En un país agricultor y ganadero, pero con el 40 por ciento de la población viviendo por debajo del nivel de pobreza, el presidente Alberto Fernández no logró calmar el nerviosismo general por un masivo aumento de precios:
“Prometo que el día viernes va a empezar otra guerra, la guerra contra la inflación”, anunció, mientras el Senado se dispone a aprobar los términos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
En un contexto mundial bélico y de alta inflación, el aumento de precios en Argentina en este 2022 va camino de volver a superar el 50% anual y podría batir el récord de las últimas tres décadas. El alza mensual de febrero es superior a la de enero (3,9%), pero se calcula que será aún mayor en marzo.
Aquel sueño colectivo de una Argentina que procura la integración social en el marco de un mayor desarrollo y justicia social está cada día más lejos. En medio de una decadencia generalizada, el objetivo de una sociedad integrada lo ocupa desde hace varias décadas una tendencia hacia una polarización entre una minoría que se enriquece rápidamente y una inmensa mayoría que tiende a ser parte de una pobreza generalizada, señala el analista y líder social Juan Guahán.
Argentina cerró 2021 con una inflación del 50,9, cifra un poco menor a la registrada en el país en 2019 –último año del gobierno neoliberal de Mauricio Macri- cuando alcanzó el 53,8%. Durante la campaña electoral, Macri aseguró que la inflación era la demostración de la “incapacidad para gobernar”, “culpa de un Gobierno que se administra mal, que gasta más de lo que tiene y entonces recurre a la maquinita de hacer billetes”.
Para cuadrar las cifras, Macri recurrió a la financiación externa, tanto con acreedores privados como con el Fondo Monetario Internacional. No solo no logró controlar la inflación, sino que fue la más elevada desde el estallido de la crisis económica de 2001.Alberto Fernández, tampoco ha logrado detener la escalada de precios. Ni siquiera el desplome del PIB argentino un 9,9% en 2020 por la pandemia fue suficiente para detener la inercia inflacionaria: ese año el índice de precios avanzó un 42,2%.
La inflación en febrero
La inflación de febrero subió al 4,7 % respecto de enero y 52,3 % interanual y los alimentos treparon a 7,5 %. Los precios acumularon un aumento de 8,8 % en el primer bimestre del año. El rubro de Alimentos y Bebidas aumentó 7,5% en el segundo mes de año y arrastró al Índice de Precios al Consumidor (IPC). El Transporte también quedó por encima del promedio mensual con una suba del 4,9%.
Otras tres categorías treparon sobre el límite del 4%: Equipamiento y Mantenimiento del Hogar cerró el mes al 4,4%; Bienes y Servicios Varios, 4,3%; Restaurantes y Hoteles, promedió 4,3%. También resultaron con altos niveles Salud, con un incremento mensual del 3,6%; Prendas de Vestir y Calzado, 3,4%; Vivienda, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles, 2,8%; mientras Bebidas Alcohólicas y Tabaco, Educación y Recreación y Cultura saltaron un 2,7%, un 2,6% y un 2,3% respectivamente.
“El contexto de la guerra impacta de forma directa en la canasta alimentaria de la Argentina. La guerra entre Rusia y Ucrania está presente en la Argentina y se ve en el impacto en los commodities que hoy están significando una suba en el precio de los huevos, la leche, el aceite. Esto está afectando fuertemente a la situación socio económica”, advirtió el cuestionado ministro de Economía, Martín Guzmán
El gobierno responsabilizó al aumento de los alimentos, pero la mayoría de los incrementos más importantes se dieron en productos ajenos a la demanda internacional, con excepción de la carne vacuna. Frutas, verduras, huevos y carnes lideraron los aumentos, siendo los más fuertes los de «la ensalada mixta»: la lechuga disparó 72,7%, el tomate 40,8% y la cebolla 30,8%. Las papas, por su parte, tuvieron un incremento del 16,3%.
Los Alimentos y Bebidas no alcohólicas treparon al 7,5% mensual. Las familias más pobres destinan una mayor proporción de sus ingresos a comprar alimentos. Así, cuando mayor es la inflación en los alimentos, el impacto sobre los sectores de menores ingresos es superior. Mientras muchos no tienen para comer, un puñado de empresas decide qué producir y a qué precios.
Preocupaciones
Se vive una creciente preocupación (oficial pero fundamentalmente de los consumidores) por la escalada constante de los precios internacionales que las empresas industriales y comerciales trasladan después a los que los asalariados y la clase media pagan en los comercios de cercanía o en las cadenas de supermercados. En los negocios de barrio en febrero cayó un 3% el consumo y revirtió la tendencia positiva de enero.
La situación se complica todavía más de cara a la medición de marzo por el contexto internacional del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. La guerra comenzó el 24 de febrero y tuvo nulo impacto en la estadística del segundo mes del año, pero ya se conocieron fuertes incrementos de los precios de combustibles que impactan en el costo del flete y que ya impactaron en los valores al público en el curso de este marzo.
Asimismo preocupan los aumentos de los alimentos derivados de la apreciación de cultivos como el trigo y el maíz. La posibilidad de subir las retenciones a determinadas exportaciones motivó la reacción de exportadores y productores del influyente sector agropecuario, mientras la industria panificadora marchó al Ministerio de Desarrollo Productivo para pedir medidas de control del precio de la bolsa de harina.
Las medidas del gobierno, controles y acuerdos de precios, son un parche y fracasaron. No atacan el poder concentrado que tienen las grandes empresas, que llega al punto de que dos o tres pueden repartirse la casi totalidad de las ventas en el sector.
Por ejemplo, tres firmas acaparan el 75 % de la facturación total en la producción láctea y en el rubro de Bebidas sin Alcohol, la misma cantidad de marcas se queda con el 85 % de las ventas totales. Son verdaderos monopolios y oligopolios a los que no se puede enfrentar con palabras y con medidas parciales.
El acuerdo con el FMI –aprobado por oficialistas y opositores de la derecha en Diputados y a punto de ser sancionado por el Senado- obliga a Argentina a reducir la emisión monetaria y el déficit fiscal, lo que a priori favorecería un freno al rápido aumento de precios. Pero exige también que el Estado retire los multimillonarios subsidios a la energía -equivalentes al 2,3% del PIB- y aumente las facturas de gas y electricidad, una medida que va en dirección contraria.
La incomprensión o incompetencia de la dirigencia articulada aerca el eco del estallido social del 19 y 20 de diciembre del 2001, cuando la gente, volcada a las calles, reclamó “Qué se vayan todos!”. Hoy, las grandes mayorías, una generación más tarde, tampoco son escuchados por el sistema de poder que tiene oídos solo para grandes empresarios nacionales y trasnacionales y las directivas injerencistas y antinacionales del FMI.
Rubén Armendáriz. Periodista y politólogo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
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