El INDEC confirmó que el 2018 tuvo la inflación más alta de los últimos 27 años: 47,6%. A principios de año, el macrismo había pronosticado una suba de precios del 10%. El aumento de precios está lejos de detenerse y las consultoras privadas aseguran que enero tendrá un aumento del índice de precios de 2,5%. […]
El INDEC confirmó que el 2018 tuvo la inflación más alta de los últimos 27 años: 47,6%. A principios de año, el macrismo había pronosticado una suba de precios del 10%. El aumento de precios está lejos de detenerse y las consultoras privadas aseguran que enero tendrá un aumento del índice de precios de 2,5%. La suba está vinculada a los tarifazos que el Gobierno autorizó para los primeros meses del año.
Sin embargo, los diarios oficialistas La Nación y Clarín publicaron la información en las páginas 14 y 10, respectivamente. El último bajo el título: «La inflación aflojó en diciembre a 2,6%».
Para 2019 la Ley de Presupuesto estima una suba de 23%. Pero, los economistas, según el relevamiento de expectativas del mercado del BCRA, esperan que llegue al 28,7%. Atrás quedó el augurio de una inflación de un dígito en 2019 que hicieron las autoridades del Banco Central en una conferencia de prensa a fines del 2017. Ni hablar que en la campaña de 2015 el presidente Mauricio Macri prometió que la inflación «sería lo más fácil del mundo de resolver».
En diciembre los aumentos más fuertes se dieron en Comunicación (7,7%), por subas de telefonía móvil y Salud (5,2%), por incrementos autorizados en las cuotas de prepagas y en medicamentos.
«Todos los hombres tienen igual derecho a la vida y a la sanidad». La frase pertenece a Ramón Carrillo, primer ministro de Salud argentino y autor intelectual del Hospital Posadas.
A contramano, Cambiemos desarrolla un fuerte ajuste sobre la salud pública y, al mismo tiempo, responde con celeridad a las demandas de la medicina privada con aumentos siempre por encima de la inflación.
Hasta setiembre el presupuesto de Salud creció apenas un 10%, contra una inflación acumulada del 129,2%. Mientras tanto, las prepagas acumularon aumentos de un 144%. Una diferencia a favor de 15,4 puntos porcentuales.
Por lo reiterados incrementos de las cuotas, la disminución del poder adquisitivo de la población y la mayor cantidad de afiliaciones por la vía de una obra social, se está achicando el padrón de los afiliados voluntarios.
Datos de la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad consignan que en el primer trimestre del 2018, el 6,1% de las familias porteñas declararon contar con un plan de medicina prepaga por contratación voluntaria para todos sus integrantes. Un año antes, en el primer trimestre del 2017, la marca había sido del 10%.
Los datos también revelan que quienes derivan sus aportes a una prepaga son menos. Del 21,6% que lo hacía en 2015, en 2017 disminuyó al 17,3%.
Informe sobre la situación de las personas mayores
Elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el Centro de Estudios Políticos para Personas Mayores (CEPPEMA) y la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria (ALGEC), adelantaron algunas de sus conclusiones del impacto inflacionario en los medicamentos esenciales y productos de consumo básico utilizados por las personas mayores 2015-2018:
-Para el año 2018 las proyecciones de INDEC indican que 6.838.533 habitantes de nuestro país son personas de 60 años y más (15,4%), siendo 43% varones y 57% mujeres. Es decir, la calidad de vida de los adultos mayores representa una porción significativa de nuestra población.
-La inflación de los medicamentos del 2015 al 2018 aumentó un 235%, y algunos medicamentos esenciales se incrementaron más del 534%. En contraste, la jubilación mínima actual es de $ 9.309 y en el 2015 la primera movilidad anual la llevó a un importe de $3.821, siendo el aumento del periodo mayo 2015 a diciembre de 2018 de un 143,63%.
-Si se considera el año 2018, en promedio los precios de los 50 principales medicamentos aumentaron 53,24%, ubicándose por encima de la inflación anual que cerró en 47,6% de acuerdo al INDEC.
-Solamente en el mes de diciembre de 2018, en promedio los precios de los 50 principales medicamentos aumentaron 8,56%. El promedio de los 10 medicamentos que más aumentaron en el mismo periodo alcanza el 14,85%, entre los que cabe destacar aumentos de hasta un 21,3%.
-Estos aumentos se agravan dada la modificación de la Resolución N° 005 de PAMI, que agrega condiciones extremadamente extraordinarias (tener ingresos inferiores a 1,5 haberes previsionales mínimos, no estar afiliado a un sistema de medicina pre-paga, no ser propietario de más de un inmueble, no poseer un vehículo de menos de 10 años de antigüedad, no poseer aeronaves o embarcaciones de lujo) para poder acceder al subsidio del 100% de cobertura en medicamentos, lo que se traduce en una disminución del acceso de jubilados/as a esta prestación.
-En Argentina en el año 2009 (Informe de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud de la Nación) el 44% de las defunciones de personas de 60 años y más correspondieron al aparato circulatorio, el 26% a tumores y el 21% a enfermedades del sistema respiratorio. Solo el 5,5% de las muertes fueron por causas de enfermedades infecciosas y parasitarias.
-Esta situación es crítica si se consideran los muy relevantes aumentos de medicamentos para patologías específicas. Por ejemplo:
• El medicamento para patologías cardiovasculares Acenocumarol (Sintrom), es un anticoagulante necesario para evitar Accidentes Cerebro Vasculares (ACV) en personas que padecen arritmias cardiacas, e incrementó su valor en un 534,42%.
• El medicamento para Patologías Respiratorias, fluticasona+salmeterol (Seretide) aumentó su precio en un 302,07%, siendo hoy su valor actual de $1.805,06. Los tratamientos para personas asmáticas o con Enfermedades Obstructivas Crónicas (EPOC) se han visto fuertemente encarecidos. Es importante considerar que el EPOC representa el 13% de las defunciones por enfermedades respiratorias.
• El medicamento para Patologías Osteoarticulares, Etoricoxib (Arcoxia) es un fármaco antiinflamatorio no esteroideo que se utiliza para el dolor crónico de patologías osteoarticulares como artrosis y artritis reumatoidea. Tuvo un incremento del 284,95%.
Continúa la movilización contra los tarifazos
Este viernes, por cuarta semana consecutiva, nuevamente se realizó un #Ruidazo contra la suba de tarifas. El mismo encontró eco en algunas de las esquinas de la Ciudad de Buenos Aires y en diversas localidades del país.
Miles de personas volvieron a reclamar contra las subas en los servicios públicos como la luz, el gas y el transporte.
La Multisectorial Contra el Cierre de las Escuelas se sumó al ruidazo en Acoyte y Rivadavia para protestar contra el cierre de 14 escuelas nocturnas que dispuso el Gobierno de Rodríguez Larreta.
Una multitud participó en Rosario de la Marcha de las Antorchas contra los aumentos de tarifas. La movilización, convocada por las dos CTA y el Frente Sindical para el Modelo Nacional, que contó también con la presencia de muchos ciudadanos de a pie, partió desde la sede de la Anses en Rioja y Sarmiento, y finalizó en la Plaza San Martín donde se leyó un documento que advierte que el incremento tarifario forma parte de «un brutal ajuste que no es producto de tormenta alguna sino de decisiones premeditadas».
La movilización se realizó en el marco del plan de lucha nacional que comenzó la semana pasada en Buenos Aires, continuará el próximo jueves en Mar del Plata, el 31 en Bariloche y cerrará el 7 de febrero en Mendoza. En ese contexto, organizaciones sociales, políticas, barriales y de consumidores, coparon el centro de Rosario. La multitud portaba pancartas que exigían «basta de tarifazos, despidos y ajustes», «si pagamos no comemos», «luz, gas y agua no son negocios, son derechos» y «la patria está de duelo». Un volante que repartían los organizadores precisaba que «entre diciembre de 2015 y enero de 2019, los salarios y las jubilaciones subieron un 110 % promedio, mientras que el agua subió un 350 %, la luz 750 %, el gas 3700 % y el transporte un 300 %. ¡Calculá cuánto perdiste!». Pasadas las 18.30, y bajo una bandera que decía «Rosario dice no al tarifazo», miles de personas comenzaron a movilizarse y a poco de andar se escuchó fuerte el canto contra el presidente Macri. «Fuera gato», gritaban los manifestantes. Acompañaban varios gremios y organizaciones: Coad, Hijos, Feser, Municipales, Siprus, Peajes, Comercio, Dragado y Balizamiento, Judiciales, Sadop, La Bancaria, Amsafé Rosario, Sitratel.
Un documento fue leído en la Plaza San Martín por las dirigentes Stella Hernández del Sindicato de Prensa; Yamile Baclini de Municipales; Claudia Indiviglia de 21F y Nancy Santamaría de la Multisectorial contra los tarifazos. Dijeron que «trabajadores públicos y privados, jubilados, pensionados, comerciantes, pequeños empresarios, universitarios, profesionales, estudiantes, docentes, clubes, fabricas recuperadas, sindicatos, movimientos sociales, pymes, cooperativas, asociaciones de comerciantes y consumidores, y espacios políticos, reunidos en Rosario decimos Basta de Tarifazos».
Juan Carlos Schmid, ex triunviro de la CGT y secretario General de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) se sumó ayer a la movilización en rechazo al aumento de tarifas en los servicios públicos convocada por el Frente Sindical por el Modelo Nacional (FRESIMONA) en Rosario.
Schmid expresó que «hay condiciones para lanzar un nuevo paro general, pero la fragmentación sindical y política dificulta su concreción». Para concluir «el creciente reclamo de los trabajadores en la calle debe tener una traducción en el proceso electoral, con el cambio de la política económica». ¡¡¡Bingo!!!
Mientras tanto, los trabajadores de Edesur, Edenor y Edelap de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires paralizaron tareas en reclamo de «un definitivo acuerdo paritario», informó el secretario de prensa de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (Apsee), Ricardo Sironi.
Los delegados gremiales decidieron profundizar el quite de colaboración y no realizar horas extras, y ratificaron la huelga general para el miércoles pasado, luego de varias acciones de protesta que llevan adelante desde hace semanas, en reclamo de «una mejora salarial».
«Las empresas se niegan a efectuar la recomposición de los haberes convenida en la paritaria de 2018, por lo que la asamblea general de representantes y la conducción de la Apsee ratificaron la huelga general», señaló a la prensa, mediante un comunicado, el titular de la organización, Carlos Minucci.
La Patagonia sigue rebelde
El pasado lunes 14, un nutrido grupo de vecinos y vecinas de El Calafate (Santa Cruz) se autoconvocaron en la plaza Perito Moreno y marcharon juntos hacia la Intendencia de Parques Nacionales para demostrar el repudio a la visita del Presidente y su rechazo a la construcción de las dos mega represas sobre el Río Santa Cruz.
Agrupaciones como Río Santa Cruz-El Calafate, Río Vida de Río Gallegos, Movimiento Patagonia Libre y vecinos locales, consideraron que la visita de Macri a las obras es una muestra de hipocresía, ya que una de sus tantas promesas incumplidas de campaña fue desestimar este proyecto, licitado durante el gobierno de Cristina Kirchner, y que una vez asumida la presidencia se empeñó en considerarlo prioritario en materia energética.
La localidad de El Calafate es uno de los centros turísticos más importantes del país, ya que es la entrada al Parque Nacional Los Glaciares. En ese sentido, los manifestantes explicaron que su rechazo a la construcción de las represas también se fundamenta en el riesgo que implica para una economía basada en el turismo y la posible pérdida de los glaciares, que además de ser un monumento visual único, representan un reservorio de agua importante a nivel mundial, son patrimonio de la humanidad y el motivo de visita de miles de personas por año, fuente de trabajo y economía regional.
Durante el escaso tiempo que visitó la provincia Macri se reunió con empresarios y productores de ganado y funcionarios del sector agropecuario. En ningún momento dedicó tiempo para escuchar los reclamos de la comunidad que teme por la pérdida de sus fuentes de trabajo y las afectaciones al ambiente, ni de los pueblos originarios, que se ven perjudicados y avasallados en sus derechos por las obras de estas mega represas, iniciadas sin el cumplimiento de la consulta previa, libre e informada como dictamina la Constitución.
Parece que el gobierno no está dispuesto a escuchar a los habitantes patagónicos ni acepta discutir con la sociedad qué tipo de desarrollo es deseable para el país, si energía a cualquier costo con ganancias extraordinarias para las empresas del sector, o un modelo económico que utilice la energía racionalmente, genere empleo digno, respete a las formas tradicionales de vida, los ecosistemas y la biodiversidad y garantice su viabilidad para las generaciones futuras.
También en Puerto Madryn y Puerto Pirámides (Chubut) Macri recibió un caluroso escrache de bienvenida, y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, debió suspender su rutina de ejercicios al cruzarse con la población indignada.
Inundados
Tampoco Mauricio Macri la pasó bien en su visita a Barranqueras, provincia de Chaco, adonde llegó el jueves tras su encuentro con Jair Bolsonaro en Brasil. Un video muestra las reacciones de los habitantes del lugar cuando salió de un centro de evacuados, donde se había reunido con quienes sufrieron la inclemencia de las inundaciones.
Gritos de «¡Chorro!» e insultos envolvieron al Presidente de la Nación mientras se retiraba del lugar junto a la intendenta radical Alicia Azula, que también fue insultada y a quien reclamaron no haber dado la cara antes. Los funcionarios se retiraron en camioneta en medio de la indignación de los habitantes de Barranqueras.
Chaco no es la única provincia que está sufriendo las inundaciones. A esta catástrofe se le suman Santa Fe, Tucumán, Corrientes y Entre Ríos. Entre todas las provincias mencionadas anteriormente son 5.000 los evacuados según palabras del vocero de la Cruz Roja Argentina, Rodrigo Cuba.
En condiciones normales el propio suelo tiene la capacidad para absorber titánicas cantidades de agua ya que es el ciclo natural pero al ser zonas destinadas para la agroindustria, es decir, expuestas a infinidad de alteraciones y deformaciones para elevar la eficiencia, esto desaparece. Es el resultado de grandes corporaciones que, en pos de aumentar sus ganancias, pasan por encima de reglamentaciones medioambientales que derivan en catástrofes.
Desde la CTEP, Barrios de Pie y CCC solicitaron una reunión con la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, para que se fortalezcan los programas sociales destinados a las provincia en situación de catástrofe por las inundaciones.
Esta medida excepcional consiste en la duplicación del monto de los programas sociales y de empleo que perciben las trabajadoras y los trabajadores durante los meses que dure la emergencia, aplicando la medida desde la próxima liquidación.
A través de esta ayuda, las organizaciones sociales buscan que las miles de familias afectadas en todo el país por inundaciones puedan encontrar un paliativo a la situación dramática que se vive en las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Corrientes, Entre Ríos y norte de Santa Fe.
Desde el 18 de enero, comunidades de pueblos originarios están marchando desde San Antonio de los Cobres a la capital de la Provincia de Salta a donde estiman llegar el lunes por agua potable, saludable, para no enfermar tanto.
Al Gobernador Urtubey le alcanza para las genuflexiones ante Macri, le sobra unidad en los planes del FMI-CAMBIEMOS y derrocha iniciativa para postularse a la Presidencia de la Nación. Pero todo ese despliegue de servidumbre y complicidad con los planes imperialistas exhibe una cara siniestra en muchos sentidos: no puede dejar de asombrar e indignar que las comunidades deban poner en la ruta un reclamo por la negación de agua potable, saludable, que no enferme.
Conflictos sindicales
La mañana del jueves pasado arrancó con una asamblea contundente de pilotos en todo el país, los sindicatos de pilotos APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas) y UALA (Unión de Aviadores de Líneas Aéreas) desconocieron la conciliación obligatoria ilegal dictada por el Ministerio de Producción y Trabajo que conduce Dante Sica. El motivo es que la ANAC había decidido mantener vigente la resolución 895/18 que habilita la revalidación de licencias de pilotos extranjeros que pretende precarizar las condiciones de trabajo. A las 9:00 luego de una reunión mantenida en el Ministerio, el Gobierno retrocedió absolutamente derogando el decreto que quería imponer.
Sin embargo, los pilotos advirtieron que si la administración nacional no cumple con su promesa retomarán las medidas de fuerza en forma inmediata.
Se estima que alrededor de 96.000 pasajeros fueron afectados en 867 vuelos de las compañías Aerolíneas Argentinas, Austral, Avianca, Latam y Andes.
Según APLA el titular de la ANAC, Tomás Insausti, no se ruborizó al admitir que quieren «abrir libremente nuestros cielos a pilotos extranjeros para poder reemplazarnos si ejercemos nuestro derecho constitucional de huelga». Es la primera batalla en la que el Gobierno sale derrotado, en el marco de la guerra contra los trabajadores Aeronáuticos que va a tener nuevos episodios.
El 15 de este mes mediante un decreto el presidente Macri desregularizó la rampa y abrió la posibilidad de que otras empresas presten servicios con el objetivo de precarizar el trabajo de handling, poniendo en riesgo las fuentes de trabajo de cientos de empleados de Intercargo. Y en Aerolíneas se sigue sin paritarias con los salarios congelados mientras la inflación bate récords.
Camioneros dispuso el estado de alerta y movilización y el trabajo a reglamento en la recolección de residuos de la Ciudad de Buenos Aires. Moyano reclama a las empresas y al Gobierno el pago del bono de fin de año de 13.500 pesos.
Luego de atravesar un 2018 en el que el gobierno provocó la escalada inflacionaria más alta desde 1991, se reunieron el Ministerio de Educación y los gremios docentes universitarios para activar la cláusula de revisión firmada en las paritarias 2018. Los dirigentes fueron a la espera de una propuesta concreta, pero la Secretaría de Políticas Universitarias no acercó ninguna oferta salarial y pidió un cuarto intermedio para realizar una propuesta el lunes 21 de Enero.
Cabe recordar que la paritaria docente universitaria alcanzó un promedio de un 25% de aumento salarial de marzo a octubre 2018, con una cláusula de revisión en diciembre y una en febrero. Con el incremento del 2,6% en diciembre, la inflación acumulada en el período marzo-diciembre alcanza al 41,6%, implicando una necesidad de recomposición salarial del 16,6%.
Por su parte la Federación de Docentes Universitarios declaró hoy el estado de «alerta y movilización» y advirtió que con este panorama se encaminan al no inicio de clases en las universidades.
El próximo lunes 21 finaliza la conciliación voluntaria entre la Unión Ferroviaria y la empresa Ferrovías por 29 despidos. L os trabajadores del Belgrano Norte, organizados en asamblea, han votado medidas de fuerza y cuestionan el accionar que viene teniendo la conducción del sindicato. La directiva de la Unión Ferroviaria convocó a un paro de 24 horas que ha quedado en suspenso por la conciliación.
«Hacemos un llamado a todos los ferroviarios a apoyar nuestra lucha. Si el día 21 no reincorporan a los 29 compañeros, la Unión Ferroviaria debe convocar inmediatamente al paro . Consideramos que debe convocarse a un paro nacional de todo el gremio, porque los despidos y cierre de ramales son comunes a toda la rama ferroviaria. En los tres años que lleva en el mandato el Gobierno de Cambiemos se han perdido 2.500 puestos ferroviarios. Necesitamos un verdadero plan de lucha nacional contra el ajuste del gobierno, y contra el tarifazo, que es un nuevo ataque al bolsillo de todos los trabajadores», manifestaron desde la Lista Roja y la agrupación Vanguardia Ferroviaria del Belgrano Norte.
El próximo lunes 21 los trabajadores del Belgrano Norte se convocarán en la seccional Boulogne para realizar una nueva asamblea general.
Los trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Subte consideraron una «locura total» la utilización de pistolas Taser en las estaciones, como anunció el Gobierno de la Ciudad, por lo que evaluarán medidas de protesta en conjunto con organismos de Derechos Humanos que ya cuestionaron la utilización de esas armas. El vicejefe porteño, también a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad, Diego Santilli, volvió a defender el uso de las pistolas eléctricas: «La Taser será una herramienta más para reducir al delincuente en un ambiente más controlado y cerrado, como es el subte», justificó.
Lxs trabajadorxs del diario El Litoral continúan sin cobrar el sueldo del mes de diciembre del año pasado. Hace tres semanas les cortaron la obra social por falta de ingreso por parte de la empresa tanto del aporte patronal como de lo que le retienen a lxs trabajadorxs.
El lunes 15 se realizó un acto en la puerta de Radio Nacional Buenos Aires, Maipú 555, en defensa de los salarios y de los medios públicos.
La tintorería Color Pool S.A. despidió a 60 trabajadores tras el cierre de la fábrica ubicada en el parque industrial de Pilar. Por este motivo se encuentran realizando un acampe frente a las oficinas de la empresa para pedir el pago de la indemnización.
La Justicia volvió a fallar a favor de los trabajadores de Siam ordenando la reinstalación de otro de sus compañeros, por considerarlo, como en los demás casos, discriminatorio y antisindical, constituyendo un nuevo golpe contra la ilegalida d de la empresa Pilisar SA y del grupo NewSan, propietarios de Siam.
Unos cien efectivos de La Bonaerense desalojaron a los trabajadores de la Confitería Boston, situado en la zona de Varese de Mar del Plata. Ocupaban el lugar desde junio pasado en reclamo del pago de haberes e indemnizaciones.
«Hoy cumplimos el día 231 de la toma pacífica, por culpa de los empresarios que nos adeudaban los sueldos de marzo, abril, mayo y junio y luego nos echaron, con lo que además nos deben las indemnizaciones», indicó Alejandra Blanca, una trabajadora con 18 años de antigüedad en el local.
«Nuestra lucha continuará, lo único que queremos es que nos paguen los sueldos adeudados y la indemnización. Ahora nos trasladaremos al local del centro, en la calle Buenos Aires 1845, frente al Casino de Mar del Plata, y nos uniremos a los 12 compañeros que están en esa Boston», expresó Blanca.
El titular del SUTEBA, Roberto Baradel, desmintió a la gobernadora María Eugenia Vidal al asegurar que «mintió a la sociedad» por decir que el aumento del 32% otorgado acompañaba la inflación y anticipó que en la mesa paritaria de febrero pedirán discutir «la inflación real» y también que haya cláusula gatillo en 2019.
El dirigente habló tras las declaraciones que Vidal realizó en el programa de Mirtha Legrand sobre el conflicto docente. «Lo que se necesita es que, de verdad, haya vocación de empezar las clases», dijo la mandataria en esa mesa y calificó a los paros como «una tragedia» enviando así su primer mensaje del año a los gremios del Frente de Unidad Docente con quienes no pudo cerrar un acuerdo paritario en todo 2018. También señaló que los convocarán en febrero y que hará una oferta «que se pueda pagar».
El Frente de Unidad Docente, que integran FEB, SADOP, AMET y UDOCBA además de SUTEBA, también volverá a pedir «escuelas seguras», un reclamo que se profundizó el año pasado tras la muerte de Sandra Calamante y Rubén Rodríguez en la Escuela 49 de Moreno a raíz de una explosión de gas. «Necesitamos mejor infraestructura porque han dejado la Provincia en una situación de desidia y abandono. Necesitamos más inversión y que dejen de cerrar escuelas y los programas de políticas socioeducativas», apuntó Baradel.
Trabajadores de Sport Tech, fábrica que produce para Nike, Adidas y Puma, movilizaron a la delegación San Martín del Ministerio de Trabajo Bonaerense, en el marco del paro que vienen desarrollando desde el martes pasado. Además de la continuidad laboral de los 120 operarios, exigen el pago haberes adeudados por la empresa. Estos son retroactivos correspondientes a los meses de abril, mayo y junio, el salario de diciembre, el bono de 5.000 pesos, el aguinaldo y las vacaciones.
Los obreros se encuentran acampando frente a la fábrica, para evitar que se lleven maquinaria y mercadería. También manifiestan que su empleador ha rechazado trabajos encargados por las marcas multinacionales.
La situación en la planta que la multinacional DASS tiene en Eldorado, Misiones, sigue siendo preocupante. Es que luego de los 175 despidos que se dieron a fin de año, no hay certezas de que todo se estabilice. Más bien lo contrario.
«La empresa dice que no hay ventas, de 22.000 pares diarios se pasaron a ensamblar 11.000», señaló Gustavo Melgarejo, delegado del gremio del Calzado.
Según contó el delegado, «la planta hoy cuenta con 780 trabajadores» y es la más grande de la provincia y de todo el nordeste argentino. Sin embargo, la firma está en un continuo achique desde hace 3 años: «éramos casi 1.500 y somos 780. Casi la mitad», explicó.
La situación de despidos en Roque Pérez (Prov.de Buenos Aires) parece no tener fin. Luego del cierre de Criave que dejó más de 1.200 despidos y encendió las alarmas por una potencial crisis social en la región, ahora le toca pasar por lo mismo a los 30 trabajadores de la avícola Absolón.
Se agrava la situación en el Parque Industrial de Gualeguaychú, Entre Ríos. Cada vez más empresas presentan problemas económicos que se traducen en la reducción de turnos y en el despido de empleados.
Esta vez el impacto se sintió en la fábrica de neumáticos Imperial Cord. Desde hace 6 meses, la fuerte baja en la producción se reflejó en achicamiento de turnos y horarios para los trabajadores.
Finalmente, el lunes 7 de enero la patronal, encabezada por Daniel Bornico, convocó a los referentes del Sindicato del Neumático, la Comisión Interna y los obreros referentes de cada sector, y les informó del cierre.
Los trabajadores de las autopartistas no tienen paz. Ahora denuncian que la empresa Pilkington envió telegramas de despido sin causa en medio de las vacaciones y ante el parate anual de producción a 14 trabajadores.
Se realizó una asamblea, en donde se denunció la presencia de Policía de la Provincia de Buenos Aires dentro de planta y se realizó un apoyo solidario a los despedidos.
A su vez se decidió realizar un acampe en lucha por su reincorporación en la puerta de la planta ubicada en Munro y convocaron a una radio abierta.
La crisis económica se sigue haciendo sentir en el sector gastronómico de Buenos Aires. A escasos días de que cerraran la pizzería Roma y el bar Los Compañeros, cerró otro tradicional establecimiento gastronómico en la Ciudad de Buenos Aires: el tenedor libre Los Maizales, de Caballito. La patronal lo hizo intempestivamente. Los empleados se presentaron a trabajar y encontraron la puerta cerrada con candado.
Dos de los dueños y el subgerente, Pablo Volpi, se presentaron para confirmar el cierre, custodiados por cuatro patovicas de una empresa de seguridad privada. Les ofrecieron indemnizaciones «paupérrimas» a las 80 personas que trabajaban allí.
Pampa Energía cerrará su planta de etileno de San Lorenzo y despedirá a 50 trabajadores. La empresa justificó la medida en el achique del mercado doméstico y las dificultades que afronta para exportar a Brasil.
A un año de los 258 despidos en el Instituto Nacional de Tecnología (INTI), sus trabajadores realizarán un acto recordatorio el viernes 25 a partir de las 17:30, en la colectora de la Av. Gral. Paz al 5.400.
Patronales
El pasado sábado 12 la gobernadora María Eugenia Vidal estuvo en la mesa de Mirtha Legrand, en Mar del Plata. La dirigente macrista cortó su descanso (siguiendo los pasos del presidente Macri) en el complejo presidencial de Chapadmalal para acercarse al tradicional programa de televisión. Además de comentar la posibilidad de desdoblar las elecciones en Buenos Aires y de criticar a los intendentes peronistas de la provincia, en un momento de la charla dijo que «algunas pymes cerraron por ser poco competitivas».
«No soy inútil ni mi trabajo ineficiente, es su Gobierno el que destruye el trabajo», le respondió Damian Regalini, empresario textil y vicepresidente de la Cámara Argentina de fabricantes de medias, y presidente de la fundación Protejer.
Marco Meloni, otro empresario textil y vicepresidente de Industriales Pymes Argentina (IPA), también salió a contestar: «Le agradezco mucho al Gobierno que me haya subido siete veces las tarifas y los servicios de logística», dijo con ironía.
«Vamos a ver si el Gobierno toma cartas en la mesa sobre el momento que estamos viviendo y la difícil situación que estamos. Más de 1.000 panaderías en todo el país cerraron por las tarifas impagables, las materias primas que han sido dolarizadas y la baja de ventas», alertó Miguel Di Betta, titular de la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines.
El empresario advirtió que las ventas de pan bajaron entre 30% y 35%, dependiendo de cada provincia, y relacionó la caída de la actividad con la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, producido durante estos últimos años.
«Dependemos del cliente, si no compran pan, el comercio cierra», dijo y reclamó para el sector el «cese de embargos por parte de AFIP», un «control sobre el precio del trigo» por el alza del precio de la harina que acumuló un 300% en el último tiempo.
«Si en 30 días no recibimos respuesta del Gobierno no vamos a saber cómo salvar los puestos de trabajo», dijo y anticipó que el precio del pan podría llegar a los $90 o $100 por kilo durante este año.
¿Existe un vínculo entre Flybondi y el narcotráfico?
En nuestro anterior panorama político-sindical dimos a conocer algunos entretelones de esta historia. La semana pasada, el periodista Juan Salinas, «Pájaro Rojo», publicó una investigación donde vincula los escasos controles aeroportuarios del aeropuerto de Palomar y la ruta de la cocaína a Europa.
También Gustavo Vera, cabeza de La Alameda y habitual vocero oficioso del Papa Francisco, entrevistado por el periodista Roberto Navarro, puso blanco sobre negro la evidente complicidad del Gobierno con la «exportación» de cocaína hacia Europa a través de la aerolínea «low cost».
A su vez, Flybondi es el principal instrumento de los utilizados por el Gobierno de Macri para vaciar Aerolíneas Argentinas.
Hay que recordar primero que en 2004 la aparición de una maleta repleta de cocaína (60 kilos) con supuesto estatus diplomático argentino en las cintas transportadoras del aeropuerto madrileño de Barajas provocó no sólo la extinción de Southern Winds, sino también -por orden del presidente Néstor Kirchner ante la evidente complicidad de su jefe en el Aeroparque metropolitano- de la Policía Aeronaútica Nacional (PAN) dependiente de la Fuerza Aérea.
En segundo lugar que a mediados de 2008, en la playa de estacionamiento del hipermercado Unicenter, en Martínez, y junto a la Panamericana, dos narcos colombianos fueron asesinados a balazos por sicarios que se desplazaban en una moto y contaban con apoyo de otros malvivientes motorizados. Aquéllos resultaron delincuentes polimorfos, especializados en robar joyerías en Europa y miembros de la barrabrava de Boca Juniors. Ambos tenían vínculos con quienes, dos años y medio después -y éste es el tercer hecho- hace ahora ocho años, serían protagonistas de otro hecho resonante.
En los primeros días de enero de 2011 los hermanos Eduardo Antonio y Gustavo Adolfo Juliá Noceti y Matías Miret fueron detenidos luego de aterrizar en el aeropuerto barcelonés de El Prat en un jet que transportaba una tonelada de cocaína.
Los hermanos Juliá -hijos del fallecido brigadier José Antonio Juliá, comandante de la Fuerza Aérea durante los primeros cuatro años de gobierno de Carlos Menem- fueron condenados y siguen presos. Los pilotos del narco vuelo fueron Eduardo Juliá y Miret -hijo de otro brigadier de nombre José que fue secretario de Planeamiento Estratégico de la dictadura militar durante las gestiones de los generales Videla, Viola y Galtieri- y como pasajero y fletador Gustavo Juliá, presidente de Federal Aviation SA y CEO de Medical Jet.
Por otra parte hasta hace poco el CEO de Flybondi era el suizo-británico Julian Cook, asociado antes en otras «low cost», incluida Southern Winds, con el multimillonario Martín Varsavsky y con Juan José Maggio, el CEO de SW que también aparecería relacionado al doble crimen de Unicenter. Cook fue vinculado a la valija llena de cocaína que apareció dando vueltas en una cinta transportadora del aeropuerto de Barajas en 2004.
-¿Usted piensa que Flybondi está transportando droga?- le preguntó Navarro a Vera.
-Es evidente que algo extraño está pasando porque los números no cierran. No se trata solamente de una competencia desleal… lo que me hace acordar mucho a los viajes a Tacna de Southern Winds: los números no cerraban porque había otro negocio detrás que tenía que ver con el transporte de cargas.
Y concluyó: -Quiero recordarles que cuando las Naciones Unidas informan que Argentina es el tercer exportador mundial de cocaína… por algún lado tiene que salir ¿no? Y es obvio que lo hace por puertos y aeropuertos. En fin, que habilitar la base de El Palomar, convocar a los directivos de Southern Winds que tuvieron que ver con la narco valija y poner al frente de un nuevo sindicato a Matías Miret que condujo el avión narco… Bueno, dos más dos son cuatro.
A mediados de noviembre, Ricardo Cirielli, secretario general de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA) destacó que «nadie sabe decirnos quién es el verdadero dueño de Flybondi. Todos sospechamos que además de Mario Quintana, detrás puede estar un cartel del narcotráfico subsidiándola».
Acompañado por Pablo Biró, secretario general de la Asociación de Pilotos de líneas Aéreas (APLA) y delante de los micrófonos de Radio Cooperativa (AM 750) Cirielli explicó que es obvio que la empresa da pérdidas y nadie sabía quién pone el dinero para cubrirlas; se quejó de que la UIF (la Unidad de Investigaciones Financieras que el gobierno puso en manos de ex ejecutivos de lavadores consuetudinarios como el banco HSBC) no investigara un asunto tan flagrante y concluyó en que si no lo hacía es porque, de hacerlo «capaz que llegaríamos a Macri, a Quintana, a algún cartel mexicano de la droga o a algún (financista) europeo».
Hablando de europeos, uno de los fundadores de Flybondi es el francés Richard Guy Gluzman, ex directivo del Banco Supervielle, asociado en Flybondi y otros emprendimientos con el joven Gastón Parisier. Gluzman fue socio de Mario Quintana -lugarteniente del jefe de Gabinete, Marcos Peña- en el fondo de inversión Pegasus y asesor de la concesionaria de autos de propiedad del ministro Dietrich. Por si quedara alguna duda sobre el íntimo vínculo de Gluzman con el gobierno cambiemita, el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, lo nombró «Coordinador de la Mejora Continua de la Gestión» en la ACUMAR, la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo encargada de limpiar lo que desde hace un siglo es un monumento a la contaminación.
Respecto a lo advertido por Cirielli acerca del evidente déficit operativo de Flybondi, «la pregunta del millón es quién financia sus pérdidas operativas. Solamente los costos del leasing por los aviones que opera y lo utilizado en combustible suponen una inversión difícil de recuperar, especialmente en un contexto de devaluación galopante e insumos dolarizados», escribieron Sebastián Rodríguez Mora y Tania Rodríguez en la revista Crisis ( https://www.revistacrisis.
Fuentes: Tiempo Argentino, Clarín, La Nación, La Izquierda Diario, Anred, APU, Resumen Latinoamericano, Red Eco Alternativo, El Destape, Canal Abierto, marcha.org.ar, argentina indymedia, Página12, Radio Gráfica, www.infogremiales.com.ar
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