Los medios de comunicación de masas cumplen un rol fundamental, pues influyen en la formación de la opinión pública y son responsables de difundir los sucesos que conciernen a la sociedad civil y, a su vez, repercuten en las instituciones gubernamentales.
Una de las relaciones que genera más tensión es la de los medios y el sistema judicial. Considerando el contexto actual, en que la información se propaga rápidamente, es natural preguntarse sobre el efecto de la comunicación de masas en las decisiones judiciales.
Un caso de gran repercusión ha sido el de Fernando Báez Sosa, joven de 18 años, hijo de una pareja de inmigrantes paraguayos y estudiante de derecho quien fue asesinado por cinco jugadores de Rugby del Club Náutico Arsenal Zárate. A medida que se investigaban los hechos y avanzaba el proceso judicial, los medios de comunicación tuvieron un papel destacado difundiendo información sobre el crimen y los acusados. Este ensayo reflexiona sobre cómo la opinión pública, cargada de prejuicios, y la presión mediática inciden en el proceso judicial. También analiza las implicaciones éticas y legales de esto en la imparcialidad del sistema judicial.
En la madrugada del 18 de enero de 2020, Fernando Báez Sosa fue asesinado en la ciudad Villa Gesell, un popular balneario ubicado en la provincia de Buenos Aires (Argentina), a más de 300 kilómetros de la capital argentina. El incidente ocurrió cuando fue atacado por un grupo de ocho ‘rugbiers’ (cinco responsables directos y tres partícipes secundarios) afuera de la discoteca Le Brique donde lo esperaban. Fernando había sido expulsado tras discutir, junto con sus compañeros, por discutir con los jugadores de rugby quienes lo persiguieron y lo golpearon hasta quitarle la vida (Centro de informacion juridica, 2023).
Este acto de violencia conmocionó a la sociedad argentina y fue una demostración del empeoramiento de la violencia entre los jóvenes. Ante eso surge el debate sobre las posibles causas y soluciones, el rol de los padres, las instituciones educativas y, especialmente, la urgencia de promover una cultura de respeto y tolerancia, que inculque valores morales para impedir que estas prácticas sean naturalizadas y replicadas.
De igual forma, fue cuestionado el vínculo entre el deporte y la violencia dado que los responsables eran miembros del equipo de rugby Arsenal Club de la localidad de Zárate, ya que la conducta agresiva suele estar asociada a deportes de contacto que lo contemplan en sus normas y valores (Muñoz, 2002, pág. 45) que repercuten en la conducta del individuo en otros ámbitos de su vida, apuntando a que hay que implementar una cultura deportiva basada en el juego limpio que implica entre otros: “el respeto y reconocimiento por las reglas del juego, unas relaciones correctas con el adversario, una actitud digna ante la victoria y la derrota (…) ”(Ibáñez, 2013, pág. 57).
El peso de la información: ¿Hay autonomía e imparcialidad en las decisiones judiciales?
Los medios de comunicación informan y moldean la opinión pública. Su impacto puede ser negativo durante el desarrollo de juicios penales, puesto que afecta la imparcialidad e independencia del sistema judicial. En el caso de Fernando Báez Sosa, la cobertura mediática constante y sensacionalista, difundiendo videos del ataque, apelando principalmente a las emociones y al dolor de familiares, amigos, e incluso de su novia es prueba de ello. Esto generó gran atención pública y ejerció presión social sobre los jueces debido a que los operadores judiciales no están aislados del contexto ni de las nuevas tecnologías de información; además, tampoco están exentos de ser influenciados.
Los medios pueden presionar e incidir en las decisiones judiciales. Por ejemplo, la exposición constante de un caso puede generar una percepción pública sesgada y emocionalmente cargada tiene un efecto en los jueces quienes, buscando satisfacer las expectativas sociales, pueden verse tentados a tomar decisiones que no se basen únicamente en la evidencia presentada en el juicio, sino en consideraciones externas.
En el caso de Fernando, estas influencias externas se manifestaron en el intento de mantener el orden, aliviar la tensión provocada por el dolor y la indignación generalizada. La repercusión mediática, las movilizaciones en redes sociales e incluso las declaraciones de personajes influyentes, como el mensaje del Papa Francisco dirigido a la familia de Fernando Báez, contribuyeron a crear un ambiente en el que la presión sobre el sistema judicial fue evidente.
Por ello, es importante recalcar que la independencia y la autonomía del sistema judicial son fundamentales para garantizar la imparcialidad y la justicia. Sin embargo, el despliegue mediático, como el de este crimen, pone en riesgo su independencia a pesar de que los jueces tienen la responsabilidad de decidir, con base en las pruebas y evidencias presentadas en el juicio, y de aplicar imparcialmente la ley según lo explica la Guía del Poder Judicial de Argentina (1948), en el apartado de funciones y requisitos de los magistrados:
Las funciones de los jueces son:
1. Son los responsables de administrar la justicia en la Ciudad; 2. Controlan que se dé cumplimiento de las garantías constitucionales y leyes de la Ciudad; 3. Juzgan las conductas imputadas en juicio oral y público; 4. Aprueban soluciones alternativas al juicio que sean acordadas por las partes. Los jueces deben: 1. Ser independientes, inamovibles y responsables; 2. Resolver los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en el derecho” (s.f.)
Por eso, desde el punto de vista legal, la influencia de los medios en las decisiones judiciales puede violar el principio fundamental de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 16 de la Constitución de la Nación Argentina: “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley…” porque todos los acusados tienen derecho a ser juzgados únicamente por los hechos presentados ante el tribunal. Sin embargo, cuando los medios de comunicación producen información sesgada o incompleta, inciden en la percepción pública y, en última instancia, en las decisiones judiciales. Esto en ocasiones resulta en una violación de los derechos fundamentales, de los acusados, contemplados en el artículo 18 de la Constitución Argentina.
Efecto positivo de las redes sociales en este caso
Ahora bien, las redes sociales desempeñaron un papel crucial en la difusión de información sobre el homicidio de Fernando, ya que, a través de plataformas como Twitter, Facebook e Instagram, se compartieron imágenes, videos y testimonios que le permitieron a la opinión pública conocer los detalles y exigir justicia. La difusión masiva propició una amplia cobertura en los medios de comunicación tradicionales y esto contribuyó para que se mantuviera la atención y se realizara una investigación exhaustiva.
Además, las redes sociales fueron utilizadas para organizar y convocar marchas y manifestaciones en todo el país, con el finde exigir justicia para Fernando y rechazar la violencia. No obstante, cabe señalar que cada asunto es único y puede haber circunstancias específicas que influyen en un juez. A pesar de esto, se espera que los jueces actúen de manera independiente y tomen decisiones basadas en la evidencia y la ley, sin dejarse afectar por la presión mediática.
La influencia de los medios en las decisiones judiciales también puede tener consecuencias negativas a largo plazo para la sociedad en su conjunto, puesto que, si la sociedad percibe que los jueces no son imparciales, la confianza en la justicia disminuye.
Reflexiones finales
«Toda violación, cualquiera sea su naturaleza, finalmente requerirá de una reparación que se canalizará a través de un juicio, conducido por un juez que debe ser «independiente e imparcial»» La confianza en el sistema judicial es fundamental para el funcionamiento de una sociedad democrática, ya que implica que las instituciones encargadas de hacer cumplir las leyes respeten los principios de igualdad y justicia (Loianno, 2019, pág. 213).
El análisis realizado en este ensayo permite establecer algunas conclusiones sobre los medios de comunicación y el sistema judicial. En primer lugar, la función social de los medios en la formación de la opinión pública es fundamental para las sociedades, que necesitan información veraz y plural para ejercer sus derechos y fortalecer una democracia basada en la verdad como condición para buscar la justicia. Por lo tanto, la libertad de expresión debe ser un pilar en el ejercicio democrático y exponer violaciones de los derechos de cualquier individuo.
En consonancia con lo anterior, es esencial que la libertad de expresión se ejerza dentro del marco de la ética profesional, evitando coberturas sensacionalistas que difundan discursos de odio o que vulneren el derecho a la honra y la dignidad de las víctimas, victimarios y personas relacionadas con ellos. En este sentido, es ineludible que los medios de comunicación no recurran al populismo punitivo como explica Carvajal Martínez (2021) «los medios de comunicación, al distorsionar la realidad y centrarse insistentemente en la cuestión criminal, provocan una reacción en la sociedad de inconformidad y rechazo al tratamiento de la seguridad, lo cual es aprovechado por algunos políticos que obtienen réditos electorales a través de la promoción de la cárcel como medida principal» (p.147). Esta narrativa es problemática porque se enfoca en el castigo y la marginación de los victimarios, impidiendo otras visiones de justicia centradas en la reparación y desconociendo el contexto que desencadenó el hecho, como en el caso en cuestión, la cultura de la violencia y la falta de diálogo, que permitiría buscar soluciones a los problemas de fondo y evitar la repetición.
En este sentido, Carvajal Martínez agrega: «De ahí que la sociedad pida un aumento de penas e ignore otras posibles soluciones. De esta manera, los medios de comunicación introducen a la sociedad en un pensamiento circular sobre la criminalidad. Los crímenes se explican por la falta de penas y su reducción depende del aumento de estas» (p.147). Por lo tanto, es trascendental insistir en que la ética no sólo concierne a los medios de comunicación, sino también al público y a los usuarios de las redes sociales que generan contenido y rechazar cubrimientos periodísticos que apeen a la irracionalidad y provoquen reacciones explosivas que impiden comprender las causas profundas y obstaculizan los debates sobre las acciones que deben tomar las instituciones en este tipo de situaciones.
Referencias bibliográficas
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Editado por Johana Fernanda Sánchez Jaramillo autora de Rebelión.org
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