Entre los llamados a declarar se hallan los exministros Rodolfo Martín Villa, José Utrera Molina, Alfonso Osorio García o Fernando Suárez
La jueza argentina María Servini, que instruye la causa en la que se investigan los crímenes del franquismo, ha solicitado a las autoridades españolas viajar a España para interrogar a 19 ex altos cargos y miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad durante la dictadura franquista por la presunta comisión de violaciones de los derechos humanos -tortura y desaparición de miles de personas durante la Guerra Civil y el franquismo-, según anunció este viernes Amnistía Internacional en un comunicado.
«El Ministerio de Justicia español debe colaborar con la justicia argentina», reclamó la organización, que aseguró haber mandado al titular de la cartera ministerial una carta en la que han solicitado que no haya ningún tipo de traba y piden que «acceda a la petición» de la magistrada argentina, que pretende tomar declaración entre los días 4 y 22 de abril.
«Llevamos años exigiendo a España que colabore con la justicia argentina para la detención, arresto, extradición y, en caso que corresponda, castigo, de las personas presuntamente implicadas en la comisión de crímenes de derecho internacional, pero las autoridades españolas parecen empeñarse en impedir que las víctimas obtengan verdad, justicia y reparación», apuntó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. Por ello, añadió que «las autoridades deben permitir a Argentina investigar, a menos que los presuntos autores vayan a ser juzgados en España, algo que no está sucediendo».
La conocida como querrela Argentina fue interpuesta por más de un centenar de asociaciones de víctimas del franquismo en abril del 2010. La jueza encargada de la instrucción, única abierta en todo el mundo, solicitó en dos ocasiones -septiembre de 2013 y octubre de 2014- la extradición de estas 19 personas. Peticiones que España rechazó.
Entre los llamados a declarar se hallan los exministros Rodolfo Martín Villa, José Utrera Molina -suegro de Alberto Ruiz Gallardón-, Alfonso Osorio García o Fernando Suárez. Además están citados el abogado que redactó la sentencia de Puig Antich, Carlos Rey, un antiguo fiscal, un exjuez, ex guardias civiles y ex policías. Todos ellos, tal y como informó la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, prestarían declaración ante un juez español y ante la jueza Servini.
Los abogados de las víctimas denuncian que España bloquea el interrogatorio de los exministros
Los abogados de las víctimas de la dictadura han denunciado ante el Ministerio de Justicia que no ha tramitado la petición de la juez argentina María Servini para interrogar en España a los 19 exministros acusados.
La defensa acusa en su denuncia, recogida por Europa Press, que el departamento dirigido por Rafael Catalá ha «incumplido gravemente» el Tratado de Asistencia Judicial suscrito entre España y Argentina, una «inactividad que podría ser constitutiva de un delito de prevaricación».
Los letrados explican que el exhorto cursado por vía diplomática por Servini «tuvo entrada» en el Ministerio el pasado 9 de marzo y, sin embargo, «no ha sido debidamente cumplimentado» desde entonces por este departamento, inclumpiendo los artículos 28.1, 32 y 37 de dicho tratado, que obligan a las partes a prestarse asistencia mutua en las investigaciones y a proceder a las citaciones de los inculpados, testigos o peritos interesadas.
Los abogados de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), personada en la querella argentina y parte de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), exigen al Ministerio de Justicia que remita con carácter «urgente» la petición del país andino al decanato de los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional para que se proceda a la toma de declaración indagatoria de los imputados.
Los cargos que les imputa
Servini invoca el artículo 40 del tratado de extradición y asistencia judicial firmado entre España y Argentina a fin de arbitrar los medios necesarios para tomar declaración a los investigados e instar en las comparecencias a que aclaren respuestas «confusas o incompletas», así como repreguntar aquellas cuestiones que «no hayan sido debidamente contestadas».
En concreto, acusa a Utrera Molina y Carro de haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich en 1974. La hermana del último condenado en el garrote vil en España es una de las querellantes de la causa.
A Rodolfo Martín Villa le considera responsable de la represión de una concentración de trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976, en la que fueron asesinados cinco trabajadores y hubo más de 100 heridos, muchos de ellos por armas de fuego.
Al ex ministro de Presidencia Antonio Carro le acusa de convalidar la sentencia de muerte de Puig Antich y de los últimos fusilamientos del régimen franquista el 27 de septiembre de 1975 en Madrid, Barcelona y Burgos, en las que fueron ejecutados José Humberto Baena Alonso, José Luís Sánchez Bravo Sollas, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot, y Ángel Otaegui Echeverría.
Contra Sánchez Ventura se dirige por haber firmado las sentencias de muerte de los últimos fusilamientos del régimen franquista, al igual que contra Fernándo Suárez, mientras que Osorio está acusado por su responsabilidad por la muerte de los trabajadores de Vitoria.
Además de estos cargos políticos, la querella se dirige contra antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, auditores del Cuerpo Jurídico del Ejército o un médico ginecólogo acusado de sustraccion de menores.
Abelardo García fue denunciado por el caso de Flor Díaz Carrasco, quien busca a su hermano desaparecido en el Hospital Municipal de La Línea de la Concepción el 6 de noviembre de 1967 donde trabajaba como ginecólogo.