Hay agitación en Argentina ante la acción de los piqueteros (organizaciones de parados), que se han convertido en los principales actores de la protesta social. La inquietud ha llegado hasta el Gobierno y el ministro de Defensa, José Pampuro, dice que «Argentina se está convirtiendo en un país violento», en un mensaje preocupante para los […]
Hay agitación en Argentina ante la acción de los piqueteros (organizaciones de parados), que se han convertido en los principales actores de la protesta social. La inquietud ha llegado hasta el Gobierno y el ministro de Defensa, José Pampuro, dice que «Argentina se está convirtiendo en un país violento», en un mensaje preocupante para los inversores extranjeros cuando el presidente y parte de su Gabinete están en viaje oficial a China.
De los habituales cortes de tráfico en Buenos Aires, los piqueteros han pasado en los últimos días a formas de lucha más radicales que incluyen devolver ataques a la policía y a empresas extranjeras. La muerte de un dirigente piquetero acribillado a balazos la semana pasada tuvo una respuesta inmediata: la comisaría 24 del barrio porteño de La Boca fue arrasada por la ira de los vecinos, que durante nueve horas destruyeron cuanto encontraron sin que llegara refuerzo alguno para impedirlo. Dos días antes, un patrullero fue incendiado en respuesta al asesinato de un joven a la salida de una discoteca en el distrito de La Matanza. En ambos casos los vecinos acusan a la policía de instigar los crímenes.
Los militares fueron objeto de una humillación cuando un grupo de encapuchados del grupo izquierdista Quebracho irrumpieron en el Edificio Libertador (sede del Ejército), en pleno centro de Buenos Aires, y tomaron el patio de armas, donde quemaron banderas de EE UU y de la ONU. El motivo de la protesta era el envío de tropas argentinas a Haití para formar parte de la Fuerza Multinacional de Paz de Naciones Unidas.
En días previos, unos 100 manifestantes ocuparon durante una hora el vestíbulo del edificio central de la petrolera española Repsol-YPF y retuvieron a 500 empleados. Reclamaban el reparto gratuito de bombonas de gas. La empresa recibió a los manifestantes y accedió a distribuir gratuitamente botellones para cada uno de los 1.052 comedores escolares del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), que encabeza Raúl Castells, pero al mismo tiempo presentó denuncia por retención involuntaria del personal, violación de domicilio y agresión a un empleado.
El mismo grupo piquetero irrumpió en el vestíbulo del hotel Sheraton con la intención de hacer pasar un mal rato a los jefes de una misión del FMI. Los emisarios del organismo internacional consiguieron pasar desapercibidos entre los manifestantes que no advirtieron su presencia.
El 18 de junio, le tocó el turno a la cadena de hamburguesas Mc Donald’s. Los piqueteros tomaron nueve establecimientos en la capital argentina para reclamar 20.000 kilos de leche en polvo y 10.000 libros escolares. La empresa no accedió, pero no denunció el caso.
Una de las acciones más originales se llevó a cabo en tres autopistas de la periferia de la capital. Durante seis horas, activistas del MIJD levantaron las barreras de los puestos de peaje e invitaban a los automovilistas a pasar sin pagar. Reclamaban la restitución de subsidios y alimentos. Las empresas afirman que las pérdidas ascendieron a 40.000 pesos (13.800 dólares) y una de las damnificadas, Autopistas del Sol, inició una demanda por coacción e intimidación y daño por pérdida de ingresos.
En ninguno de estos casos intervino la policía, que cuando hizo acto de presencia permaneció impasible. La vista gorda de las fuerzas de seguridad ante la escalada de los piqueteros obedece a directrices del Gobierno del peronista Néstor Kirchner, que se resiste a dar la orden de reprimir. El presidente desconfía de la policía, una institución desprestigiada que hace dos años asesinó a los jóvenes piqueteros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, del MTD Anibal Verón, que participaban en una de tantas jornadas de lucha. Aquellas muertes fueron el principio del fin del Gobierno provisional de Eduardo Duhalde, que adelantó la convocatoria de las elecciones presidenciales de abril de 2003 que ganó Kirchner.
«No vamos a reprimir la protesta social con esta policía de gatillo fácil», ha dicho el presidente, aunque en otras oportunidades ha alentado la divisón entre piqueteros «buenos» (los que negocian) y «malos» (los que cortan rutas). Quienes gobiernan en Argentina están inmersos en el dilema de no recurrir a la fuerza al tiempo que aumentan las voces que reclaman mano dura, especialmente de la prensa y sectores del poder económico, aunque también desde sectores importantes del propio Gobierno. «La ausencia policial ha dejado la calle a merced de los violentos», ha escrito el periodista Mario Grondona.
La radicalización de los piqueteros no es gratuita. Un funcionario de un organismo internacional apunta como razones la persistencia de altos niveles de pobreza y la reaparición de «una creciente exhibición de la desigualdad, con niveles de consumo insultantes gracias a la recuperación de la economía». Asimismo, añade la misma fuente, ciertos sectores de izquierda vinculados con algunos grupos piqueteros han puesto en marcha una «estrategia política de mayor movilización», que es sobredimensionada por los grandes medios de comunicación.
Nada que perder
Las organizaciones piqueteras surgieron en 1996, al margen de los sindicatos y partidos políticos y con la acción directa como método de lucha. El empobrecimiento generalizado de los argentinos como efecto de la grave crisis de 2001 dio nuevos bríos a un movimiento que dice representar a quienes no tienen nada que perder.
El Gobierno de Duhalde puso en marcha un programa de subsidios conocido como Plan Jefas y Jefes de Hogar, que reparte unos 50 dólares mensuales por familia sin trabajo. Actualmente, el plan tiene dos millones de beneficiarios, con un presupuesto para 2004 de 3.800 millones de pesos (1.310 millones de dólares). En teoría, los planes implican una contraprestación laboral. Caciques políticos locales distribuyen selectivamente el grueso de estos subsidios, pero el 10% (unos 200.000) es administrado por las organizaciones piqueteras.