recortes presupuestales del gobierno y de los abusivos aumentos de cuotas que detonaron el movimiento, pero los disciplinados comunicadores de radio y tele nunca tuvieron semejantes inquietudes.

Se trata, como decimos acá, de amarrar navajas. Semejante estrategia genera resentimiento y deseos de agresión.

El 27 de diciembre, en su homilía dominical, Norberto Rivera Carrera dijo que legalizar las uniones homosexuales o equipararlas al matrimonio «significaría ofuscar valores fundamentales que pertenecen al patrimonio común de la humanidad», que la «cultura moderna», además de atacar a la familia con la poligamia y el adulterio, hoy la agrede «en su esencia por la equiparación de las uniones homosexuales con el matrimonio entre el hombre y la mujer, hasta el punto de permitir la adopción de niños y niñas en el seno de esas uniones». Unos días antes emitió un pronunciamiento en el que decía que las reformas del 21 de diciembre de 2009 son leyes «inmorales» y una «aberración», que golpean en su estructura más íntima a las familias mexicanas. Y sobre los legisladores y el Jefe de Gobierno que sacaron adelante la reforma dijo: «Quedó patente que no tiene respeto alguno por los valores y principios de la familia mexicana, están atacando no sólo a la Iglesia católica, sino a la fe cristiana en general».

Es ésta otra forma de discurso de odio que estos tipos lanzan a los cuatro vientos. Y para muestra, otro botón. Durante la misa de ese domingo 27 había fuera de la Catedral algunos manifestantes que apoyaban las reformas y el estado laico; fueron agredidos por feligreses que asistían al discurso «de amor» del Cardenal.

También el alto cura se aventó esa vez una de sus infaltables aberraciones lógicas: «La Iglesia enseña que el respeto hacia la personas homosexuales no puede, en modo alguno, llevar a la legalización de las uniones homosexuales.» Curioso cómo se le dice a alguien que se le respeta al tiempo que se aboga por negársele derechos. Es la clásica actitud de «te respeto y apoyo tus derechos, siempre que sean los que a mí me gusten».

12. Invocar la religiosidad de México. Una y otra vez, los jerarcas religiosas hay lanzado por delante el innegable hecho de que la mayoría de la gente en México es católica, que eso no puede ser pasado por alto. En esta afirmación se mete de contrabando la suposición de que toda la gente católica debe necesariamente seguir la opinión de sus ministros. Parecen pretender que por el hecho de pertenecer a su iglesia, ellos -los curas- pueden hablar por todos sus feligreses. Y otra cosa: de nuevo se presenta la maña de suponer que el Estado debe basar sus principios en la religión mayoritaria. Ello significaría despreciar a las minorías que tengan otra visión, y vale decir de nuevo que quien pide que las leyes y los derechos de las minorías sean decididos por las mayorías es un fascista en potencia.

Desde luego, eso no impide que gente como el panista Rafael Medina Pederzini, dijera que «atacar a la Iglesia por estar en contra de los matrimonios entre personas del mismo sexo es tanto como atacar la fe de la gente de la ciudad de México». Si esta gente estuviera de alguna manera obligada a fundamentar sus dichos, o si la gente hubiera desarrollado los medios para obligarles a rendir cuentas, no dudemos de que abrirían la boca mucho menos seguido.

Vale comentar, aprovechando la tontería de Medina, que ahí está presente otra de las más desagradables triquiñuelas de los altos jerarcas católicos: hacerse las víctimas. Han lanzado epítetos bastante agrios contra los legisladores perredistas, pero en cuanto se les responde a sus ataques con la misma dureza, en cuanto se les dice que son retrógrados e intolerantes, homofóbicos e irrespetuosos, resulta que se les está atacando, persiguiendo, acallando, reprimiendo, etc. Cuando se les echaron en cara las bajezas de algunos de sus miembros, como los abusos a menores, ¿qué hicieron? Ah, pues pedir «comprensión» para las «debilidades humanas» y dejar que sea Dios quien juzgue.

Lo peor es que hay gente que se lo cree, que de verdad piensa que sus ministros están siendo objeto de ataques. Eso sólo aumenta la tensión, y los resultados ya se han visto en más de una ocasión.

13. El alcahueteo del gobierno. Los continuos ataques de los altos curas católicos hacia el partido político que aprobó las reformas llegaron al punto de violar claramente la ley.

El artículo 130 constitucional dice: ‘los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo en favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar de cualquier forma los símbolos patrios.»

Por citar sólo unos ejemplos, la Arquidiócesis Primada de México (APM) dijo que las nuevas leyes, «destructivas e inmorales dejan en claro que el PRD actúa como instrumento de «el maligno», haciendo presente en la sociedad el misterio de la iniquidad del mal» (La Jornada, 29 de diciembre). Además, el vocero del Arzobispado, Hugo Valdemar, calificó al PRD, de ser «un peligro para México» (ídem) Por cierto, ¿les suena la frasecita?

Además la APM dijo también que las normas «inmorales e injustas carecen de toda legitimidad», por lo que «en conciencia no pueden apoyar a sus autores bajo ninguna circunstancia, si no quieren contradecir su propia fe y entrar en su dinámica malévola y destructiva» (ídem). En esto último no sólo se rechaza el cumplimiento de las leyes, sino que además se llama a estar en contra del PRD como su autor. No está de más señalar que existe una trampa al hablar de normas «inmorales e injustas», porque son cosas distintas. Si una ley es inmoral o no, depende del interior de cada quien, pero eso no es referencia en un Estado laico, sino la legitimidad -justicia- de las mismas. Es ahí donde cabe el principio de la desobediencia civil: contra leyes injustas, no contra las que algunos consideren inmorales.

Como siempre, estos curas sólo juntan palabras para hacer frases efectistas, pero que no resisten un análisis cuidadoso.

El gobierno permaneció muchos días al margen, y cuando miembros del PRD le pidieron que interviniera para meter orden, el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, respondió públicamente defendiendo a los curas. Para variar, el argumento que lanzó por delante fue el de la libertad de expresión. Vale comentar algunos de sus falsos planteamientos.

Las iglesias, como instituciones sociales importantes, tienen su voz, pero no puede suprimir la pluralidad que existe en México frente a otras instituciones, a otros organismos. Es una voz relevante y hay otras que deben ser escuchadas. Nuestro deber es que todas puedan expresarse con seguridad, con libertad, en un concierto democrático de diálogo, no de exclusión. La pregunta sencilla, sobre un punto que el funcionario cuidadosamente evadió, es ésta: ¿Y la ley? Si se le está violando, no cabe invocar la libertad de expresión.

Las acotaciones que fija el artículo 130 constitucional a las iglesias se refieren a impedir la rebelión o la rebeldía a la aplicación de las leyes o que se dé orientación electoral a los feligreses. Ambas cosas ya se estaban haciendo, como muestran los ejemplos recién citados.

En muchos casos algunos miembros de la Iglesia han vertido críticas a posturas asumidas por el gobierno federal, y nadie ha salido a decir que sea improcedente. Quizá se haya referido, por ejemplo, al dignísimo obispo de Saltillo, Raúl Vera, quien ha hablado fuerte contra asuntos donde el gobierno federal se ha cubierto de ignominia, como los mineros fallecidos en el accidente de la mina Pasta de Conchos, un sórdido caso de violación tumultuaria cometido por soldados en Coahuila y sus infames políticas generadoras de pobreza. Bien, pues la respuesta a esta triquiñuela del Secretario de Gobernación es -de nuevo- que existe una clara diferencia entre pronunciarse contra acciones que algunos consideran inmorales y hacerlo contra acciones injustas. Y es ahí donde los altos curas católicos siempre guardan un hipócrita silencio.

Una de las mañas recurrentes del poder para alcahuetear a sus aliados es invocar la libertad de expresión, pero de una manera que pretenden que sea ilimitada, mientras que para los demás sí resaltan que no existe libertad total. Eso recuerda lo que sucedió en Venezuela con el retiro de la concesión de RCTV. Me pregunto si quienes se han desgarrado las vestiduras por ese «ataque a la libertad de expresión» se han puesto a buscar ejemplos de la clase de «información» que esta televisión privada daba. Son cosas de verdad aberrantes. Para ver algunos ejemplos sencillos se puede visitar el sitio YouTube.

LA TRIQUIÑUELA LEGAL

Resta hablar de la baratísima estrategia del (ilegítimo) Gobierno Federal para entorpecer el proceso…obviamente, preparada en contubernio con la más rancia capa del conservadurismo mexicano.

El 27 de enero de 2010 la Procuraduría General de la República (PGR) promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas del 21 de diciembre. El argumento base se dio -dijo- atendiendo a lo que establecen los artículos 4, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La PGR afirmó también que «la reforma al artículo 146 del Código Civil capitalino contraviene el principio de legalidad, pues la reforma se aparta del fin constitucional de protección de la familia CONCEBIDA EXPRESAMENTE por el Poder Constituyente Permanente en 1974» (mayúsculas mías). Agregó: «La PGR considera que la reforma se aleja del deber estatal de salvaguardar el interés superior del niño, cuya supremacía ordena la Constitución federal y cuyos alcances establecen los tratados internacionales y han interpretado los propios tribunales mexicanos.» Vale comentar de una vez que esto último es esa trampa de la que se habló antes: alegar una afectación al menor nunca demostrada, pero que se esgrime una y otra vez como argumento, cuando que se trata, en lenguaje filosófico, de una petición de principio.

Por otro lado, la PGR invocó la Constitución con la afirmación de que ella establece que el matrimonio es sólo entre hombre y mujer. Ése será un punto importante que se verá más adelante.

Como era de esperar, esta acción fue elogiada por organizaciones como la Arquidiócesis de México y el Colegio de Abogados Católicos (hay que ver cómo acaparan el término, de modo que le dan mala fama a todos los que profesan esa religión). Eso sí, la PGR aseguró en que su controversia constitucional se apegó a un criterio netamente jurídico y ajeno a consideraciones morales o religiosas.

De entrada, hay que comentar sobre el papel de la PGR. El jefe del Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, declaró que a la PGR no le corresponde decidir sobre las leyes vigentes, federales o de la capital, postura avalada, por ejemplo, por el editorial de La Jornada del 29 de enero, agregando que «la tarea principal de esa institución consiste en hacerlas cumplir [las leyes] y en procurar justicia, no en impugnar la legalidad ni en erigirse en juez de leyes emanadas de procesos legislativos soberanos, como el que se comenta.» Efectivamente, eso le toca al Poder Judicial.

Volveré sobre esto, pero antes conviene desmenuzar algunas afirmaciones de la PGR formuladas el 29 de enero:

Afirmó que en su proceder no hay «discriminación ni menoscabo de los derechos de las personas del mismo sexo que desean unirse legalmente, a través del matrimonio», porque lo pueden hacer mediante la figura de sociedad de convivencia, «equiparable al concubinato». Esto también ya se comentó…se trata de meter una segregación conceptual, de modo que los homosexuales no tengan el mismo status legal que los «normales».

La PGR también acusó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) de anteponer el derecho de estas parejas al de los menores que adopten, al colocarlos en una situación de desigualdad frente a quienes son incorporados a familias compuestas por un hombre y una mujer. Esto se basa en una premisa homofóbica: ¿por qué les preocupa esa SUPUESTA desigualdad? Porque ELLOS CONSIDERAN inferior a esa preferencia sexual. De nuevo, se basan en afirmaciones nunca demostradas; son sólo preceptos morales.

Ahora, ojo con lo que sigue.

El equipo de abogados que asesoran a la PGR -que incluye gente de filiación panista, por si alguien albergaba alguna duda- hace referencia a unas reformas aprobadas a la Constitución en diciembre de 1974, en las que -dicen- se define como modelo ideal de la familia a la conformada por padre, madre e hijos. A reserva de otros aspectos que se comentan más adelante, hay que decir desde ahora que «ideal» no significa «único». De nuevo se está recurriendo al principio discriminador de considerar que lo que más abunda numéricamente es lo ideal y lo correcto. Este criterio nos llevaría a concluir que lo ideal es que haya corrupción y un alto consumo de alcohol, dado que son cosas bastante comunes en nuestra sociedad. Además, las leyes evolucionan porque así lo hace la sociedad; de lo contario seguiríamos con la idea plasmada en la Constitución de 1824, que designaba a la católica como la religión oficial de México sin tolerancia de otras.

La PGR y asesores afirman luego que la naturaleza jurídica del matrimonio civil «es tendente a proteger y establecer los derechos y las obligaciones que surgen con motivo de la PROCREACIÓN de los hijos de los cónyuges» (mayúsculas mías), y de ahí deducen: «si el matrimonio tutela los relativos a la descendencia de la pareja, luego entonces se colige que la institución del matrimonio es jurídicamente incompatible para personas del mismo sexo que deseen fundar una familia.»

O sea: partiendo de su afirmación de que la Constitución, desde las reformas de 1974, establece que el concepto «matrimonio» corresponde exclusivamente a la unión de personas de diferente sexo, concluyen que la idea base es la procreación, la descendencia, y por ello, inaplicable en uniones de personas del mismo sexo. Todo esto tiene el objetivo de fundamentar la idea de que el término «matrimonio» es algo inalcanzable para uniones homosexuales, y que se conformen con el término «sociedades de convivencia». Se trata de dejarlos en segunda clase.

Por ello afirman luego estar conscientes de que «las preferencias sexuales de los individuos no constituyen un obstáculo para ejercer en plenitud sus derechos como personas; sin embargo, no se puede reconocer legalmente esa relación a través del matrimonio, como lo hizo la ALDF, debido a que se deja de observar el mandato del artículo cuarto de la Constitución; es decir, que el Estado proteja el desarrollo de la familia formada entre un hombre y una mujer.»

Pero particularmente llamativa es la afirmación del equipo de la PGR, que acepta «que ese modelo ideal no es la única forma de integrar una familia», pero agrega que «el matrimonio constituye un instrumento jurídico idóneo más importante para consolidarla como el núcleo de la sociedad». ¿Se percibe la contradicción, la intolerancia? Acepta que hay otras opciones, pero les niega el mismo papel, esgrimiendo un principio no fundamentado de que la familia «normal» es la más idónea. ¿En aras de qué? ¿De que es la más común? Volvemos a lo mismo: eso es dogma y prejuicio.

Sólo una cita más: dicen que la Asamblea Legislativa del DF «no exploró, razonó ni consideró» que las reformas al Código Civil pueden propiciar que los menores adoptados «por matrimonios de personas del mismo sexo no encuentren el ambiente más propicio y adecuado para su desarrollo, generando con ello al adoptado una situación de desigualdad o discriminación respecto de otros adoptados por matrimonios conformados por un hombre y una mujer». Una vez más: nunca dicen POR QUÉ el ambiente no sería propicio, no citan estudios de ninguna clase…además de que tendrían que decir por qué en el caso de las adopciones por matrimonios «normales» no existe posibilidad de desigualdad o discriminación. Sencillamente es porque no les cabe en la cabeza tal posibilidad. Homofobia disfrazada de objetividad.

Agreguemos ahora algunos comentarios del ilegítimo que cobra como presidente de México y devenga su enorme sueldo con estas cosas. El 2 de febrero, de visita en Tokio, apoyó el argumento de que «la Constitución de la República habla explícitamente del matrimonio entre el hombre y la mujer, y ahí hay simplemente un debate legal que tiene que ser resuelto por la Suprema Corte, pero no tiene éste ninguna intencionalidad política ni parte de ningún prejuicio». En indirecta respuesta a Ebrad, dijo también que por disposición constitucional la PGR tiene la tarea de velar porque todo ordenamiento legal del orden federal o local esté apegado a la Constitución. Tras leer esta afirmación de alguien que se tituló como abogado, me quedé pensando si eso no le toca al Poder Judicial. Al menos en las clases de civismo en primaria y secundaria así lo enseñan.

Bien, ahora viene la parte que para algunos es subterránea; lo que tele, radio y el 90% de la prensa escrita dejan de lado: escuchar a expertos que rechazan esta argumentación.

Según Elisur Arteaga, profesor de derecho constitucional de la Escuela Libre de Derecho y de la Universidad Autónoma Metropolitana, del artículo cuarto de la Constitución NO SE DESPRENDE un modelo de matrimonio o de familia donde exista un padre, una madre e hijos. «Puede haber una madre soltera con hijos, y ésa es familia; también es familia la que forman un padre sin esposa e hijos.» Añadió que la definición de familia es una facultad que corresponde a los congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y nadie puede sustituir su voluntad.

Jaime Cárdenas, doctor en derecho y anterior consejero del Instituto Federal Electoral -quizá el único decente de esa primera camada de consejeros-, dijo: «el artículo cuarto constitucional, que habla de la familia, no señala qué tipo de familia debe haber; la familia no es solamente donde hay padre y madre. Según el Inegi, en México hay familias en las que la base descansa en una madre soltera, o en familias cuyas cabezas son los abuelos o los hermanos mayores o el padre viudo; en fin, no existe un solo tipo de familia». Y muy importante, dijo que «esa idea de que el matrimonio es para procrear la especie es la definición de familia del siglo XIX y de buena parte del XX, pero no veo que ese principio, que formó parte de los lineamientos morales de esa época, sea suficiente para que la Corte declare la inconstitucionalidad de la reforma que permite los matrimonios entre personas del mismo sexo».

Entre otras cosas, digo yo, porque ello supondría violar a la Constitución en su mandato de que no haya discriminaciones. No es correcto leer los artículos aisladamente.

Eduardo Miranda, presidente de la Unión de Juristas de México, calificó de endebles los argumentos de la PGR, y dijo que carecen de sustento jurídico. «Lo que hay es una lectura moral y religiosa de la Constitución; es una lucha ideológica la que ha emprendido el gobierno calderonista, de tinte derechista, revestida de argumentos jurídicos».

(Fuente de todo lo anterior, La Jornada, 02 de febrero).

Menciono aparte a Miguel Carbonell, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien expresó un análisis detallado publicado en el mismo diario citado, aunque días antes comentó que la PGR «no está haciendo una lectura jurídica de la Constitución, sino una lectura religiosa, moral», también calificó a los argumentos de «muy endebles» e incluso agregó: «si uno de mis alumnos de primer semestre de derecho usara esos argumentos, lo repruebo». En fin, veamos su análisis mayor, publicado el 04 de marzo por el diario ya nombrado.

1. La Constitución no estipula en ninguno de sus artículos cómo o de qué manera deben estar conformadas las familias en el país, por lo que para sustentar parte de su acción de inconstitucionalidad la PGR recurrió a conceptos de hace 36 años.

2. La PGR extrae elementos de una exposición de motivos de una reforma constitucional de 1974, «con el fin de decir que sí hay un modelo constitucionalmente previsto de familia, lo cual es del todo falso».

3. Carbonell se refirió a partes de ese dictamen del 12 de noviembre de 1974, donde se detalla que cada vez en mayor medida la familia se compone por «madre, padre y pocos hijos […] Este modelo es el ideal de nuestra sociedad futura». La PGR también cita (OJO) la fracción II del artículo 30 de la Carta Magna, donde se asienta que se puede obtener la nacionalidad mexicana cuando un varón o una mujer extranjera se casa con un varón o una mujer mexicanos. En este sentido, Carbonell aclaró que «la PGR señala medularmente en su demanda que el artículo cuarto de la Constitución señala un modelo de familia heterosexual; como la Constitución no lo dice expresamente, eso está reconocido por ellos; entonces se citan partes de la exposición de motivos de una reforma de 1974 […] que dice que la familia o el matrimonio se integrará por mamá, papá y pocos hijos». Pero a esto Carbonell responde que los argumentos en aquel entonces eran para que el gobierno pudiera implementar políticas de contención demográfica, de planificación familiar, que disminuyeran el crecimiento de la población, que era un problema grave y urgente de resolver en ese momento. «De ahí se agarra la PGR para impugnar la reforma aprobada por la ALDF, y realmente no le veo la conexión entre un tema y otro; entonces, por eso me parece que es un argumento bastante endeble por parte del procurador».

4. Concluye: hay que leer la Constitución por lo que dice, y no nada más por la exposición de motivos, de la que se usaron nada más los párrafos que a ellos les convienen, referentes a la planificación familiar, no al matrimonio homosexual o heterosexual.

A ver…sobre los incisos 3 y 4 tenemos que redondear las ideas. Y para que no haya duda, empiezo por citar textualmente lo que dice la Constitución:

Artículo 4. «El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia». Es la única parte del artículo donde se habla de sexos. ¿Dónde carambas se dice que el matrimonio sólo puede formarse por la unión de hombre y mujer? Incluso en donde habla de la responsabilidad por los hijos ni siquiera está la palabra «padres» (que de cualquier modo tampoco tiene un único significado), sino «ascendientes, tutores o custodios».

Artículo 30. Inciso B, «son mexicanos por naturalización:» fracción II: «la mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley.» De nuevo, ¿de dónde, que no sea con una lectura prejuiciada, se ve aquí un señalamiento de que sólo se permite uniones con el sexo opuesto? No se puede argumentar el orden en que están escritos en cada ocasión (mujer-varón y varón-mujer), porque por un lado no está la palabra «respectivamente», y por otro y principal, no se trata de la letra, sino del espíritu del mandato: no se ocupa de la naturaleza de las parejas sino de la ciudadanía, y dice que en este país se adquiere al casarse con un ciudadano mexicano…nada más. Rascarle a la redacción para otras cosas es de leguleyos. Por cierto, esta es la ÚNICA ocasión en que nuestra Constitución menciona la palabra «matrimonio», y como vemos, no lo especifica.

Aquí está la almendra. La PGR empieza precisamente por decir que hay un marco legal que especifica cómo debe formarse un matrimonio, y de ahí deriva lo demás. Y para fundamentar esa afirmación primera se basa en un texto entresacado de una exposición de motivos de 1974, pero dejando de lado que ella estaba enfocada a resaltar la importancia de la planificación familiar, no a conceptualizar matrimonios; por lo tanto, no se le debe leer con tal perspectiva. Evidentemente, el constituyente de 1974 no podía imaginarse que tres décadas y media después llegaría un tropel de decimonónicos a querer ver en su texto ideas que ellos nunca tuvieron en mente cuando lo redactaron. Además, como bien dice Carbonell, no sólo hay que ver qué dice la exposición de motivos, sino también cómo quedó el artículo que se reformó a partir de ella, y en tal sentido -como ya vimos- en le texto constitucional menos aún puede verse un modelo de familia. Pero, como también dice Carbonell, la PGR y asesores QUIEREN verlo ahí.

Y si la afirmación de un modelo de matrimonio establecido en la ley es falsa, se vuelve otra petición de principio que invalida lo demás: que la reforma «se aparta del fin constitucional de protección de la familia concebida expresamente por el Poder Constituyente Permanente en 1974» y que «se aleja del deber estatal de salvaguardar el interés superior del niño, cuya supremacía ordena la Constitución federal y cuyos alcances establecen los tratados internacionales y han interpretado los propios tribunales mexicanos.»

Así de sólidos son los argumentos del Gobierno Federal (a través de la PGR) en su impugnación.

Como remate cito a Arnaldo Córdova, intelectual con el cual difiero en muchas cosas, pero que sobre nuestro tema elaboró un análisis que me parece correcto. Es también de la edición del 04 de febrero de La Jornada.

Tras afirmar que la acción de inconstitucionalidad de la PGR tiene «una pésima argumentación jurídica hija de la ignorancia y el reclamo de una sociedad conservadora que está a muerte en contra de los homosexuales y sus derechos», afirma que «la Constitución a la que hace referencia en su acción debe andar en otro planeta, porque la nuestra no dice en ningún lado lo que la misma institución afirma que dice».

Sobre las facultades de la PGR para andar con estas acciones, Córdova señala algunas cosas que vale la pena citar: «Según el artículo 102 de la Carta Magna, el Ministerio Público es una institución federal (en cada estado hay un MP con jurisdicción local) encargada de la persecución ante los tribunales de todos los delitos del orden federal y de los negocios que la ley determine (se le llama también ‘representación social’). Al frente del mismo está un procurador general que designa el presidente. Es, por lo tanto, como todos los secretarios de Estado, un gato del presidente. No sé de dónde saca Arturo Chávez Chávez, actual procurador, que él es el ‘garante de la constitucionalidad’ y ‘tiene el deber fundamental de apoyar las causas que reclamen el respeto a la supremacía de la ley fundamental’ «. [Se refiere a declaraciones del titular de la PGR, defendiendo su acción, aún cuando se supone que a la PGR le toca aplicar la ley, no cuidar su elaboración y congruencia].

Córdova termina de darle la puntilla a la argumentación de Chávez: «En nuestro régimen constitucional el ‘garante’ de la Constitución y de la constitucionalidad de leyes y actos de autoridad es el Poder Judicial de la Federación (en derecho constitucional comparado se habla del Defensor de la Constitución y siempre es un órgano especial acordado en la misma Constitución, pero jamás a nadie le ha venido en mente hacer del PERSECUTOR DE LOS DELITOS el garante de la misma, aunque, por su función, se le llama ‘representante de la sociedad’). Chávez debería contentarse con desempeñar el papel que le asigna el artículo 105 en materia de anticonstitucionalidad o inconstitucionalidad, vale decir, el de representar al presidente de la República. A éste, tampoco a nadie se le ha ocurrido llamarlo «garante» de la Constitución, aunque, según el 128 constitucional, debe rendir protesta de guardar la Carta Magna y sus leyes » (mayúsculas mías).

Sobre la argumentación de la impugnación, Córdova comenta: «Invoca los artículos primero (párrafo tercero), cuarto (párrafos primero, sexto y séptimo), 14 (segundo párrafo), 16 (primer párrafo) y 133 de la Constitución como violados por el acto legislativo. Todos sus argumentos giran en torno a necedades acerca de lo que ‘deben ser’ el matrimonio, la familia y su descendencia. Ninguno de los preceptos constitucionales dice nada en torno a esos tópicos. Sólo el ejemplo más vistoso, el párrafo primero del cuarto [por eso fue el único que cité arriba], dice: ‘El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia’. No se habla del ‘matrimonio’ ni de la ‘debida descendencia’. QUE LA LEY PROTEJA LA ORGANIZACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA FAMILIA NO QUIERE DECIR, COMO ARGUMENTA EL PROCURADOR, QUE LOS FUNDE O DETERMINE. En la legislación civil el matrimonio es siempre definido como un contrato entre privados y no como una ‘institución pública’ como también afirma [ojo con esa distorsión de conceptos]. Eso quiere decir que la ley protege ese vínculo entre privados, pero no lo dicta. TAMPOCO EN NINGÚN LADO SE DICE QUE ESA UNIÓN TENGA COMO FIN LA PROCREACIÓN.» (Mayúsculas y paréntesis cuadrados míos).

Ahora, otro punto. La PGR también quiso torpedear a la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) alegando que no motivó su determinación. Al respecto Córdova dice que ello «da entrada a otra cuestión que ya he debatido en estas páginas: la debida ‘motivación’ (para mí ‘fundamentación’) de la reforma. Su alegato de inconstitucionalidad en este sentido hace referencia al primer párrafo del 16: ‘Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito que funde o motive la causa legal del procedimiento’. Aquí, evidentemente, confunde la gimnasia con la magnesia. Se trata de UNA PROTECCIÓN DEL INDIVIDUO ANTE UNA AUTORIDAD. La reforma de la ALDF no era un ACTO del Ministerio Público o de una autoridad administrativa, sino una ley. Que el legislador debe fundar o motivar sus determinaciones es obligado, pero eso está considerado en otros artículos, no en el 16, que consagra una garantía de la persona [de nuevo, la PGR escoge textos de aquí y allá, leyéndolos en un contexto ajeno al que les corresponde]. Por lo demás, la ALDF sí fundó y motivó su determinación legislativa: en primer lugar, haciendo uso de una facultad que le otorga la Constitución […] El procurador se saca de los pelos la interpretación de que falta «razonabilidad objetiva» al acto de la ALDF. Traté de entender todas sus explicaciones, pero sólo concluí que eso sólo quiere decir que ese órgano ignoró lo que es corriente pensar sobre el matrimonio, la descendencia y la adopción, vale decir, lo que la sociedad bienpensante, derechista y conservadora que él representa piensa sobre el asunto.» (Mayúsculas y paréntesis cuadrados míos).

Bueno, sobre esto último le corregiré un poco la página al intelectual y diré que efectivamente en términos generales en nuestra sociedad es común pensar -no sólo entre grupos retrógrados- en el matrimonio como una unión de dos sexos diferentes, pero lo grave está en que dichos grupos creen que su concepción es la que debe regir, y para ello llegan al grado de aventarse interpretaciones retorcidas de la ley para llevar adelante su proyecto intolerante. Es evidente que se aprovechan de que muchos de nosotros pensamos en el matrimonio como lo hacen ellos, pero es por costumbre y porque no es algo sobre lo cual se nos ocurra meditar cotidianamente…pero si lo hacemos, quiero pensar que muchos de nosotros podríamos aceptar que nuestra concepción puede ser enriquecida…y ahí está lo que nos diferencia de los grupos conservadores, que simplemente no abandonan su posición. Es la diferencia entre la ignorancia pasajera y la intolerancia constante.

Córdova cierra con esto, un tanto crudo, pero cierto: «Cuando se hace justicia a un sector de la sociedad, el resto de la misma comienza a ladrar alegando su derecho a decidir por todos, olvidando que sólo el Estado, que representa a todos, puede hacerlo.»

Hay que ver, realmente, hasta dónde pueden llegar el conservadurismo y la intolerancia decimonónicos con tal de aferrarse a su miseria ideológica e imponerla a los demás, como parecen creer que es su misión. La verdad es que aun no siendo licenciado en leyes pueden entenderse estas cosas, y resulta patético que la Suprema Corte de Justicia (cada vez le queda más grande lo de «Suprema») haya dado entrada a ese mazacote de incoherencias en lugar de rechazarlo de entrada. El tiempo dirá si la mayoría de estos jueces volverán a mostrar su sumisión al poder avalando tales cosas. No sería la primera vez que se avienten una aberración de resolución, valiéndoles un cacahuate las durísimas críticas y refutaciones que en su momento han recibido. Cuando se vende la dignidad, también se sacrifican la sensibilidad y la vergüenza.

Pues de esta forma la derechización de México, al menos en la mayor parte de los círculos del poder, de la administración y la política, sigue adelante. Es necesario que nos reforcemos como sociedad, que seamos capaces de plantarnos sólidamente en el siglo XXI y entendamos que éstos son tiempos para mayor humanismo y tolerancia, cosas que las cúpulas de ciertas iglesias rechazan ferozmente…pero ellos no son la religión, sino administradores de la misma, y debemos ser capaces de interiorizar el espíritu laico, de modo que si un religioso nos invita a la intolerancia, la discriminación y la injusticia, simplemente no le hagamos caso y veamos en él sólo al ministro de culto, y que por lo tanto no tiene autoridad para normarnos el criterio social. Sí hay sacerdotes con una mente humanista y que pugnan por un mundo mejor, pero ésos no viven con lujos, ni son estrellas de radio y tele, Ésos desde hace años sufren la represión y persecución de intolerantes como Juan Pablo II y su ahora sucesor; son ignorados por los medios y frecuentemente asesinados. Para la cúpula de la Iglesia Católica optar por los fregados es mucho más grave que ser pederasta. A las pruebas me remito.

Y también debemos sacar el pie de las trampas de los políticos ligados a estos conservadores. Para ello se requiere cultura política, buena información y, sobre todo, voluntad para ambas cosas. Así podremos entender que el respeto por las minorías se debe reflejar en las leyes especiales que requieren, que les den los mismos derechos, ya que siempre han tenido las mismas obligaciones.

Y sobre todo, así podremos entender que ese respeto llevado a la práctica no es sinónimo de descomposición social -idea fascistoide-, sino uno de los mejores indicadores de una sociedad digna.